LA SOCIEDAD DE LA SUEGRA Y LOS CUÑADOS DE CAMILA VALLEJO FACTURÓ $1.209 MILLONES A UN HOSPITAL PÚBLICO DURANTE EL GOBIERNO DE BORIC — Y VALLEJO OMITIÓ SUS NOMBRES EN LA DECLARACIÓN DE INTERESES
La sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada" — cuyos socios son la suegra y los cuñados de la exministra vocera — emitió facturas al Hospital Herminda Martín de Chillán por $2.156 millones en 15 años. El 56% de ese total, exactamente $1.209 millones, fue facturado durante los cuatro años del gobierno de Boric. Y la Ley 20.880 obligaba a Vallejo a declarar esos vínculos. No lo hizo.
Hay casos de corrupción que requieren investigación forense para ser descubiertos. Y hay casos que están en Mercado Público — la plataforma oficial de compras del Estado chileno, accesible para cualquier ciudadano con internet — esperando que alguien se tome el trabajo de mirar. El caso de la sociedad vinculada a la familia política de Camila Vallejo y el Hospital Herminda Martín de Chillán pertenece a la segunda categoría. Los datos estaban ahí. El periodismo de investigación de El Líbero los encontró. Y lo que revelan es una combinación de conflicto de interés, omisión en la declaración de probidad y concentración sospechosa de contratos públicos que no puede ignorarse.
Los números: $2.156 millones en 15 años, $1.209 millones en cuatro
Los datos de Mercado Público son concretos y verificables. La sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada" emitió facturas al Hospital Herminda Martín de Chillán — un hospital público de la red asistencial del Estado — por un total de $2.156.918.205 en los últimos 15 años.
De ese total, $1.209 millones — el 56% del acumulado de 15 años — fue facturado durante los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric, entre 2022 y 2026. Ese período coincide exactamente con los años en que Camila Vallejo fue ministra secretaria general de gobierno, la vocera oficial del Ejecutivo, una de las figmas más poderosas del gabinete de Boric.
La pregunta que esos números plantean es simple: ¿es una coincidencia que más de la mitad de la facturación histórica de esa sociedad al hospital público se haya concentrado en los cuatro años en que la cuñada de sus socios era ministra del gobierno que controla el sistema de salud pública? Puede serlo. Pero tratándose de contratos con el Estado, la coincidencia no es suficiente. La transparencia y el escrutinio son obligatorios.
Quiénes son los socios de la sociedad
La sociedad "Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada" tiene una composición que hace que su relación con Camila Vallejo sea directa e inequívoca.
Sus socios actuales son: la médico Andrea Colomba San Martín Palma — suegra de Vallejo, madre de su marido Abel Zicavo — y el cónyuge de esta, Osvaldo Armando Aguiló Melo. Además, los cuñados de Vallejo: Claudio Camilo Zicavo San Martín y Valeria Andrea Zicavo San Martín, hermanos de su marido.
Hasta 2018, el marido de Vallejo — el músico y actor Abel Ernesto Zicavo San Martín — era participante mayoritario de la misma sociedad. Luego salió de ella. Los demás miembros de su familia inmediata permanecieron.
El vínculo entre Camila Vallejo y esta sociedad no es abstracto ni lejano. Es su suegra. Son sus cuñados. Es la empresa de la familia de su marido, de la que él mismo fue socio mayoritario hasta hace menos de una década.
La omisión en la Declaración de Intereses: lo que la ley exigía y Vallejo no hizo
Este es el elemento que convierte el caso de conflicto de interés en una posible infracción legal documentada.
La Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses establece con claridad las obligaciones de declaración para las autoridades de gobierno. Entre esas obligaciones está la de declarar los intereses y el patrimonio de familiares directos — incluyendo, según la interpretación de la norma aplicable al caso, a la suegra y a los cuñados de la autoridad.
La investigación de El Líbero revela que los nombres de la suegra y de los cuñados de Vallejo no aparecen en su Declaración de Intereses y Patrimonio publicada en la plataforma oficial infoprobidad.cl durante su período como ministra.
No se trata de un tecnicismo menor. La razón por la que la ley exige declarar esos vínculos es exactamente para que el sistema de control pueda detectar situaciones como la que este caso describe: una ministra cuyos familiares políticos directos tienen una sociedad con contratos activos con hospitales públicos que dependen del gobierno que ella integra. Sin esa declaración, el sistema de control no puede funcionar. Con ella, al menos existe la posibilidad de que alguien detecte el conflicto y actúe.
