El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que a partir del próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país. El nuevo diseño incluye, en su interior, una fotografía del mandatario de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia adelante y con ambos puños apoyados sobre una mesa, en una postura que busca proyectar autoridad y firmeza. El propio Departamento de Estado anunció la medida con una frase que resume, con una franqueza casi involuntaria, el espíritu de toda la iniciativa: "lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti".

Un documento de Estado convertido en objeto de culto personal

Conviene detenerse en lo que un pasaporte representa institucionalmente antes de evaluar la gravedad de esta decisión: es, por definición, el documento de identidad más solemne que un Estado emite para sus ciudadanos, el instrumento que los acredita ante el resto del mundo como representantes de su nación, no de un gobierno específico ni, mucho menos, de un mandatario en particular. Que ese documento incorpore ahora, de manera deliberada y conmemorativa, la imagen de un presidente en ejercicio —posando, además, en una actitud que evoca más la iconografía de un líder autoritario que la sobriedad institucional propia de un funcionario electo temporalmente— constituye una ruptura con la tradición republicana que ha caracterizado a la propia democracia estadounidense desde su fundación hace 250 años, la misma efeméride que esta medida dice conmemorar.

Es revelador, en este sentido, el contraste histórico que la propia decisión de la Casa Blanca invita a trazar: Estados Unidos ha honrado tradicionalmente a sus próceres —Washington, Lincoln, Jefferson— en su moneda y en sus monumentos, pero siempre se ha tratado de figuras ya fallecidas, cuyo legado había sido decantado por generaciones de distancia histórica y consenso nacional, no de un presidente en pleno ejercicio del poder decidiendo, en tiempo real, plasmar su propio rostro en los documentos oficiales del Estado que temporalmente conduce. Esa distinción no es un matiz protocolar menor: es, precisamente, uno de los mecanismos que las democracias constitucionales han desarrollado históricamente para evitar la personalización del poder y el culto a la figura del gobernante de turno, un fenómeno que la propia tradición política occidental ha identificado, durante siglos, como característico de regímenes autoritarios y no de repúblicas democráticas consolidadas.

Monedas, billetes y una campaña de exaltación personal sostenida

Esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una serie más amplia de iniciativas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan sistemáticamente a Trump en el centro absoluto de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país. Según confirmó el propio reporte, el gobierno estadounidense también planea emitir monedas con el rostro del presidente y billetes que incorporen su firma personal, una acumulación de símbolos monetarios y documentales que trasciende ampliamente lo que cualquier administración anterior —de uno u otro signo político— había considerado apropiado hacer con la imagen de un mandatario en funciones. A esto se suman los propios actos protagonizados personalmente por Trump durante las celebraciones del Día de la Independencia a comienzos de julio, que ya habían marcado el tono de una conmemoración nacional convertida, en la práctica, en una plataforma de exaltación individual.

La crítica de la oposición: "actitud megalómana"

No es solo esta columna la que identifica en esta seguidilla de decisiones un patrón preocupante: la propia oposición demócrata en Estados Unidos ha calificado esta serie de iniciativas como reflejo de una "actitud megalómana" por parte del mandatario. Se trata de una crítica que, más allá de la lógica partidista esperable entre adversarios políticos, apunta a un fenómeno que trasciende las diferencias ideológicas habituales entre republicanos y demócratas: la preocupación de que el aparato del Estado —sus documentos oficiales, su moneda, sus billetes— esté siendo utilizado como vehículo de propaganda personal de quien ocupa circunstancialmente la presidencia, en lugar de servir a su función institucional de representar a la nación en su conjunto, más allá de cualquier administración específica.

Por qué esta línea editorial mantiene distancia crítica hacia Trump en este episodio

Esta columna ha sostenido, de manera consistente en su cobertura de política internacional, una posición de distancia crítica hacia decisiones específicas de la administración Trump que considera desproporcionadas o carentes de justificación institucional sólida, sin que ello implique una descalificación genérica de la política exterior estadounidense ni de su rol como aliado estratégico de países como Chile e Israel. Ya hemos documentado, en nuestra cobertura del conflicto con Irán, las contradicciones y la falta de consistencia estratégica que hemos observado en ciertas decisiones de la Casa Blanca en materia de seguridad internacional. El episodio del pasaporte con el rostro de Trump se inserta en esa misma línea de escrutinio: no se trata de una crítica ideológica al proyecto político que representa la administración estadounidense actual, sino de una observación sobre el uso indebido de símbolos institucionales del Estado con fines de exaltación personal, un fenómeno que cualquier observador político serio, independientemente de su propia orientación ideológica, debería identificar como una señal de alarma sobre la salud institucional de una democracia.

