Mientras el resto de Chile —parlamentarios, ministros, hasta el propio Presidente— dedicaba semanas enteras a desmentir declaraciones ambiguas de funcionarios argentinos sobre el Estrecho de Magallanes, el propio embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, cometió un error mucho más grave que cualquiera de los cinco episodios protagonizados por autoridades trasandinas que hemos documentado en las últimas semanas: equiparó, ante el Rotary Club de Buenos Aires, un territorio en disputa internacional —las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina al Reino Unido— con territorio de soberanía chilena indiscutida, consagrada por los tratados de 1881 y 1984. El error no es menor. Es, lisa y llanamente, la validación involuntaria de la lógica jurídica que Argentina lleva meses intentando instalar sobre Magallanes.

Lo que dijo, textualmente, el representante de Chile en Argentina

En su exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, Uriarte fue explícito: "si los chilenos entendemos que para Argentina Malvinas es importante, hagámoslo propio". Y agregó, estableciendo una comparación directa que ningún diplomático chileno debería haber formulado jamás: así como el gobierno de Kast respaldó a Argentina en su disputa con el Reino Unido por las Malvinas, "esperamos lo mismo de los temas que para nosotros son de esencia, como es el Estrecho de Magallanes".

Léase con atención: el embajador de Chile puso, en la misma frase, en el mismo plano argumental, y bajo la misma lógica de "reciprocidad", dos situaciones jurídicas que no tienen absolutamente nada en común.

Por qué esto es una ignorancia jurídica grave, y no un simple desliz retórico

Las Islas Malvinas son, desde 1833, objeto de una disputa de soberanía abierta, activa y no resuelta entre Argentina y el Reino Unido. Existen resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambas partes a negociar; existe una guerra librada en 1982; existe, hasta el día de hoy, un diferendo formalmente vigente ante la comunidad internacional. Es, por definición, territorio en disputa.

El Estrecho de Magallanes es exactamente lo contrario: territorio de soberanía chilena plena, exclusiva y sin ninguna disputa jurídica pendiente, consagrada por el Tratado de Límites de 1881 y ratificada sin ambigüedad por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado bajo mediación del Vaticano. No existe controversia internacional alguna sobre esa soberanía. La única "controversia" que existe es la que un puñado de funcionarios argentinos —Valverde, Quirno, Bullrich, Presti— ha intentado instalar artificialmente en las últimas semanas, precisamente mediante el mismo tipo de comparaciones imprecisas que el propio embajador chileno acaba de reforzar sin darse cuenta.

Cuando Uriarte pide "reciprocidad" entre el respaldo chileno a Malvinas y el respeto argentino a Magallanes, está proponiendo, en los hechos, un intercambio entre dos cosas que no son intercambiables: una causa política de solidaridad histórica hacia un vecino en un litigio internacional ajeno a Chile, y el respeto obligatorio, no negociable ni condicionado a nada, de una soberanía territorial ya zanjada por tratados vigentes. Tratar ambas cuestiones como si fueran fichas de una misma mesa de negociación es, precisamente, el error conceptual que Chile ha estado combatiendo episodio tras episodio durante todo este mes.

El diputado que lo dijo sin rodeos: "parece embajador de Argentina"

La reacción política no se hizo esperar. El diputado Jaime Mulet, durante una visita a la propia Región de Magallanes, fue devastador en su calificación: "es un grave error del embajador de Chile en Argentina, que parece embajador de Argentina más que de Chile". Mulet fue preciso en la distinción jurídica que Uriarte pasó por alto: la situación de las Malvinas corresponde a una controversia entre Argentina y Reino Unido; el Estrecho de Magallanes responde a una realidad jurídica completamente distinta, sin ninguna controversia pendiente.

