José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026 con un capital político que pocos gobiernos recientes habían tenido al inicio: 57% de aprobación, tras ganar el balotaje de diciembre de 2025 con 58% de los votos frente a Jeannette Jara. Cuatro meses después, ese capital se ha erosionado de forma pronunciada: las mediciones de julio lo ubican entre 32% (Criteria, mínimo histórico) y 37-38% (Cadem), con desaprobación de hasta 60%. La caída, de 17 puntos en apenas dos meses, es más veloz que la que registró Gabriel Boric en el mismo período de su mandato en 2022. ¿Se trata de un fracaso específico de la gestión de Kast, o de la manifestación más reciente de un patrón que Chile arrastra desde hace más de una década? Este informe, elaborado a partir de encuestadoras de referencia (Criteria, Cadem, La Cosa Nostra), cifras oficiales del Banco Central y el INE, y análisis académico y partidario de distinto signo político, intenta responder esa pregunta con el rigor que la magnitud del fenómeno exige.

La magnitud de la caída: 17 puntos en dos meses

Las encuestas de arranque de gobierno ubicaban a Kast en torno al 57% de aprobación. Las mediciones de julio de 2026 lo sitúan en un rango de 32% (Criteria, medición del 12 de julio) a 37-38% (Cadem, primera semana de julio), con desaprobación de entre 55% y 60% —el punto más alto registrado desde el inicio del mandato en ambos casos—. La serie de Criteria documenta, además, una caída sostenida semana a semana que no deja lugar a dudas sobre la tendencia: 39% el 28 de junio, 35% el 5 de julio y 32% el 12 de julio.

Un estudio del sociólogo Alberto Mayol, a través de su consultora La Cosa Nostra, aporta una dimensión cualitativa adicional: la evaluación presidencial bajó de 3,9 en las primeras semanas de gobierno a 3,2 hacia fines de abril, en una escala que, en términos comparativos históricos, acerca a Kast a la valoración que en su momento tuvo Augusto Pinochet, y lo aleja de referentes históricos de la propia derecha chilena como Sebastián Piñera o Jorge Alessandri. El dato que mejor dimensiona la velocidad del fenómeno es este: en apenas dos meses de gobierno, Kast había perdido 17 puntos de aprobación respecto a su arranque, una caída 13 puntos más pronunciada que la que registraba Boric en la misma fecha de su propio mandato, en 2022.

¿Anomalía o regla? El patrón chileno de desgaste presidencial acelerado

Antes de buscar explicaciones específicas al caso Kast, es necesario hacer una precisión metodológica que cambia por completo el sentido del análisis: Chile atraviesa, desde hace más de una década, un patrón recurrente de desgaste presidencial acelerado que no comenzó con este gobierno. Bachelet en su segundo mandato, Piñera en el suyo, y Boric después, registraron también caídas bruscas en sus primeros meses de gestión. Un análisis comparativo de la consultora Áttalus, firmado por el analista Yamil Musa, señala que la aprobación de Kast en sus primeros meses es solo levemente inferior a la que tenían esos tres gobiernos en el mismo período de su mandato, y que el actual mandatario todavía no rompe el piso de apoyo duro de aproximadamente 30% que caracterizó a Boric durante buena parte de su gestión.

Esta es, quizás, la conclusión más importante para calibrar correctamente la lectura política del fenómeno: Kast no está fuera de la curva chilena reciente, pero sí se ubica en el extremo más rápido de esa curva, porque partió de un nivel de apoyo considerablemente más alto (57%) y lo perdió en semanas, no en años, como ocurrió con sus predecesores. El politólogo José Miguel Insunza ofrece una explicación estructural particularmente lúcida para este fenómeno, al señalar que Kast y Boric —pese a ser polos ideológicos absolutamente opuestos— comparten un mismo origen del desgaste: ambos interpretaron sus triunfos electorales como mandatos "refundacionales", lo que generó tensiones políticas equivalentes en ambos casos, aunque de contenido ideológico opuesto. El propio Insunza resume su diagnóstico del gobierno actual con una frase que condensa buena parte del problema: "polariza y no dialoga", describiéndolo como una mezcla de ideología, improvisación e incompetencia.

