Un informe de la Sofofa sobre el mecanismo de Participación Ciudadana (PAC) del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) detectó algo que va mucho más allá de un simple exceso de celo ambientalista: patrones de duplicación masiva, observaciones automatizadas y campañas coordinadas que, según el propio gremio, permiten "un posible uso instrumental del mecanismo". El director de políticas públicas de Sofofa, Rodrigo Mujica, fue todavía más directo sobre lo que encontraron: "son bots, esto no es humanamente posible".

El caso más citado en ese informe es el del proyecto Puerto Exterior San Antonio, que acumula 10.696 observaciones ciudadanas. Más de una cuarta parte de ellas —2.734, solo entre 15 personas identificadas— están vinculadas directa o indirectamente a una sola organización: la Fundación Ojos de Mar. Y esa fundación, a su vez, ha sido representada legalmente durante años por la ONG FIMA, cuyo director ejecutivo, Ezio Costa, diseñó el programa ambiental de la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Esto no es una coincidencia de nombres. Es una red con vínculos personales, legales y políticos documentables, que operó un mecanismo de participación pública a una escala que el propio gremio empresarial describe como "no humanamente posible", mientras la ONG que la representa legalmente recibe financiamiento de gobiernos regionales y municipios afines. La pregunta del titular —¿corrupción o mala administración?— exige mirar cada pieza de esta red por separado.

Los números que Sofofa considera imposibles de explicar como participación espontánea

El detalle que aporta el informe sobre las observaciones al Puerto Exterior San Antonio es preciso. Lily Plaza Cancino, una de las fundadoras de Ojos de Mar, ingresó personalmente 842 observaciones al proyecto. El 24 de enero de 2021 presentó 40 observaciones por separado: un primer bloque de 15 entre las 00:01 y las 01:17 horas —poco más de una hora—, y un segundo bloque de 25 entre las 10:16 y las 13:25 horas. En todo enero de 2021 acumuló 152 observaciones. Pero su mayor volumen fue en septiembre de 2025: en apenas cinco días, entre el 10 y el 15 de ese mes, presentó 263 observaciones —82 de ellas en un solo día, el 14 de septiembre, muchas con menos de un minuto de diferencia entre una y otra—.

Liliana Cancino Cardoza, la otra fundadora —madre de Lily Plaza—, presentó 416 observaciones en total: 151 solo en enero de 2021, con 31 de ellas concentradas el mismo 24 de enero, y otras 29 en septiembre de 2025. Sofofa documenta que la propia fundación "publica plantillas de observaciones en su sitio web para ser copiadas por nuevos observantes", lo que explica técnicamente el mecanismo, aunque no resuelve el problema de fondo que señala el gremio: que el volumen de observaciones no equivale a mayor diversidad de contenido ambiental ni a nuevos antecedentes técnicos, y que la reiteración obliga a la autoridad ambiental a revisar y responder una y otra vez el mismo planteamiento.

El humedal, el Tribunal Ambiental, y el giro que coincidió con el cambio de gobierno

El activismo de Ojos de Mar tiene un objetivo concreto desde 2019: lograr que el Sistema de Lagunas de Llolleo "Ojos de Mar", en San Antonio, sea reconocido como humedal urbano protegido. El 24 de septiembre de 2021, bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó esa declaratoria. Integrantes de Ojos de Mar, entre ellas las propias Cancino, impugnaron la decisión ante el Segundo Tribunal Ambiental.

El 28 de noviembre de 2023 —ya con Boric en La Moneda— el Tribunal aprobó una conciliación entre las partes. Ese mismo día, el Ministerio del Medio Ambiente revocó su rechazo original y retrotrajo el procedimiento a la etapa de análisis técnico. El 26 de abril de 2024, el ministerio finalmente declaró el humedal urbano protegido. El litigio no terminó ahí: un nuevo grupo de reclamantes, vinculados otra vez a la defensa del humedal, presentó una acción para ampliar los límites de la zona protegida.

En ambos procesos judiciales, la representación legal estuvo en manos de abogados de FIMA: Felipe Pino, integrante de la ONG, en las dos causas; Antonia Berríos, coordinadora general y de Acceso a la Justicia de FIMA, en la causa de 2021; y Macarena Martinic, coordinadora de Empoderamiento y Participación Pública de FIMA, en la de 2024.

El agradecimiento público, el podcast, y la foto de la Constitución Ecológica

Tras la conciliación de 2023, Liliana Cancino publicó en Facebook un agradecimiento explícito a la ONG que la representó: "Gracias ONG FIMA por su gran trabajo, por la paciencia, por la entrega". El 13 de mayo de 2025, FIMA retribuyó la cercanía destacando a Ojos de Mar en su propio podcast, "Diálogos por la Justicia Ambiental", en un capítulo titulado "Comunidades empoderadas: Ojos de Mar", donde Liliana Cancino relató su historia como fundadora.