La corrección tardía de Cancillería

Ante la molestia generada, la propia Cancillería chilena debió salir a "precisar" las declaraciones de su embajador, señalando que Uriarte se refería únicamente a comprender la importancia histórica que Malvinas tiene para el pueblo argentino, pero que "lo más importante para nuestro país es su soberanía y el respeto de los tratados". Es una corrección que, en los hechos, reconoce implícitamente que las palabras originales del embajador generaron una confusión que la propia Cancillería tuvo que salir a reparar, exactamente el mismo tipo de gestión reactiva que hemos visto una y otra vez frente a los dichos de funcionarios argentinos, solo que esta vez el origen del problema fue un representante del propio Estado chileno.

Lectura editorial

Desde VDI Global condenamos sin ambigüedades las declaraciones de Gonzalo Uriarte, y lo hacemos con mayor severidad que la que hemos aplicado a cualquiera de los funcionarios argentinos involucrados en esta controversia. Es comprensible, aunque no justificable, que un ministro o un general de un país extranjero cometa errores o incurra en ambigüedades sobre la soberanía de un tercer país. Lo que resulta francamente inaceptable es que sea el propio embajador de Chile —la persona cuya única función es representar y defender, sin matices ni concesiones, la posición jurídica de nuestro país— quien introduzca, de motu proprio y en un foro público internacional, una comparación que legitima exactamente el marco conceptual que Argentina ha intentado instalar durante semanas.

No estamos ante un simple error de comunicación diplomática. Estamos ante lo que Mulet definió con precisión brutal: un embajador que, en ese momento específico, defendió mejor los intereses argentinos que los chilenos. Pedir "reciprocidad" respecto de un territorio que no admite negociación alguna —porque no hay nada que negociar, la soberanía ya está zanjada por tratados vigentes desde hace más de un siglo— revela una comprensión profundamente deficiente, o una peligrosa liviandad, sobre la diferencia elemental entre una disputa territorial abierta y una soberanía consolidada. Ningún abogado internacional, ningún funcionario de Cancillería con formación mínima en derecho de tratados, debería cometer ese error en un discurso preparado ante un club de negocios extranjero.

Es revelador, además, el contraste entre la rapidez y dureza con que Chile ha respondido a cada declaración ambigua proveniente de Buenos Aires, y la relativa tibieza con que la propia Cancillería manejó el error de su propio embajador, limitándose a una "precisión" posterior en lugar de una corrección pública y contundente equivalente a la que hemos exigido, con toda razón, hacia las autoridades argentinas. Si el estándar de exigencia hacia funcionarios extranjeros es el rigor absoluto, ese mismo estándar —o uno todavía más alto— debe aplicarse hacia quienes representan formalmente al Estado de Chile en el extranjero.

Lo que corresponde exigir

• Que el Gobierno chileno exija a Gonzalo Uriarte una rectificación pública explícita, no una simple "precisión" de Cancillería, que corrija de manera inequívoca la comparación entre Malvinas y Magallanes.
• Que se evalúe formalmente la idoneidad de Uriarte para continuar representando a Chile en un momento de máxima sensibilidad diplomática con Argentina, dado que ya incurrió en un error de esta magnitud conceptual.
• Que la Cancillería establezca protocolos claros y vinculantes sobre qué puede y qué no puede declarar un embajador chileno respecto a materias de soberanía territorial, para evitar que este tipo de episodios se repita.
• Que se transparente si existieron instrucciones previas de Cancillería sobre el contenido de la exposición de Uriarte ante el Rotary Club de Buenos Aires, o si actuó completamente por iniciativa propia.

Conclusión

De todos los episodios de ambigüedad sobre el Estrecho de Magallanes que VDI Global ha documentado en las últimas semanas —Valverde, Quirno, Bullrich, Presti—, el protagonizado por el propio embajador de Chile en Argentina es, sin dudas, el más grave, precisamente porque no proviene de un adversario diplomático, sino de quien tiene la obligación exclusiva de defender la posición chilena sin matices ni concesiones. Que un embajador de Chile termine, en los hechos, hablando como si representara los intereses de Argentina, es una falla institucional que exige consecuencias reales, no solo una aclaración de prensa. VDI Global seguirá exigiendo que este episodio no quede impune.