Hay un momento preciso en la decadencia moral de una sociedad que es más peligroso que el escándalo mismo. No es el momento en que alguien roba. No es el momento en que se descubre el robo. Es el momento en que la sociedad procesa el robo, lo convierte en noticia de ciclo corto, organiza algunas comisiones, anuncia algunos ajustes, y sigue adelante como si nada hubiera cambiado en lo fundamental. Ese es el momento en que la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en una característica del sistema. En que el abuso deja de ser excepcional y se vuelve una estrategia racional.

Chile está en ese momento. Y lo está desde hace más tiempo del que la mayoría está dispuesta a admitir.

Esta semana, una columna publicada en El Líbero por Jorge Jaraquemada lo dijo con una precisión que merece amplificarse: en Chile se habla de probidad con una solemnidad que contrasta de manera escandalosa con la práctica. Tenemos leyes robustas, instructivos, códigos de ética, comités de transparencia y organismos de control. El problema no es normativo. El problema es que la rendición de cuentas —detección, investigación, sanción, prevención— es lenta, porosa y, en ocasiones, transable. Y cuando el costo esperado de infringir las reglas es bajo, el incumplimiento deja de ser excepcional y se vuelve una estrategia.

Esa frase merece repetirse: el incumplimiento se vuelve una estrategia. No un error. No una debilidad ocasional. Una estrategia deliberada, racional, adoptada por personas que han calculado que las probabilidades de ser sancionadas son suficientemente bajas como para que el beneficio supere el riesgo. Eso no es solo un problema de corrupción. Es un problema de cultura. Y los problemas culturales son los más difíciles de resolver.

El escándalo gestionado: la tecnología de la impunidad

Lo que Jaraquemada describe como "escándalo gestionado" es el mecanismo central por el cual Chile ha aprendido a convivir con la corrupción sin resolverla. El mecanismo funciona así: se descubre un abuso, explota el escándalo mediático, se instalan comisiones, se anuncian medidas, se destituye a algún funcionario de nivel medio como señal de que "algo se hizo", y la atención pública migra hacia el siguiente escándalo. El sumario que queda pendiente se dilata. La investigación pierde urgencia. La sanción, si llega, llega tarde y es menor. Y el mensaje que queda en el sistema es preciso: el escándalo se puede sobrevivir.

El caso de los funcionarios que viajaron al exterior con licencia médica es el ejemplo más reciente y más ilustrativo. La Contraloría reveló hace un año que decenas de miles de funcionarios viajaron al extranjero mientras debían guardar reposo. La indignación fue real y transversal. ¿Y después? La mayoría de los sumarios se dilató. Las medidas disciplinarias fueron menores. El juez Urrutia —que viajó dos veces al exterior con licencia médica por estrés— fue absuelto por un solo voto gracias a la prescripción, y acto seguido denunció a la institución que lo investigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La señal que eso envía al sistema no necesita traducción: puedes viajar con licencia, pueden investigarte, y si juegas bien tus cartas —esperando la prescripción, invocando la persecución, recurriendo a instancias internacionales— el costo final puede ser cero. O incluso negativo para quienes te investigaron.

Eso no es gestión del escándalo. Es tecnología de la impunidad. Y Chile la ha perfeccionado durante décadas.

Tres años después del caso Convenios: nada cambió en lo fundamental

El caso Convenios fue, en su momento, el escándalo de corrupción más impactante de la era reciente. Fundaciones vinculadas al oficialismo de Boric recibieron fondos públicos que en muchos casos no cumplieron sus propósitos declarados. El daño al erario fue cuantificable. El daño moral fue más profundo: reveló que el partido que se presentaba como la encarnación de la nueva política —joven, limpia, comprometida con los derechos— tenía exactamente la misma disposición al abuso que los partidos que había prometido reemplazar.

La respuesta institucional siguió el guión conocido: comisiones, ajustes anunciados, algunos formalizados, declaraciones de indignación transversal. Y tres años después, en La Araucanía, el mismo esquema se repite con otros protagonistas: nueve mil millones de pesos transferidos a través de una Agencia de Desarrollo Productivo regional, empresarios que presentaron documentación falsa, funcionarios con conflictos de interés, vínculos entre asignadores y receptores. El caso Convenios con distinto membrete y distintos colores políticos.

