El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió este lunes en la Residencia Presidencial de Jerusalén las cartas credenciales del nuevo embajador de Chile, Gabriel Zaliasnik Schilkrut, en una ceremonia que formalizó el retorno de la representación diplomática chilena en Israel después de casi tres años de distanciamiento. "Durante mi excelente reunión con el Presidente Kast en mayo, me informó que pronto regresaría el embajador de Chile en Israel. Ahora me complace dar la bienvenida al embajador Zaliasnik aquí en Israel", señaló Herzog, calificando el momento como un "hito" en las relaciones bilaterales. El acto, sin embargo, es mucho más que un trámite protocolar: representa la culminación de uno de los giros más marcados de la política exterior chilena en la última década, y reabre una discusión que en Chile lleva casi tres años sin resolverse: cómo equilibrar la relación con Israel sin renunciar a la histórica cercanía del país con la causa palestina.

El quiebre: por qué Chile se quedó sin embajador en Israel

Para entender el peso simbólico de la ceremonia de este lunes hay que remontarse al 31 de octubre de 2023, apenas tres semanas después del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre. En medio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el entonces presidente Gabriel Boric anunció que su Gobierno había resuelto llamar a consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, calificando la conducta israelí en Gaza como una violación inaceptable del derecho internacional humanitario. Boric acompañó la decisión con una serie de declaraciones públicas —incluyendo la cita de cifras de Unicef sobre niños heridos o asesinados diariamente— que profundizaron la tensión con el Gobierno israelí, aunque el propio mandatario chileno insistió en que la medida no implicaba condonar los ataques y secuestros perpetrados por Hamás.

La decisión generó una fuerte reacción interna. La Comunidad Judía de Chile entregó una carta en La Moneda pidiendo revertir la medida, mientras que sectores de oposición, entre ellos el hoy presidente José Antonio Kast, calificaron la postura de Boric como una vergüenza para el país. El embajador Carvajal, aunque formalmente mantuvo su cargo, permaneció trabajando desde Santiago de manera indefinida, en los hechos una representación diplomática degradada que se prolongó, sin resolverse, durante el resto del mandato de Boric. Esa situación —Chile sin un embajador desplegado en Tel Aviv, mientras Israel sí mantenía representación plena en Santiago— se transformó en uno de los puntos de fricción más persistentes entre el Gobierno saliente y los sectores que reclamaban una política exterior más equidistante o más favorable a Israel, en un contexto en que la guerra en Gaza se extendió por casi dos años y generó decenas de miles de víctimas civiles palestinas, según cifras de organismos de la ONU y del propio Ministerio de Salud de Gaza.

El giro bajo Kast: de la promesa de campaña a la designación

El actual presidente José Antonio Kast había señalado durante su campaña presidencial su intención de revisar la política exterior chilena hacia Israel, en lo que sus asesores describieron como una corrección del "desequilibrio" que, a su juicio, había instalado la administración Boric. Antes incluso de asumir, trascendió que el entonces presidente electo israelí Benjamin Netanyahu buscaría llamarlo para felicitarlo por su triunfo electoral, gesto que finalmente no se concretó, pero que ya había generado un comunicado de protesta de la Comunidad Palestina de Chile, la mayor del mundo fuera del Medio Oriente, con una población estimada en cerca de 500.000 descendientes.

El punto de inflexión llegó en mayo de 2026, cuando Kast se reunió con Herzog durante una visita a Costa Rica, encuentro en el que —según el propio relato del mandatario israelí durante la ceremonia de este lunes— el presidente chileno le adelantó su intención de restituir pronto al embajador chileno en Israel. Ese encuentro bilateral, que no formaba parte de una gira oficial a Medio Oriente sino que ocurrió al margen de una cumbre regional en Centroamérica, ilustra bien el carácter deliberado y planificado de la normalización: no fue una decisión improvisada, sino el resultado de gestiones diplomáticas sostenidas durante los primeros meses del Gobierno de Kast. Días después, Kast incorporó a su equipo de asesores internacionales al abogado Eitam Bloch, una figura con vínculos estrechos con organizaciones sionistas en Argentina, Estados Unidos e Israel, un nombramiento que varios analistas locales interpretaron como una señal adicional de la orientación que tomaría la política exterior del nuevo Gobierno hacia Medio Oriente. El 4 de junio de 2026, Kast formalizó la designación de Gabriel Zaliasnik como nuevo embajador de Chile en Israel, poniendo fin a más de dos años sin representación diplomática plena en Tel Aviv.

