"ANHELAMOS MAYOR CORAJE POLÍTICO": EL PNL LE PONE UN ULTIMÁTUM MORAL A KAST POR PUNTA PEUCO — Y LA PREGUNTA QUE NADIE EN EL GOBIERNO QUIERE RESPONDER
Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, dijo en La Tercera lo que el propio Kaiser había anticipado: el gobierno de Kast está fallando en su promesa de indultar a carabineros y exuniformados. La muerte de Podlech — el caso más documentado de la semana — se suma a una lista de personas en Punta Peuco con estados de salud terminales. La deuda es moral, política y práctica. Y el 1 de junio se acerca sin señales de que el gobierno vaya a actuar.
Hay promesas que se hacen en campaña con la convicción genuina de cumplirlas. Hay promesas que se hacen sabiendo que son difíciles pero posibles. Y hay promesas que se hacen con la conciencia de que cumplirlas va a costar un precio político que en el momento de la campaña se acepta pagar — y que a la hora de gobernar, ante el escrutinio del día a día, se posterga indefinidamente.
Los indultos a carabineros y exuniformados condenados durante el estallido social y a los presos de Punta Peuco pertenecen a la tercera categoría. Kast los prometió con claridad. El PNL los apoyó sobre esa base. El electorado más conservador votó en parte esperando esa señal. Y setenta días después del cambio de mando, el gobierno no ha firmado ninguno.
El secretario general del PNL, Juan Antonio Urzúa, lo dijo en términos que no admiten interpretación ambigua: "Anhelamos desde el Partido Nacional Libertario mayor coraje político, para la toma de estas decisiones difíciles."
Coraje político. Es la frase que resume el diagnóstico de quienes estuvieron más cerca de Kast en campaña y que hoy observan con decepción creciente que el gobierno esquiva la decisión más difícil — no por falta de facultades sino por falta de voluntad de pagar el costo político que implica.
Lo que Kast dijo — y lo que el PNL le responde
Cuando Kast fue requerido esta semana sobre su promesa de indultar a exuniformados, la respuesta que dio fue una formulación jurídica cuidadosa: "Yo no prometí que los iba a indultar absolutamente a todos."
Esa frase es técnicamente correcta. Kast nunca firmó un documento que dijera "indultaré a todos los carabineros condenados durante el estallido." Sus compromisos de campaña eran más amplios en intención que específicos en listas de nombres.
Pero Urzúa identificó exactamente la trampa de esa respuesta: "Tampoco dijo que no iba a indultar a nadie. Entonces, ¿en qué punto estamos? Al parecer estamos en el punto de que no quiere indultar a nadie."
Esa observación es más devastadora que cualquier crítica directa porque es lógicamente impecable. Si Kast no prometió indultar a todos, pero tampoco prometió no indultar a nadie, la pregunta es cuándo va a ejercer su prerrogativa presidencial en al menos los casos más evidentes. Los casos donde la evidencia médica dice que la ejecución de la pena es materialmente inhumana. Los casos donde el condenado tiene 90 años, Parkinson, enfermedad coronaria y una sonda en la UTI. Los casos que cualquier observador razonable de cualquier tendencia política reconocería como merecedores de consideración humanitaria.
Punta Peuco: lo que el gobierno vio en Atacama y no terminó de procesar
En el diálogo ciudadano de Atacama, Kast cuestionó las modificaciones que el gobierno de Boric hizo al expenal Punta Peuco en 2025. Boric dispuso que el recinto de Til Til — donde estaban recluidos los condenados por crímenes de lesa humanidad — recibiera también reos comunes, mezclando a personas con historiales y condenas completamente diferentes en el mismo espacio. Kast dijo que eso debería revertirse. Abrió la puerta a retomar las condiciones previas.
Esa declaración fue importante como señal de reconocimiento del problema. Pero Urzúa señala con precisión que no es suficiente. "No solo basta con devolver al recinto las condiciones que tenía previo a las modificaciones efectuadas en la administración anterior, sino que además aplicar indultos."
La diferencia entre ambas acciones es cualitativa. Restaurar las condiciones de Punta Peuco es una decisión administrativa — un decreto de gestión penitenciaria que no requiere más que la instrucción al Ministerio de Justicia. Los indultos son una decisión presidencial de fondo que dice algo sobre el tipo de justicia que el gobierno de Kast considera justa.
Lo que Urzúa describe en Punta Peuco es verificable: "Hay personas que están en una situación de salud, de salud mental, de salud física, deplorable." Y agrega lo más importante: "Hay personas que no se pueden valer por sí mismos." El estado de salud de varios condenados en Punta Peuco es, según quienes los visitan, comparable al que tenía Alfonso Podlech cuando murió en la UTI — con la diferencia de que Podlech tuvo una solicitud de indulto presentada el 5 de mayo que el ministerio no tramitó con urgencia. Las personas en Punta Peuco aún no tienen esa solicitud ingresada formalmente por el gobierno.
El argumento del PNL: una misma vara para todos
El argumento más poderoso que Urzúa articuló en la entrevista no es el humanitario — aunque es el más inmediato. Es el argumento de la consistencia jurídica y moral.
"Si vamos a aplicar la justicia, tenemos que aplicar una misma vara para todas las personas que se encuentren en la misma situación."
