TEMUCUICUI: EL GOBIERNO DE KAST INGRESÓ DOS VECES EN UNA SEMANA Y STEINERT LO DICE SIN EUFEMISMOS — "NO HAY NINGÚN LUGAR DONDE EL GOBIERNO NO PUEDA INGRESAR"
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TEMUCUICUI: EL GOBIERNO DE KAST INGRESÓ DOS VECES EN UNA SEMANA Y STEINERT LO DICE SIN EUFEMISMOS — "NO HAY NINGÚN LUGAR DONDE EL GOBIERNO NO PUEDA INGRESAR"
Durante años, Temucuicui fue un enclave donde el Estado chileno llegaba a balazos o no llegaba. El gobierno de Boric lo intentó y fracasó en su primer día. El de Kast ingresó dos veces en menos de una semana, detuvo a cinco personas en el primero, incautó armas y una camioneta en el segundo, y la ministra Steinert lo dijo con una claridad que sus predecesores nunca tuvieron: el Estado entra donde tiene que entrar. Cuantas veces sea necesario.
Hay lugares en Chile que se convirtieron en símbolo de algo que ningún Estado serio debería tolerar: la existencia de zonas donde la autoridad pública no puede entrar, donde las leyes no se aplican, donde la violencia opera como sistema de gobierno paralelo. Temucuicui es el más conocido de esos lugares. Y durante demasiados años, fue también el más intocable.
La comunidad autónoma de Temucuicui está ubicada a unos seis kilómetros de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, La Araucanía. No es un lugar remoto ni inaccesible en términos geográficos. Está a pocos kilómetros de la Panamericana Sur, la columna vertebral vial del país. Lo que la hizo inaccesible no fue la geografía sino la política: años de gobiernos que decidieron, por ideología, por miedo al conflicto o por cálculo electoral, que era más conveniente negociar con quienes la controlaban que hacer cumplir la ley.
El resultado de esa política de acomodamiento está documentado en décadas de hechos de alta connotación pública. En 2017, sus habitantes derribaron árboles y bloquearon rutas para impedir que el INE los censara. En 2022, cuando la exministra del Interior del gobierno de Boric, Izkia Siches, intentó ingresar a la zona en su primer día de gobierno con un gesto de diálogo, recibió disparos. En 2023 se realizó un operativo policial de "gran envergadura" que logró cinco arrestos. Y en 2024, el Censo nacional no pudo ingresar porque las comunidades se negaron a participar, emitiendo un comunicado que describía el proceso como parte de "políticas asistencialistas" y un "modelo de saqueo y de destrucción del territorio."
Un Estado que no puede hacer el Censo. Una ministra que sale a balazos. Un enclave que vive de hecho fuera del ordenamiento jurídico chileno. Eso es lo que el gobierno de Kast heredó en La Araucanía.
La semana que cambió el relato
En el lapso de una semana, el gobierno de Kast ingresó dos veces a Temucuicui. No como un gesto simbólico. No como una conferencia de prensa desde la entrada. Adentro. Con resultados concretos y verificables.
El primer operativo fue producto de una investigación que había sido iniciada en agosto de 2015 — once años de espera para ejecutar una acción judicial — por delitos de robo de vehículos motorizados, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos en la vía pública. El resultado: tres personas detenidas y dos más por flagrancia bajo la Ley 20.000 de drogas.
El segundo ingreso ocurrió días después, en respuesta directa a un ataque que en la madrugada anterior había afectado a la 6.ª Comisaría de Ercilla. En ese operativo no hubo detenidos, pero se incautó una camioneta marca Maxus y diverso armamento vinculado al ataque.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo anunció con una precisión que merece transcribirse completa: "Queremos dar cuenta que el día de hoy se ingresó a Temucuicui por segunda vez, en un corto tiempo. Es así que damos cuenta que el Gobierno está recuperando el control del territorio y vamos a ingresar cuantas veces sea necesario. No hay ningún lugar donde el Gobierno no pueda ingresar."
Esa frase — "no hay ningún lugar donde el Gobierno no pueda ingresar" — no es retórica. Es una declaración de principios sobre el rol del Estado que sus predecesores nunca fueron capaces de hacer con esa contundencia. Porque hacerla requiere estar dispuesto a cumplirla. Y cumplirla requiere tener la voluntad política de enfrentar la presión que inevitablemente viene después: las acusaciones de violación de derechos humanos, las organizaciones internacionales que van a emitir declaraciones, los medios que van a buscar el ángulo de la "represión", los políticos de izquierda que van a hablar de "militarización del territorio."
Steinert lo sabe. Lo dijo de todas formas. Y entró de todas formas.
El contraste que el Ministerio publicó — y luego borró
Después del primer operativo, el Ministerio de Seguridad publicó en sus redes sociales una comparación con el gobierno anterior: "Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos." Minutos después, la publicación fue borrada.
La decisión de borrarla fue probablemente correcta desde el punto de vista comunicacional — el gobierno no necesita hacer campaña comparativa en sus propias redes, los hechos hablan solos. Pero el contenido de lo que se publicó era factualmente irreprochable.
El 15 de marzo de 2022, la exministra Izkia Siches intentó ingresar a Temucuicui en el primer día de su gestión como gesto de apertura al diálogo. La respuesta fue un ataque armado. Siches salió de la zona. El Estado no logró establecer ninguna presencia. La imagen que quedó fue la de una ministra que llegó con buenas intenciones y se fue con los disparos sonando detrás.
