MOODY'S LE PONE NÚMEROS AL DESASTRE QUE DEJÓ LA IZQUIERDA: LA DEUDA DE CHILE SE MULTIPLICÓ CASI CINCO VECES EN 15 AÑOS Y SE ACERCA AL LÍMITE PRUDENCIAL

La agencia calificadora publicó su análisis del perfil crediticio soberano de Chile. Mantiene la nota A2, valora la institucionalidad y el manejo del Mepco bajo Kast, pero advierte con datos concretos: los colchones fiscales se agotaron, la deuda crece sin parar y el crecimiento está muy por debajo del potencial histórico. Los números dicen lo que la izquierda nunca admitirá.

Las agencias calificadoras de riesgo no hacen política. No tienen color partidario, no tienen agenda ideológica, no tienen interés en quedar bien con ningún gobierno ni con ninguna oposición. Lo que tienen son metodologías, datos verificables y la obligación profesional de decir lo que los números muestran, aunque lo que muestren sea incómodo para quien sea. Por eso el análisis que Moody's Ratings publicó esta semana sobre el perfil crediticio soberano de Chile merece leerse con atención — no como una declaración política, sino como un espejo que refleja quince años de decisiones fiscales con una frialdad que ningún discurso electoral puede distorsionar.

El veredicto de la agencia es mixto, como corresponde a una realidad que también lo es. Chile mantiene su calificación A2 con perspectiva estable — una nota que sitúa al país entre los más confiables de América Latina y que indica que los inversionistas internacionales todavía consideran que la deuda soberana chilena es un riesgo manejable. Eso es lo que la izquierda y sus medios van a destacar. Pero lo que el informe dice en detalle — los números concretos, las advertencias específicas, los diagnósticos sobre lo que fue mal y lo que está intentando corregirse — cuenta una historia muy diferente a la que el progresismo chileno prefiere narrar sobre sí mismo.

La deuda: de 8,6% a 41,5% en quince años

El dato más contundente del informe de Moody's es también el más simple: la deuda del gobierno general de Chile cerró 2025 en 41,5% del PIB. En 2010, esa misma deuda era de 8,6% del PIB.

En quince años, la deuda pública chilena se multiplicó casi cinco veces. No como proporción de un PIB estancado — Chile creció durante ese período — sino en términos absolutos y relativos. El país que en 2010 era un ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, que había acumulado reservas durante el superciclo del cobre, que tenía margen de maniobra ante cualquier crisis, llegó a 2025 con una deuda que la propia agencia describe como en trayectoria de acercamiento al "umbral prudencial" fijado en 45% del PIB.

Moody's lo dice con la precisión que le es característica: la deuda "ha aumentado de manera continua durante la última década y se está acercando al umbral prudencial." Y agrega la proyección que no deja margen para el optimismo fácil: esa relación continuará subiendo en 2026 y 2027, aunque sin superar el límite en el escenario base.

¿Qué pasó en esos quince años? Los gobiernos de Piñera II intentaron contener el gasto con resultados mixtos. Los de Bachelet II y Boric apostaron sistemáticamente por expandirlo, financiando programas sociales, subsidios y gasto corriente con una combinación de endeudamiento y supuestos de ingresos que resultaron ser, en palabras de la propia Moody's, "demasiado optimistas."

La agencia es explícita en ese diagnóstico: la desviación de las metas presupuestarias durante los últimos tres años "se debió principalmente a una sobreestimación sistemática de los ingresos por parte del gobierno, basada en supuestos demasiado optimistas sobre los recursos adicionales que recaudaría una nueva ley de royalties y una ley contra la evasión tributaria." Eso no es una crítica implícita. Es un diagnóstico directo sobre la gestión fiscal de los gobiernos anteriores, que prometieron ingresos que nunca llegaron y gastaron como si ya estuvieran en caja.

Los colchones fiscales: de 9,1% a 4% del PIB

El segundo dato que el informe de Moody's pone sobre la mesa es igualmente revelador: los activos de estabilización fiscal de Chile — los fondos soberanos que el país acumuló durante los años del boom del cobre y que servían como amortiguador ante las crisis — cayeron desde el 9,1% del PIB registrado en 2016 hasta el 4% del PIB en 2025.

La advertencia de la agencia es directa: "La disminución de los colchones fiscales reduce aún más el espacio fiscal de Chile para enfrentar shocks."

Para entender la dimensión de ese dato hay que recordar para qué sirven esos fondos. Cuando vino la pandemia en 2020, Chile pudo financiar transferencias directas a los hogares, apoyar a las empresas y sostener el gasto en salud en parte gracias a los recursos que tenía acumulados en sus fondos soberanos. Cuando el cobre cae, cuando hay una sequía, cuando viene una crisis financiera global, esos colchones son la diferencia entre un ajuste ordenado y una crisis de deuda. A medida que se agotan, el país queda más expuesto a cualquier shock externo, sin la capacidad de respuesta que caracterizó a Chile durante los peores momentos de décadas anteriores.

Que esos fondos hayan caído a la mitad en nueve años no es consecuencia de la mala suerte. Es consecuencia de años de déficits primarios persistentes que fueron consumiendo lo que las generaciones anteriores habían ahorrado.

Crecimiento: 2,2% proyectado vs 3,9% histórico

El tercer elemento preocupante del informe es el crecimiento. Moody's proyecta que el PIB de Chile crecerá 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027. Son cifras ligeramente más optimistas que el rango que maneja el propio Banco Central, pero ambas están muy por debajo del promedio histórico que la agencia cita como referencia: 3,9% anual entre 2006 y 2015.

La brecha no es pequeña. Es casi dos puntos porcentuales de crecimiento anual menos que el promedio de la época de bonanza. Y la agencia identifica la causa estructural: una productividad que promedió apenas 0,8% anual entre 2016 y 2025, tanto en el sector minero como fuera de él.