Con ese marco de referencia establecido, el análisis de las causas específicas de la caída se organiza en seis hipótesis explicativas, no excluyentes entre sí, que se presentan ordenadas de mayor a menor peso según la evidencia disponible.

Hipótesis 1: el deterioro económico real, el factor de mayor peso

Esta es la variable más consistentemente citada por las tres principales encuestadoras —Criteria, Cadem y La Cosa Nostra— como el motor central de la caída de aprobación. El Banco Central reportó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 0,9% en mayo, acumulando cinco meses consecutivos en terreno negativo, lo que constituye el peor desempeño de la actividad económica chilena desde la crisis del Covid-19, con un riesgo abierto de recesión técnica. La desocupación, por su parte, llegó a 9,4% en el trimestre terminado en mayo, su mayor nivel en casi cinco años.

Un elemento que distingue a este gobierno de administraciones anteriores en circunstancias similares es que el propio Kast validó públicamente ese diagnóstico negativo, algo inusual en un gobierno de apenas pocos meses de duración, al reconocer que su administración "se dio cuenta tarde" de la gravedad del cuadro económico. Esa autocrítica presidencial, si bien puede leerse como un gesto de honestidad política, tiene también un costo: confirma ante la opinión pública que el propio Ejecutivo llegó tarde a un problema que hoy condiciona buena parte de su desgaste.

Cadem documentó con precisión el correlato de este deterioro en la percepción ciudadana: un 83% de los encuestados considera que Chile vive una emergencia laboral, y la economía, junto al desempleo, se consolidaron como la principal prioridad ciudadana, con un 67% de las menciones, superando incluso a la seguridad pública (61%), que fue la bandera original y central de la campaña presidencial de Kast. La evidencia disponible es consistente con la idea de que el deterioro económico real opera como el factor explicativo de mayor peso y de naturaleza más estructural que cualquier otra variable analizada en este informe: a diferencia de los errores comunicacionales o de gestión política, el ciclo económico no depende de decisiones de corto plazo del gobierno, y es, por tanto, el factor más difícil de revertir mediante ajustes políticos o de gabinete en el corto plazo.

Hipótesis 2: la brecha entre la promesa de "gestión eficaz" y la ejecución real

Existe un elemento diferenciador relevante respecto de otros episodios de desgaste presidencial en la historia reciente de Chile. Mientras Boric asumió con un programa refundacional declarado abiertamente —por lo que una caída temprana de popularidad era, en cierto modo, un costo esperado del choque entre expectativas ideológicas y la realidad de gobernar—, Kast construyó su candidatura sobre la promesa exactamente opuesta: eficacia, orden y resultados inmediatos. Esta diferencia no es menor desde el punto de vista del análisis político: cuando un gobierno que se presenta como "gerencial" no logra resultados rápidos, el costo político tiende a ser mayor que cuando un gobierno "transformador" tarda en transformar, precisamente porque el primero contradice su propio argumento de venta electoral.

El caso más visible de esta brecha entre promesa y ejecución es, sin lugar a dudas, la seguridad pública. Pese a haber sido el eje central e indiscutido de la campaña presidencial de Kast, la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, llegó a admitir públicamente que el propio Ejecutivo no contaba con un plan estructurado y concreto para enfrentar la crisis delictual que asola al país —una frase que rápidamente se convirtió en símbolo del desfase entre el discurso de campaña y la capacidad real de ejecución del gobierno—.

A esto se suma un episodio puntual que, según la evidencia disponible, ha sido particularmente corrosivo para la credibilidad presidencial: Kast tuvo que explicar públicamente que su promesa de campaña de expulsar a "300 mil migrantes irregulares" el primer día de gobierno era, en realidad, una "metáfora". Esta explicación fue capitalizada con dureza por sectores de oposición —Democracia Cristiana, Partido Comunista y Frente Amplio—, que cuestionaron abiertamente la credibilidad del mandatario y el carácter consignista de su programa de gobierno. Este episodio es, hasta donde permite establecer la evidencia disponible, el que más ha erosionado el atributo de cumplimiento de promesas de la actual administración, un atributo que resultaba central para un gobierno que se presentó a la ciudadanía precisamente como garante de eficacia y resultados concretos.

