El senador Miguel Ángel Calisto, independiente integrante del comité Evópoli y uno de los votos decisivos para que el gobierno aprobara en general su megarreforma, pasó a tener la calidad de acusado en la causa "asesorías fantasmas" el viernes pasado, por hechos ocurridos cuando era diputado entre 2018 y 2022. Su caso se suma al de otros cuatro senadores —Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (independiente)— que enfrentan distintos procesos judiciales, en un escenario donde tres de ellos son senadores afines al gobierno. Si cualquiera de esos tres llegara a ser desaforado, la frágil mayoría de 26 senadores con que cuenta el Ejecutivo en la Cámara Alta se desvanecería por completo.

El avance contra Calisto: de imputado a acusado

El hecho que reabre todo este debate es la actualización procesal en la causa que afecta al senador Miguel Ángel Calisto. El viernes pasado, pasó a tener la calidad de acusado en el caso conocido como "asesorías fantasmas", por hechos que se remontan al período en que se desempeñaba como diputado, entre 2018 y 2022.

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, fue explícito sobre la solidez de la evidencia que la Fiscalía presentará: "La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa." Es un avance procesal significativo, dado que pasar de la condición de imputado a la de acusado formal implica que el Ministerio Público considera que cuenta con los antecedentes suficientes para sostener el caso en juicio oral.

Cariola y el caso Chinamart: la aclaración que tuvo que hacer en la sala del Senado

La senadora Karol Cariola, del Partido Comunista, está imputada en la causa Chinamart, a raíz de gestiones que realizó en favor de Bo Yang —también conocido como Emilio Yang— ante la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, también del PC. Una de esas gestiones está relacionada con consultas que hizo a la Municipalidad de Santiago por la patente comercial de una persona cercana al empresario mencionado.

Lo más relevante de este caso, sin embargo, no es la imputación en sí, sino el episodio reciente en que Cariola debió corregir públicamente una acusación falsa formulada en su contra durante el debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario. Tanto el senador Rodolfo Carter, del comité republicano, como el senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli —ya identificado en esta cobertura como protagonista de otros episodios de esta sesión, incluyendo su propia inhabilitación en la AC contra Grau—, la habían señalado erróneamente como alguien que se negó a liberar su información bancaria a la Fiscalía.

Cariola pidió la palabra para desmentirlo con precisión: "Yo levanté mi secreto bancario de manera voluntaria y emplazo a todos los senadores de esta sala a que también lo hagan. He votado a favor de todos los trámites del levantamiento del secreto bancario para perseguir el crimen organizado." Explicó que, por el contrario, había sido un tribunal el que negó en su momento el acceso a una solicitud del fiscal Patricio Cooper, sin que ella estuviera siquiera enterada porque la investigación era secreta. Cerró con un reclamo directo a sus colegas: "Por favor, colegas, les pido que un estándar de respeto, que dejen de utilizarme a mí para poder justificar su posición, porque me violenta." Según su propio relato, las demás aristas de su caso ya fueron sobreseídas, y solo permanece abierta la causa Chinamart.

Carvajal y la trama bielorrusa: $300 millones por un cargo de conservador

La senadora Loreto Carvajal, del PPD, arrastra un conflicto judicial vinculado a la arista política de la llamada trama bielorrusa. Según informó La Segunda, el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, encargó al fiscal Libedinsky —el mismo que ahora lleva el caso de Calisto— reunir antecedentes sobre este caso.

La arista se abrió a partir de la declaración del abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva e imputado por delitos de soborno. Según lo que habría expuesto el propio Lagos, Carvajal habría recibido $300 millones de pesos para realizar gestiones que permitieran que Yamil Najle —hoy formalizado por lavado de activos en la causa de Ángela Vivanco— obtuviera el cargo de conservador de Bienes Raíces de Chillán. La senadora ha negado esa acusación, y la causa, hasta el momento, permanece en reserva y desformalizada.

Flores y Kusanovic: los dos casos más recientes, ambos ligados a la derecha

Los dos casos más recientes que han llamado la atención del Ministerio Público corresponden a senadores ligados a las fuerzas de derecha. La senadora Camila Flores, de RN, es investigada por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco, vinculados a un eventual descuento irregular que les habría realizado mensualmente a sus asesores. La investigación sigue en calidad de secreta, aunque ya se han realizado diligencias en oficinas parlamentarias y se han requisado celulares de algunos empleados del Congreso.

El senador Alejandro Kusanovic, independiente, es investigado por presuntas presiones a funcionarios de su entorno para que destinaran parte de su sueldo a otras tareas. El fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Cristián Crisosto, confirmó el estado de la causa: "Se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando, se asignó a la fiscal jefe de Punta Arenas la causa, es una causa vigente y con diligencias pendientes." Es relevante notar que Kusanovic no se define formalmente como parte del oficialismo, aunque se declara hombre de derecha, y que tras conversaciones con ministros del gobierno se allanó a última hora a aprobar en general la megarreforma, pese a haber mostrado resistencia inicial —el mismo episodio que esta cobertura ya documentó al analizar la estrecha votación de 26 contra 23 en el Senado.

El problema político de fondo: tres votos del gobierno, en riesgo simultáneo

El elemento que convierte esta acumulación de causas judiciales en un problema de gobernabilidad concreto es la composición de la mayoría que sostiene al Ejecutivo en el Senado. De los cinco senadores investigados, tres son afines al gobierno: Calisto, Flores y Kusanovic. Si cualquiera de esas causas avanza hasta el punto de que se solicite el desafuero correspondiente, esos senadores quedarían momentáneamente suspendidos de sus funciones parlamentarias, lo que haría desaparecer la frágil mayoría de 26 senadores con que actualmente cuenta el Ejecutivo en la Cámara Alta.

El caso de Calisto es, según el propio reportaje, el más delicado de los tres, dado que podría derechamente perder el cargo si el proceso avanza hasta condena. Pero el problema aritmético es todavía más sensible que eso: con una mayoría de exactamente 26 senadores —el 50% más uno—, basta que solo uno de los tres senadores investigados sea desaforado para que la Cámara Alta quede completamente empatada, obligando al gobierno a negociar ese último voto decisivo con algún legislador no aliado cada vez que necesite aprobar una iniciativa legislativa.

Lo que esto confirma sobre la fragilidad estructural de la coalición de Kast en el Senado

Esta investigación se suma directamente a todo lo que esta cobertura ya ha documentado sobre la estrechez de los márgenes con que el gobierno de Kast sostiene su agenda legislativa en la Cámara Alta: la aprobación de la megarreforma por apenas tres votos de diferencia, la salida de Cruz-Coke de la votación de la AC contra Grau, la decisión de Mirosevic de quedarse específicamente para votar en contra de esa misma acusación, y ahora la confirmación de que tres de los senadores que sostienen esa frágil mayoría de 26 enfrentan, simultáneamente, procesos judiciales activos que podrían, en cualquier momento, restarle al gobierno exactamente el voto que necesita para mantener el equilibrio en la sala.

Es un escenario de vulnerabilidad estructural que no depende de la voluntad política de ningún partido ni de ninguna negociación legislativa: depende, en última instancia, del ritmo y los resultados de investigaciones penales que avanzan según sus propios tiempos procesales, fuera del control directo de La Moneda.