Eso no fue un accidente ni una mala planificación logística. Fue la consecuencia directa de una política que confundió el diálogo con la rendición, que interpretó la ausencia de confrontación como paz y que no entendió — o no quiso entender — que en contextos donde la violencia es el lenguaje político dominante, la disposición al diálogo sin respaldo de fuerza se lee como debilidad.
Kast llegó con una filosofía diferente. No con retórica de campaña sino con operativos policiales ejecutados, investigaciones judiciales que llevaban once años esperando, y una ministra que dice en público lo que significa recuperar el control del territorio.
Temucuicui: lo que el Estado nunca debió perder
Para entender la magnitud del problema que el gobierno está enfrentando en Temucuicui es necesario entender qué tipo de lugar es en la práctica, más allá de los comunicados políticos de cualquier lado.
La comunidad autónoma de Temucuicui — distinta de las comunidades Tradicional e Ignacio Queipul I, II y III que existen en la misma zona — ha operado durante años con una lógica de autogobierno que excluye deliberadamente al Estado chileno. No pagan impuestos. No participan en censos. No reciben servicios del Estado que impliquen reconocer su autoridad. Tienen su propia estructura de poder interna. Y responden a la presencia estatal con violencia — disparos, incendios, ataques a infraestructura y, según la investigación que derivó en el primer operativo de esta semana, robo de vehículos motorizados y atentados incendiarios en rutas públicas.
Entre 200 y 400 personas viven en la zona, según cálculos que deben hacerse de forma indirecta dado que el Censo nunca pudo contarlas. Ese es el tamaño del problema en términos demográficos: no estamos hablando de miles de personas en un territorio vasto. Estamos hablando de una comunidad pequeña que logró establecer una zona de exclusión estatal en plena La Araucanía, a metros de la Panamericana, durante décadas.
¿Cómo es posible que eso ocurriera? La respuesta es política. Sucesivos gobiernos chilenos — de distinto signo — decidieron que el costo político de recuperar el control era mayor que el costo de tolerar el problema. La narrativa de los "pueblos originarios" y los "derechos ancestrales" fue usada como paraguas bajo el cual se cobijó no solo la legítima reivindicación territorial mapuche sino también la violencia política organizada de grupos que operan en esos territorios con una lógica que nada tiene que ver con la preservación cultural.
El resultado fue lo que el propio Estado reconoció implícitamente cuando la exministra Siches salió a balazos y no volvió. Un enclave donde la ley no se aplica no es un problema cultural. Es una crisis de soberanía.
El mandato de Steinert y lo que viene
La ministra Steinert ha sido consistente en su posición desde que asumió. No es una posición agresiva en el sentido de buscar el conflicto por el conflicto. Es una posición que parte del principio básico de que el Estado chileno tiene la responsabilidad y la autoridad de ejercer soberanía en todo el territorio nacional — incluyendo Temucuicui, incluyendo cualquier otro enclave que haya operado bajo la lógica de la exclusión estatal.
"Vamos a ingresar cuantas veces sea necesario" no es una amenaza. Es una descripción de lo que el Estado democrático de derecho hace por definición: aplica la ley en todo el territorio bajo su jurisdicción.
Lo que viene ahora depende de cómo el sistema judicial procesa lo que los operativos están generando. Las cinco personas detenidas en el primer operativo enfrentan cargos concretos derivados de una investigación que llevaba once años en curso. El armamento incautado en el segundo operativo será parte de una causa vinculada al ataque a la comisaría de Ercilla. Esas causas tienen que llegar a sentencia. Eso requiere que el Ministerio Público sostenga la acusación, que los tribunales fallen conforme a la evidencia y que las penas, si corresponden, se cumplan efectivamente.
Ese es el eslabón que con frecuencia se quiebra en la cadena de la seguridad en La Araucanía: los operativos ocurren, las detenciones se producen, y luego el sistema judicial — por razones que van desde garantías procesales legítimas hasta presiones políticas — no convierte esas detenciones en condenas que disuadan futuros comportamientos.
El seguimiento de las formalizaciones derivadas de los operativos de esta semana es, por lo tanto, tan importante como los operativos mismos. El gobierno entró. Ahora necesita que el resto del sistema funcione.
La pregunta que nadie quiere responder
Hay una pregunta que el debate sobre Temucuicui sistemáticamente evita: ¿qué habría pasado si el Estado hubiera actuado así hace diez o quince años?
La respuesta incómoda es que probablemente Camilo Catrillanca estaría vivo — porque si el Estado hubiera establecido una presencia regular y legítima en la zona, el operativo del 14 de noviembre de 2018 que terminó en su muerte nunca habría tenido las características que tuvo. Los problemas que se resuelven tarde se resuelven de forma más traumática que los que se abordan a tiempo.
Steinert está abordando un problema que lleva décadas siendo ignorado o gestionado con instrumentos inadecuados. Los dos ingresos de esta semana son una señal — no una solución. La solución requiere presencia estatal sostenida, investigaciones judiciales que se completen, condenas que se cumplan, y una política de largo plazo que combine la aplicación de la ley con el desarrollo económico genuino de las comunidades mapuche que no están en la lógica de la violencia y que son la gran mayoría.
Por ahora, el Estado chileno entró a Temucuicui. Dos veces en una semana. Y salió con detenidos y armamento incautado, no a balazos.
Eso es un cambio. Es el comienzo de algo que debió empezar mucho antes.
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