La Cámara de Diputados aprobó este martes, por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en una jornada marcada por la fuga de votos desde sectores de Renovación Nacional y el respaldo decisivo de la bancada completa del Partido de la Gente. El libelo, impulsado por republicanos y libertarios, acusa al exministro de infringir las normas de administración financiera del Estado y de mantener proyecciones de deuda fiscal erróneas durante 2025. La acusación pasa ahora al Senado, donde deberá reunir al menos 26 votos para ser aprobada, y donde, según las primeras estimaciones, enfrentaría un escenario considerablemente más adverso para sus impulsores.

Una votación más estrecha de lo que el oficialismo esperaba

La jornada comenzó a las 10:00 horas con una maniobra de la defensa de Grau: el abogado constitucionalista Patricio Zapata solicitó que la Sala se pronunciara primero sobre una cuestión previa, es decir, sobre la admisibilidad misma del libelo, antes de entrar al fondo del asunto. Esa solicitud llegaba respaldada por un antecedente de peso: la comisión revisora había recomendado rechazar la acusación el día anterior, por tres votos contra uno y una abstención, concluyendo que no existían fundamentos suficientes para sostener las infracciones denunciadas.

La cuestión previa fue rechazada por la Sala, lo que permitió que el debate continuara hasta la votación de fondo. Horas después, con 147 diputados presentes, el resultado quedó establecido en 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. El umbral mínimo para aprobar la acusación en la Cámara era de 74 votos.

El PDG, decisivo otra vez

Tal como esta cobertura había anticipado en informes anteriores sobre la aritmética de esta votación, el resultado final dependió de la bancada completa del Partido de la Gente, que aportó sus votos en bloque para compensar el descuadre que se había generado en sectores de Renovación Nacional. El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, había explicado la noche anterior, tras una reunión de comité que se extendió por más de una hora, el criterio que primó en esa decisión: "La bancada del Partido de la Gente apoyará esta acusación porque aquí no se juzgan intenciones, sino la responsabilidad del caso. Nosotros, desde el PDG, nunca vamos a dar la señal de que aquí nos cuidamos la espalda entre políticos. Cuando hay responsabilidades, se tienen que asumir."

La diputada Zandra Parisi, del PDG, había adelantado además un matiz personal relevante: aunque ella misma estaba en contra del libelo, se plegaría a la decisión de su colectividad, ilustrando el tipo de disciplina partidaria que terminó siendo decisiva para el resultado final.

Los nombres de derecha que sí respaldaron la acusación

Entre los 77 votos a favor, el listado oficial confirma el respaldo de figuras relevantes de los partidos de derecha tradicional, más allá de los impulsores originales del libelo en el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. De la UDI votaron a favor, entre otros, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, junto a Constanza Hube, Guillermo Ramírez —presidente del partido—, Natalia Romero y Mario Olavarría, todos ellos diputados que esta cobertura ya había identificado defendiendo con dureza la rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas del gobierno anterior.

También aparecen en el listado de votos a favor figuras republicanas como Mauro González y Stephanie Jéldrez —esta última, protagonista hace pocas semanas de la polémica sobre la "derechita cobarde" que esta cobertura documentó extensamente—, además del propio jefe de la bancada republicana presente en la votación, Agustín Romero, y del presidente del Partido Republicano y fundador del movimiento, José Antonio Kast, quien figura en el listado como votante a favor en su calidad de diputado en ejercicio.

Es un dato relevante porque confirma que la fractura dentro de la derecha no fue uniforme ni se limitó a un bloque cerrado: hubo, en los hechos, una porción significativa de diputados de UDI y de republicanos que sí respaldaron la acusación contra el exministro de Boric, mientras que la resistencia se concentró, según lo que esta cobertura ya documentó en informes previos, en un grupo específico de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli, entre quienes ya se habían identificado públicamente, antes de esta votación, a Ximena Ossandón, Jorge Guzmán, Joanna Pérez, Andrés Celis y el propio jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

A esta hora no se cuenta con el listado oficial completo y detallado de los 68 votos en contra, por lo que esta cobertura no puede precisar, nombre por nombre, cuántos de esos disidentes finalmente concretaron su voto en contra tal como lo habían anunciado, ni si se sumaron otros parlamentarios de Chile Vamos a esa posición durante la sesión. Esa información se actualizará en cuanto el detalle nominal completo de la votación esté disponible.

