ALCALDES QUE VIVEN DE LAS CONTRIBUCIONES SE REÚNEN EN COQUIMBO PARA DEFENDER EL STATU QUO QUE LOS FINANCIA — Y LO LLAMAN "DEMOCRACIA"
El martes 3 de junio de 2026, mientras el gobierno de Kast ejecutaba decretos, firmaba leyes y presentaba el plan de infraestructura penitenciaria más ambicioso en treinta años, un grupo de alcaldes de la centroizquierda y el progresismo se reunió en Coquimbo bajo el pomposo nombre de "Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas por la Democracia." Lo organizaron junto a la "Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile." Y presentaron los resultados de una serie de "Laboratorios Municipales" realizados durante mayo donde, básicamente, argumentaron que cualquier reforma al financiamiento municipal que proponga el gobierno de Kast es un atentado contra la equidad, la autonomía territorial y la cohesión social.
Traducción sin eufemismos: alcaldes que viven de las contribuciones y del Fondo Común Municipal se reunieron para defender el sistema que los financia. Y lo hicieron en nombre de la democracia, los servicios sociales y los pobres de las comunas. Con "laboratorios" incluidos, porque llamarlos "reuniones para coordinar la resistencia" no suena tan académico.
VDI Global analiza lo que realmente está en juego detrás de ese encuentro y por qué la retórica de estos alcaldes merece ser desmontada con precisión.
El sistema que defienden: contribuciones, FCM y la redistribución que ellos controlan
Para entender la indignación de estos alcaldes, hay que entender el sistema que temen perder. En Chile, el financiamiento municipal descansa sobre dos pilares principales: los ingresos propios de cada comuna —donde las contribuciones de bienes raíces son la fuente más importante— y el Fondo Común Municipal, que redistribuye una fracción de esos ingresos desde las comunas más ricas hacia las más pobres.
El sistema tiene una lógica redistributiva que nadie niega. Las comunas pobres necesitan más recursos de los que pueden generar internamente. El FCM existe para compensar esa brecha estructural. En eso hay consenso transversal.
Lo que no hay consenso —y lo que el documento de la cumbre de Coquimbo pretende presentar como verdad indiscutible— es que ese sistema sea perfecto, eficiente, transparente y que no deba ser reformado. Porque no lo es.
El sistema de contribuciones chileno tiene anomalías documentadas que favorecen a determinados actores políticos. Las exenciones de contribuciones —que incluyen viviendas sociales, propiedades del Estado, organizaciones religiosas, y una serie de categorías adicionales— reducen la base imponible de manera significativa y, en algunos casos, crean inequidades que el propio FCM no logra compensar. La valorización fiscal de los inmuebles está desactualizada en múltiples comunas. Y la gestión del FCM —cómo se distribuye, bajo qué criterios, con qué transparencia— es un tema que merece debate serio que estos alcaldes no quieren tener.
Lo que el documento de la cumbre dice — y lo que no dice
El informe presentado en Coquimbo contiene afirmaciones que merecen ser analizadas con la precisión que el debate público exige.
Dicen que "mientras algunas comunas disponen de cerca de $1.000.000 por habitante al año para invertir en calidad de vida, otras apenas cuentan con menos de un tercio de esos recursos." Eso es cierto. La desigualdad entre comunas en Chile es real y estructural.
Lo que no dicen es que esa desigualdad persiste después de décadas de FCM y de administraciones progresistas en los municipios más pobres del país. Si el FCM fuera tan eficiente como estos alcaldes defienden, la brecha debería haberse reducido significativamente en los últimos veinte años de su operación. No lo ha hecho de manera sustancial. Eso no es culpa del gobierno de Kast, que lleva 83 días en el poder: es el resultado de décadas de gestión del sistema que estos mismos alcaldes administran.
Dicen que "debilitar el Fondo Común Municipal es profundizar la desigualdad." Pero no aportan evidencia de que la Megarreforma vaya a eliminar el FCM. Lo que la Megarreforma propone —en los aspectos que afectan al financiamiento municipal— es racionalizar el sistema de exenciones, actualizar las tasaciones fiscales y revisar la arquitectura del gasto público subnacional. Nada de eso equivale a "desmantelar el FCM." La hipérbole deliberada es la técnica favorita de quienes no pueden argumentar contra el fondo de la propuesta.
Dicen que las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones representan "planificación por decreto" que "podría debilitar la autonomía municipal." Lo que no dicen es que durante años, numerosas municipalidades de izquierda bloquearon o retrasaron proyectos de vivienda social, densificación y desarrollo urbano en nombre de esa "autonomía municipal" —con el resultado concreto de que Chile tiene hoy un déficit de casi 500.000 viviendas y más de 120.000 familias viviendo en campamentos. La "autonomía municipal" que defienden fue frecuentemente la herramienta para proteger el statu quo residencial de comunas acomodadas frente a las necesidades habitacionales de los más pobres.
