"BODRIO", "ESTALINISMO" Y "DAÑO A CHILE": LA OPOSICIÓN DEFIENDE A GRAU CON LOS MISMOS ARGUMENTOS QUE USÓ PARA ACUSAR A LOS MINISTROS DE PIÑERA
Subtítulo: Los diputados del PS, PC y FA reaccionaron a la acusación constitucional contra Grau con un arsenal de calificativos: "bodrio", "irresponsabilidad", "daño a Chile", "lógica estalinista." Son exactamente los mismos argumentos que la derecha usó cuando la izquierda acusó a ministros del gobierno de Piñera. La diferencia es que en ese momento la izquierda los rechazó. Bienvenidos al espejo.
El diputado del PS Daniel Manouchehri fue el primero en hablar y fue el más explícito en revelar la contradicción de fondo que atraviesa toda la reacción opositora a la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Antes de terminar su declaración contra el libelo, Manouchehri sugirió que si los diputados oficialistas quisieran hacer "algo serio", deberían acusar al ministro de Hacienda actual, Jorge Quiroz, por impulsar una megarreforma que el Consejo Fiscal Autónomo califica de riesgosa.
Detengámonos ahí. El diputado del PS que está argumentando que la acusación constitucional contra Grau carece de fundamentos está simultáneamente sugiriendo que el instrumento sí tiene fundamentos para ser usado contra el ministro del gobierno que él enfrenta. En la misma declaración. En la misma oración.
Eso es, técnicamente, la definición de doble vara: el mecanismo constitucional es legítimo cuando apunta a los adversarios e ilegítimo cuando apunta a los propios. Y esa doble vara es exactamente el hilo conductor de toda la reacción opositora del lunes 8 de junio al libelo contra Grau.
EL CATÁLOGO DE CALIFICATIVOS
La oposición desplegó un arsenal verbal notable frente a las cámaras. La diputada del PC Daniela Serrano dijo que el texto del libelo es "un bodrio" y que presenta un instrumento constitucional "chacreo". El diputado del FA Juan Santana habló de "polarización" y de crear "condiciones propicias para permear de autoritarismo el tenor de los debates nacionales." La diputada del FA Emilia Schneider calificó el libelo de "irresponsabilidad" y afirmó que "se juega con la credibilidad de Chile ante el mundo." El diputado del PS Daniel Manouchehri acusó al Partido Republicano de tener "una organización de lógica estalinista."
Estalinista. Es una palabra que merece ser registrada. El diputado socialista está comparando la disciplina interna de un partido de derecha chileno con el sistema político del dictador soviético responsable de decenas de millones de muertes. No es un uso casual del lenguaje: es una elección deliberada que revela el nivel de inflamación retórica al que la oposición está dispuesta a llegar para defender a un exministro de su propio sector.
Pero más allá del nivel retórico, lo que todos estos calificativos tienen en común es que son exactamente los mismos argumentos que la derecha usó cuando la izquierda acusó constitucionalmente a ministros del gobierno de Sebastián Piñera. Irresponsabilidad. Daño a Chile. Instrumento chacreo. Polarización. Uso político de una herramienta constitucional seria. Cuando la derecha usaba esos argumentos en defensa de los ministros de Piñera, la izquierda los rechazaba con indignación. Ahora los reproduce con la misma indignación, pero en dirección contraria.
El espejo político chileno funciona con una precisión admirable.
EL ARGUMENTO DE LA "CREDIBILIDAD FINANCIERA": LA TRAMPA EN QUE CAYÓ SCHNEIDER
La diputada Emilia Schneider construyó su argumento central sobre la idea de que la AC daña la credibilidad financiera de Chile ante el mundo porque pone "en tela de juicio la credibilidad de las finanzas." Y añadió que el gobierno "dijo que el Estado estaba quebrado" al inicio del año como parte de esa misma estrategia de dañar la imagen financiera del país.
Es un argumento que tiene una trampa interna que Schneider no parece haber advertido o que prefirió ignorar.
Si la credibilidad financiera de Chile estaba intacta, ¿por qué habría US$10.500 millones de deuda no reportada en las cuentas fiscales que el gobierno de Kast encontró al asumir? Ese dato no lo inventó el gobierno de Kast para "dañar la imagen" del país: es el resultado de una auditoría de las finanzas públicas que cualquier gobierno entrante tiene la obligación de realizar. Si esa auditoría encontró inconsistencias por US$10.500 millones, hay dos posibilidades. O el dato es falso —y en ese caso Grau puede probarlo en la comisión de la Cámara con los antecedentes correspondientes— o el dato es real, y entonces la pregunta sobre por qué no fue reportado oportunamente es exactamente la que una acusación constitucional tiene el derecho de plantear.
Schneider también acusó al ministro Quiroz de dar cifras "antojadizas y tramposas" que han sido "cuestionadas por diversos economistas de diversos sectores políticos." Es cierto que hay debate sobre las cifras. Pero hay algo que Schneider no puede borrar con un adjetivo: cuatro exministros de Hacienda de distintos gobiernos —Marcel, Eyzaguirre, Velasco y Marfán— advirtieron que la AC le hace daño a Chile. El diputado Juan Santana los citó como argumento. Lo que Santana omitió mencionar es que esos mismos exministros de Hacienda, en general, también han cuestionado la falta de transparencia en el manejo de las cifras fiscales durante el gobierno de Boric. No son necesariamente aliados de la posición de la izquierda en este debate.