El argumento de fondo: deuda fiscal y responsabilidad política

El libelo, presentado el 8 de junio por los diputados Álvaro Jofré, Ignacio Urcullú, Javier Olivares, Patricio Briones, Daniel Valenzuela, Cristóbal Urruticoechea, Francisco Orrego, Roberto Arroyo y Benjamín Moreno, junto a las diputadas Valentina Becerra, Gloria Naveillán y Paulina Muñoz, plantea en sus cuatro capítulos que Nicolás Grau infringió las normas que regulan la administración financiera del Estado, la programación financiera, el control financiero y los deberes de dirección superior que corresponden a quien ejerce la conducción de las finanzas públicas.

En materia de responsabilidad constitucional, la acusación sostiene que el exministro conocía, o al menos debía conocer en razón de su cargo, las advertencias técnicas formales y reiteradas del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional y de la Dirección de Presupuestos sobre las proyecciones de déficit y deuda pública. Los impulsores del libelo acusaron específicamente que Grau subestimó el déficit fiscal efectivo proyectado para 2026 y no incorporó las presiones de gasto vigentes, sumando lo que califican de una inconsistencia aritmética en las proyecciones de deuda pública, la misma que el Ejecutivo actual alertó en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, elaborado por la Dirección de Presupuestos.

La defensa: "El supuesto muerto se toma un café"

El abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, construyó su argumento central alrededor de un informe técnico del Consejo Fiscal Autónomo que, según sostuvo, concluyó que no hubo "inconsistencias" en la proyección de deuda realizada durante la gestión de Grau. Zapata calificó ese informe como un golpe directo al "corazón" de la acusación: "La conclusión del propio Consejo Fiscal Autónomo creo que le quita piso a la acusación. Estoy seguro que no fue la intención del Consejo, conociendo a sus integrantes, pero es como que en un juicio de homicidio se estuviera acusando a alguien por haber matado y llegara al tribunal el supuesto muerto a tomarse un café. Obviamente el juicio no puede seguir, no hay muerto."

Más tarde, ya conocido el resultado de la votación, Zapata agradeció públicamente a su equipo, destacando en particular el respaldo de los partidos de oposición durante el proceso: "Estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto acá y por todo lo que he visto durante estos días de todos los partidos políticos del progresismo, que la verdad han sido un siete conmigo."

En respuesta a ese argumento, el diputado del Partido Nacional Libertario, Pier Karlezi, sostuvo una posición distinta sobre lo que realmente está en juego: "Esta AC no persigue errores, persigue responsabilidades, la falta de correcciones. No podemos aceptar que una autoridad quede liberada de toda responsabilidad porque los antecedentes fueron elaborados por equipos técnicos; la responsabilidad política existe para eso." El diputado republicano Benjamín Moreno fue en la misma línea, señalando que "lo más grave" de lo que se acusa a Grau "no es por sí sola la proyección de la deuda, ni los informes de finanzas públicas."

Las voces oficialistas que cuestionaron el libelo

No todo el oficialismo respaldó la acusación con el mismo entusiasmo de los partidos impulsores. El diputado socialista Juan Santana planteó una pregunta retórica que resume el argumento central de quienes se oponían al libelo: "¿Desde cuándo hacer una proyección del futuro se convirtió en un delito?" A su juicio, "aquí no hay ninguna norma infringida" y la acción respondía más bien a una estrategia política. El diputado Carlos Cuadrado, del PPD, fue más duro todavía: "Cuando los argumentos técnicos se derrumban, cuando faltan pruebas, cuando la realidad contradice el relato, estamos frente a la expresión máxima de la mediocridad política."

También hubo matices dentro de la propia oposición a Boric: el diputado Luis Pardo, de RN, anunció su voto en contra señalando que era momento de "parar esta chacota y dedicarnos a legislar en todo aquello que nos demanda la ciudadanía", una posición que se asemeja a la lógica de "guerrilla permanente" que el jefe de bancada Diego Schalper ya había planteado en informes anteriores de esta cobertura para justificar su propio rechazo al libelo.

Lo que sigue: un Senado más adverso

Con la aprobación en la Cámara, una comisión de tres diputados —Pier Karlezi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz— deberá presentarse ante el Senado para sostener la admisibilidad de la acusación ya aprobada. En la Cámara Alta, el libelo requiere un mínimo de 26 votos para ser respaldado, y de aprobarse, Grau quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

Sin embargo, distintas proyecciones políticas, incluidas las que circulaban antes de esta votación, estiman que el libelo enfrentará un escenario considerablemente más adverso en el Senado que el que tuvo en la Cámara. La composición de la Cámara Alta, con un equilibrio de fuerzas distinto al de la Cámara Baja, y la posibilidad de que algunos de los argumentos técnicos esgrimidos por la defensa de Grau —en particular el respaldo del Consejo Fiscal Autónomo a las proyecciones cuestionadas— tengan mayor peso en esa instancia, son factores que los propios impulsores del libelo reconocen como obstáculos relevantes para la etapa que se viene.