ADMINISTREN Y NO ROBEN, ASÍ DE SIMPLE LA RECETA: LOS ALCALDES OFICIALISTAS AMENAZAN CON "ARREMETIDA PÚBLICA" POR LAS CONTRIBUCIONES — Y NINGUNO EXPLICA DE DÓNDE SACARON LA PLATA QUE HOY DICE QUE VA A FALTAR
Desbordes, San Martín, Bellolio, Sichel, Alessandri y Iglesias están molestos porque la Megarreforma elimina las contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años y nadie les ha dicho cómo serán compensados los US$70 millones que no cubre el FCM. Amenazaron con "arremetida pública" si el gobierno no responde.
El subsecretario de la Subdere les dijo que están "instalando alarma y temor que no se condice con los datos." Y nadie en esta conversación mencionó cuánto gasta cada municipio en asesores, viajes, consultoras y gastos suntuarios que ningún vecino pidió.
Hay una conversación que Chile lleva años evitando y que el episodio de los alcaldes oficialistas molestos por las contribuciones vuelve a hacer urgente: la conversación sobre cómo administran el dinero de los chilenos los municipios que hoy dicen que no les alcanzará.
Desbordes en Santiago. San Martín en Las Condes. Bellolio en Providencia. Sichel en Ñuñoa. Alessandri en Lo Barnechea. Iglesias en Zapallar. Todos alcaldes del sector que eligió a Kast. Todos con un grupo de WhatsApp compartido donde coordinar cómo presionar a La Moneda. Todos con el mismo argumento: la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años les va a costar entre 3.000 y 10.000 millones de pesos y el gobierno no les ha dicho cómo van a ser compensados.
El problema real no es que el argumento sea falso. Es que está incompleto de una manera que nadie en La Tercera ni en ningún otro medio que cubrió la historia preguntó.
Los números que el gobierno dio — y los que los alcaldes evitan
El gobierno tiene una posición clara y verificable sobre el impacto de la medida. El subsecretario de la Subdere, Sebastián Figueroa, lo dijo con precisión: la reforma tiene "un impacto muy acotado sobre los ingresos municipales: en promedio, del orden del 0,5%, y además altamente concentrado en un grupo reducido de comunas de altos ingresos." El efecto sobre el FCM — US$130 millones — será compensado en la propia Megarreforma. Los US$70 millones adicionales afectan principalmente a las comunas con más recursos — Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, Santiago.
Eso significa que los alcaldes más afectados son los de las comunas más ricas de Chile. Bellolio dice que Las Condes dejará de percibir 18.000 millones de pesos. Las Condes es la comuna con mayor ingreso per cápita del país. Con el presupuesto municipal que maneja Las Condes — cercano a los 150.000 millones anuales — un impacto del 4% en sus ingresos propios es manejable si se administra con criterio.
La pregunta que nadie hizo: ¿cuánto gasta Las Condes en asesores, consultoras, viajes al exterior, actividades culturales de lujo, publicidad y otros ítems que ningún vecino eligió como prioridad? Esa pregunta no está en el artículo de La Tercera. No está en los comunicados de los alcaldes. No está en la cobertura de ningún medio.
Está, sin embargo, en los presupuestos municipales que la Contraloría publica y que cualquiera puede revisar.
La lógica de los alcaldes: el impuesto impopular que me financiaba
El argumento de fondo de los alcaldes es comprensible pero tiene una trampa que nadie nombra. Las contribuciones — el impuesto territorial — son uno de los instrumentos fiscales más impopulares de Chile. Son odiadas por los propietarios que las pagan porque suben sistemáticamente con los avalúos fiscales sin que el propietario tenga control sobre eso. Son especialmente odiadas por los adultos mayores que tienen una vivienda — a veces la única que compraron en vida — cuyo avalúo subió pero cuyos ingresos no.
El gobierno de Kast propone eliminar ese pago para los mayores de 65 años en su primera vivienda. Es una medida popular, socialmente justa y económicamente razonable — un adulto mayor que vive de su pensión no debería pagar un impuesto creciente sobre su único bien inmueble. Lo reconocen incluso los propios alcaldes: "el asunto es complejo, ya que eliminar las contribuciones es una medida popular, por lo que oponerse a ella tiene un alto costo político."
Esa frase — en boca de los propios jefes comunales — es la más honesta de todo el artículo. Están diciendo que no pueden oponerse públicamente a la medida porque es popular. Lo que quieren es mantener el flujo de caja que la medida les quitará — sin tener que defender públicamente que los adultos mayores de su comuna deben seguir pagando un impuesto que no pueden costear.
La solución que algunos alcaldes propusieron a los senadores del sector — ingresar indicaciones que focalicen más la medida y fijen un rango socioeconómico — es una forma de reducir el universo de beneficiados para preservar la recaudación municipal. Que Sichel diga que "el Estado no puede ser peor que un banco" es correcto en el diagnóstico. Que al mismo tiempo esté en el grupo de WhatsApp coordinando cómo recuperar esa recaudación sin decirlo en voz alta es la contradicción que este episodio expone.
