Una investigación especial de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, reveló que 1.818 beneficiarios de la Beca Vocación de Profesor (BVP) no cumplieron con su obligación de trabajar tres años en un colegio público o subvencionado tras titularse, y que la Subsecretaría de Educación Superior jamás inició acciones de cobro. La deuda acumulada asciende a $23.042 millones. El organismo calificó los hallazgos como "altamente complejos" y ya abrió un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

El hallazgo: miles de becados que nunca hicieron clase, y nadie les cobró nada

La Beca Vocación de Profesor fue creada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera con un objetivo claro: atraer a estudiantes de alto rendimiento hacia las carreras de Pedagogía, financiando la totalidad del arancel y la matrícula, además de un aporte mensual en dinero para los mejores puntajes. No exige requisitos socioeconómicos para postular, pero sí una contrapartida concreta: una vez titulado, el beneficiario tiene un plazo máximo de siete años para cumplir tres años de trabajo en establecimientos públicos o particulares subvencionados.

Fue precisamente al fiscalizar el cumplimiento de esa obligación que Contraloría destapó el problema. Al 31 de diciembre del año pasado, existían 1.818 beneficiarios con sus plazos de retribución vencidos entre 2018 y 2025, que en conjunto adeudaban $23.042 millones, sin que la Subsecretaría de Educación Superior hubiera iniciado gestión de cobro alguna.

El propio informe de Contraloría, emitido el 3 de julio, no deja lugar a dudas: "Lo expuesto precedentemente evidencia la falta de aplicación oportuna de medidas conducentes a recuperar las becas no retribuidas, sin que a la fecha de la presente investigación se hubieren concretado acciones de cobro en contra de los becarios".

Los casos más graves: plata al borde de la prescripción

Dentro de ese universo, 93 beneficiarios tienen plazos vencidos hace más de cinco años —durante 2018, 2019 y 2020—, lo que representa una deuda de $732 millones sin ninguna acción de recuperación registrada. Es decir, esos casos están al límite del plazo de prescripción establecido en el Código Civil, lo que obligó a Contraloría a instruir directamente a la Subsecretaría que iniciara el proceso de cobro antes de que esa plata se pierda definitivamente.

El organismo calificó los hallazgos como observaciones "altamente complejas", categoría reservada para materias de especial relevancia por su magnitud, el eventual detrimento patrimonial que implican, las graves debilidades de control interno detectadas y las posibles responsabilidades funcionarias involucradas. "Dada la gravedad de los hechos en cuestión", señala el informe, Contraloría resolvió abrir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

Un sistema sin procedimientos ni control real

Lo más preocupante no es solo la deuda acumulada, sino la ausencia total de gestión detrás de ella. Entre 2011 y 2025 se entregaron 29.719 becas de este tipo, comprometiendo recursos por $258.913 millones. Pese a esa magnitud, la Subsecretaría de Educación Superior ni siquiera contaba con un procedimiento formalizado ni con manuales que establecieran cómo calcular las deudas o qué pasos y plazos debían seguirse para cobrarlas.

Contraloría detectó, además, diferencias entre las plataformas usadas para verificar si los profesores efectivamente cumplieron sus horas de trabajo comprometidas —el convenio exige una jornada de 44 horas semanales, con rebajas en colegios rurales o casos especiales—. Se identificaron 534 beneficiarios con certificados de retribución registrados en la Plataforma de Educación Superior (PES), pero cuyas horas no aparecían respaldadas en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). A eso se suman otros 3.236 casos con diferencias entre ambas plataformas.

También se detectó una anomalía adicional entre los 9.197 beneficiarios registrados como "Sin Obligación de retribución por falta de título": 38 de ellos sí habían obtenido su título entre 2014 y 2024 y, por lo tanto, ya debían estar cumpliendo su obligación de retribución, sin que el sistema contara con la información necesaria —fecha de titulación, horas pendientes, plazo de vencimiento— para controlarlo.