MANOUCHEHRI Y EL BENCINAZO: EL GIRO MÁS REVELADOR
El diputado Manouchehri construyó su argumento atacando al gobierno de Kast por el costo de vida: "No es responsabilidad del exministro Grau que el gobierno le haya subido el costo de vida a los chilenos con el bencinazo." Y luego: "No es responsabilidad del exministro Grau la crisis que hoy tenemos en seguridad."
Es un movimiento político clásico: ante una acusación específica con cargos concretos —deuda no reportada, subsidios recortados— cambiar el terreno hacia críticas generales al gobierno actual. Es una maniobra comprensible desde la perspectiva de la oposición política, pero que no responde a los cargos específicos del libelo.
Porque la AC no acusa a Grau de subir el precio de la bencina. No acusa a Grau de la situación de seguridad. La acusa de vulnerar la Ley de Administración Financiera del Estado al no reportar adecuadamente la deuda pública y de haber recortado subsidios habitacionales en el período de transición. Esos cargos específicos exigen una respuesta específica. Señalar que el gobierno actual tiene otros problemas no es una defensa jurídica. Es política.
La confusión entre la defensa jurídica de Grau y la ofensiva política contra Kast es el problema central de toda la reacción opositora. Están mezclando dos cosas que el proceso constitucional exige mantener separadas: los cargos concretos del libelo y la evaluación política del gobierno actual.
SANTANA Y EL "AUTORITARISMO": LA ACUSACIÓN MÁS GRAVE Y MÁS VACÍA
El diputado Juan Santana fue quien elevó más el tono al hablar de "condiciones propicias para permear de autoritarismo el tenor de los debates nacionales." Es una acusación que en el contexto de la política chilena del año 2026 requiere ser analizada con seriedad.
¿Qué tiene de autoritario presentar una acusación constitucional contra un exministro utilizando el mecanismo que la propia Constitución chilena establece para ese fin? La respuesta, objetivamente, es: nada. La acusación constitucional es el instrumento democrático por excelencia para el control político del ejecutivo. Fue usada por la izquierda contra ministros del gobierno de Piñera. Fue usada por la derecha contra ministros del gobierno de Lagos. Es parte del sistema. Calificarla de "autoritarismo" cuando la usa el adversario político es deslegitimar el instrumento en función de quién lo ejerce.
Si el autoritarismo consiste en usar mecanismos constitucionales legítimos para exigir rendición de cuentas a funcionarios públicos, entonces la palabra ha perdido todo su significado. Y cuando una palabra pierde su significado, quienes la abusan son los que afectan la credibilidad del debate democrático, no quienes presentan un libelo constitucional.
LA MENCIÓN A QUIROZ: EL BOOMERANG QUE NADIE VIO VENIR
Manouchehri terminó su intervención con la sugerencia de que el instrumento de la AC debería usarse contra Quiroz "que es el que le ha subido el costo de vida a los chilenos." Y Serrano del PC coincidió: también señaló que quien debería enfrentar un juicio político en el futuro es Quiroz, "por no cumplir con sus promesas económicas relacionadas con la megarreforma."
Estas declaraciones son, sin quererlo, el argumento más sólido a favor de la acusación constitucional contra Grau que la oposición pudo haber pronunciado. Al sugerir que el instrumento es legítimo para acusar a Quiroz por su gestión, están admitiendo que la AC es un mecanismo válido para exigir rendición de cuentas a ministros de Hacienda por sus decisiones fiscales. Que ese mismo estándar aplique a Grau por la deuda no reportada es la consecuencia lógica de ese argumento, aunque Manouchehri y Serrano no lo noten.
En política, cuando el argumento que usas para atacar al adversario es exactamente el argumento que el adversario necesita para defenderse, has cometido un error de comunicación de primer orden. La oposición lo cometió en la tarde del lunes frente a todas las cámaras.
EL FONDO QUE NADIE DE LA OPOSICIÓN TOCÓ: LOS US$10.500 MILLONES
Lo más revelador de todas las declaraciones de la oposición del lunes es lo que ninguno de los diputados mencionó: los US$10.500 millones de deuda no reportada.
Ninguno dijo que esa cifra es falsa. Ninguno ofreció una explicación alternativa sobre el origen de esa diferencia en las cuentas fiscales. Ninguno presentó documentos o antecedentes que cuestionen la metodología del gobierno para llegar a ese número. Ninguno.
En cambio, hablaron del bencinazo, del autoritarismo, del estalinismo republicano, del daño a la credibilidad de Chile y de la posibilidad de acusar a Quiroz en el futuro.
Eso dice mucho. Cuando la defensa de un acusado consiste en atacar al acusador en lugar de refutar los cargos, generalmente es porque los cargos son difíciles de refutar. Grau tiene a Patricio Zapata para hacer esa defensa jurídica. Sus aliados en la Cámara, el lunes, prefirieron hacer política.
La diferencia entre esas dos cosas —la defensa jurídica y la política— es exactamente lo que el proceso constitucional obliga a separar. Y es lo que las próximas semanas de tramitación de la AC harán visible ante toda la ciudadanía chilena.
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