Hipótesis 3: inestabilidad de gabinete y errores no forzados

A solo 69 días de gobierno, Kast ejecutó el ajuste de gabinete más veloz desde el retorno a la democracia en 1990, removiendo simultáneamente a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini. Entre los llamados "errores no forzados" que documentó la prensa especializada en el período previo a este ajuste, figuran la duda instalada públicamente sobre la existencia real de un plan de seguridad coherente, una presentación considerada compleja y poco clara ante el Congreso, y una fallida petición de aplicar la ley de Seguridad del Estado tras una agresión sufrida por otra ministra del gabinete.

El propio Kast reconoció el carácter forzado de este ajuste tan temprano, señalando que la urgencia de la situación del país lo obligó a adelantar decisiones que no tenía previstas para esta etapa inicial de su gobierno. La lectura política de este episodio es, sin embargo, ambivalente y merece un análisis matizado: por un lado, exhibe una capacidad de autocorrección que en otras circunstancias podría valorarse positivamente; pero para un electorado que votó específicamente por "orden y control" como sello distintivo del proyecto de Kast, un reordenamiento de gabinete tan temprano transmite, en la práctica, la señal exactamente contraria: la de improvisación. La evidencia disponible es consistente con la idea de que este factor opera menos como una causa independiente de desgaste y más como un amplificador de las dos hipótesis anteriores —el deterioro económico y la brecha entre promesa y ejecución—, reforzando ambas narrativas en lugar de constituir un problema aislado.

Hipótesis 4: la "megarreforma" y el flanco de legitimidad social

El proyecto insignia económico del gobierno de Kast —oficialmente denominado "Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social", conocido públicamente y de forma más simple como la "megarreforma"— fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, y posteriormente en el Senado por un margen mucho más estrecho: 26 votos a favor y 24 en contra. Estos márgenes tan ajustados reflejan una polarización creciente que no se limita a la relación entre oficialismo y oposición, sino que se manifiesta incluso dentro del propio bloque que respalda al gobierno.

El problema de fondo para la aprobación presidencial no es únicamente el resultado legislativo en sí mismo, sino el relato que se instaló en torno al contenido del proyecto. Sectores de oposición han cuestionado sistemáticamente que la reforma cree, en la práctica, un sistema privilegiado para grandes operadores económicos, y han cifrado el costo fiscal de la rebaja del Impuesto de Primera Categoría —de 27% a 23%— en aproximadamente US$420 millones menos de recaudación por cada punto porcentual de rebaja aplicada.

Un hallazgo particularmente relevante en este punto proviene de una encuesta de Criteria, que detectó que un 47% de los consultados cree que la reforma, tal como está redactada, terminará beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos del país. Este dato de percepción de inequidad distributiva es, con alta probabilidad, considerablemente más corrosivo para la aprobación presidencial que cualquier cifra macroeconómica aislada, precisamente porque toca la variable que ha estructurado el conflicto social chileno de manera más profunda desde el estallido social de 2019: la desigualdad percibida en la distribución de las cargas y los beneficios económicos. A este malestar se suma el episodio de los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), que generó el primer cruce público de alto voltaje entre el expresidente Gabriel Boric y la actual administración, alimentando aún más la narrativa de un gobierno que "aprieta" a la ciudadanía común mientras flexibiliza condiciones tributarias para las grandes empresas.

Hipótesis 5: el rol de la oposición de izquierda — incidencia real pero secundaria

Contra la intuición fácil y muy extendida de que "la izquierda hundió a Kast", la evidencia recogida en este informe sugiere una incidencia considerablemente más desigual según el plano específico de análisis que se observe.

En el plano parlamentario, la oposición ejerció un freno institucional real, aunque no logró bloquear por completo la agenda legislativa de Kast. Los márgenes estrechos de aprobación de la megarreforma —el ya mencionado 26 contra 24 en el Senado— obligaron al oficialismo a negociar durante meses, y parlamentarios de oposición —como la senadora Beatriz Sánchez, del Frente Amplio— lograron instalar con eficacia notable el argumento técnico sobre el costo fiscal de la reforma, un argumento que terminó calando en la opinión pública según los propios datos de Criteria ya citados.