Esa frase tiene una implicancia directa que el gobierno de Kast no ha procesado públicamente. Chile tiene un sistema de libertad condicional, de indultos presidenciales y de reclusión domiciliaria nocturna que se aplica a condenados por todo tipo de delitos cuando las circunstancias de edad, salud y riesgo de reincidencia así lo justifican. Esos mecanismos existen precisamente para que el Estado no tenga que mantener en prisión a personas que ya no representan ningún peligro y cuya situación hace que la ejecución de la pena sea desproporcionada.
Que esos mecanismos se apliquen con normalidad a condenados por otros tipos de delitos y no se apliquen a los condenados por crímenes de la dictadura no es una consecuencia del sistema jurídico. Es una consecuencia de la presión política que la izquierda ejerce sobre cualquier gobierno que considere aplicarlos. Y el gobierno de Kast, que llegó prometiendo no dejarse doblar la mano por esa presión, está siendo doblado.
El costo político de no actuar
El análisis del costo político de los indultos suele enfocarse en el costo de actuar. En las críticas de la izquierda. En los comunicados de las agrupaciones de derechos humanos. En la cobertura mediática adversa. En la posible pérdida de votos en el centro político. Todo eso es real y el gobierno lo tiene calculado.
Lo que raramente se analiza es el costo político de no actuar — que es lo que el PNL está nombrando esta semana.
El electorado que eligió a Kast no lo hizo solo por la Megarreforma ni por la política migratoria. Lo hizo también por las promesas que apuntaban a una reparación simbólica y práctica para quienes consideran que fueron tratados injustamente durante el estallido social y durante las décadas de juicios de la dictadura. Ese electorado observa ahora que Podlech murió en la UTI con el indulto sin tramitar, que los carabineros condenados siguen condenados, y que el gobierno que prometió ser diferente está haciendo lo mismo que los anteriores: postergar para mañana lo que corresponde hacer hoy.
Ese electorado no va a votar por la izquierda como represalia. Pero puede dejar de votar. Puede desmovilizarse. Y en una elección municipal que se acerca — con la primera Cuenta Pública en doce días — la desmovilización del voto propio es un riesgo tan real como la ampliación del voto opositor.
El 2 de junio: la fecha que Kaiser mencionó y el gobierno no puede ignorar
La presidenta de la Corte Suprema emitió esta semana un comunicado señalando que el Poder Judicial tiene protocolos para gestionar las solicitudes de indulto presidencial cuando corresponde. Eso fue interpretado por algunos como una señal de apertura institucional hacia el tema — como si la Corte estuviera diciendo que si el gobierno ingresa solicitudes en forma, el sistema puede procesarlas con criterio humanitario.
El PNL y Kaiser han convergido en el mismo diagnóstico desde perspectivas ligeramente diferentes. Kaiser apuntó a la responsabilidad presidencial directa — la prerrogativa que no se ejerce. Urzúa apunta al coraje político que se necesita para ejercerla. Ambos están describiendo el mismo vacío.
El 1 de junio es la Cuenta Pública. El discurso más importante de los primeros noventa días del gobierno. El primer reset narrativo disponible para Kast. Y la pregunta que Urzúa dejó implícita en su declaración es exactamente esta: ¿va a llegar Kast a esa Cuenta Pública con la promesa de los indultos convertida en "materia de análisis" — o con una decisión concreta que demuestre el coraje político que sus propios aliados dicen que está faltando?
La respuesta a esa pregunta no solo define el tema de los indultos. Define el tipo de gobierno que Kast quiere ser — y si los compromisos que hizo en campaña sobre las decisiones difíciles eran declaraciones de intención o promesas reales.
Lo que el gobierno debería hacer — y aún puede hacer antes del 1 de junio
VDI Global ha documentado en esta sesión el caso Podlech con el detalle que merece. La muerte de ese hombre en la UTI con el indulto sin tramitar es la señal de que el sistema actual — sin protocolos de urgencia, con el subsecretario de DDHH de RN gestionando con desidia — no va a producir los resultados correctos por inercia.
Lo que el gobierno puede hacer antes del 1 de junio es concreto y no requiere un debate político extendido. Primero: instruir al Ministerio de Justicia que identifique y priorice los casos de condenados en Punta Peuco con estado de salud terminal o gravemente deteriorado. No indultar a todos. Identificar los casos urgentes. Segundo: ingresar las solicitudes de indulto correspondientes a esos casos con criterio médico objetivo y tramitarlas con urgencia real — no con la desidia que costó la vida de Podlech. Tercero: anunciar en la Cuenta Pública el protocolo de criterios humanitarios que el gobierno va a aplicar para los casos de personas condenadas que ya no representan riesgo para la sociedad y cuya situación de salud hace que la ejecución de la pena sea desproporcionada.
Ese protocolo — que aplica a todos los condenados de todas las categorías con las mismas condiciones objetivas — sería exactamente la "misma vara para todos" que Urzúa pide. Y sería la demostración del coraje político que el PNL está anhelando — el coraje de hacer lo correcto aunque sea políticamente incómodo.
Si Kast llegó a La Moneda diciendo que gobernaría con principios aunque costara, este es el momento de demostrarlo. El PNL lo está esperando. Y los chilenos que votaron por él también.
🌍 Si este informe te aportó perspectiva que no encontrarás en los medios convencionales, hay mucho más esperándote en VDI Global. Analizamos Chile y el mundo todos los días.
