Carolina Rudnick Vizcarra, presidenta de Fundación Libera, tuvo un paso —breve pero real— por el gobierno de Gabriel Boric, además de un historial previo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, antes de convertirse en una de las dos voces que expusieron ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) acusaciones de trabajo forzoso en la salmonicultura y la agricultura

chilena, denuncia que se sumó al expediente que terminó con Chile pagando un arancel de 12,5% a buena parte de sus exportaciones. Esta columna, que ya investigó en profundidad el origen completo de esa medida, revisa ahora con detalle quién es la persona detrás de una de las denuncias más controvertidas de este proceso.

El perfil: una carrera entre el Estado y el activismo

Rudnick es abogada de la Universidad de Concepción, con un máster en Política Criminal por la London School of Economics. Entre 2008 y 2011 trabajó en la Defensoría Penal Pública; entre febrero de 2013 y marzo de 2015 —bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera— se desempeñó en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, donde dirigió y coordinó la mesa intersectorial sobre trata de personas e implementó el plan de acción y el programa de capacitación para funcionarios en esta materia. Ejerció también como encargada de relaciones internacionales en la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El dato que conecta directamente con el gobierno actual de la ex Concertación-Frente Amplio: entre abril y junio de 2022, según su propio perfil de LinkedIn y datos corroborados en el portal de Transparencia, Rudnick se desempeñó como jefa de relaciones internacionales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entonces liderado por la exministra Antonia Orellana. Fue un paso breve —apenas dos meses—, pero confirma un vínculo directo y verificable con la administración de Gabriel Boric.

Es docente en la Universidad del Desarrollo (Derecho Constitucional), la Universidad Adolfo Ibáñez (derecho migratorio), la Universidad Andrés Bello (Compliance e Integridad Corporativa) y la Usach (derecho internacional de los derechos humanos). Actualmente es directora del Área Legal y Empresas de Fundación Libera y consultora jurídica de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Lo que ella misma dice de su objetivo

Consultada por La Tercera tras conocerse la imposición del arancel, Rudnick fue enfática en desmarcarse de cualquier intención de sanción comercial contra el país: "desde el primer día hemos sostenido exactamente lo mismo: nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado. Nuestro objetivo es que Chile pueda demostrar, con hechos, que produce respetando los derechos fundamentales de las personas".

El antecedente de noviembre de 2024: un seminario que terminó en escándalo

Un episodio previo, poco conocido, ilustra el nivel de tensión que ya existía entre Fundación Libera y la industria salmonera antes de la denuncia ante Washington. En noviembre de 2024, la fundación presentó los resultados de una investigación de dos años sobre las condiciones laborales de los buzos en la salmonicultura del sur de Chile. Según el propio relato publicado por la organización, "un grupo concertado de trabajadores de la industria, acompañados por abogados de empresas salmoneras (AquaChile) y representantes de la asociación de productores de industria acuícola chilena (Salmón Chile y Consejo del Salmón), asistieron al evento. Desde el inicio del seminario, y previo a la entrega de los datos, los trabajadores interrumpieron nuestra exposición, descalificando tanto la metodología como sus resultados". La fundación acusó además que "a viva voz, sin respetar la estructura de participación que se había anunciado al inicio del evento, amedrentaron a la expositora y a los panelistas, intentando impedir la entrega de los resultados de la investigación".

Por qué esto importa, con el matiz correspondiente

Esta columna ya estableció, en su propia investigación sobre el origen del arancel, que la clasificación de Chile en el tramo más alto fue una decisión técnica de la USTR publicada el 2 de junio de 2026, antes de las audiencias de julio donde participó Rudnick, en un proceso que incluyó a más de 45 gobiernos y más de 2.100 comentarios públicos de las 60 economías investigadas. No corresponde, por tanto, sostener que ella sea "responsable en gran medida" del arancel: la evidencia disponible no permite esa conclusión.

Lo que sí es plenamente pertinente señalar, y lo que motiva el reclamo transversal que ya documentó esta columna en el Congreso, es que una figura con paso —aunque breve— por el gobierno de Boric, y con una trayectoria de activismo que ya había generado fricciones abiertas con la industria salmonera, decidió llevar denuncias sobre condiciones laborales domésticas ante un organismo de un gobierno extranjero, en lugar de agotar primero los canales internos —la Inspección del Trabajo, los tribunales chilenos, la propia Fiscalía— antes de exponer al país en una instancia que, según coincidieron parlamentarios de todos los sectores, terminó perjudicando a decenas de miles de trabajadores de la industria exportadora nacional.