La respuesta del Gobierno: "un problema complejo que se ha ido acumulando"

Consultada por Ex-Ante, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, reconoció que el informe de Contraloría "permitió identificar una debilidad importante en la gestión histórica de la beca". Según explicó, se trata de "un problema complejo que se ha ido acumulando durante varios años y cuya solución requiere bastante más que simplemente iniciar cobros", debido a que la BVP tiene distintas generaciones de beneficiarios, distintos instrumentos y reglas de retribución, sin que existiera un procedimiento integrado capaz de determinar con certeza quién cumplió, quién sigue dentro de plazo y quién efectivamente debe restituir recursos.

Valdés detalló que durante los últimos cinco meses han trabajado en ordenar ese proceso, aclarando que los $23 mil millones "no significa que simplemente existan disponibles para cobrar de manera inmediata", ya que antes es necesario actualizar la situación de cada persona, acreditar las horas de docencia realizadas y dictar los actos administrativos correspondientes. Entre las medidas anunciadas está la coordinación con el Consejo de Defensa del Estado y la modificación del reglamento de becas y los convenios que firman los beneficiarios.

Lectura editorial

Desde VDI Global no podemos dejar de subrayar la ironía de este hallazgo: en Chile se necesitan profesores con vocación real en las aulas, y el propio Estado diseñó un instrumento generoso —financiamiento completo de arancel y matrícula— para atraerlos. Pero durante más de una década, nadie se preocupó de verificar si esa vocación efectivamente se traducía en tres años de trabajo en un colegio, ni de cobrar a quienes tomaron el beneficio y simplemente no cumplieron.

Esto confirma, una vez más, un patrón que hemos denunciado reiteradamente en distintas coberturas: la falta de meticulosidad en la gestión del Estado chileno, sin importar qué gobierno esté de turno. Aquí no hay una sola administración responsable —el problema se arrastra desde 2011, atravesando gobiernos de distinto signo político— sino un aparato público que durante años prefirió no mirar, no medir y no cobrar. $23 mil millones de pesos que debieron traducirse en más profesores frente a alumnos en colegios públicos y subvencionados, y que en cambio se convirtieron en una deuda que hoy está, en parte, a punto de prescribir.

Valoramos que Contraloría haya actuado con el rigor que corresponde, calificando el hallazgo como "altamente complejo" y abriendo un procedimiento disciplinario. Pero también exigimos que la actual Subsecretaría, encabezada por Fernanda Valdés, no use la complejidad histórica del problema como excusa para dilatar la recuperación de los casos más urgentes, empezando por los 93 que están al borde de la prescripción legal.

Lo que corresponde exigir

• Que la Subsecretaría de Educación Superior priorice de inmediato el cobro de los 93 casos con deuda al borde de prescripción, según lo instruido por Contraloría.
• Que se transparente el cronograma concreto para actualizar la situación de los 1.818 beneficiarios morosos y determinar montos exigibles caso por caso.
• Que se identifique y sancione, mediante el procedimiento disciplinario abierto, a los funcionarios responsables de una década de inacción en la gestión de esta beca.
• Que se implemente cuanto antes el sistema de validación automática entre plataformas (PES y SIGE) para que un caso como este no vuelva a repetirse.
• Que se transparente públicamente qué ocurrirá con los 38 casos detectados que ya obtuvieron su título y aún no figuran con obligación de retribución activa.

Conclusión

Veintitrés mil millones de pesos, entregados con la promesa de formar más y mejores profesores para la educación pública, terminaron en un limbo administrativo que ni siquiera el propio Estado supo gestionar durante más de una década. El hallazgo de Contraloría no es solo un problema financiero: es la evidencia de que, incluso en un instrumento tan bien intencionado como la Beca Vocación de Profesor, la falta de fiscalización termina costándole al país exactamente lo que se pretendía evitar: menos profesores comprometidos en las salas de clase que más los necesitan. VDI Global seguirá esta historia de cerca.