El paralelismo con otros liderazgos personalistas

Resulta inevitable, al analizar este episodio, trazar paralelismos con el tipo de culto a la personalidad que históricamente ha caracterizado a regímenes autoritarios de distinto signo ideológico alrededor del mundo: desde la iconografía omnipresente de dictaduras comunistas hasta los símbolos monetarios y documentales de caudillos militares latinoamericanos, la colocación del rostro de un gobernante en ejercicio sobre los instrumentos oficiales del Estado —moneda, documentos de identidad, billetes— ha sido, históricamente, uno de los indicadores más consistentes de una deriva hacia la personalización excesiva del poder. Que esta práctica emerja ahora en Estados Unidos, la democracia constitucional más antigua e influyente del mundo occidental, y precisamente en el marco de la conmemoración de 250 años de independencia republicana, constituye una paradoja que merece ser señalada con toda claridad: se está utilizando el aniversario de la fundación de una república concebida explícitamente para evitar el poder personalista de un monarca, como pretexto para instalar la imagen de un gobernante de turno en los símbolos más solemnes del propio Estado.

El culto a la estupidez: la banalización de lo institucional

El titular de esta columna hace referencia deliberada a un fenómeno que trasciende la mera crítica política: la banalización y el envilecimiento de símbolos que deberían mantenerse al margen de cualquier interés personal o faccioso. Que el Departamento de Estado anuncie esta medida con el tono desenfadado de una campaña de marketing comercial —"lo pediste y lo entregamos", como si un pasaporte fuera un producto de consumo respondiendo a la demanda de sus clientes, y no el documento más solemne de identidad nacional de un país— revela una degradación del lenguaje institucional que acompaña, de manera coherente, a la degradación de fondo que representa la decisión misma. Esta combinación de arrogancia personalista y frivolidad comunicacional es, precisamente, lo que esta columna identifica como un "culto a la estupidez": la naturalización, mediante un tono ligero y comercial, de una decisión que en cualquier análisis institucional serio debería generar alarma, no entusiasmo promocional.

Las consecuencias prácticas: ¿qué implica viajar con este documento?

Más allá de la dimensión simbólica, conviene preguntarse qué implicancias prácticas tiene esta decisión para los propios ciudadanos estadounidenses que opten por solicitar este pasaporte conmemorativo. Aunque el reporte disponible no detalla si se tratará de una edición especial y opcional o de un rediseño que eventualmente reemplazará al documento estándar, la sola existencia de esta opción conmemorativa introduce un elemento de politización en un documento que, hasta ahora, había logrado mantenerse relativamente neutral desde el punto de vista partidista en su diseño visual, más allá de los símbolos patrios tradicionales como el águila calva o el escudo nacional, que representan a la nación en su conjunto y no a una administración específica.

Es previsible que ciudadanos estadounidenses críticos de la actual administración se sientan incómodos portando, en sus viajes internacionales, un documento que exhibe la imagen personal del mandatario que gobierna en un momento específico de la historia del país, mientras que quienes respaldan políticamente a Trump podrían, en cambio, sentir esa misma imagen como un motivo de orgullo o identificación. Esa polarización del propio documento de identidad nacional, introducida deliberadamente por el gobierno, es en sí misma un síntoma de cómo la administración Trump ha logrado, a lo largo de su segundo mandato, extender la lógica de la política partidista hacia espacios que tradicionalmente se habían mantenido, al menos formalmente, al margen de esa disputa.

Lo que corresponde exigir: la separación entre Estado y gobernante

Esta columna considera que la lección de fondo de este episodio, más allá de la coyuntura específica del aniversario de independencia estadounidense, es la necesidad de que las instituciones democráticas —en Estados Unidos, en Chile y en cualquier otro país que se precie de una democracia constitucional sólida— mantengan una separación clara entre los símbolos permanentes del Estado y la figura circunstancial de quien lo gobierna en un momento determinado. Un pasaporte, una moneda, un billete, pertenecen a la nación en su conjunto, a sus ciudadanos presentes y futuros, y no deberían convertirse en vehículos de propaganda personal de ningún mandatario, por popular o exitoso que este pueda considerarse en el momento de tomar esa decisión.

La responsabilidad de contener este tipo de derivas recae, en gran medida, en los propios contrapesos institucionales de cada democracia: el Congreso, el Poder Judicial, la prensa libre y la propia ciudadanía organizada. Que en Estados Unidos esta decisión haya avanzado sin mayores obstáculos institucionales, más allá de la crítica política de la oposición demócrata, es un dato que merece seguimiento, precisamente porque revela hasta qué punto los mecanismos tradicionales de contención del poder personalista pueden erosionarse incluso en democracias consolidadas cuando la voluntad política de un ejecutivo decidido a proyectar su propia figura encuentra escaso freno institucional efectivo.

Conclusión: una advertencia que trasciende fronteras

Este episodio, aunque ocurre en Estados Unidos y no en Chile, merece la atención de esta línea editorial precisamente porque constituye un caso de estudio sobre los riesgos de la personalización excesiva del poder en cualquier democracia, independientemente de su tradición institucional o su antigüedad como república. La arrogancia de convertir el documento de identidad más solemne de una nación en un objeto conmemorativo de la figura de un gobernante en ejercicio, y la frivolidad con que esa decisión fue comunicada al público, configuran un patrón que cualquier ciudadano comprometido con la salud democrática de su propio país —sea Estados Unidos, Chile o cualquier otra nación— debería observar con genuina preocupación, más allá de sus propias preferencias partidistas o ideológicas respecto del gobierno de turno que protagoniza este episodio específico.