LA CORRUPCIÓN ESTÁ INSTALADA EN EL PODER JUDICIAL: EL JUEZ URRUTIA VIAJÓ AL EXTRANJERO CON LICENCIA MÉDICA, LA CORTE LO RECONOCIÓ — Y LO ABSOLVIÓ DE TODAS FORMAS
La Corte de Apelaciones de Santiago lo dijo con todas sus letras: Urrutia tuvo "una conducta indebida", actuó de forma "poco prudente y mesurada", usó la licencia médica "de forma funcional a su viaje" y cobró íntegro su sueldo mientras el Fisco pagó sin trabajar. La misma Corte que escribió eso, lo absolvió por 14 votos contra 13. Eso se llama impunidad con redacción.
El juez Daniel Urrutia no es un desconocido en Chile. Es el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que durante el estallido social de 2019 liberó a decenas de imputados por desórdenes públicos, generando una de las crisis institucionales más agudas del sistema judicial chileno en años recientes. Es el mismo que fue suspendido por esa actuación. Y es el mismo que, mientras estaba suspendido, viajó a Ecuador a someterse a un tratamiento de "medicina ancestral y complementaria" — con licencia médica pagada por el Fisco.
Esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en fallo dividido absolverlo de toda sanción. Y lo que hace que esa absolución sea tan reveladora del estado real del Poder Judicial chileno no es solo el resultado. Es la combinación entre lo que la Corte escribió sobre Urrutia y lo que decidió hacerle.
Los hechos: dos viajes, dos licencias, cero responsabilidad
Los antecedentes del caso son simples y verificables. Urrutia realizó dos viajes al extranjero mientras estaba con licencia médica por estrés severo.
El primero fue en enero de 2020, a Costa Rica, para asistir a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia que él mismo había interpuesto contra el Estado de Chile. La fiscal judicial Macarena Troncoso propuso sobreseer este viaje — principalmente por prescripción, dado que habían pasado más de cinco años entre los hechos y el inicio de la investigación. La Corte lo siguió por 15 votos contra 12.
El segundo fue en octubre de 2022, a Tena, Ecuador — durante el período de su suspensión por la liberación masiva de imputados. El objetivo declarado del viaje fue participar en "jornadas de medicina ancestral y complementaria". La fiscal Troncoso no propuso sobreseer este caso. Solicitó una suspensión de dos meses con goce de medio sueldo, argumentando que Urrutia "hizo uso indebido de la licencia médica para fines no autorizados" y que transgredió el principio de probidad al "poner sus intereses personales por sobre sus obligaciones como magistrado."
La Corte tomó ese caso, deliberó, reconoció en su sentencia que Urrutia había tenido una conducta indebida — y lo absolvió por 14 votos contra 13. Un voto de diferencia entre la sanción y la impunidad.
Lo que la Corte escribió — y lo que hizo
Este es el punto que merece máxima atención porque es donde la hipocresía institucional queda expuesta con una claridad que raramente se ve en un documento judicial.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago dice textualmente que el actuar de Urrutia "evidencia una conducta indebida y una falta de la prudencia y mesura que se exige de quien desempeña un cargo en un tribunal de justicia." Dice que "las probanzas aparejadas permiten tener por establecido un comportamiento que se opone a aquella conducta recta, intachable y prudente que resulta esperable de un integrante de un tribunal de justicia en el desempeño de su cargo." Dice que Urrutia se "aprovechó de un beneficio que solo tiene en razón de la función pública que desempeña." Dice que su conducta "no se condice con el desempeño honesto e intachable que les exige su cargo."
En lenguaje judicial, eso es una condenación moral completa. Es la Corte diciéndole a Urrutia que lo que hizo estuvo mal, que no cumplió con los estándares de su cargo, que abusó de un beneficio público y que dañó la imagen del Poder Judicial.
Y luego, después de escribir todo eso, lo absolvió.
No hay manera de leer esa combinación sin llegar a una de dos conclusiones. La primera: que el sistema disciplinario del Poder Judicial chileno es tan deficiente que permite que una conducta reconocida como indebida por la propia institución no tenga consecuencias. La segunda: que hay factores extrajudiciales — ideológicos, corporativos, de solidaridad gremial — que incidieron en el resultado de la votación con independencia de los méritos del caso.
Cualquiera de las dos conclusiones es grave. Juntas, son devastadoras.
La minoría que quería ir más lejos
Dos de los ministros que votaron por sancionar a Urrutia — Rivera y Rutherford — no se conformaron con pedir la sanción disciplinaria. Solicitaron que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público y a la isapre respectiva, considerando que existían elementos que podían dar cuenta de "un provecho indebido del subsidio respectivo."