La Red de Centros de Pensamiento Progresista: quién financia a quién
No puede pasarse por alto que la cumbre fue organizada junto a la "Red de Centros de Pensamiento Progresista de Chile." El nombre suena inocente. Pero en Chile, como en el resto de América Latina donde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla operan, los "centros de pensamiento progresista" son frecuentemente la infraestructura intelectual y organizacional del izquierdismo coordinado: producen los documentos que justifican las posiciones políticas, forman a los cuadros técnicos de los municipios, y generan la cobertura académica que permite presentar decisiones políticas como conclusiones científicas.
Que los "Laboratorios Municipales" de mayo —que produjeron el informe presentado en la cumbre— hayan sido organizados por esta red merece atención. No porque el pensamiento progresista no tenga derecho a existir, sino porque los chilenos deben saber que cuando un informe técnico sobre el FCM lo produce una "Red de Centros de Pensamiento Progresista," el resultado no va a ser un análisis neutral sobre las virtudes y defectos del sistema: va a ser la justificación técnica de la posición política que ya estaba decidida antes de que comenzara el primer laboratorio.
La hipocresía del argumento del "desmantelamiento del Estado"
El documento presentado en Coquimbo incluye una advertencia sobre el "desmantelamiento del Estado, por partes." Es la frase más reveladora del documento y la más hipócrita.
Los mismos alcaldes que advierten sobre el desmantelamiento del Estado son los que administraron municipios durante años en los que el Caso Convenios mostró cómo los recursos del Estado fueron canalizados hacia organizaciones afines de la coalición de gobierno. Los mismos que operaron bajo un gobierno que dejó US$1.500 millones de deuda flotante no contabilizada. Los mismos cuyas comunas recibieron fondos del Estado a través de programas como los "puntos de cultura" cuya gestión derivó en irregularidades documentadas.
Que quienes administraron el Estado con ese nivel de opacidad ahora alerten sobre el "desmantelamiento" del mismo Estado bajo el gobierno electo que está intentando ordenar ese desastre tiene una dosis de descaro que merece ser nombrada con claridad.
El argumento que sí tiene valor: la desigualdad comunal es real
VDI Global no escribe para una tribuna: escribe para lectores que merecen análisis honesto. Y la honestidad obliga a reconocer que el argumento de fondo de estos alcaldes —que la desigualdad entre comunas es real y que las reformas mal diseñadas pueden profundizarla— tiene mérito genuino.
Chile tiene una estructura territorial profundamente desigual. Las comunas ricas de Santiago tienen recursos por habitante que multiplican por varios lo que tienen las comunas rurales o las comunas urbanas pobres. Esa brecha no se corrige automáticamente con el mercado y requiere mecanismos redistributivos del Estado. El FCM, con todos sus defectos, cumple una función que ninguna reforma responsable debería eliminar sin reemplazar por algo mejor.
El gobierno de Kast tiene la obligación de demostrar que sus reformas al sistema de financiamiento municipal no profundizan esa desigualdad. Que la revisión de exenciones de contribuciones no termine reduciendo los recursos de las comunas más pobres. Que la actualización de tasaciones fiscales se haga con equidad y no genere cargas desproporcionadas sobre sectores vulnerables. Esas son preguntas legítimas que merece una respuesta técnica seria — no la retórica del "desmantelamiento."
El problema es que los alcaldes de Coquimbo no están haciendo esas preguntas de buena fe. Están coordinando resistencia política contra un gobierno electo democráticamente, usando el lenguaje de la preocupación social como escudo, en una cumbre financiada por una red ideológica, para defender un sistema que los financia y al que deben su poder.
Eso tampoco es democracia. Es la política del statu quo con toga académica.
La posición de VDI Global
El sistema de contribuciones y el Fondo Común Municipal necesitan ser reformados —mejorados, actualizados, racionalizados— para que sirvan mejor a los chilenos, especialmente a los más pobres. Eso no significa destruirlos: significa hacerlos funcionar con más eficiencia y transparencia. Los alcaldes que se reunieron en Coquimbo tienen todo el derecho a participar en ese debate. Lo que no tienen derecho es a presentar la defensa de sus propias fuentes de financiamiento como una cruzada por los pobres y por la democracia. Eso no es rigor técnico. Es política disfrazada de servicio público. Chile conoce demasiado bien esa disfraza.
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