Una deuda de arriendo. Un empresario chino con "amplias redes" en el país. Una diputada que hoy es senadora y que, entre 2022 y 2025, dejó que esa deuda creciera hasta los $28 millones antes de saldarla —justo después de que el caso se hiciera público— con un préstamo de un familiar. Detrás de esa historia doméstica hay algo más serio: una investigación penal abierta por el Ministerio Público por presunto tráfico de influencias, gestiones ante autoridades de gobierno a pedido de ese mismo empresario, y un patrón de cercanía personal, política y financiera que la senadora Karol Cariola (PC) todavía no logra despejar del todo.

Esto es lo que arrojan los antecedentes bancarios, la declaración judicial de la propia Cariola y los descargos de los abogados involucrados.

La deuda del departamento en Providencia

Cariola arrendó un departamento en calle Suecia, en Providencia, entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2025. Según su propia declaración ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper —quien investiga la causa por posible tráfico de influencias—, el trato no fue directo con el dueño del inmueble, el también ciudadano chino Hong Chen, sino a través de un intermediario: el empresario Bo "Emilio" Yang.

"Hicimos un contrato verbal con Emilio, es decir, Emilio como intermediario", declaró Cariola. "No hicimos contrato escrito porque parece que el dueño estaba fuera de Chile y Emilio me dijo que bastaba el contrato verbal."

El arriendo partió en $950 mil mensuales, pero pronto subió a $1.150.000 por lo que Yang describió como una "confusión". Cariola se negó a pagar la diferencia de inmediato y acordó con Yang que la deuda se acumulara para saldarla al término del contrato. De los 37 meses que duró el arriendo, sólo hay registro de transferencias en 16.

El 3 de marzo de 2025, mientras Cariola se encontraba en trabajo de parto, su domicilio fue allanado por el caso Chinamart. Semanas después, el 31 de marzo, terminó el contrato de arriendo. Recién en julio de 2025 —con el caso ya destapado— la senadora saldó la deuda mediante un cheque nominativo por $28.145.091 a nombre de la sociedad de Yang, Fanáticos X Coo. Para reunir el dinero, un primo le prestó $20 millones obtenidos mediante un crédito bancario.

Bo Yang confirmó el pago en una constancia notarial firmada en la Octava Notaría de Santiago, que fija el canon de arrendamiento en $1.168.230 mensuales e incluye $520 mil por indemnización de término anticipado. Descontado ese ítem, la deuda de arriendo propiamente tal llegó a $27.625.000.

Desde el entorno de Cariola sostienen una versión distinta sobre el monto: que no debía la totalidad de los meses sin registro de pago, sino solo aquellos en que efectivamente ocupaba el departamento —ya que pasaba buena parte del tiempo en Viña del Mar— y que el cálculo final incluyó otros conceptos, como arreglos del inmueble.

El abogado de Cariola, Juan Carlos Manríquez, defiende que todo estuvo pactado desde el inicio: "La senadora explicó con claridad ante el fiscal que estaba pactado previamente en el acuerdo contractual la modalidad de pago de varios ítems relativos al costo del departamento, y que este se realizaría al cierre del contrato de arriendo con todas las compensaciones correspondientes al término anticipado. El monto total y los detalles fue acordado entre los abogados de ambas partes y fue pagado íntegramente por la senadora."

El abogado de Yang, Luis Inostroza, es igual de categórico: "El cierre del contrato está apegado a los términos del acuerdo entre las partes, esto ya ha sido explicado, como consta en la carpeta de investigación en forma y fondo y es perfectamente ajustado a derecho."

El origen de todo: la patente de alcoholes de Chinamart

La causa por tráfico de influencias no nació de la deuda del departamento, sino de un peritaje telefónico much más lejano en apariencia: el celular de la entonces alcaldesa de Santiago (hoy diputada) Irací Hassler, también del Partido Comunista, incautado por el caso Sierra Bella. De ese dispositivo se extrajeron conversaciones de febrero de 2022 entre Hassler y Cariola sobre un local llamado Chinamart, en Gorbea 2727, al que la Municipalidad no le había renovado la patente de alcoholes.

"¿Tú crees que se pueda hacer algo? ¿Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?", preguntó Cariola a Hassler. La entonces diputada describió el negocio como propiedad de "amigos chinos empresarios" —una referencia a Bo Yang—, aunque los verdaderos dueños de Chinamart eran los empresarios Xinping Wang y Gongxiang Chen; Yang, según la propia declaración de Cariola, actuaba más bien como una suerte de lobista o gestor.

Hassler instruyó al coordinador del Departamento de Actividades Comerciales, Reynaldo Morales, para que contactara a Yang y buscara una solución. Pese a la gestión, la decisión municipal de no renovar la patente se mantuvo. Es decir: la intervención de Cariola no logró revertir el resultado, pero sí quedó registrada como una gestión concreta, a nombre de un privado, ante una autoridad de un partido propio.

Cómo empezó la amistad

Según relató la propia Cariola a los investigadores, su vínculo con Yang se remonta a fines de 2021, cuando el empresario le envió una postal navideña y le pidió conversar, aprovechando que ella era vicepresidenta del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno-Chino. De ahí surgió un almuerzo en un restaurante del sector oriente de Santiago.

"En esa conversación él me comentó sobre su interés en la política nacional, dado que estudiaba ciencias políticas, también me contó sobre cómo había vivido su estadía en Chile, y algunos aspectos de su vida personal y familiar", relató Cariola. "Posterior al encuentro que fue amistoso y cordial, con el tiempo seguimos construyendo un vínculo cercano, dado que ambos estábamos viviendo cosas similares en lo personal."