Esa solicitud tiene una lógica simple y contundente: si Urrutia cobró un subsidio de licencia médica del Estado — lo que significa que el Fisco pagó íntegramente su sueldo durante el período de reposo — y ese reposo fue usado para viajar a Ecuador a participar en jornadas de medicina ancestral, entonces existe una pregunta legítima sobre si hubo fraude al sistema previsional público. No es una acusación. Es una pregunta que la fiscalía y la isapre deberían tener la oportunidad de responder.
La mayoría de la Corte no lo estimó necesario. Y al no remitir los antecedentes, cerró la puerta a cualquier investigación adicional que pudiera determinar si lo que ocurrió fue solo una "falta de prudencia" o algo más serio.
El perfil de Urrutia: el juez que nunca paga costos
Para entender por qué este caso importa más allá de sus detalles específicos, es necesario poner a Urrutia en contexto.
En 2019, durante el estallido social, Urrutia liberó a decenas de imputados por delitos cometidos en el contexto de las protestas. La decisión generó una crisis institucional, provocó su suspensión y fue cuestionada por el propio Poder Judicial. Es el mismo período durante el cual realizó el viaje a Ecuador — con licencia médica, mientras estaba suspendido, cobrando su sueldo completo.
El viaje a Costa Rica en 2020 fue para presentarse como demandante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una causa que él mismo inició contra el Estado de Chile — en la que argumenta que sus derechos fueron vulnerados por la manera en que el Poder Judicial lo trató. Es decir: mientras recibía un salario del Estado chileno y estaba con licencia médica pagada por ese mismo Estado, viajó a demandar a ese Estado.
El patrón que emerge de la trayectoria de Urrutia no es el de un juez con criterios discutibles. Es el de un funcionario público que ha aprendido que las consecuencias institucionales de sus acciones son mínimas o nulas. Que puede liberar imputados de forma cuestionada, ser suspendido, viajar al extranjero con licencia médica, ser investigado durante años, y al final ser absuelto por un voto de diferencia con un reproche escrito que nadie va a ejecutar.
El sistema disciplinario del Poder Judicial: un espejo roto
El caso Urrutia no es una anomalía. Es un síntoma. El sistema disciplinario del Poder Judicial chileno tiene una debilidad estructural que este caso ilustra con precisión: está diseñado de tal manera que la institución se juzga a sí misma, con criterios que protegen la corporación antes que al ciudadano que depende de que los jueces actúen con probidad.
Cuando la fiscal judicial Troncoso elevó cargos contra Urrutia y la Corte los reconoció como válidos en su sentencia — pero no los sancionó — lo que ocurrió no fue un error de los magistrados individuales. Fue el sistema funcionando exactamente como está construido para funcionar: protegiendo a sus miembros de consecuencias reales con el lenguaje formal del reproche que no duele.
Los dos ministros que pidieron remitir los antecedentes al Ministerio Público entendieron que el problema excedía la disciplina interna. Que si hay elementos de posible fraude previsional, eso no le corresponde resolverlo a la Corte de Apelaciones mediante una votación de 14 contra 13. Le corresponde al Ministerio Público investigarlo.
La mayoría decidió que no. Y con esa decisión, cerró el caso.
Lo que el gobierno de Kast debería hacer
La reforma del sistema disciplinario del Poder Judicial es una deuda pendiente de todos los gobiernos chilenos desde hace décadas. El caso Urrutia la hace urgente. No porque Urrutia sea el peor juez de Chile — probablemente no lo es. Sino porque ilustra con documentación pública y una sentencia firmada por 27 magistrados que el sistema actual permite que una conducta reconocida como indebida no tenga consecuencias.
Las propuestas de reforma están sobre la mesa desde hace años: creación de un organismo externo de supervisión disciplinaria del Poder Judicial que no dependa de la propia Corte Suprema, requisitos de transparencia en las votaciones disciplinarias, mecanismos de remisión automática al Ministerio Público cuando los hechos investigados puedan constituir delitos.
Ninguno de esos mecanismos existe hoy de forma efectiva. Y mientras no existan, el Poder Judicial seguirá siendo el único poder del Estado chileno que se juzga a sí mismo sin rendición de cuentas real hacia el ciudadano que financia sus sueldos, sus licencias médicas y sus viajes a jornadas de medicina ancestral en Ecuador.
La Corte escribió que Urrutia actuó de forma indebida. Tenía razón. Luego lo absolvió. Eso es lo que el titular de este informe llama por su nombre: la corrupción instalada en el Poder Judicial no siempre llega con sobornos y maletines. A veces llega con 14 votos contra 13 y una sentencia que condena en el papel y absuelve en los hechos.
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