Chile tiene un problema de productividad que no se resuelve con transferencias ni con gasto corriente. Se resuelve con inversión privada, con simplificación regulatoria, con condiciones que hagan atractivo traer capital y tecnología al país. Eso es exactamente lo que la izquierda chilena — con su desconfianza estructural hacia el mercado, sus trabas a la minería, su hostilidad al empresariado — hizo más difícil durante la última década. Y eso es exactamente lo que el gobierno de Kast está intentando revertir con la Megarreforma.

Lo que Moody's dice sobre Kast y la Megarreforma

El informe de Moody's menciona explícitamente al gobierno de José Antonio Kast y sus objetivos económicos. La agencia señala que el gobierno busca impulsar el crecimiento promedio hasta 4% hacia el final del mandato mediante la simplificación de permisos de inversión y una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta el 23% en 2029.

Sobre el impacto de esas medidas, la evaluación de Moody's es cautelosa pero no negativa: "Aunque estas iniciativas de política podrían impulsar la inversión privada con el tiempo, esperamos que el impacto sea gradual."

Gradual no es sinónimo de inexistente. En el lenguaje de las agencias calificadoras, decir que una reforma tributaria que reduce impuestos corporativos "podría impulsar la inversión privada" es reconocer que la lógica económica de la medida es correcta. El matiz sobre la gradualidad es honesto — las reformas tributarias no producen resultados al día siguiente — pero no invalida la dirección.

Lo que sí invalidan los opositores a la Megarreforma, entre ellos la red Matthei dentro del propio oficialismo, es la premisa de que bajar impuestos es necesariamente irresponsable fiscalmente. Moody's no dice eso. Dice que el efecto será gradual. Hay una diferencia importante entre ambas afirmaciones, y esa diferencia es precisamente la que la "derechita cobarde" está utilizando como pretexto para boicotear una reforma que apunta en la dirección correcta.

El Mepco: un guiño concreto al gobierno de Kast

Uno de los párrafos más significativos del informe de Moody's para la lectura política chilena es el que se refiere al Mepco — el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La agencia lo cita específicamente como un ejemplo positivo: "Decisiones de política recientes, incluido el tratamiento fiscal de los costos relacionados con el Mepco, ilustran también el compromiso de las autoridades con la preservación de la sostenibilidad fiscal y la transparencia."

Para entender el peso de ese párrafo hay que recordar el contexto. El Mepco fue durante años uno de los instrumentos más politizados de la política fiscal chilena. Los gobiernos anteriores lo usaron para subsidiar los precios de la bencina en momentos electoralmente convenientes, cargando el costo a las finanzas públicas sin transparentarlo adecuadamente. El gobierno de Kast tomó decisiones sobre ese mecanismo que fueron políticamente costosas a corto plazo — los precios de los combustibles subieron — pero que Moody's evalúa como una señal de compromiso con la transparencia y la sostenibilidad fiscal. Que una agencia calificadora internacional lo mencione positivamente en un análisis de perfil crediticio soberano no es un dato menor.

La nota "aa" al Banco Central: la institucionalidad que sobrevivió a todo

En el cuadro de puntuaciones que Moody's asigna a los distintos atributos de Chile, la política monetaria recibe una calificación "aa" — la más alta de todas las dimensiones evaluadas en el informe. La agencia pondera el régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible como amortiguador de choques externos y la acumulación de reservas internacionales, que según el FMI aumentaron en unos 4.000 millones de dólares al cierre de abril.

El Banco Central de Chile es una institución que funciona. Eso no se improvisa ni se construye en un gobierno. Es el resultado de décadas de política monetaria prudente, de independencia institucional respetada incluso en los momentos más complicados, de una tradición de credibilidad que sobrevivió el estallido social de 2019, la pandemia, la inflación postpandemia y una guerra comercial global. Que Moody's le ponga "aa" al Banco Central es reconocer que Chile tiene un ancla institucional en política monetaria que pocos países de la región pueden exhibir.

El cobre, el litio y la oportunidad que Chile no puede desperdiciar

El informe de Moody's también señala lo que Chile tiene a favor: el cobre representa consistentemente el 13% del PIB y el 50% de las exportaciones totales. Chile es el mayor productor mundial de cobre y el segundo de litio — dos materiales que la transición energética global está convirtiendo en recursos estratégicos de primera línea. La demanda de cobre para cables eléctricos, paneles solares, vehículos eléctricos y redes de distribución de energía va a crecer durante las próximas décadas a un ritmo que ninguna política de diversificación puede reemplazar a corto plazo.

A eso se suma que Chile es el tercer mercado de centros de datos más desarrollado de América Latina, con más de 210 megawatts de capacidad instalada a fines de 2025, con proyecciones de crecimiento superiores al 15% anual durante los próximos cinco años. Esa es la economía digital que se está construyendo sobre la infraestructura física y energética del país.

Chile tiene los activos. Lo que faltó durante la última década fue la política económica que los aprovechara en lugar de ponerles trabas. La Megarreforma de Kast apunta precisamente a remover esas trabas — con una reducción de impuestos corporativos, simplificación de permisos y apertura a la inversión privada. Moody's dice que el efecto será gradual. Pero también dice que la dirección es correcta.

El diagnóstico está hecho. Los números son los que son. La deuda que dejó la izquierda existe. Los colchones fiscales agotados existen. El crecimiento por debajo del potencial existe. Y el gobierno que recibió ese panorama está intentando revertirlo con las herramientas disponibles, en un Congreso donde la oposición bloquea y la "derechita cobarde" boicotea.

Moody's no hace política chilena. Pero sus números sí dicen quién administró bien y quién no.

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