En el plano de la movilización callejera, en cambio, la incidencia de la oposición ha sido llamativamente débil, y esto según la propia autocrítica de la izquierda extraparlamentaria chilena. Medios vinculados a ese sector —El Clarín de Chile, la UIT-CI, Socialismo Revolucionario— describen abiertamente un "vacío estratégico" de la izquierda y del sindicalismo chileno frente al ajuste económico y social impulsado por Kast, señalando que la oposición responde de manera fragmentaria y sin un programa alternativo articulado.

En el plano discursivo, los golpes comunicacionales puntuales —como el ya mencionado episodio de la "metáfora" migratoria— parecen haber erosionado el atributo de cumplimiento de promesas del gobierno más que haber contribuido a la organización efectiva de una oposición de masas. Un matiz adicional relevante: académicos consultados por la agencia EFE —Alejandro Olivares, de la Universidad de Chile, y Mario Herrera Muñoz, de la Universidad de Talca— sostienen que Kast aplicó desde el inicio de su gobierno una estrategia comunicacional inspirada explícitamente en la técnica asociada al estratega estadounidense Steve Bannon, conocida como "inundar la zona", orientada a saturar deliberadamente la agenda mediática para confundir y desbordar a la oposición.

El diagnóstico de estos analistas es que esa estrategia, que en otros contextos internacionales —como los de Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina— funcionó precisamente porque la derecha tradicional en esos países estaba debilitada o subordinada, en el caso chileno específico parece haber generado un efecto inverso al buscado. La razón, según estos académicos, es que Chile Vamos sigue siendo un actor político relevante y no un bloque subordinado al proyecto de Kast, por lo que la estrategia de saturación mediática terminó confundiendo también al propio gobierno y proyectando, hacia la opinión pública, una imagen de desorden en lugar de la imagen de control que buscaba transmitir. Esto es consistente con la idea de que buena parte del desgaste que suele atribuirse superficialmente "a la oposición" sería, en rigor, un efecto autoinfligido de una estrategia comunicacional pensada originalmente para neutralizarla.

Un dato adicional matiza, además, la lectura simplista de que la caída de Kast implique necesariamente una transferencia directa de apoyo hacia la izquierda chilena: el investigador Santiago Cruz, del Instituto Res Publica, sostiene que quien efectivamente mueve la aguja en las encuestas no es el votante moderado que se disputa habitualmente entre ambos bloques políticos, sino un votante indeciso y sin identidad partidaria definida, que busca soluciones rápidas y de carácter radical, y cuyo apoyo resulta igual de volátil tanto para el oficialismo como para la oposición.

Hipótesis 6: la fractura interna de la derecha — el factor menos visible y más corrosivo

Este es, según la evidencia recogida en este informe, un factor de desgaste que resulta tan relevante o incluso más relevante que el conflicto con la izquierda, y que sin embargo ha sido considerablemente menos comentado en el debate público general. Desde la propia campaña presidencial, dirigentes de los partidos Republicano y Nacional Libertario —este último liderado por Johannes Kaiser— acuñaron el mote despectivo de "derechita cobarde" para referirse conjuntamente a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, agrupados en la coalición Chile Vamos. Esta etiqueta escaló en las últimas semanas hacia el calificativo aún más hiriente de "derecha merluciana", generando una indignación abierta y pública en esas colectividades políticas.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei, de la UDI, quinta en la primera vuelta de diciembre con un 12,5% de los votos, ha sido la voz más sostenida y de mayor peso mediático en esta ofensiva interna contra el propio gobierno que integra su coalición, criticando abiertamente el paquete económico de la megarreforma, el diseño específico de la exención del impuesto territorial para adultos mayores, y el manejo gubernamental de varios casos relevantes de seguridad pública.

Más allá de las meras declaraciones públicas, existen episodios institucionales concretos que documentan que esta fractura no es solo retórica, sino activa y con consecuencias legislativas reales: la fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, generó recriminaciones cruzadas entre Chile Vamos y el Partido Republicano; el proyecto de indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social fue rechazado por la propia conducción de la UDI; y la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, llegó a advertir públicamente la posibilidad de una ruptura formal de la coalición si el Partido Republicano no moderaba sus críticas hacia el resto del bloque. En un cruce que resulta especialmente revelador, el presidente del PPD, Raúl Soto —un actor completamente externo a la coalición de gobierno— acusó directamente al Partido Republicano de estar actuando en función de los intereses de Johannes Kaiser y no del propio Kast, una lectura que el diputado republicano Agustín Romero terminó validando en gran medida al reconocer públicamente que sus aliados naturales dentro del espectro de derecha son los libertarios, y no necesariamente Chile Vamos.