Vallejo no hizo esa declaración. Si lo hizo por desconocimiento de la ley que ella como ministra tenía obligación de conocer, eso es grave. Si lo hizo por omisión deliberada, es peor.
El Hospital Herminda Martín y la concentración de contratos
El Hospital Herminda Martín de Chillán es un establecimiento de la red pública de salud de la Región de Ñuble. Como todos los hospitales públicos chilenos, sus compras y contrataciones se realizan a través de Mercado Público y están sujetas a los controles de la Contraloría General de la República y del propio sistema de salud.
Que una sociedad haya facturado $2.156 millones a ese hospital en 15 años no es necesariamente irregular en sí mismo — depende de qué servicio prestó, a qué precio y bajo qué condiciones. Los médicos y especialistas que trabajan con hospitales públicos mediante honorarios o sociedades profesionales son parte del funcionamiento normal del sistema. La médico Andrea San Martín Palma, suegra de Vallejo, es médico — su sociedad puede tener una relación legítima con ese hospital.
Lo que no es normal — y lo que exige explicación — es la concentración de facturación: que el 56% del total de 15 años se haya producido en los cuatro años del gobierno de Boric. Eso sugiere o bien una expansión significativa de la relación contractual durante ese período, o bien una aceleración de los contratos que coincide con la presencia de la ministra vinculada a la sociedad en el gabinete.
¿Hubo licitaciones? ¿Hubo trato directo? ¿Qué servicios específicos se contrató? ¿A qué precios se compararon con el mercado? Esas son las preguntas que la Contraloría y eventualmente el Ministerio Público deberían poder responder.
El patrón que el gobierno de Boric dejó
Este caso no existe en el vacío. Existe en el contexto de un gobierno que acumuló casos de conflicto de interés, uso irregular de fondos públicos y vínculos entre funcionarios y organizaciones beneficiadas por el Estado con una frecuencia que superó cualquier precedente reciente en la política chilena.
El Caso Convenios — $90.000 millones, 53 fundaciones, Giorgio Jackson renunciando — fue el más grande. Pero no fue el único. Carlos Montes y los sobreprecios en el Programa de Emergencias Habitacionales. Carolina Leitao en Peñalolén con $12.000 millones en fraude municipal. Aldo Cornejo imputado en la trama bielorrusa. El propio Boric coordinando la defensa de Montes con el PS.
El caso de la sociedad de la familia de Vallejo no alcanza — con la información disponible hoy — la magnitud del Caso Convenios. Pero sí comparte su lógica fundamental: el aprovechamiento de la posición de gobierno para favorecer o al menos no perjudicar los intereses económicos del círculo cercano, combinado con la omisión de las declaraciones de probidad que el sistema exige precisamente para prevenir ese aprovechamiento.
La diferencia entre el gobierno de Boric y cualquier gobierno anterior no fue que la izquierda fuera más honesta. Fue que llegó al poder prometiendo ser más honesta — con el discurso de la "nueva política", la "generación del cambio", la "política feminista" que terminaría con los privilegios de los poderosos. Ese discurso choca frontalmente con una sociedad de la familia de la vocera facturando $1.209 millones a un hospital público durante los cuatro años de gobierno, con la vocera omitiendo esos vínculos en su declaración de probidad.
Lo que corresponde hacer
La Contraloría General de la República tiene facultades para auditar contratos públicos e investigar conflictos de interés en la función pública. La omisión en la Declaración de Intereses y Patrimonio puede constituir una infracción a la Ley 20.880. Esas son dos vías institucionales disponibles.
El gobierno de Kast, que llegó con un mandato explícito de recuperar la institucionalidad y hacer cumplir las normas de probidad que los gobiernos anteriores omitieron, tiene la oportunidad de señalar este caso con claridad. No como campaña política — los datos hablan solos — sino como señal de que las normas de probidad aplican para todos, incluyendo a los ex ministros de gobiernos anteriores.
La Ley 20.880 existe. Vallejo la infringió al no declarar los vínculos que exige. Y esa infracción ocurrió mientras la sociedad de su familia política facturaba al Estado en proporciones que no tienen precedente en los 15 años de historia de esa relación contractual.
Sinvergüenzas es la palabra. Y está bien usada.
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