Bellolio: el alcalde que pide al gobierno que lo financie mientras critica al gobierno
El caso específico de Bellolio merece atención separada porque tiene una dimensión política adicional. Bellolio es alcalde de Providencia. Es también uno de los alcaldes que el gobierno de Kast identifica como figura del sector, alguien que en teoría debería estar alineado con el proyecto político que lo eligió.
Bellolio le dijo a T13 radio que la medida significa "18.000 millones menos de recaudación total" para su municipio — 12.000 al FCM y 6.000 directamente. Y que "el gobierno ha dicho que va a compensar lo del fondo, pero no ha dicho nada de qué es lo que va a pasar con los 6.000 menos que entran a mi contabilidad. Y eso es muy grave."
Lo que Bellolio no dijo en esa entrevista es qué hará con ese déficit si se produce. No dijo que revisará los gastos de su municipio para encontrar los 6.000 millones de eficiencia que la medida requiere. No dijo que auditará las consultoras, los asesores, los viajes o los gastos de representación para encontrar ese margen. Dijo que el gobierno no le ha dado respuesta y que eso es "muy grave."
Esa es exactamente la lógica municipal que la frase del titular de este informe describe en pocas palabras: administren y no roben, así de simple la receta. Si un municipio bien administrado no puede absorber una reducción del 4% en sus ingresos propios buscando eficiencias en su gasto, la pregunta no es cómo el gobierno lo compensa. La pregunta es por qué el municipio no tiene ese margen.
La olla a presión que los alcaldes anuncian — y la que el gobierno debería preparar
Los alcaldes advirtieron a La Tercera que si la situación no se resuelve "empezarán con una arremetida pública." Eso en lenguaje político significa: van a dar entrevistas, van a aparecer en los medios, van a usar su visibilidad local para presionar al gobierno con el argumento de que la Megarreforma perjudica a los vecinos de sus comunas.
Esa amenaza tiene un límite que los propios alcaldes reconocen: es políticamente costoso oponerse a una medida popular. Si Desbordes o San Martín salen a decir públicamente que los adultos mayores de Las Condes y Santiago deben seguir pagando contribuciones para que el municipio no tenga problemas de caja, el costo político de esa declaración lo pagan ellos — no el gobierno.
Lo que el gobierno debería hacer ante esa presión es exactamente lo que el subsecretario Figueroa insinuó sin decirlo completamente: pedirles a los alcaldes que muestren públicamente dónde están los gastos que podrían reducirse antes de reclamar compensaciones. Que publiquen sus presupuestos detallados. Que sometan al escrutinio de sus vecinos los ítems de gasto que hoy están protegidos detrás del argumento de que "falta la plata de las contribuciones."
La transparencia municipal es exactamente el tipo de gobernanza que el gobierno de Kast dice defender. Aplicarla a sus propios alcaldes — incluyendo los más vociferantes de la "arremetida pública" — sería coherente con ese discurso y políticamente desarmante para quienes lo ejercen.
Lo que el gobierno hizo mal — y tiene que corregir
Dicho todo lo anterior con la claridad que corresponde, hay una parte del reclamo de los alcaldes que tiene razón y que el gobierno de Kast debe atender: la falta de comunicación.
Hacienda no les ha agendado una cita. El ministro Quiroz no ha respondido la solicitud formal de reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades. Los alcaldes se enteraron del impacto específico en sus arcas a través de los medios y de estimaciones propias — no de una comunicación proactiva del gobierno que les explicara la medida, su impacto y las alternativas de compensación disponibles.
Eso es un error de gestión política del gobierno. No del tipo que invalida la medida ni que justifica la amenaza de "arremetida pública." Pero sí del tipo que genera el problema evitable de tener a tus propios alcaldes molestos la semana en que la Megarreforma llega a la Sala de la Cámara.
El gobierno tiene razón en la medida. Tiene razón en que el impacto sobre los municipios es manejable y está concentrado en las comunas más ricas. Tiene razón en que la compensación al FCM protege a los municipios más vulnerables. Y debería tener más razón en comunicarlo bien — antes de que La Tercera publique el artículo y los alcaldes tengan que enterarse por los medios de lo que el gobierno planea.
La receta que nadie quiere aplicar
El titular de este informe lo dice con la brevedad que la situación merece: administren y no roben. No es una acusación de corrupción generalizada — aunque los casos de corrupción municipal en Chile están documentados y son extensos. Es la descripción de un problema estructural del municipalismo chileno que el debate sobre las contribuciones vuelve a poner en evidencia.
Los municipios chilenos tienen un problema crónico de eficiencia del gasto. Tienen estructuras de personal sobredimensionadas, gastos de representación que no se someten al escrutinio que corresponde al uso de fondos públicos, consultoras que facturan por estudios que ningún vecino pidió y actividades que tienen más de política que de servicio público.
Mientras ese problema no se aborde con la misma energía con que los alcaldes reclaman compensaciones, la discusión sobre las contribuciones va a ser lo que es hoy: un debate sobre cómo el gobierno financia la ineficiencia municipal con el dinero de los adultos mayores.
La respuesta correcta del gobierno de Kast a la "arremetida pública" que amenaza el grupo de WhatsApp de los alcaldes es simple: antes de compensar, auditen. Antes de reclamar, transparenten. Y si después de auditar y transparentar todavía hay una brecha real, el gobierno la atiende. Pero el orden importa.
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