Esta fractura ha obligado al propio Kast a intervenir personalmente en al menos dos ocasiones documentadas durante julio, en un intento por contener la pugna interna de su propia coalición. No resulta casual que la caída más pronunciada detectada por Criteria durante julio haya sido, precisamente, la del atributo "es el líder que Chile necesita", que retrocedió ocho puntos completos en un solo mes: es exactamente el atributo que una coalición fracturada y en pugna pública contradice de manera más directa.

Mapa de actores: quién empuja y quién frena

Para comprender de manera integral la dinámica de desgaste, conviene identificar con precisión el rol específico que juega cada actor relevante. Chile Vamos —integrado por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli— es hoy un socio de coalición en fractura abierta con el bloque Republicano-Libertario, con Evelyn Matthei como la voz crítica de mayor sostenimiento en el tiempo; su relevancia estratégica es alta, ya que el conflicto "derechita cobarde" constituye un factor de desgaste comparable al que representa la propia oposición de izquierda. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario de Kaiser, por su parte, constituyen la base electoral más dura del propio Kast, y presionan desde el flanco más radical de la coalición precisamente por temor a perder electorado propio frente al espacio libertario; su relevancia estratégica es igualmente alta, ya que condiciona buena parte de la agenda del gobierno.

La oposición parlamentaria de izquierda —agrupada en el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana— ejerce un freno institucional real en el Congreso y ha sido eficaz en instalar la narrativa de inequidad distributiva ya descrita, con una relevancia estratégica media-alta: no logra bloquear la agenda del gobierno, pero sí erosiona de manera efectiva la legitimidad social de sus reformas. La CUT, la CONFECH y la izquierda extraparlamentaria representan el actor de movilización social propiamente dicho, hasta ahora inactivo según su propia autocrítica documentada, con una relevancia estratégica media: constituye un riesgo actualmente bajo, pero que exige monitoreo constante ante un eventual cambio de estrategia. El expresidente Gabriel Boric aparece como protagonista del primer cruce público de alto voltaje con la actual administración —por el episodio de los embargos CAE—, con una relevancia estratégica media, en su calidad de símbolo de continuidad o discontinuidad de las políticas sociales entre ambos gobiernos. Finalmente, el Banco Central y los indicadores macroeconómicos constituyen la fuente estructural del deterioro de aprobación, fuera del control directo del propio gobierno en el corto plazo, con la relevancia estratégica más alta de todo el mapa de actores, al ser el factor más citado de manera unánime por las tres encuestadoras de referencia como motor central de la caída.

Escenarios prospectivos 2026-2028

Traduciendo el análisis descriptivo hacia el terreno prospectivo —con el nivel de confianza necesariamente menor que corresponde a todo ejercicio de proyección, y que exige advertir que se trata de juicio analítico y no de proyección estadística—, es posible identificar seis escenarios no excluyentes para los próximos 12 a 24 meses.

El escenario base, con probabilidad alta y un impacto medio, es la estabilización de la aprobación presidencial en el piso duro cercano al 30%, en línea con el patrón comparativo que ya exhibió Boric durante buena parte de su propio mandato, sin que ello implique un colapso terminal del proyecto político de Kast. Un segundo escenario, con probabilidad media pero impacto alto, es la ruptura formal de la coalición de gobierno, que fragmentaría la base legislativa de Kast y lo forzaría hacia un giro todavía más estrecho hacia una alianza con el bloque libertario, dado que ya existen episodios institucionales concretos —no solo retóricos— que documentan una fractura activa dentro de la coalición.

