El pleno de 18 magistrados que decide la remoción de 58 jueces por licencias médicas fraudulentas está lejos de ser un bloque unido. Una investigación de Ex-Ante identificó, por primera vez con nombre y apellido, quiénes son los ministros supremos que respaldan la ofensiva de probidad de la presidenta Gloria Ana Chevesich, y quiénes —con votos ya documentados en casos anteriores— se inclinan hacia la protección corporativa de los jueces investigados. El propio pronóstico interno anticipa que serán removidos entre 12 y 40 magistrados, un rango tan amplio que confirma la incertidumbre del resultado.

Un mecanismo "extraordinario" que nunca se había usado así

Fue la propia Chevesich quien impulsó la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que permite a la Suprema declarar que un juez "no ha tenido buen comportamiento" y acordar su remoción por mayoría. Según fuentes judiciales consultadas por Ex-Ante, el mecanismo ha sido calificado de extraordinario porque nunca antes había sido utilizado de forma tan masiva: 58 jueces investigados simultáneamente. La propia presidenta ha defendido públicamente su ofensiva señalando que el Poder Judicial debe reaccionar frente a conductas que "deterioran su estatura moral y degradan su credibilidad".

El bloque que protege: Repetto, Silva y Llanos

El nombre más relevante entre los críticos de la estrategia de Chevesich es el de María Angélica Repetto, quien —junto a los supremos Mauricio Silva y Leopoldo Llanos— votó reiteradamente contra la apertura de cuadernos de remoción cuando los hechos ya habían sido objeto de procedimientos disciplinarios previos. Es un dato con carga política adicional: a fines de 2025, el nombre de Repetto había sido levantado como competencia de Chevesich por la presidencia de la propia Corte Suprema. Algunos magistrados critican, además, que se haya citado al pleno mientras Repetto estaba de vacaciones, junto a otros tres ministros titulares —Adelita Ravanales, Mireya López y Dinko Franulic—, actualmente reemplazados por jueces suplentes de cortes de apelaciones.

Silva y Llanos son descritos por Ex-Ante como ministros "considerados más cercanos a los gremios", mientras que Manuel Valderrama también aparece situado, según fuentes ligadas al Poder Judicial, entre los "reticentes" a la estrategia de la presidenta, aunque sin certeza sobre su voto final.

El bloque que respalda: la vieja guardia de la Cuarta Sala

Chevesich cuenta con un núcleo de aliados construido a lo largo de años de trabajo compartido en la Cuarta Sala de la Corte Suprema, especializada en materias laborales. Su principal aliada sería Andrea Muñoz, con quien trabajó durante más de una década en esa sala, y a quien dos fuentes consultadas por Ex-Ante ubican entre los respaldos más sólidos de la presidenta. También aparece Jessica González, quien integró la misma sala y se ubicaría en la misma línea de apoyo. María Cristina Gajardo, otra exintegrante de la Cuarta Sala, respaldó en junio la apertura de los cuadernos de remoción, aunque no es descrita como cercana tradicionalmente a las posturas de Chevesich. El expresidente de la Suprema, Ricardo Blanco, definido como un ministro "de centro y pragmático", también figura entre los nombres mencionados como cercanos a la actual presidenta.

El precedente que lo explica todo: el caso Ulloa

El antecedente más revelador de esta investigación es el recuerdo del caso del juez Antonio Ulloa, en 2025. El ministro Arturo Prado —descrito como "impredecible"— había votado a favor de abrir un cuaderno de remoción contra Ulloa por falta de imparcialidad y violación del deber de reserva, pero sorpresivamente votó en contra de removerlo, junto con Valderrama, Silva, Repetto, Ravanales y los ex jueces María Teresa Letelier y Diego Simpértigue. Ese sector argumentó que una destitución no podía responder a "presiones mediáticas o políticas", poniendo énfasis en la independencia judicial.

En el bando contrario, siete magistrados —Chevesich, Blanco, Muñoz, Llanos, Melo, López y la suplente Eliana Quezada— votaron por la destitución de Ulloa. El empate resultante permitió que Ulloa se mantuviera en el cargo, hasta que semanas después fue destituido por una acusación constitucional en el Senado, es decir, por la vía política, no por la propia judicatura.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que esta investigación de Ex-Ante confirma, con nombres y votaciones documentadas, exactamente el riesgo que hemos advertido en nuestras coberturas anteriores sobre este proceso: la Corte Suprema no enfrenta este caso como una institución cohesionada en torno a un estándar único de probidad, sino como un pleno fracturado donde conviven al menos dos bloques con visiones opuestas sobre qué significa realmente sancionar a un juez.

El precedente del caso Ulloa es, a nuestro juicio, la evidencia más contundente disponible hasta ahora: un ministro votó primero a favor de abrir el proceso y después en contra de la destitución, en un empate que terminó salvando al juez cuestionado por la vía judicial, para que finalmente fuera el Senado —una instancia política, no judicial— quien resolviera lo que la propia Corte Suprema no logró resolver internamente. Si ese mismo patrón de votación se repite en los 58 casos actuales, el pronóstico de que "solo" entre 12 y 40 magistrados sean removidos podría terminar siendo, en la práctica, un fracaso de la ofensiva de probidad que Chevesich se propuso liderar desde enero.

Valoramos que la presidenta haya optado por utilizar un mecanismo constitucional extraordinario para enfrentar un problema de esta escala, y coincidimos plenamente con su diagnóstico público: conductas de este tipo "deterioran la estatura moral y degradan la credibilidad" del Poder Judicial, exactamente la crisis de confianza que documentamos con la encuesta Cadem hace pocos días. Pero la fragmentación del propio pleno —con ministros que anteponen la "independencia judicial" para proteger a colegas ya sancionados o absueltos en procesos disciplinarios previos— es precisamente el tipo de corporativismo que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar.

Lo que corresponde exigir

• Que se transparente, una vez concluido el proceso, el detalle completo de cómo votó cada uno de los 18 ministros en cada uno de los 58 casos, replicando el nivel de detalle que hoy conocemos gracias al caso Ulloa.
• Que la Corte Suprema explique públicamente si el criterio de "no revisar hechos ya sancionados disciplinariamente" —invocado por el bloque crítico— tiene aplicación uniforme, o si se utiliza selectivamente según el magistrado involucrado.
• Que se evalúe, hacia el futuro, un mecanismo que impida empates estructurales como el del caso Ulloa, que terminan trasladando decisiones de probidad judicial al ámbito político del Congreso.
• Que Chevesich rinda cuentas públicas sobre el resultado final de su ofensiva, sea cual sea el número de removidos, dado que ella misma la ha definido como su prueba de liderazgo más relevante desde que asumió la presidencia.

Conclusión

La Corte Suprema no enfrenta el proceso de remoción de 58 jueces como una institución unificada en su compromiso con la probidad, sino como un pleno dividido entre quienes respaldan la ofensiva de Chevesich y quienes, con el precedente del caso Ulloa como advertencia, podrían volver a proteger a colegas cuestionados bajo el argumento de la independencia judicial. El resultado final —entre 12 y 40 removidos, según las propias estimaciones internas— será la prueba definitiva de si el máximo tribunal chileno está dispuesto a limpiar sus propias filas, o si repetirá el patrón que ya conocemos. VDI Global seguirá de cerca el desenlace de este proceso hasta que se conozca el resultado final del pleno.