UN AÑO DEL MAYOR PORTONAZO AL FISCO EN LA HISTORIA DEL ESTADO CHILENO: 35.585 LICENCIAS FRAUDULENTAS, 29.270 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS Y SOLO 262 DESTITUIDOS
Un año después de que la Contraloría destapara el escándalo de las licencias médicas fraudulentas, los números son devastadores: 35.585 licencias mal usadas, 13.286 funcionarios que fueron a casinos mientras estaban de reposo, 5.646 que viajaron al exterior en el primer semestre de 2025 y 6.311 que prestaron servicios privados mientras cobraban subsidio del Estado. Y a un año del escándalo, de los 29.270 funcionarios involucrados, solo 262 han sido destituidos. El gobierno anterior que prometió sumarios "lo antes posible" nunca le dio urgencia al proyecto de ley. El portonazo más grande del sector público chileno sigue sin sanción real.
Hay escándalos que se recuerdan por su magnitud y hay escándalos que se recuerdan porque sus consecuencias demuestran exactamente lo que está mal en el Estado. El escándalo de las licencias médicas fraudulentas en el sector público chileno pertenece a la segunda categoría. No solo porque los números son de una magnitud que no tiene precedente en la historia del funcionariado público chileno. Sino porque un año después de que la Contraloría lo destapara, el balance de sanciones efectivas demuestra que el Estado chileno tiene una capacidad extraordinaria para investigarse a sí mismo — y una capacidad casi nula para sancionarse a sí mismo.
El 20 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República publicó el informe que lo cambió todo. El Noveno Consolidado de Información Circularizada reveló que 35.585 licencias médicas habían sido mal utilizadas entre 2023 y 2024 porque sus titulares habían viajado fuera del país durante el período de reposo. Esas personas entraron o salieron del país en 59.575 oportunidades mientras el Estado les pagaba subsidio por enfermedad.
Ese fue el primer número. En los meses siguientes, la Contraloría siguió empujando la puerta y lo que encontró fue peor.
El inventario del fraude: lo que fue apareciendo mes a mes
En julio de 2025, la Contraloría detectó que 2.982 funcionarios afiliados a Dipreca y Capredena — las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros — realizaron más de 9.000 viajes al extranjero entre 2023 y 2024 mientras tenían licencia médica. Algunos salieron del país más de 30 veces durante su período de reposo.
En agosto, el escándalo dio un giro que lo volvió grotesco: 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. No fueron una vez. Fueron al casino. De reposo. Cobrando subsidio del Estado.
En septiembre, otros 10.805 funcionarios de 422 entidades con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica, con 15.257 licencias asociadas a esos casos.
En marzo de 2026, el cuadro se completó con el dato más revelador de todos sobre la naturaleza del fraude: 6.311 funcionarios públicos prestaron servicios en el sector privado mientras tenían licencia médica. En el detalle, se identificaron 48.682 licencias asociadas a esos casos para el período 2023-2024.
Traducido en lenguaje directo: funcionarios públicos que estaban "enfermos" según el sistema de salud, cobrando subsidio del Estado, trabajaban simultáneamente en empresas privadas — en algunos casos presumiblemente para el mismo Estado que les pagaba la licencia. Es el modelo de la doble caja llevado a su expresión más perfecta.
El balance acumulado de la Dipres al 31 de diciembre de 2025 —el último disponible — dice que 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas, correspondientes a 29.270 funcionarios involucrados en el período.
Las sanciones: el número que lo dice todo
El balance de sanciones al 31 de diciembre de 2025 es el dato más importante de este informe y el que menos espacio ocupó en los medios que cubrieron el aniversario.
De los 29.270 funcionarios involucrados, 23.745 continuaban trabajando en el Estado. Se habían instruido 25.352 sumarios administrativos, de los cuales 21.098 continuaban en curso. Solo 1.543 habían sido cerrados con resolución ejecutoriada.
De esos 1.543 casos cerrados:
- 577 fueron absueltos o sobreseídos — el proceso se cerró sin sanción
- 262 fueron destituidos
- 584 cerraron con censura — la sanción más leve disponible, equivalente a una anotación negativa en la hoja de vida
- 65 recibieron suspensión temporal
- 55 recibieron multa
Eso significa que de 29.270 funcionarios involucrados en el fraude más grande de la historia del funcionariado público chileno, a un año del escándalo solo 262 fueron destituidos. El 0,9% del total. Menos de uno de cada cien.
El gobierno de Boric y la promesa sin urgencia
Cuando el escándalo estalló en mayo de 2025, la respuesta política fue de indignación transversal. El entonces candidato José Antonio Kast prometió "recuperar cada peso pagado" y propuso medidas con el slogan "sin licencia para estafar." El gobierno de Boric creó el Comité Nacional de Ausentismo, instruyó sumarios y se comprometió a acciones.
