Hay un contrato que resume todo lo que está mal con la forma en que Chile gestiona sus decisiones estratégicas de Estado. No es un contrato menor. Es el contrato más sensible que puede firmar un gobierno democrático: aquel que entrega a una empresa privada el control del sistema de identidad de todos sus ciudadanos. Las cédulas. Los pasaportes. Los datos biométricos. La infraestructura que determina quién eres ante el Estado.

Chile entregó ese contrato —valorado en 480 millones de dólares por diez años— a una empresa francesa llamada IDEMIA. Lo hizo en 2022, durante el gobierno de Boric, después de un proceso licitatorio que CIPER Chile documentó como plagado de "zonas oscuras". Lo hizo sabiendo que esa empresa había sido multada previamente por el propio Registro Civil con más de 164 millones de pesos por incumplimiento de contrato y por obstaculizar una investigación sobre falsificación de cédulas y pasaportes. Lo hizo sabiendo que IDEMIA tiene un prontuario documentado de corrupción en al menos cinco países. Y lo hizo con funcionarios del Registro Civil viajando a Francia pagados por la propia IDEMIA antes de renovar el contrato.

En diciembre de 2024, el sistema colapsó el primer día de operación. El presidente Boric lo lanzó personalmente. Horas después, no funcionaba nada.

IDEMIA conservó el contrato.

Una empresa nacida de la corrupción

Para entender lo que Chile le compró, hay que entender lo que IDEMIA es. No es una empresa con un episodio aislado de mala conducta. Es una empresa cuya estructura corporativa actual fue construida literalmente sobre dos compañías con condenas por corrupción documentadas.

IDEMIA fue creada en 2017 a partir de la fusión de Oberthur Technologies y Safran Identity & Security —conocida como Morpho. La fusión fue orquestada por Advent International, un fondo de capital privado de Boston.

El historial previo a la fusión es explícito: Oberthur fue inhabilitada por el Banco Mundial durante dos años y medio por sobornar funcionarios en Bangladesh para ganar un contrato de identidad nacional. Morpho fue multada con 500.000 euros por un tribunal francés por sobornar funcionarios nigerianos para ganar un contrato de tarjetas de identidad de 170 millones de euros. Dos empresas de identidad, dos condenas por corrupción, una fusión, un nuevo nombre: IDEMIA.

Pero el historial no terminó con la fusión. Siguió acumulándose. En 2022, IDEMIA acordó un pago de 8 millones de euros para cerrar cargos de corrupción en Bangladesh relacionados con el mismo caso Oberthur, con cuatro exejecutivos identificados para procesamiento separado —sin condenas públicas conocidas. Ese mismo año, IDEMIA Francia pagó 15,5 millones de euros mediante un acuerdo de diferimiento de proceso judicial por corrupción de funcionarios públicos en Angola entre 2007 y 2011 —sin individuos procesados, sin juicio, archivo cerrado tras el pago. Kenya votó en su Parlamento para prohibir a IDEMIA durante diez años. Ecuador declaró a IDEMIA "adjudicatario fallido" en una licitación similar y revocó su contrato. Nepal tiene una investigación en curso.

Total de multas pagadas en casos documentados: aproximadamente 24 millones de euros. Ejecutivos encarcelados: cero.

Esa es la empresa a la que Chile entregó la identidad de 19 millones de ciudadanos.

Las zonas oscuras de la licitación

El proceso licitatorio que terminó adjudicando el contrato a IDEMIA fue, según la documentación disponible, uno de los más cuestionados en la historia reciente de las compras públicas chilenas. CIPER Chile lo investigó en profundidad y describió una serie de irregularidades que ningún organismo de control resolvió de manera satisfactoria antes de que el contrato se firmara.

El elemento central de la ventaja de IDEMIA era estructural e imposible de neutralizar: llevaba diez años operando el sistema anterior. Conocía las "reglas de negocio" —los flujos internos, los protocolos, las especificaciones técnicas detalladas— que ningún competidor podía conocer. La información que el Registro Civil debía haber transparentado para igualar las condiciones nunca fue completamente incluida en las bases de licitación. Los plazos entre la publicación de respuestas y el cierre de ofertas eran tan cortos que preparar propuestas serias era, según actores de la industria, prácticamente imposible para quienes no tenían ese conocimiento previo.

