El caso Junaeb, que esta semana llevó a la Fiscalía y la PDI a allanar las oficinas parlamentarias de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente, del comité político de Evópoli), tiene como protagonista a una fiscal con trayectoria específica en delitos económicos y de corrupción: Constanza Beatriz Encina Calquín, de 37 años, fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente. VDI Global reconstruye su perfil y, sobre todo, el mecanismo de presunta corrupción que su investigación intenta desarmar.

Una carrera forjada en casos de alta connotación pública

Encina, hija del veterinario y empresario Óscar Encina, egresó de Derecho de la Universidad de Chile tras obtener 850 puntos en la PSU de Historia y Ciencias Sociales. Lleva 13 de sus 37 años dentro del Ministerio Público, donde ha construido una trayectoria centrada en delitos económicos: en 2022 obtuvo la primera condena en juicio oral por lavado de activos en la Región Metropolitana, contra un exgerente de la naviera Hapag-Lloyd, sentenciado a seis años de cárcel por 82 delitos de estafa.

Su nombre ganó notoriedad pública en enero de 2024, cuando protagonizó la formalización de cargos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitando —y obteniendo— su prisión preventiva por un perjuicio fiscal de $30.600 millones. Antes, había integrado el equipo que asistió al exfiscal Emiliano Arias en la emblemática causa Penta-SQM. Este año protagonizó, además, la formalización contra su propio marido, el exdiputado UDI Joaquín Lavín León, y en 2025 interrogó como imputado al gobernador Claudio Orrego por el caso del coaching de $31 millones, causa en la que finalmente la Fiscalía decidió no perseverar.

El mecanismo que describe la resolución judicial

Las diligencias de esta semana en el Congreso fueron autorizadas por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Francis Fell, en una resolución de 23 páginas que —según consigna Ex-Ante— dio curso a la solicitud "en mérito de los antecedentes contenidos en la solicitud que sustenta la petición de la Fiscal Adjunta de la Fiscalía de Alta Complejidad Sra. Constanza Encina".

El documento judicial describe la existencia de antecedentes sobre "un mecanismo sostenido en el tiempo", a través del cual se habría intercambiado información reservada, se habría instruido la ejecución de actos administrativos en favor de un particular, se habría gestionado la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada, y se habría presionado para la remoción de funcionarios fiscalizadores, todo a cambio de beneficios económicos y laborales. Según la misma resolución, este presunto esquema habría involucrado a "miembros de la gerencia y del directorio de la empresa Soser S.A., lobistas informales, funcionarios de Junaeb, e incluso miembros del Congreso Nacional".

Las incautaciones autorizadas por la jueza Fell alcanzaron a los senadores Gahona y Calisto, ambos indagados como imputados por presunto cohecho. Es importante precisar que, hasta el momento, la Fiscalía Metropolitana Oriente no ha solicitado el desafuero de ninguno de los dos parlamentarios —paso procesal necesario para pedir medidas cautelares en una eventual formalización de cargos—, y que ambos han rechazado públicamente haber incurrido en algún ilícito. Cabe recordar que Calisto enfrenta, en paralelo y en una causa distinta, una investigación por presunto fraude al fisco superior a los $100 millones.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, la descripción que hace la jueza Fell de un "mecanismo sostenido en el tiempo" —con intercambio de información reservada, presión sobre fiscalizadores y adjudicación irregular de licitaciones— es, si se confirma en el proceso judicial, exactamente el tipo de captura institucional que corroe la confianza ciudadana en el Estado, independientemente del signo político de los involucrados. Este medio ha sido consistente en exigir el mismo rigor de escrutinio a parlamentarios de todos los sectores, y el caso Junaeb —que hasta ahora ha tocado a un senador UDI y a un independiente ligado a Evópoli— no es la excepción.

La trayectoria de la fiscal Encina, con condenas relevantes en casos de lavado de activos y fraude al fisco de alta connotación pública, entrega una señal de seriedad técnica a esta investigación. Su disposición a formalizar incluso a su propio cónyuge en una causa distinta es, para este medio, un antecedente que refuerza la credibilidad de su actuación profesional, más allá de las relaciones personales que puedan estar en juego en el sistema político y judicial chileno.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente continúe la investigación del presunto mecanismo de corrupción con total independencia, sin que la investidura de senador de dos de los indagados —Gahona y Calisto— genere ningún trato diferenciado respecto de otros imputados.
• Que se identifique con precisión a todos los "lobistas informales" mencionados en la resolución judicial, dado que ese tipo de intermediación no regulada es, precisamente, uno de los puntos ciegos que facilita este tipo de esquemas de corrupción.
• Que Junaeb y la Contraloría General de la República refuercen los mecanismos de fiscalización de licitaciones públicas, para evitar que casos como el de Soser S.A. se repitan en otros programas de alimentación escolar o beneficios estatales.

Conclusión

El caso Junaeb, que hasta hace pocos días parecía circunscrito a irregularidades administrativas en licitaciones de alimentación escolar, se perfila como una investigación de mayor envergadura, con una fiscal de trayectoria consolidada en delitos económicos al mando y una resolución judicial que describe un presunto mecanismo de corrupción sistemático que habría involucrado a empresarios, lobistas, funcionarios públicos y parlamentarios en ejercicio. Para VDI Global, el caso confirma la necesidad de que la fiscalización estatal sea permanente y no solo reactiva. Se reitera: todos los mencionados en calidad de imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en su contra.