Pero el gobierno de Boric también tenía el instrumento más efectivo para acelerar la resolución de los sumarios: un proyecto de ley que estableciera procedimientos expeditos, destitucion inmediata en casos comprobados y modificaciones legales que hicieran imposible que el fraude se repitiera. Ese proyecto fue ingresado. Y nunca recibió urgencia legislativa.
La diputada Marlene Pérez lo dijo con precisión en el contexto de la actualización de esta semana: "El gobierno anterior, tras conocerse el escándalo de las licencias médicas fraudulentas, ingresó un proyecto, pero nunca le dio urgencia. Hoy, en el proyecto de reconstrucción, estamos impulsando medidas concretas para establecer procedimientos sumarios y la destitución inmediata en casos de uso fraudulento de licencias médicas."
Esa frase documenta con exactitud lo que ocurrió: el gobierno de Boric reaccionó con anuncios y no siguió con acciones. Ingresó un proyecto de ley para que la ciudadanía viera que hacía algo — y luego lo dejó morir en la cola de tramitación sin urgencia, sin seguimiento y sin presión política para que avanzara.
El resultado a un año es el que los números describen: 262 destituidos de 29.270 involucrados.
La primera sanción de la Contraloría en 10 años — y lo que dice sobre el sistema
El 14 de mayo de 2026, la Contraloría aplicó una medida que no había usado en más de diez años: suspendió de funciones al jefe jurídico del Senda por no informar el inicio de procedimientos sumariales después de que en agosto de 2025 se detectara que sus funcionarios habían ido a casinos durante licencias médicas.
Que una medida de esa naturaleza sea noticia porque no se había aplicado en una década dice algo fundamental sobre cómo funciona el sistema de control del Estado chileno. La Contraloría tiene herramientas sancionatorias que raramente usa. Los organismos públicos saben que el costo de no cumplir con las instrucciones de la Contraloría es bajo. Y el resultado es el que vemos: 21.098 sumarios en curso un año después, con el proceso moviéndose a la velocidad de la burocracia estatal chilena — que no es una velocidad diseñada para responder a escándalos sino para procesar expedientes en orden correlativo.
La Suseso y las nuevas herramientas: ¿llegaron tarde?
La Superintendencia de Seguridad Social tomó algunas medidas concretas durante el año. En abril de 2026 puso en marcha el Sistema de Gestión de Reportes e Información para Supervisión de Licencias Médicas — el "GRIS LM" — que reemplaza al sistema anterior utilizado desde 2014 y obliga a enviar información mensual en formatos estandarizados.
En abril también detectó que durante 2024 más de 2.700 personas recibieron doble subsidio por licencias médicas y reposo laboral simultáneos, con pagos que llegaron a $929 millones, a través de Fonasa e isapres.
Esas son medidas reales. El problema es el timing. El GRIS LM llega en abril de 2026 — un año después de que el escándalo demostró que el sistema anterior era completamente permeable al fraude. Las detecciones de doble subsidio llegan después del período en que ese doble subsidio se cobró. La lógica del sistema de control chileno es reactiva: detecta el fraude pasado y construye herramientas para prevenir el fraude futuro. Lo que no tiene es la velocidad para sancionar el fraude presente antes de que prescriba o antes de que el funcionario se jubile.
Lo que el gobierno de Kast tiene que hacer
El proyecto de ley que la Dipres incluyó en la Megarreforma para establecer procedimientos sumarios expeditos y destitución inmediata en casos de uso fraudulento de licencias es exactamente la herramienta que faltó durante el gobierno de Boric. Si ese artículo pasa el Senado y se convierte en ley, cambia la estructura de incentivos del sistema: ya no será posible que un sumario se extienda durante años sin resolución mientras el funcionario involucrado sigue cobrando su sueldo.
Pero eso no resuelve el problema actual. Los 21.098 sumarios en curso ya tienen su propio marco legal y sus propios plazos. El proyecto de ley nuevo aplica hacia adelante, no hacia los casos actuales.
Lo que el gobierno de Kast puede hacer con los casos actuales es lo que el diputado Teao y sus colegas le pidieron en el proyecto de resolución ingresado en marzo: que el Presidente instruya personalmente la aceleración y el cierre de los sumarios en curso. No como una instrucción burocrática — sino como una señal política de que este gobierno va a hacer lo que el gobierno anterior no hizo: cerrar los casos con las sanciones que corresponden.
262 destituidos de 29.270 involucrados no es justicia. Es el Estado protegiéndose a sí mismo con la coartada de los procedimientos.
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