Además, una consultoría encargada por el propio Registro Civil y revelada por CIPER mostró que durante siete años se había permitido a IDEMIA no cumplir con un requerimiento de la licitación anterior relacionado con la verificación biométrica de los solicitantes. Es decir, la empresa que incumplió el contrato anterior fue adjudicataria del contrato nuevo.

El director del Registro Civil que había multado a IDEMIA con 164 millones de pesos y que conducía el proceso licitatorio, Jorge Álvarez Vásquez, fue removido de su cargo el 16 de octubre de 2020 —un día después de haber extendido un plazo en el proceso. Su sucesor, Sergio Mierzejewski, terminó siendo objeto de una querella penal por presuntamente haber favorecido al consorcio chino Aisino en la adjudicación. La querella fue presentada por alguien con vínculos con IDEMIA, según informes posteriores, lo que sugiere que el proceso judicial mismo pudo haber sido instrumentalizado para eliminar a un competidor.

Cuando finalmente el contrato fue adjudicado a IDEMIA, jefes del Registro Civil viajaron a Francia —pagados por IDEMIA— para una visita "técnica" que, según exfuncionarios, no requería desplazamiento: las muestras de documentos podían haberse enviado a Santiago. El viaje ocurrió antes de que IDEMIA renovara un contrato que valía 55 mil millones de pesos. Los funcionarios que viajaron —el director en ejercicio y su jefe de gabinete— no son técnicos especialistas. El jefe de tecnología también viajó.

A todo esto se agrega el conflicto de interés del Subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, quien durante cuatro años trabajó en ZC Abogados, el estudio jurídico que es representante histórico de IDEMIA en Chile, y que tuvo un rol clave en la designación del nuevo director del Registro Civil. Gajardo declaró no haber tenido participación en las representaciones del bufete a IDEMIA ni haber recibido pagos de la empresa. La Contraloría realizó 22 auditorías al proceso y aprobó el contrato.

IDEMIA se quedó con los 480 millones de dólares.

El colapso del 16 de diciembre de 2024

El presidente Gabriel Boric lanzó personalmente el nuevo sistema el 16 de diciembre de 2024. Era un acto de gobierno con carga simbólica: Chile modernizaba su infraestructura de identidad, avanzaba hacia la cédula digital, demostraba capacidad de gestión estatal en tecnología.

Horas después, el sistema estaba caído en todo el país. Los lectores biométricos fallaban. Los pagos no se procesaban. Los documentos no se activaban. Aparecieron errores de datos en registros de identidad emitidos. Los nuevos pasaportes no podían procesar las solicitudes de autorización electrónica de viaje para Estados Unidos. Los plazos de entrega de cédulas se duplicaron: de 30 días a más de 60.

La unión de trabajadores del Registro Civil, ANERCICH, emitió un comunicado público que no dejaba lugar a ambigüedades: IDEMIA no fue capaz de implementar completamente el sistema, y los trabajadores tuvieron que asumir responsabilidades que correspondían a la empresa, afectando negativamente tanto su trabajo como la percepción pública.

El Subsecretario de Justicia reconoció "dificultades operacionales" pero afirmó que en pocas semanas se alcanzaría el 95% de operabilidad. Los meses siguientes contradijeron esa afirmación con fallas recurrentes.

¿Las consecuencias para IDEMIA? Dos funcionarios del Registro Civil fueron despedidos como chivos expiatorios. IDEMIA conservó el contrato.

El epílogo de capital privado: vender y salir

Hay una dimensión de este caso que todavía no ha recibido la atención que merece. Advent International, el fondo de capital privado que orquestó la creación de IDEMIA y que fue su propietario durante los años en que se ganaron y ejecutaron los contratos más importantes —incluyendo el de Chile—, vendió la división de identidad inteligente de IDEMIA a IN Groupe, una empresa de propiedad estatal francesa, en una operación que se cerró en julio de 2025.

