EL ENCUBRIDOR DE MADURO ES IMPUTADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL — ZAPATERO LIDERABA "UNA ESTRUCTURA ESTABLE Y JERARQUIZADA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS" CON DINERO VENEZOLANO
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional española imputó este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y al blanqueo de dinero proveniente de operaciones corruptas con funcionarios venezolanos. Comisiones de hasta 730.000 euros. Sociedades instrumentales en paraísos fiscales. El dinero terminó en sus cuentas y en las de la empresa de sus hijas. El
hombre que fue a Caracas a avalar las elecciones fraudulentas de Maduro, que integra el Grupo de Puebla junto a Correa y que la izquierda latinoamericana usa como referente europeo, tiene ahora que declarar ante el juez el 2 de junio. Sánchez tiene un problema enorme.
Hay momentos en que la historia confirma lo que el análisis político llevaba años señalando. Este martes 19 de mayo es uno de esos momentos. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional española, imputó formalmente a José Luis Rodríguez Zapatero — expresidente del gobierno español entre 2004 y 2011, figura central del Grupo de Puebla y defensor sistemático del régimen de Maduro en Venezuela — como presunto líder de una red organizada de tráfico de influencias con dinero venezolano.
No es una acusación de un adversario político. Es un auto de imputación de 85 páginas firmado por un juez de la Audiencia Nacional — el tribunal de mayor rango en materia penal de España — que describe con precisión quirúrgica cómo operaba la presunta red: sociedades instrumentales, documentación simulada, canales financieros opacos y el dinero fluyendo hacia las cuentas del expresidente y de la empresa de sus propias hijas.
Lo que el juez dice en 85 páginas
El auto del juez Calama no deja margen para la ambigüedad. Describe la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables."
Los cargos imputados son tres: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Ninguno es menor.
La mecánica de la presunta red es la que el auto describe con detalle: Zapatero y su entorno actuaban como intermediarios con capacidad para acceder a la Administración española — ministerios, organismos públicos, fondos del Estado — y cobrar comisiones por esa mediación. Las sociedades instrumentales — incluida Whathefav, cuyas socias y administradoras son las hijas de Zapatero — recibían el dinero a través de canales diseñados para ocultar su origen y destino.
Los montos son concretos y verificables en el auto: la consultora del empresario Julio Martínez habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. El total asciende a aproximadamente 730.000 euros provenientes de las empresas relacionadas con el caso Plus Ultra.
El caso Plus Ultra y la conexión venezolana
El caso que llevó a la imputación de Zapatero tiene su origen en el rescate de Plus Ultra — una aerolínea española con base de operaciones en Venezuela y vínculos documentados con el régimen chavista. Durante la pandemia de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez autorizó un rescate de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales — SEPI.
Lo que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional descubrieron al reabrir el caso es que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.
Plus Ultra no era una aerolínea ordinaria. Tenía vuelos regulares a Venezuela cuando prácticamente ninguna otra aerolínea europea los mantenía. Era, según las fuentes consultadas por la investigación, un vehículo de conexión entre el régimen chavista y España. Y el rescate de 53 millones con dinero de los contribuyentes españoles fue el mecanismo que, según el juez, se obtuvo en parte gracias a la red de influencias de Zapatero.
El auto señala que los directivos de Plus Ultra articularon dos líneas de influencia para obtener el rescate: una a través del exministro de Transportes José Luis Ábalos — ya imputado en otro caso de corrupción — y otra a través de Zapatero. Finalmente fue la vía del expresidente la que "adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos."
Zapatero, Maduro y la izquierda latinoamericana: la red que se cierra
Para entender la dimensión completa de lo que este martes ocurrió en España hay que entender quién es Zapatero en el ecosistema político de la izquierda latinoamericana.
Zapatero fue el observador "imparcial" que viajó a Venezuela en múltiples ocasiones para avalar procesos electorales que la oposición venezolana y los organismos internacionales independientes calificaron de fraudulentos. Fue el interlocutor que el régimen de Maduro usó ante Europa para legitimar acuerdos de negociación que nunca se cumplieron. Fue el que en cada oportunidad defendió públicamente al chavismo con el argumento de que el diálogo era preferible a la presión.
