CANCILLERÍA SE EQUIVOCA DE BANDO: PROTESTAR POR LA REDUCCIÓN DE ACTIVISTAS PRO-HAMÁS ES DARLES EL ESTATUS DE VÍCTIMAS QUE NO MERECEN
CANCILLERÍA SE EQUIVOCA DE BANDO: PROTESTAR POR LA REDUCCIÓN DE ACTIVISTAS PRO-HAMÁS ES DARLES EL ESTATUS DE VÍCTIMAS QUE NO MERECEN
La Cancillería chilena emitió el miércoles 20 de mayo una declaración expresando su "malestar" al embajador de Israel en Chile por el supuesto "trato degradante" al que habrían sido sometidos cuatro ciudadanos chilenos capturados a bordo de la flotilla humanitaria Global Sumud, interceptada el 18 de mayo frente a las costas de Chipre por fuerzas navales israelíes. Los chilenos identificados son Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau e Ignacio Ladrón de Guevara.
Desde Israel, donde VDI Global opera y donde vivimos en carne propia lo que significa enfrentar el terrorismo organizado y sus redes de propaganda internacional, esta declaración de la Cancillería chilena nos genera una reacción que va más allá del desacuerdo político. Nos genera indignación y perplejidad en partes iguales. Indignación, porque el gobierno de Kast — al que muchos de quienes leen esta tribuna le dieron su voto — acaba de validar el relato de organizaciones cuya función principal es blanquear el terrorismo palestino y deslegitimar al Estado de Israel ante la opinión pública mundial. Y perplejidad, porque se esperaba exactamente lo contrario de esta administración.
Expresamos desde aquí nuestra más enérgica protesta por esta declaración. Y lo hacemos con argumentos, con datos y con la claridad que permite vivir en el único país del mundo que enfrenta una amenaza de exterminio permanente y documentada.
Lo que ocurrió: una operación de propaganda, no una misión humanitaria
Conviene ser precisos sobre lo que fue la flotilla Global Sumud antes de discutir el trato dado a sus pasajeros. No fue una misión de ayuda humanitaria en el sentido genuino del término. Fue una operación de propaganda política de alta visibilidad, organizada y financiada por redes identificadas con la peor izquierda internacional, en las que participan activamente el Partido Comunista y organizaciones cuya función documentada es blanquear el terrorismo palestino y construir relatos de deslegitimación del Estado de Israel ante los organismos internacionales y la opinión pública.
La flotilla estaba compuesta por 41 embarcaciones con aproximadamente 430 activistas a bordo, todos deportados desde el puerto de Ashdod tras la interceptación. No venían a entregar medicamentos ni alimentos por canales acordados con las autoridades israelíes. Venían a forzar un bloqueo naval en el contexto de una guerra activa, a generar imágenes de confrontación con las Fuerzas de Defensa de Israel y a alimentar el ciclo mediático internacional de condena al Estado judío. Eso no es humanitarismo. Es activismo político de combate disfrazado de altruismo.
Israel tiene derecho — reconocido en el derecho internacional — a controlar sus fronteras marítimas, especialmente en contexto de guerra. El bloqueo naval de Gaza existe porque desde ese territorio se han lanzado miles de cohetes contra población civil israelí, porque Hamas utiliza la infraestructura civil para fines militares documentados y porque el contrabando de armas por vía marítima es una amenaza real y verificada. No es un capricho ni una crueldad. Es una necesidad estratégica de defensa.
La fotografía que escandalizó a la Cancillería y lo que realmente muestra
El detonante de la declaración de Cancillería fue un video publicado en redes sociales por el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, en el que se observa a detenidos reducidos por las fuerzas militares israelíes, arrodillados con las manos atadas, mientras Ben Gvir los muestra con la leyenda "Bienvenidos a Israel." El video generó polémica internacional, incluyendo críticas desde Italia por parte de la premier Giorgia Meloni.
Corresponde decirlo con claridad: el video de Ben Gvir fue innecesario en su forma comunicacional y le dio munición gratuita a la maquinaria de propaganda anti-israelí. Eso es un error de imagen que Israel pagará en la arena diplomática. Sin embargo, una cosa es el video de Ben Gvir y otra muy distinta es la reducción misma de los activistas que motiva la protesta formal de la Cancillería chilena. Y ahí es donde el gobierno de Kast se equivocó de objetivo.
Hagamos la pregunta que la Cancillería no se hace: ¿qué hace cualquier fuerza de seguridad del mundo cuando intercepta una embarcación no autorizada que intenta forzar un bloqueo naval en zona de conflicto activo? La responde con guantes de terciopelo, sirviéndoles té y conversando en tono dialogante. No. Los reduce. Les ata las manos. Los pone boca abajo. Así funciona cualquier operación de control de personas en contexto de riesgo de seguridad, desde las redadas antinarcóticos en Chile hasta los operativos portuarios en cualquier país del mundo.