Un tercer escenario, con probabilidad media-baja pero impacto alto, es que una recuperación económica sostenida —un Imacec positivo de manera consistente— revierta con rapidez la tendencia de desaprobación, dado que la economía ha sido identificada como el factor de mayor peso explicativo. En sentido contrario, un cuarto escenario, también de probabilidad media-baja e impacto alto, contempla la profundización de la crisis de gobernabilidad, en que nuevos ajustes de gabinete no forzados combinados con parálisis legislativa erosionarían aún más la capacidad de ejecución del gobierno. Un quinto escenario, de probabilidad media e impacto medio, es la consolidación de una alianza ampliada de derecha: si Kast lograra institucionalizar una coordinación efectiva entre Chile Vamos, el Partido Republicano y los libertarios, esto reduciría sustancialmente el desgaste por fuego amigo que hoy representa la principal amenaza menos visible para su gobierno. Finalmente, el sexto escenario —una escalada de movilización social de tipo 2019— tiene probabilidad baja pero impacto alto: resulta improbable en el corto plazo dado el "vacío estratégico" que la propia izquierda extraparlamentaria reconoce abiertamente, pero de concretarse tendría un efecto de alto impacto sobre la gobernabilidad del país.

El escenario más probable en el horizonte inmediato es, con todo, la estabilización en el piso duro (escenario uno), en línea directa con el patrón comparativo que ya exhibió Boric. El escenario de mayor impacto potencial combinado con una probabilidad no despreciable es la ruptura formal de la coalición (escenario dos), precisamente porque ya existen episodios institucionales concretos —la fallida acusación constitucional contra Grau, el rechazo de la UDI al indulto general a uniformados— que documentan una fractura activa y no meramente retórica dentro del bloque de gobierno.

Indicadores estratégicos: un fenómeno de élites, no de conflicto social masivo

Resumiendo en una sola visualización el estado de las seis dimensiones centrales que atraviesan el gobierno de Kast, en una escala de 0 a 10, se obtiene una lectura reveladora: el desempeño económico se ubica en 3 sobre 10, la cohesión de la coalición también en 3 sobre 10, y la aprobación presidencial igualmente en 3 sobre 10, frente a un riesgo de movilización social comparativamente bajo, también en 3 sobre 10. Esta combinación sugiere que el desgaste de Kast es, por ahora, fundamentalmente un fenómeno de élites y de gestión —tanto económica como de coalición— más que un fenómeno de conflicto social masivo y generalizado. La presión de la oposición parlamentaria, en cambio, se ubica en 5 sobre 10, la variable de mayor puntaje relativo de todo el conjunto, lo cual es consistente con el hallazgo central de que el freno institucional parlamentario ha sido considerablemente más eficaz que la movilización callejera como mecanismo de oposición al gobierno.

Matriz de riesgos y nivel de confianza del análisis

El riesgo político y de gobernabilidad, así como el riesgo específico de coalición identificados en este análisis, se basan en evidencia directa y plenamente verificable: votaciones legislativas concretas y episodios institucionales de fractura documentados públicamente. El riesgo económico incorpora, por su parte, datos oficiales tanto del Banco Central como del Instituto Nacional de Estadísticas. El riesgo social, en cambio, se apoya fundamentalmente en la autocrítica ya documentada de la propia izquierda extraparlamentaria chilena, por lo que su margen de error resulta menor de lo que suele ser habitual en este tipo de estimaciones cualitativas. El riesgo total ponderado que se desprende de este ejercicio constituye una síntesis cualitativa del análisis, no un promedio matemático estricto entre las distintas categorías consideradas.

Síntesis jerárquica: cómo se ordenan los factores de desgaste

Ponderando el conjunto completo de la evidencia recogida a lo largo de este informe, la jerarquía de incidencia sobre la caída de aprobación presidencial quedaría ordenada, de mayor a menor peso relativo, de la siguiente manera. En primer lugar, el deterioro económico real —con un Imacec negativo durante cinco meses consecutivos y un desempleo en máximos de cinco años— constituye el factor estructural de mayor peso según la totalidad de las encuestadoras consultadas. En segundo lugar, el incumplimiento de la promesa central de eficacia y orden, particularmente visible en el ámbito de la seguridad pública y en la ya mencionada polémica de la "metáfora" migratoria, erosiona directamente el atributo diferenciador central de la propia candidatura de Kast.