Lo que esto revela no es que los políticos de todos los partidos sean corruptos —esa generalización es injusta y falsa. Lo que revela es que el diseño institucional chileno para prevenir y sancionar la corrupción en la transferencia de fondos públicos a privados sigue siendo fundamentalmente deficiente. Y que esa deficiencia no se ha corregido porque hacerlo requiere un nivel de voluntad política sostenida que ningún gobierno ha tenido la determinación de ejercer.

Anunciar ajustes es fácil. Implementar controles efectivos que reduzcan el espacio de maniobra de los captores es costoso políticamente, porque implica limitar la discrecionalidad de funcionarios y organismos que tienen poder e influencia. Y en un sistema político donde las coaliciones son frágiles y los apoyos se compran con cuotas de poder, limitar esa discrecionalidad tiene costos que los gobiernos han preferido no pagar.

La autocomplacencia moral: el veneno lento

Pero el problema más profundo no es institucional. Es cultural. Y ahí es donde la reflexión de Jaraquemada abre una puerta que VDI Global quiere cruzar con franqueza.

Chile ha desarrollado en las últimas décadas una forma peculiar de autocomplacencia moral en materia de corrupción. Es un país que se enorgullece de sus índices internacionales de transparencia —comparativamente buenos en América Latina— al mismo tiempo que tolera sistemáticamente abusos que en otros contextos serían inaceptables. Un país que habla de probidad con solemnidad en los discursos y la practica con laxitud en los hechos. Un país que se indigna con los escándalos grandes y hace vista gorda con los pequeños, hasta que los pequeños se acumulan y producen los grandes.

Esa autocomplacencia opera en varios niveles simultáneos.

Opera en el nivel ciudadano, donde el abuso pequeño —el funcionario que llega tarde, el médico que extiende licencias sin criterio clínico, el empresario que infla facturas, el político que usa recursos del cargo para beneficio personal— es procesado con una mezcla de resignación y cómplice comprensión. "Así son las cosas." "Todos hacen lo mismo." "Si puedo, ¿por qué no?" Esas frases, repetidas en millones de conversaciones cotidianas, construyen el sustrato cultural en el que la corrupción prospera.

Opera en el nivel político, donde los partidos que descubren corrupción en sus propias filas privilegian la contención del daño por sobre la transparencia. Donde la lealtad al equipo supera al compromiso con la probidad. Donde el cálculo de cuánto escándalo puede sobrevivirse reemplaza al cálculo de qué es éticamente correcto. El caso Convenios tardó años en explotar públicamente en parte porque personas dentro del sistema sabían y callaron. Eso no es una excepción: es una regularidad.

Opera en el nivel institucional, donde los organismos de control —Contraloría, Ministerio Público, tribunales— trabajan con recursos insuficientes, procesos lentos y una cultura interna que privilegia el trámite por sobre el resultado. Donde los sumarios se acumulan sin resolución. Donde las investigaciones prescriben. Donde las sanciones, cuando llegan, son proporcionales al nivel jerárquico del involucrado —más benignas hacia arriba, más duras hacia abajo.

Y opera en el nivel mediático, donde el ciclo de atención corta produce exactamente el efecto que el escándalo gestionado necesita: la indignación de corto plazo que no se traduce en presión sostenida por resultados.

La racionalidad del corrupto en un sistema blando

Hay una dimensión que raramente se discute con la frialdad que merece: la corrupción no es solo un problema moral. Es también un problema de incentivos. Y en sistemas donde el costo esperado de la corrupción es bajo —probabilidad de detección baja, probabilidad de sanción menor aún, severidad de la sanción modesta y lenta— el cálculo racional favorece el abuso.

No todos los que abusan son monstruos morales. Muchos son personas que observan el entorno, calculan las probabilidades y concluyen que el riesgo es manejable. Que si los pillan, el escándalo dura algunas semanas. Que el sumario puede dilatarse años. Que la prescripción puede llegar antes que la sentencia. Que los abogados pueden encontrar resquicios. Que la red de lealtades políticas puede amortiguar las consecuencias. Que el sistema, en definitiva, es blando con quienes saben navegarlo.