El manual del capital privado en contratos públicos es siempre el mismo: adquirir, ganar contratos gubernamentales de largo plazo, extraer valor durante el período de contrato, vender antes de que los problemas estructurales exploten, y dejar el desorden para que lo administre el siguiente propietario. Chile contrató a IDEMIA bajo Advent International. Ahora depende de IN Groupe, una entidad que nunca eligió y con la que nunca negoció.

Esto no es solo un escándalo de corrupción. Es también una lección sobre los riesgos de entregar infraestructura crítica de soberanía a empresas de capital privado cuyo horizonte de tiempo es la maximización del retorno a los inversores, no la continuidad del servicio público.

Lo que este caso le dice a Chile sobre sí mismo

El caso IDEMIA no es solo un problema de Registro Civil. Es un problema de Estado. Y es un problema que trasciende el gobierno que firmó el contrato —aunque ese gobierno tiene responsabilidades específicas que no deben diluirse en la generalización.

Es un problema de Estado porque revela cómo funciona la captura institucional en Chile cuando los intereses en juego son suficientemente grandes. Un proceso licitatorio con zonas oscuras documentadas. Un director que investiga a la empresa y es removido. Un competidor eliminado mediante un proceso judicial que pudo haber sido instrumentalizado. Funcionarios que viajan al extranjero pagados por el contratista. Un subsecretario con vínculos con el estudio jurídico de la empresa adjudicataria. Veintidós auditorías de la Contraloría que no detectaron lo suficiente como para detener el proceso. Y al final, un sistema colapsado el primer día, trabajadores despedidos como chivos expiatorios, y la empresa que causó el problema conservando su contrato de 480 millones de dólares.

En cualquier país con rendición de cuentas efectiva, ese encadenamiento de hechos habría producido consecuencias institucionales proporcionales al daño. En Chile, produjo un cambio de algunos funcionarios de nivel medio y declaraciones sobre dificultades operacionales.

El caso IDEMIA es, en este sentido, el espejo más nítido de todo lo que hemos señalado esta semana en VDI Global sobre la autocomplacencia moral y el escándalo gestionado. Una empresa con prontuario de corrupción en cinco países gana el contrato más sensible del Estado chileno. El sistema colapsa el primer día. La empresa conserva el contrato. Los funcionarios que viajaron a Francia pagados por la empresa siguen sin enfrentar consecuencias formales. Y el debate público duró algunas semanas antes de migrar hacia el siguiente escándalo.

Lo que el gobierno de Kast debe hacer con esta herencia

El gobierno de José Antonio Kast heredó este contrato. No lo firmó. Pero tiene la responsabilidad de administrarlo con la transparencia y el rigor que el gobierno anterior no aplicó en el proceso de adjudicación.

Eso implica al menos tres líneas de acción concretas. Primera: una auditoría independiente —no de la Contraloría, que ya intervino sin resultados suficientes— sobre el estado actual del sistema, las fallas documentadas, las responsabilidades contractuales de IDEMIA y las penalidades que corresponde aplicar. Segunda: una investigación formal sobre los conflictos de interés documentados en el proceso licitatorio, incluyendo los viajes pagados por IDEMIA y los vínculos del exsubsecretario con el estudio jurídico de la empresa. Tercera: una revisión del marco legal que regula la participación de empresas con condenas por corrupción en licitaciones del Estado chileno. Que una empresa inhabilitada por el Banco Mundial por soborno pueda ganar el contrato más sensible del Estado chileno es una falla de diseño normativo que tiene solución legislativa concreta.

Chile tiene 19 millones de ciudadanos cuya identidad depende de un sistema construido por una empresa con prontuario de corrupción en cinco países, que colapsó el primer día de operación, y cuyo propietario original ya vendió y se fue. Ese no es un problema menor. Es un problema de soberanía. Y merece ser tratado como tal.