Y es miembro activo del Grupo de Puebla — la red de líderes progresistas latinoamericanos que VDI Global ha documentado en múltiples sesiones. El mismo Grupo de Puebla que coordinó con Jara y Jadue en São Paulo la estrategia para "enfrentar a las ultraderechas." El mismo que emitió comunicados denunciando "lawfare" contra Evo Morales. El que Correa integra junto a expresidentes de Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile.
Que el hombre que legitimó las elecciones de Maduro, que integra el foro de coordinación de la izquierda latinoamericana y que es el referente europeo del progresismo hispanoatlántico sea imputado por la Audiencia Nacional española por tráfico de influencias con dinero venezolano no es solo una noticia judicial española. Es la exposición de la red completa.
La conexión con Sánchez: el problema que no puede resolver
Pedro Sánchez tiene con Zapatero una relación que va más allá de la afinidad ideológica. Zapatero fue el expresidente socialista que respaldó activamente el liderazgo de Sánchez cuando el PSOE intentó defenestrarlo internamente en 2016. Es uno de los pilares de legitimidad del sanchismo dentro del partido. Es el mentor político cuya presencia en el ecosistema del PSOE es constante.
Que ese mentor sea ahora imputado por la Audiencia Nacional en una causa que involucra dinero venezolano, blanqueo de capitales y corrupción con fondos públicos — fondos del gobierno de Sánchez en el rescate de Plus Ultra — es un problema de una dimensión que el PSOE no puede minimizar fácilmente.
El PSOE acaba de perder Andalucía con su peor resultado histórico. Las encuestas nacionales muestran un sanchismo debilitado que no logra construir una narrativa de recuperación. El propio PP pedía esta semana que alguien le "hiciera un Starmer" a Sánchez. Y ahora su mentor político principal es imputado por la Audiencia Nacional.
El timing no podría ser peor para Sánchez — ni mejor para quienes buscan documentar que el sanchismo tiene una relación estructural con el dinero venezolano que va mucho más allá de la simpatía ideológica.
La dimensión latinoamericana: el blanqueo venezolano en Europa
Lo que el juez Calama describe no es un caso de corrupción española ordinaria. Es la descripción de cómo el régimen venezolano — que durante años extrajo recursos del país a través de funcionarios corruptos — habría usado una aerolínea española y contactos políticos al más alto nivel para blanquear esos recursos en Europa.
Esa descripción tiene implicaciones que trascienden el caso judicial específico. Dice que la corrupción venezolana no operaba solo en Caracas — operaba también en Madrid, con sociedades instrumentales en paraísos fiscales, con documentación simulada y con el expresidente del gobierno español como presunto intermediario.
Para Maduro — hoy preso en Nueva York — y para el régimen venezolano que sobrevive bajo Delcy Rodríguez, la imputación de Zapatero es la exposición pública de uno de sus canales más valiosos en Europa. Para los venezolanos que huyeron de ese régimen — incluidos los 700.000 que según el Canciller Pérez Mackenna viven hoy en Chile — es la confirmación de lo que sabían: que el dinero que el chavismo les robó llegó a las cuentas de políticos europeos que los visitaban y los defendían.
Lo que esto dice sobre el Grupo de Puebla
VDI Global ha documentado durante esta sesión al Grupo de Puebla como la red de coordinación de la izquierda latinoamericana — el mecanismo por el cual Jara viaja a São Paulo, Jadue se reúne con el MST y la izquierda regional coordina su agenda contra los gobiernos que llama "ultraderechas."
Zapatero es parte de ese grupo. La imputación de este martes dice algo sobre la naturaleza real de esa red: no es solo un foro de debate ideológico. Es una estructura que incluye a personas que la justicia española considera que usaron su acceso político para beneficiarse económicamente — con dinero que pudo provenir de la corrupción venezolana.
Eso no es una acusación política. Es lo que el auto de 85 páginas de la Audiencia Nacional española dice. Con nombres. Con montos. Con sociedades. Con cuentas bancarias.
El 2 de junio, Zapatero debe declarar ante el juez Calama. Ese es el mismo día en que Chile celebra el 21 de mayo y el gobierno de Kast prepara su Cuenta Pública. La coincidencia de fechas es casual. La coincidencia de mundos — el progresismo latinoamericano y sus vínculos con el chavismo venezolano — no lo es.
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