l ministro de Defensa, Fernando Barros, salió con una franqueza poco habitual en un miembro del gabinete a cuestionar la sobretasa arancelaria de 12,5% que Estados Unidos aplicó a una parte relevante de las exportaciones chilenas, calificándola como "muy injusta" y advirtiendo que genera "dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación" bilateral. Esta columna, que ya investigó en profundidad el origen completo de esa medida, respalda la posición del ministro: Chile no es, ni debe comportarse como, un socio que acepta sin cuestionamiento decisiones unilaterales de Washington cuando estas carecen de fundamento en los hechos.

"Dos mundos" con Estados Unidos: el militar y el político

En entrevista con Radio Infinita, Barros trazó una distinción reveladora sobre el estado actual de la relación bilateral: "hay dos mundos que uno ve en estos días con Estados Unidos, un mundo político que, pues, hemos tenido noticias bastante lamentables, y otro que es el mundo militar". En el ámbito militar, el ministro valoró explícitamente "un reconocimiento hacia Chile, hacia su Armada, hacia nuestras Fuerzas Armadas. Realmente materia de orgullo". El contraste, sin embargo, resulta elocuente: mientras la cooperación de defensa sigue funcionando con normalidad, la dimensión comercial se ha vuelto, en palabras del propio ministro, motivo de "confusión" entre "países muy amigos, muy cercanos".

"Parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación"

Barros fue categórico al calificar la medida como una suerte de castigo desproporcionado: "un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación".

"Chile tiene uno de los estándares laborales más altos del mundo, incluso por sobre el americano"

El argumento central del ministro, y el que esta columna considera más sólido, es que la medida no se ajusta a la realidad chilena en materia laboral: "Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro". Barros calificó además el proceso como "decepcionante" por dos motivos concretos: "primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad".

La sospecha del ministro: una excusa para elevar el arancel real

Consultado sobre si consideraba que el trabajo forzoso era, en el fondo, una excusa de Estados Unidos para subir el arancel efectivo, Barros no dudó: "sí, Chile se lo subió al, prácticamente, 50% de sus productos", advirtiendo además que los productos castigados "tienen muy poco insumo, ya sea físico o de servicios", lo que en su lectura debilita cualquier argumento real sobre trabajo forzoso en las cadenas productivas afectadas. Fue enfático en cerrar el punto: "está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada, y el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos que exportamos, tampoco es así. Por lo tanto, no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida".

Por qué esta postura es la correcta, y no una simple rabieta diplomática

Esta columna ya estableció, en su investigación previa sobre el origen completo del arancel, que la clasificación de Chile en el tramo más alto respondió a un proceso administrativo genérico aplicado a 60 economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, y no a una sanción específica contra el país. Pero establecer que el proceso fue reglado y no arbitrario en su forma no significa que su contenido sea justo en el fondo, y es ahí donde el reclamo de Barros adquiere toda su fuerza: si el propio criterio técnico de la USTR exige verificar la existencia de mecanismos normativos adecuados para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, y Chile efectivamente cuenta con esos mecanismos y con estándares laborales que, según el propio ministro, superan incluso al estándar estadounidense, entonces la aplicación del arancel al país carece de sustento técnico real, más allá de la envoltura procedimental que la reviste de legalidad formal.

La lección de fondo: la alianza con Estados Unidos no exige subordinación

Esta línea editorial ha sostenido, en su cobertura de política exterior, una posición de cercanía estratégica con Estados Unidos y de distancia crítica frente a decisiones específicas de la administración Trump quecarecen de justificación sólida —la misma distancia crítica que ya aplicamos al analizar su gestión del conflicto con Irán—. Que un ministro de Defensa de un gobierno de derecha, aliado natural de Washington en el plano militar y estratégico, se atreva a calificar una medida comercial estadounidense como "injusta" y "desconcertante" es exactamente el tipo de firmeza que Chile necesita proyectar: ser un socio confiable y cercano no equivale a aceptar sin cuestionamiento cualquier decisión unilateral, por arbitraria que resulte, del gobierno de Estados Unidos. Chile no es colonia de nadie, y la defensa de esa autonomía —incluso frente a su principal aliado en el hemisferio— es una postura que esta columna respalda sin reservas.