Ese vínculo se tradujo, meses después, en que fuera el propio Yang quien le recomendara el departamento de calle Suecia cuando Cariola necesitaba mudarse. Y también en que Yang oficiara de intermediario para el cumpleaños de la entonces diputada en abril de 2022, celebrado en el restaurante Bellorín de Providencia, al que asistió —incluso brevemente— el recién asumido presidente Gabriel Boric. Yang gestionó la reserva por conocer al dueño del local, y Cariola le depositó $700 mil para que se los transfiriera al propietario.

El ciudadano detenido en el aeropuerto

La cercanía con Yang tuvo una tercera derivada, esta vez con el Ejecutivo. En octubre de 2022, a petición del empresario, Cariola intervino ante el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por un ciudadano chino retenido al llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez.

"No tenía ningún interés personal por el ingreso de este ciudadano extranjero", afirmó Cariola en su declaración. "Emilio Yang me comentó que esta persona estaba retenida (...) por haber perdido sus documentos. (...) Me planteó que podía ser una vulneración de derechos. Ante esa situación yo decidí consultar al subsecretario del Interior cuál era la situación de esta persona, quien me respondió que la persona tenía antecedentes criminales graves y le dije que entonces tenía que salir del país si eso era así."

El ciudadano en cuestión era Pingyingdi Weng, condenado por facilitación de la prostitución internacional y con un decreto de expulsión vigente. Weng logró ingresar a Chile el 10 de octubre de 2022, tras más de 72 horas retenido, luego de que la PDI determinara que debía cumplir primero tres años de libertad vigilada intensiva antes de que operara la expulsión.

El abogado de Yang defendió la gestión como parte del rol gremial de su cliente: "La consulta de mi representado fue en su calidad de dirigente gremial. Con todo, de acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, este ciudadano obtuvo aclaración de su situación a través de un recurso de amparo y con posterioridad realizó una actividad migratoria normal en nuestro país, sin inconvenientes ni administrativos ni de otro tipo."

La sombra de la mafia china

El expediente contra Cariola no incluye acusaciones de vínculos de Bo Yang con redes criminales, pero el contexto público sí las ha puesto sobre la mesa. Según un reportaje del Informe Especial de Canal 24 Horas, el principal socio de Yang en Chinamart fue acusado por una mujer de nacionalidad china de liderar una red de trata de personas y explotación sexual. El mismo reportaje señaló que el domicilio comercial de Fanáticos X Coo —la sociedad de Yang a la que Cariola pagó la deuda del arriendo—, ubicado en Conferencia 328, fue allanado durante la indagatoria de esa red, por corresponder también a la dirección de otra firma investigada, Sinocorp.

El abogado de Yang niega cualquier vínculo: "Bo Yang no posee participación en Chinamart" y los hechos apuntados por Canal 24 Horas "no corresponden en nada" a su cliente. Sobre el allanamiento, explicó que la dirección corresponde a la empresa de contabilidad Sinocorp, a la que Yang y otros ciudadanos chinos encargaron en 2019 la constitución de una sociedad homónima —una segunda "Fanáticos X Coo"— que, según asegura, "nunca funcionó ni tuvo iniciación de actividades". "Para todos los efectos me es importante aclarar que mi representado no tiene ninguna otra vinculación ni otra calidad procesal por otra causa penal diferente a la comentada al inicio de este comunicado", cerró Inostroza.

Lo que está probado y lo que está en investigación

Conviene separar con precisión lo que los propios antecedentes acreditan de lo que aún es materia de investigación:

Lo acreditado por documentos y declaraciones: la deuda de $28 millones existió y fue pagada; Yang intermedió el arriendo, el cumpleaños y al menos dos gestiones ante autoridades (la patente de Chinamart ante Hassler, y el caso del ciudadano detenido ante Monsalve); la amistad entre Cariola y Yang es real y reconocida por la propia senadora; el pago final se hizo con ayuda de un préstamo familiar.

Lo que investiga el Ministerio Público: si esas gestiones de Cariola a favor de los intereses de Yang, sostenidas en el tiempo mientras acumulaba una deuda personal con él, constituyen tráfico de influencias —esto es, si la relación de deuda y cercanía condicionó o buscó beneficiar indebidamente al empresario ante decisiones de autoridades públicas.

Lo que no está acreditado, y que ambas partes niegan categóricamente: cualquier vínculo directo de Bo Yang con redes de trata de personas o explotación sexual, o con el caso conocido públicamente como "mafia china". Las menciones a esa causa provienen de un reportaje de otro medio y de la coincidencia de un domicilio comercial, no de la carpeta investigativa que pesa sobre Cariola.

La distinción importa. Extender el peso de una acusación de red criminal —no formulada contra Yang en esta causa— para calificar el conjunto del caso sería ir más allá de lo que la evidencia permite. Lo que sí está establecido, y es motivo suficiente de escrutinio público sobre una senadora en ejercicio, es el patrón: una deuda personal impaga durante tres años con un empresario extranjero, gestiones activas a favor de ese mismo empresario ante autoridades de su propio sector político y del gobierno, y el pago de esa deuda recién cuando el caso se hizo público. Eso, más allá de cómo termine la causa penal, ya es un problema de transparencia y de límites entre lo personal y lo público que la senadora deberá seguir explicando.