En tercer lugar, la megarreforma económica opera como detonante de una percepción extendida de inequidad distributiva, resultando más corrosiva por el relato instalado en torno a ella que por su contenido técnico propiamente dicho. En cuarto lugar, la fractura interna de la derecha —entre Chile Vamos y el bloque Republicano-Libertario— funciona como un auténtico multiplicador de daño reputacional que opera a la manera de "fuego amigo": es considerablemente menos visible en el debate público general que el conflicto con la izquierda, pero produce un efecto de imagen de desorden particularmente dañino para un gobierno que se presentó como garante de unidad y control. En quinto lugar, la inestabilidad de gabinete opera simultáneamente como consecuencia y como amplificador de los dos primeros factores de esta jerarquía. En sexto lugar, la oposición de izquierda tiene una incidencia real en el plano parlamentario y discursivo, pero resulta notablemente débil como fuerza movilizadora efectiva, según la propia autocrítica de la izquierda extraparlamentaria ya documentada. Finalmente, en séptimo lugar, el patrón estructural chileno de desgaste presidencial acelerado contextualiza el fenómeno completo como parte de una tendencia que ya suma cuatro gobiernos consecutivos, y no como una anomalía exclusiva y particular del proyecto político de Kast.

La lectura que mejor integra la totalidad de esta evidencia es que la caída de aprobación de Kast no responde a una causa única y aislada, sino a la convergencia de fallas de gestión propias —en los ámbitos económico, de seguridad pública y comunicacional— con dos frentes de desgaste político que operan, además, en direcciones claramente distintas entre sí: por un lado, una oposición de izquierda que ha resultado más eficaz instalando relatos críticos que movilizando calles; y por otro, una fractura interna del propio bloque de derecha que, de manera paradójica, podría estar infligiendo un daño reputacional comparable o incluso mayor al que produce la oposición formal, precisamente porque esa fractura contradice de manera directa el argumento central sobre el que se construyó toda la candidatura de Kast: la promesa de un gobierno ordenado y unido frente a la crisis que atraviesa el país.

Conclusiones para el análisis de riesgo país

¿La caída acelerada de la aprobación de Kast representa entonces un riesgo de gobernabilidad estructural para su gobierno, o es simplemente la manifestación más reciente de un patrón cíclico chileno ya perfectamente conocido? La respuesta que arroja este análisis es que se trata de ambas cosas a la vez, aunque en proporciones claramente distintas entre sí. El patrón de fondo —el desgaste presidencial acelerado como tal— no es en absoluto exclusivo del gobierno de Kast, y se repite ya durante cuatro gobiernos consecutivos, lo que reduce considerablemente su valor como señal de alarma específica sobre este mandato en particular. Sin embargo, tanto la velocidad particular de esta caída —17 puntos en solo dos meses, más rápida que la que exhibió el propio Boric en su momento— como, sobre todo, la fractura activa que atraviesa hoy a la propia coalición de gobierno, sí introducen un riesgo de gobernabilidad adicional y considerablemente más específico de esta administración: un presidente que gobierna con una base legislativa fracturada dispone, en los hechos, de mucho menos margen de maniobra política para revertir el deterioro económico que constituye, a su vez, la causa de fondo de su propio desgaste de aprobación.

Como conclusiones adicionales de este análisis, cabe destacar que el núcleo de apoyo cercano al 30% que Kast aún conserva es de un tamaño muy similar al que sostuvo a Boric durante la totalidad de su propio mandato presidencial, lo que sugiere más bien una conversión hacia un piso ideológico duro y estable que un colapso terminal del proyecto político completo. El riesgo de una movilización social masiva en el corto plazo es, según toda la evidencia disponible hasta ahora, comparativamente bajo, lo que reduce de manera significativa la probabilidad de un escenario de crisis social aguda en el horizonte de los próximos 12 meses. El riesgo de mediano plazo más relevante para la gobernabilidad efectiva del país no proviene, entonces, de la oposición de izquierda, sino de la propia coalición de derecha: su institucionalización efectiva —o, alternativamente, su ruptura formal— condicionará de manera decisiva la capacidad de Kast para sostener una agenda legislativa coherente durante el resto de su mandato. La variable más determinante para la trayectoria futura de la aprobación presidencial en los próximos 12 meses es, con alta probabilidad, la evolución concreta del Imacec y de la tasa de desempleo, por encima de cualquier corrección meramente comunicacional o de gabinete ministerial. Para efectos del análisis de riesgo-país y de decisiones de inversión, esta línea editorial recomienda monitorear con especial atención la institucionalización —o eventual ruptura— de la coalición de gobierno como el indicador adelantado más sensible de la gobernabilidad de mediano plazo del país.