Esa racionalidad no justifica nada. Pero explica por qué la corrupción no se resuelve solo apelando a la conciencia moral de los individuos. Se resuelve cambiando los incentivos. Haciendo que el costo esperado del abuso sea suficientemente alto como para que el cálculo racional favorezca el cumplimiento. Eso significa detección rápida, investigación eficiente, sanción severa y publicidad del resultado. Significa que quien abusa sepa que será encontrado, que el proceso será rápido, que la sanción será real y que el daño reputacional será permanente.

Chile no tiene eso. Tiene detección lenta, investigación lenta, sanción tardía y ciclos de escándalo que se agotan antes de que el proceso termine. Y mientras eso no cambie, el cálculo racional seguirá favoreciendo el abuso.

Lo que el gobierno de Kast tiene que entender

El gobierno de José Antonio Kast llegó al poder con un discurso de orden, ley y combate a la corrupción que resonó en una ciudadanía harta de los abusos de la era Boric. Ese mandato es real y debe honrarse. Pero honrarlo requiere algo más que indignarse con los casos heredados: requiere construir un sistema que prevenga los casos futuros, incluyendo los que involucren a personas cercanas al propio gobierno.

El caso del GORE La Araucanía, con un exrepublicano entre los imputados, es una señal temprana de que la tentación del abuso no respeta colores políticos. El gobierno de Kast debe tratarlo con exactamente el mismo rigor con que trató los escándalos del gobierno anterior. Cualquier atisbo de "gestión del escándalo" en lugar de transparencia total destruirá la credibilidad del discurso anticorrupción antes de que termine el primer año de gobierno.

Pero más allá de la gestión de casos específicos, la agenda pendiente es de rediseño institucional. Necesita procesos disciplinarios con plazos máximos obligatorios. Necesita inhabilidades claras y verificables para quienes participan en la asignación de fondos públicos. Necesita trazabilidad digital de los recursos transferidos a privados. Necesita un sistema de delación compensada que incentive a quienes conocen abusos a reportarlos. Necesita sanciones que sean proporcionales al daño causado y no al nivel jerárquico del involucrado.

Y necesita, sobre todo, la voluntad de aplicar esas reglas con consistencia, aunque quien sea sancionado sea alguien políticamente cercano. Porque la única forma de romper la autocomplacencia moral que ha capturado a Chile es demostrar, con hechos repetidos y consistentes, que nadie está sobre las reglas. Que el escándalo no se gestiona. Que el abuso tiene consecuencias reales. Que el sistema no es blando con quienes saben navegarlo.

El Chile que queremos ser

Hay una pregunta que Chile debe hacerse con honestidad: ¿qué tipo de país queremos ser?

No en los discursos. No en los códigos de ética y los instructivos de probidad. En la práctica cotidiana, en los incentivos reales, en la velocidad de la justicia, en la severidad de las sanciones, en la cultura que se transmite de generación en generación sobre qué es aceptable y qué no lo es.

Chile puede ser un país donde la corrupción sea genuinamente excepcional, donde quien abusa sepa que las consecuencias serán reales y rápidas, y donde la cultura ciudadana rechace el abuso en lugar de tolerarlo con resignada complicidad. Otros países lo han logrado. No por tener mejor genética moral que los chilenos, sino por haber construido sistemas que hacen que el cumplimiento sea más racional que el abuso y que la denuncia sea más segura que el silencio.

O puede seguir siendo el país del escándalo gestionado. El país donde los sumarios prescriben, donde los escándalos se amortiguan, donde la autocomplacencia moral permite que cada generación repita los mismos abusos con distintos protagonistas.

La diferencia entre esos dos países no es filosófica. Es política. Es de voluntad. Es de decisión sostenida de hacer lo que es difícil en lugar de lo que es conveniente.

Chile tiene esa decisión pendiente. Y el tiempo para tomarla se está agotando.