Un embajador que llega con una biografía cargada de controversia

La elección de Zaliasnik no fue una decisión neutra desde el punto de vista simbólico. El abogado penalista, de 58 años, es hijo de una familia judía de origen ucraniano —su padre llegó a Chile en la década de 1950 como profesor de judaísmo y hebreo— y fue presidente de la Comunidad Judía de Chile entre 2006 y 2010. Además de su carrera como litigante y socio fundador del estudio Albagli Zaliasnik, Zaliasnik ha mantenido una presencia pública activa a través de columnas de opinión en las que ha defendido la ofensiva militar israelí en Gaza tras los ataques de Hamás de 2023, y en las que —según ha documentado la propia Comunidad Palestina de Chile— se refiere a Cisjordania utilizando la nomenclatura bíblica de "Judea y Samaria", en línea con la terminología empleada por el actual Gobierno israelí de Netanyahu, en lugar de los términos de "territorios palestinos ocupados" que ha usado tradicionalmente la diplomacia chilena y buena parte del derecho internacional.

Esa trayectoria pública es, precisamente, el corazón del rechazo que generó su nombramiento entre la Comunidad Palestina de Chile. Su presidente, Maurice Khamis Massú, calificó la designación como una decisión "gravísima" y advirtió que el nombramiento no representa una señal de equilibrio diplomático, sino una validación política de posiciones que, a su juicio, han estigmatizado a la comunidad palestina residente en Chile. La organización también expresó dudas sobre la capacidad de Zaliasnik para representar con imparcialidad los intereses de los ciudadanos chilenos de origen palestino frente a eventuales controversias con las autoridades israelíes, y sostuvo que el nombramiento se aleja de los principios que históricamente han guiado la política exterior chilena hacia el conflicto palestino-israelí. El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, ofreció la lectura opuesta, calificando el nombramiento como un paso importante para fortalecer los vínculos entre ambos países tras más de dos años sin representación diplomática.

La comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente

El peso de esta controversia solo se entiende cabalmente considerando un dato que distingue a Chile de prácticamente cualquier otro país occidental: alberga la comunidad de origen palestino más numerosa fuera del propio Medio Oriente, estimada en alrededor de 500.000 personas, producto de sucesivas olas migratorias que se remontan a fines del siglo XIX. Esa comunidad tiene una presencia política, económica y cultural significativa en Chile, y ha sido tradicionalmente uno de los factores que ha empujado a la política exterior chilena —independientemente del color político del Gobierno de turno— hacia una postura de mayor cercanía o al menos de equilibrio con la causa palestina, en contraste con otros países de la región. Cuando en marzo de 2026 se conocieron los primeros rumores sobre la eventual designación de Zaliasnik, se registró lo que medios locales describieron como la mayor protesta de la comunidad palestina en la historia reciente del país, con cientos de miles de manifestantes en las calles, un antecedente que anticipó la magnitud de la reacción que generaría la confirmación oficial del nombramiento en junio.

Ese contrapeso demográfico y político es, en gran medida, lo que explica por qué la política exterior chilena hacia Israel y Palestina ha sido tradicionalmente descrita como una política de Estado, sostenida con matices por gobiernos de distintos signos, antes de que el estallido de la guerra en Gaza en 2023 la convirtiera en uno de los ejes más polarizantes del debate público chileno. El giro que representa la administración Kast —al restablecer plenamente la representación diplomática y designar a una figura con un perfil públicamente identificado con posiciones favorables al Gobierno israelí— constituye, en ese sentido, una ruptura explícita con ese intento histórico de equidistancia, y no solo un simple trámite de normalización diplomática.

Antecedentes: una política de Estado que Piñera diseñó como equidistante

La relación de Chile con Israel y Palestina no nació con el quiebre de 2023. Sus fundamentos actuales se remontan a enero de 2011, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera —bajo cuyo primer Gobierno se firmó el reconocimiento oficial de Chile al Estado de Palestina como nación "libre, independiente y soberana"— dejó explícita la doctrina que guiaría la política exterior chilena hacia el conflicto durante más de una década: el apoyo al derecho del pueblo palestino a constituirse en un Estado independiente debía ir de la mano con el respaldo pleno al derecho del Estado de Israel a existir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Ese reconocimiento a Palestina, que convirtió a Chile en uno de los primeros países de la región en dar ese paso —junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador—, se apoyó explícitamente en la existencia de la mayor comunidad de origen palestino fuera del mundo árabe, entonces estimada en 400.000 personas, y fue acompañado meses después por una visita oficial de Piñera tanto a Israel como a los territorios palestinos, en un intento deliberado de mantener el equilibrio entre ambas partes.