¿Alguien en el Ministerio de Seguridad de Chile le atribuiría el calificativo de "trato degradante" a sus propias fuerzas policiales cuando reducen a sospechosos durante un allanamiento? La pregunta se responde sola. Y si la respuesta es no — como debería ser — entonces la Cancillería está aplicando un estándar completamente diferente a Israel del que aplicaría a Chile. Eso se llama doble estándar. Y cuando ese doble estándar favorece consistentemente a los aliados del terrorismo, tiene un nombre más preciso: sesgo político.
Víctor Chanfreau: el "niñito prodigio" que la Cancillería acaba de convertir en víctima
Entre los cuatro chilenos capturados en la flotilla se encuentra Víctor Chanfreau. El apellido no es casual ni inocente en la historia política chilena. Víctor Chanfreau es heredero de una trayectoria familiar profundamente ligada a la izquierda militante chilena, con todo lo que eso implica en términos de posicionamiento político, vínculos ideológicos y compromisos de acción. Que alguien con ese perfil esté en una flotilla de activistas pro-Gaza junto a organizaciones vinculadas al Partido Comunista y redes de blanqueo del terrorismo palestino no es coincidencia. Es coherencia biográfica.
Al emitir su declaración de "malestar" y llamar "trato degradante" a la reducción legítima de estos activistas, la Cancillería chilena hizo algo políticamente gravísimo: les otorgó el estatus de víctimas. Los transformó de activistas voluntarios que eligieron libremente participar en una operación de propaganda política de alto riesgo — sabiendo perfectamente lo que enfrentaban — en ciudadanos agraviados por el Estado de Israel que merecen la protección formal del gobierno de Chile.
Ese es el error de fondo. No la preocupación por los ciudadanos chilenos — que es legítima y obligatoria para cualquier cancillería del mundo — sino el encuadre. Hay una diferencia enorme entre una gestión consular discreta para asegurar que los detenidos sean tratados conforme a las normas aplicables y deportados con seguridad, que es lo que corresponde, y una declaración pública de "malestar" que adopta el lenguaje y el marco conceptual de las organizaciones pro-Hamas para criticar a Israel. La Cancillería Kast hizo lo segundo.
Lo que el 7 de octubre de 2023 tiene que ver con esto
No es posible hablar de la flotilla y de la reacción de la Cancillería sin mencionar lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023. Porque los activistas capturados en la Global Sumud no son neutrales en ese evento. Las organizaciones que financiaron y organizaron esta flotilla son las mismas que, en las horas posteriores al mayor ataque terrorista contra judíos desde el Holocausto, salieron a celebrar, a justificar o a relativizar la masacre. Las mismas que llamaron "resistencia" a la violación sistemática de mujeres israelíes. Las mismas que difundieron los propios videos que Hamas filmó de sus crímenes como si fueran documentos de lucha legítima.
El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamas asesinaron, violaron, mutilaron y secuestraron a más de mil personas en Israel. Documentaron sus propias atrocidades y las difundieron en redes sociales para regocijo de sus seguidores. Esos seguidores incluyen a las redes que organizaron la flotilla Global Sumud. Cuando la Cancillería chilena habla de "trato degradante" en referencia a personas arrodilladas con las manos atadas después de intentar forzar un bloqueo naval israelí, está comparando implícitamente esa reducción con algo reprochable. Y lo hace ignorando olímpicamente lo que las organizaciones que esas personas representan consideran aceptable hacer con civiles israelíes.
Esa asimetría moral es inaceptable. Y que provenga de un gobierno que prometió una política exterior diferente a la de Boric lo hace doblemente desconcertante.
El reclamo al gobierno que nos dio nuestra confianza
Corresponde ser explícito en esto porque la honestidad editorial lo exige. Quienes en VDI Global apoyamos la candidatura de José Antonio Kast lo hicimos convencidos de que su política exterior sería radicalmente distinta a la del gobierno de Gabriel Boric, que se distinguió por un alineamiento sistemático con el discurso anti-israelí, por el retiro del embajador chileno de Tel Aviv y por una retórica que adoptaba sin matices el marco conceptual de las organizaciones más hostiles al Estado de Israel en América Latina.
La declaración de Cancillería del 20 de mayo de 2026 no está a la altura de esa expectativa. No pedimos que el gobierno de Chile ignore a sus ciudadanos en el extranjero. Eso sería absurdo. Pedimos que la gestión de su protección consular no adopte el lenguaje, el encuadre político y la lógica argumental de las organizaciones pro-Hamas que organizaron la flotilla. Hay una forma de ocuparse de los ciudadanos chilenos detenidos sin validar a las organizaciones que los pusieron en esa situación. Y esa forma, lamentablemente, no fue la que eligió esta Cancillería.
Nuestra protesta es clara, directa y sin matices: el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno Kast erró en su declaración de este miércoles. Erró en el tono, erró en el lenguaje y — lo más grave — erró en el bando en que implícitamente se ubicó. Esperamos que sea un error puntual de gestión diplomática y no una señal de hacia dónde se orienta la política exterior de esta administración en los próximos cuatro años.
Chile merece un gobierno que sepa distinguir entre sus ciudadanos y las causas políticas que algunos de ellos deciden abrazar voluntariamente. Y que cuando esas causas implican respaldar a organizaciones vinculadas al terrorismo, tenga la claridad moral de no tratarlos como víctimas inocentes.
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