Una investigación periodística reveló el entramado completo detrás de la llamada "operación rastrillo": una instrucción interna en Codelco, a fines de 2025, para inflar artificialmente las cifras de producción de la cuprífera estatal a cualquier costo. El resultado: 27 mil toneladas incorporadas de forma irregular, algunas de las cuales ni siquiera eran vendibles, pérdidas millonarias para el Estado, y el pago improcedente de bonos por más de 13 mil millones de pesos a 6.322 trabajadores y ejecutivos. El caso está hoy en manos del Ministerio Público.

"La consigna era producción, daba lo mismo si se ganaba o perdía plata"

César Márquez, exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco y actualmente el único ejecutivo despedido por este escándalo, lo resumió sin rodeos ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados: "El único objetivo que había de toda la plana ejecutiva era que la producción tenía que ser mejor que la de 2024". La instrucción, según relató, se repetía sistemáticamente desde el 31 de julio de 2025 en adelante, sin matices ni condiciones.

La motivación de fondo, según la investigación, tuvo relación con el fatal accidente de la mina El Teniente, que además de seis trabajadores fallecidos generó pérdidas económicas calculadas en 9 millones de dólares por día de paralización. Ante ese golpe, la cúpula ejecutiva de Codelco optó por una estrategia de números a cualquier precio, antes que por una gestión responsable de la producción real de la compañía.

Los correos que confirman la instrucción: "la cuenta del carnicero"

Un correo fechado el 9 de diciembre de 2025, enviado por Braim Chiple, entonces vicepresidente de Comercialización, al presidente ejecutivo Rubén Alvarado, es contundente: Chiple informaba que estaba trabajando con todas las divisiones "para poner en valor todo material con cobre", y remataba con una frase que resume la lógica de toda la operación: "así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025".

Rubén Alvarado, ante la comisión investigadora, intentó suavizar el término frente a los diputados: "esa caracterización no corresponde, lo que sí existió fue un proceso de búsqueda de oportunidades operacionales legítimas para reducir inventarios". La explicación choca de frente con la evidencia documental y con el propio testimonio de Márquez, quien fue explícito: "aquí la verdad que daba lo mismo. Lo que importaba era sumar las toneladas".

Los "Polvos de Montecristo": material invendible, incluido igual

El caso más grave de todos corresponde a lo que en Codelco se conoce internamente como "Polvos de Montecristo": desperdicios con cobre pero también alto contenido de arsénico, en un estado que los hacía directamente invendibles. Pese a ello, casi 7 mil toneladas de este material fueron incorporadas a las cifras de producción de 2025, aunque su procesamiento generaría pérdidas de entre 7 y 50 millones de dólares y demoraría hasta seis años en completarse, extendiéndose hasta 2031.

Un alto ejecutivo de Codelco, consultado bajo reserva por la unidad de investigación, aseguró que el problema era aún peor: la estatal ni siquiera contaba con los permisos ambientales necesarios para extraer esos polvos. Es decir, se incluyeron en la producción oficial materiales que la propia empresa no tenía autorización legal para procesar.

La denuncia anónima que destapó todo

El 25 de febrero de 2026, miembros del directorio de Codelco recibieron en copia un correo anónimo dirigido al Sernageomin, que en 16 puntos denunciaba diversas irregularidades, entre ellas la incorporación de 20 mil toneladas de "óxido" fuera de norma en la producción de Chuquicamata. Según la normativa interna, ese material debía tener viabilidad de conversión en producto vendible en el corto plazo, algo que —según la propia auditoría— no se cumplía: se estimaba que su tratamiento demoraría entre 18 y 24 meses, y dependía de una capacidad de planta que, según fuentes internas, ni siquiera estaba garantizada.

La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), Tamara Agnic, sostuvo ante la comisión que su comité ya había resuelto profundizar la revisión antes de recibir la denuncia. Aun así, recién una semana después el caso fue categorizado internamente como "prioritario".

6.322 personas cobraron bonos que no les correspondían

El desenlace financiero del escándalo es tan grave como su origen: 6.322 trabajadores y ejecutivos de Codelco recibieron bonos improcedentes por un total estimado de 14,3 millones de dólares, equivalentes a más de 13 mil millones de pesos chilenos. El promedio de sobrepago fue de 2 millones de pesos por funcionario, cifra que en el caso de gerentes y altos cargos se elevó hasta los 7 millones de pesos.

De los siete altos ejecutivos sancionados internamente por este caso, solo uno —César Márquez— fue efectivamente despedido, mediante una carta y una llamada telefónica en la que, según relató, sufrió una descompensación de salud al conocer la noticia. Márquez mantiene hoy una demanda contra el Estado, y se defiende sosteniendo que la información estuvo disponible "a todos los niveles" de la compañía, y que la instrucción de maximizar producción provino directamente "del presidente ejecutivo, comité ejecutivo, presidente del directorio".

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este caso es uno de los ejemplos más claros y documentados del tipo de mala gestión que hemos denunciado sistemáticamente en el manejo del Estado chileno bajo la administración anterior: una empresa estatal estratégica, la principal generadora de divisas del país, incorporando deliberadamente material invendible y hasta sin permisos ambientales a sus cifras de producción, únicamente para cumplir una meta política de corto plazo y activar el pago de bonos millonarios a miles de trabajadores y ejecutivos.

No estamos hablando de un error administrativo aislado. Estamos hablando de una instrucción sistemática, documentada en correos internos, sostenida "a todos los niveles" según el propio testimonio del único ejecutivo despedido, que terminó costándole al país pérdidas millonarias y 13 mil millones de pesos en bonos pagados sobre cifras falsas. Que solo una persona haya sido despedida de una estructura de mando que, según la propia evidencia, involucró al presidente ejecutivo y al comité ejecutivo completo, es una señal preocupante de impunidad selectiva dentro de la principal empresa del Estado.

Valoramos que el caso esté hoy en manos del Ministerio Público y que varios ejecutivos ya hayan comenzado a devolver los montos indebidamente percibidos. Pero exigimos que la investigación no se detenga en el nivel operativo y llegue hasta las máximas autoridades que, según todos los antecedentes disponibles, dieron y sostuvieron la instrucción de "producción a toda costa" sin importar las pérdidas ni la legalidad de los materiales incorporados.

Es imprescindible señalar, con el mismo rigor de siempre, que todos los involucrados mantienen presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme, y que corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales competentes determinar responsabilidades penales conforme a derecho.

Lo que corresponde exigir

• Que la investigación del Ministerio Público, liderada por el fiscal Cubillos, alcance a la totalidad de la cadena de mando involucrada, no solo al nivel gerencial ya sancionado.
• Que se transparente el estado de la devolución de los 13 mil millones de pesos en bonos improcedentes, con plazos concretos y sanciones para quienes no cumplan.
• Que se investigue por qué se incorporaron a la producción oficial materiales como los "Polvos de Montecristo", que ni siquiera contaban con permisos ambientales para su extracción.
• Que el Estado, como controlador de Codelco, revise los mecanismos de control interno que permitieron que una instrucción de esta magnitud se sostuviera durante meses sin ser detectada por los propios sistemas de auditoría de la empresa.

Conclusión

La "operación rastrillo" de Codelco confirma, con correos, testimonios y cifras concretas, un patrón de gestión pública que antepuso el cumplimiento de metas políticas de corto plazo a la responsabilidad fiscal y ambiental de la principal empresa estatal chilena. El costo: pérdidas millonarias, material invendible incorporado sin permisos, y 13 mil millones de pesos en bonos pagados sobre cifras infladas. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de la investigación del Ministerio Público en este caso.