Ese diseño de política de Estado —reconocer a Palestina sin renunciar al vínculo con Israel— se sostuvo, con matices, durante los Gobiernos posteriores, incluyendo el segundo mandato del propio Piñera y los períodos de Michelle Bachelet. Fue recién la escalada de la guerra en Gaza a partir de octubre de 2023 la que llevó a la administración Boric a romper, en los hechos, ese equilibrio histórico, al calificar la conducta militar israelí como una violación del derecho internacional humanitario y degradar la representación diplomática chilena en Tel Aviv, una medida que ningún Gobierno chileno había adoptado previamente pese a las sucesivas rondas de violencia que marcaron el conflicto desde 1948. La normalización que formalizó esta semana la administración Kast no es, por tanto, un simple regreso al statu quo previo a 2023: es una restitución que ocurre bajo un Gobierno que ha optado por hacerlo a través de un embajador cuyo perfil público se aleja, de manera más explícita que cualquier antecesor, de la equidistancia que Piñera había intentado consagrar como doctrina permanente.

El contexto regional: Gaza, el plan de paz y el rol de Chile

La restitución del embajador chileno no ocurre en el vacío, sino en medio de un proceso más amplio de recomposición diplomática en Medio Oriente. Durante la misma ceremonia en que recibió las credenciales de Zaliasnik, Herzog valoró los avances del plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que sienta las bases para una nueva fase en Gaza centrada en el desarme de Hamás y la instauración de un gobierno de tecnócratas en el enclave, bajo la supervisión de un organismo internacional denominado Consejo de Paz para Gaza. Herzog calificó ese proceso como "un paso muy positivo", aunque con la salvedad explícita de que Hamás debe ser desarmado por completo, y expresó su esperanza de reanudar el diálogo con los palestinos "en todos los frentes".

En ese mismo acto, Herzog recibió también las credenciales de los nuevos embajadores de Alemania, Nigeria, Georgia, Sri Lanka y Honduras, país centroamericano que, según destacó el propio mandatario israelí, retoma su representación diplomática en Israel por primera vez desde los atentados del 7 de octubre de 2023, en un proceso paralelo al chileno. La coincidencia no es casual: varios países latinoamericanos redujeron o retiraron su representación diplomática en Israel tras el inicio de la ofensiva militar en Gaza, y la ceremonia de este lunes sugiere que, con el eventual avance del plan de paz impulsado por Washington, distintos gobiernos de la región están recomponiendo sus vínculos con Jerusalén, en un movimiento que no se limita a Chile pero que en el caso chileno adquiere una dimensión particular por el tamaño de su comunidad palestina.

Esta recomposición diplomática ocurre, además, en un momento de particular fragilidad política interna para el propio Gobierno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta un escenario electoral incierto en 2026, con encuestas y análisis políticos locales que cuestionan si logrará mantenerse en el poder, en un contexto marcado por el desgaste de casi dos años de guerra, el propio proceso judicial que pesa sobre el mandatario y las tensiones dentro de su coalición de Gobierno respecto de cómo cerrar el conflicto en Gaza. Ese trasfondo de incertidumbre interna añade una capa adicional de relevancia al hecho de que Chile decida normalizar su relación diplomática justamente en este momento: para Jerusalén, cada gesto de respaldo internacional —como la llegada de nuevos embajadores dispuestos a reactivar plenamente los vínculos bilaterales— tiene un valor político que trasciende lo estrictamente protocolar, en la medida en que contribuye a proyectar una imagen de normalidad y respaldo externo en medio de un año electoral desafiante.

