El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó este martes a 18 de los 19 imputados por el violento ataque armado e incendiario contra el histórico molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo, Región de la Araucanía. La mayoría de los condenados está vinculada por el Ministerio Público a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Solo un imputado, Camilo Astete, resultó absuelto. El Ministerio Público solicitó penas de hasta presidio perpetuo para diez de los condenados.

El ataque: un molino con más de un siglo de historia, reducido a cenizas

El atentado ocurrió la tarde del 29 de agosto de 2022, cuando un grupo armado atacó el fundo de la familia Grollmus en Contulmo, dejando a varios de sus integrantes con heridas graves. En el ataque, los responsables incendiaron el histórico molino de la familia, una construcción cuya data se remonta a 1915, convirtiéndolo en cenizas en cuestión de horas.

El veredicto: 18 condenados, delitos de máxima gravedad

En el veredicto leído este martes por el juez Julio Ramírez, el tribunal determinó que 18 de los 19 imputados son culpables de los delitos de incendio, porte ilegal de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado —este último cargo, por las graves heridas provocadas a los integrantes de la familia Grollmus durante el ataque—.

Entre los condenados figuran Federico Astete, Víctor Maldonado Millaur, Víctor Maldonado González, Nelson Alonso Llempi y los hermanos Javier y Domingo Millahual. El único absuelto de los cargos fue Camilo Astete, hermano de Federico. Para los condenados, el Ministerio Público solicitó penas que van desde el presidio perpetuo para diez de los imputados, presidio simple para otros seis, y cinco años de internación provisoria para el menor de edad involucrado en el ataque.

Lectura editorial

Desde VDI Global celebramos esta condena como un paso largamente esperado hacia la justicia real para las víctimas de la violencia rural en la Macrozona Sur. Han pasado cuatro años desde que un grupo armado, vinculado según la investigación a la Resistencia Mapuche Lafkenche, atacó a una familia en su propio hogar, hirió gravemente a varios de sus integrantes y redujo a cenizas un patrimonio histórico y familiar con más de un siglo de existencia. Que 18 de los 19 imputados hayan sido finalmente condenados por delitos de la máxima gravedad —incluido homicidio calificado en calidad de frustrado— confirma que la violencia terrorista en el sur de Chile no puede seguir gozando de la impunidad que, lamentablemente, ha caracterizado a demasiados casos similares durante la última década.

Este veredicto llega en un momento particularmente relevante, cuando el propio Congreso ha exigido reiteradamente al Gobierno un mayor despliegue de fuerzas de seguridad en zonas rurales del sur, como documentamos recientemente respecto a la frontera con Argentina. La condena de Cañete demuestra que, cuando la investigación policial y fiscal se sostiene con rigor durante los años que sean necesarios, la justicia puede efectivamente alcanzar a quienes ejercen violencia organizada contra familias y comunidades rurales, sin importar bajo qué bandera política o reivindicativa pretendan justificar sus actos.

Es importante señalar, con el mismo rigor que aplicamos siempre, que el propio tribunal absolvió a uno de los diecinueve imputados originales, Camilo Astete, lo que confirma que el proceso se desarrolló con las garantías del debido proceso y no como una condena en bloque indiscriminada. Los 18 condenados, hasta que se determinen las penas específicas y se agoten los recursos legales correspondientes, mantienen los derechos procesales que la ley les reconoce, aunque su responsabilidad penal en los hechos ya ha sido establecida por el tribunal competente.

Lo que corresponde exigir

• Que el tribunal imponga penas proporcionales a la extrema gravedad de los hechos, considerando que se trató de un ataque armado con resultado de graves heridas y destrucción de patrimonio histórico.
• Que este caso siente un precedente real para la persecución penal de la violencia rural organizada en la Macrozona Sur, sin dilaciones de años como las que caracterizaron este proceso.
• Que el Estado refuerce la protección efectiva de familias y comunidades rurales expuestas a este tipo de ataques, más allá de la respuesta judicial posterior al hecho.
• Que se transparente el estado de otros casos similares de violencia rural en la zona, para evaluar si existe la misma capacidad de persecución penal sostenida que permitió esta condena.

Conclusión

Cuatro años después de que un ataque armado incendiara el histórico molino Grollmus y dejara heridos graves a una familia en Contulmo, la justicia finalmente llegó: 18 condenados por delitos de máxima gravedad, en un caso que confirma que la persecución penal sostenida en el tiempo puede efectivamente alcanzar a quienes ejercen violencia organizada en el sur de Chile. VDI Global seguirá de cerca la determinación de las penas específicas para cada uno de los condenados.