Ese giro chileno hacia Israel se produce, además, en un momento en que la tendencia diplomática global se mueve, en varios frentes, en la dirección contraria: en los últimos años, más de 150 Estados miembros de la ONU han formalizado su reconocimiento a Palestina como Estado independiente, incluyendo el reconocimiento sumado en 2025 por potencias occidentales como el Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, países que hasta entonces se habían mantenido al margen de esa decisión. Chile, que reconoció a Palestina en 2011, no está revirtiendo ese reconocimiento con la normalización de su embajada en Israel —ambas relaciones diplomáticas, con Israel y con Palestina, siguen vigentes y no son mutuamente excluyentes—, pero la elección del momento y del perfil del embajador sí posiciona al país en un lugar distinto dentro de ese mapa internacional, más cercano a los gobiernos que privilegian la reconstrucción de vínculos con Jerusalén que a los que han intensificado, en el mismo período, su presión diplomática sobre Israel.

Lo que cambia en la práctica: embajada, comercio y cooperación

Más allá de su carga simbólica, la normalización de la representación diplomática tiene implicancias concretas. La reapertura plena de la embajada chilena en Tel Aviv habilita, en los hechos, la reactivación de canales de cooperación bilateral que estuvieron congelados o degradados durante casi tres años, incluyendo intercambios comerciales, cooperación en áreas como tecnología, agricultura y seguridad, y el tipo de gestión consular y diplomática cotidiana que un embajador residente puede ofrecer y que un funcionario despachado desde Santiago, por definición, no puede sostener con la misma continuidad. Para el Gobierno de Kast, que ha hecho de la atracción de inversión extranjera y del fortalecimiento de vínculos económicos internacionales uno de los ejes de su gestión —en línea con la propia Ley de Reconstrucción Nacional que impulsa su ministro de Hacienda—, la normalización con Israel se inscribe también en una lógica más amplia de recomposición de la posición internacional de Chile, más allá de su dimensión estrictamente geopolítica.

Lectura editorial: un giro real, con un costo político que aún no se salda

La ceremonia de Jerusalén cierra, en el plano protocolar, un capítulo de casi tres años de representación diplomática degradada entre Chile e Israel. Pero sería un error leer este hito únicamente como la corrección de una anomalía administrativa. Se trata de un giro deliberado en la orientación de la política exterior chilena hacia uno de los conflictos más polarizantes de la política internacional contemporánea, ejecutado por un Gobierno que llegó al poder prometiendo revertir explícitamente la postura de su antecesor, y que eligió para encabezar esa normalización a una figura cuya trayectoria pública —lejos de proyectar equidistancia— ha sido identificada, incluso por sus críticos más moderados, con una de las partes del conflicto.

Esa elección tiene un costo político que el Gobierno deberá seguir administrando. La reacción de la Comunidad Palestina de Chile —que no cuestiona la normalización diplomática en sí misma, sino el perfil específico del embajador elegido para encabezarla— es un indicador de que el giro no logró, ni pretendió lograr, el consenso transversal que históricamente había caracterizado a la política chilena hacia Medio Oriente. En un país donde la comunidad de origen palestino es, por lejos, la más numerosa fuera de la propia región y tiene una capacidad de movilización política demostrada, ese quiebre del consenso no es un detalle menor: es, probablemente, el principal riesgo político interno que enfrenta esta normalización diplomática hacia adelante.

Al mismo tiempo, resulta legítimo reconocer que mantener a Chile casi tres años sin un embajador desplegado en un país con el que existen relaciones diplomáticas plenas —más allá de las diferencias que un Gobierno pueda tener con las políticas de su contraparte— representaba, en sí mismo, una anomalía dentro de las prácticas diplomáticas convencionales, que normalmente reserva medidas como el llamado a consultas o el retiro de embajadores para situaciones de ruptura más severa. La pregunta que queda abierta, y que el propio desarrollo del plan de paz para Gaza ayudará a responder en los próximos meses, es si Chile logrará sostener esta normalización como una política de Estado capaz de convivir con una crítica firme a eventuales nuevas violaciones del derecho internacional humanitario —como hizo, con matices, el propio Gobierno de Boric en 2023—, o si el perfil del embajador elegido termina por consolidar la lectura de que el país abandonó, en los hechos, su tradicional búsqueda de equidistancia frente a uno de los conflictos más complejos de la política internacional contemporánea. Esa distinción —entre normalizar una relación diplomática y alinearse políticamente con una de las partes del conflicto— será, con toda probabilidad, el criterio con que la Comunidad Palestina de Chile, la oposición y buena parte de la opinión pública evaluarán el desempeño de Zaliasnik en los próximos meses, y el que determinará si este hito queda en la historia como una normalización de Estado o como el símbolo de un realineamiento definitivo de la política exterior chilena.