La cercanía entre ambas organizaciones no se limita al caso del humedal. El 4 de febrero de 2022, FIMA realizó una intervención artística en la playa El Sol de Viña del Mar, instalando letras de hielo con la frase "Chile se derrite sin una Constitución Ecológica" —el libro que da nombre a esa consigna fue escrito por el propio Ezio Costa—. La actividad contó con la presencia de la entonces alcaldesa frenteamplista de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y fue visitada por Liliana Plaza y Liliana Cancino. Una fotografía de la propia web de FIMA muestra, en el centro, a la alcaldesa Ripamonti; detrás de ella, a Ezio Costa; y a la derecha, a Liliana Cancino.

El vínculo directo y personal con Boric

Ezio Costa no es un nombre incidental en este entramado: encabezó el programa ambiental de la campaña presidencial de Boric junto a la entonces vocera y luego ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Pero el vínculo de la red con el actual Presidente no se agota en Costa. Liliana Cancino se reunió personalmente con Boric en al menos dos ocasiones documentadas: en junio de 2021, cuando él era precandidato presidencial y visitó San Antonio —Cancino recordó después en redes sociales haber sido, en sus palabras, la primera en contarle "la problemática ambiental de la desembocadura del Maipo"—; y en julio de 2024, ya como Presidente, cuando Cancino le entregó una carta en una actividad en el mirador Cristo del Maipo, esta vez como vocera de la mesa ciudadana por la reapertura del Estadio Municipal de San Antonio.

Cancino, además, no es solo activista: en las elecciones municipales de octubre de 2024 fue candidata a concejala de San Antonio, compitiendo como independiente en la lista "Verdes Liberales Por Una Comuna Segura", un subpacto de la Federación Regionalista Verde Social.

Una red con perfiles políticos más allá de las fundadoras

De las 15 personas identificadas por el volumen de sus observaciones —que en conjunto suman 2.734 de las 10.696 totales—, varias tienen perfiles políticos activos y no solo activismo ambiental:

Constanza Vargas, con 284 observaciones —30 de ellas presentadas el 9 de septiembre de 2025, entre las 7:14 y las 13:27, y 75 más el 11 de septiembre, entre las 12:51 y las 14:01 horas—, es voluntaria de Ojos de Mar desde 2020 y administró, según su propio perfil de LinkedIn, el Instagram de la concejala Valentina Riquelme entre marzo de 2022 y abril de 2023.

Valentina Riquelme Guerrero, con 89 observaciones propias, es justamente esa concejala: fue electa en 2021 en la lista Dignidad Ahora (Partido Humanista y Partido Igualdad).

Esteban Contreras, con 132 observaciones, integra actualmente el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) de la Municipalidad de San Antonio, y en sus redes sociales ha mostrado apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara y a la candidatura de Rodrigo Mundaca a la gobernación de Valparaíso.

Víctor Godoy Díaz, con 162 observaciones, fue candidato a consejero regional de Valparaíso en 2024 por la lista Izquierda Ecologista Popular (también de los partidos Humanista e Igualdad), sin resultar electo.

Yanira Momberg Huenupe, con 8 observaciones, es representante del Consejo de Pueblos Originarios de Valparaíso. Jorge Bravo (79 observaciones) y Javiera Mahan (39 observaciones) se identifican en sus redes como integrantes de la propia Ojos de Mar. El resto de la lista —Pablo Marimán Contreras (396), Wilma Jiménez (82), Pablo Malhue (35), Paula Vidal (178), Juan Galdámez (150), Claudia Medina (3), Fernanda del Real (1) y, entre quienes firmaron el reclamo de 2021 sin sumarse al de 2024, Luz Huerta Ortiz (78)— completa un grupo donde el activismo ambiental y la militancia político-electoral aparecen sistemáticamente entrelazados.

El financiamiento público que FIMA no destaca

Aquí es donde el caso deja de ser solo una historia de activismo intenso y pasa a involucrar recursos del Estado. Un informe del Instituto Res Publica sobre ONGs político-ambientalistas documentó que FIMA "obtiene recursos de Gobiernos Regionales" y dicta cursos gratuitos de derecho ambiental y litigación a funcionarios públicos, autoridades locales y miembros del Poder Judicial. La Asociación de Salmonicultores de Magallanes ha reclamado, por dos años consecutivos, que esos mismos funcionarios capacitados por FIMA son quienes después deben pronunciarse sobre las reclamaciones ambientales que la propia ONG presenta contra proyectos de esa industria —solo entre 2020 y 2022, FIMA judicializó 14 proyectos en Magallanes por US$352 millones, y a nivel nacional, 29 Resoluciones de Calificación Ambiental que representaban una inversión superior a US$5.317 millones—.

A esto se suma que FIMA ha obtenido contratos por trato directo de municipalidades y gobernaciones dirigidas por figuras del Frente Amplio, contratos que la Contraloría ha cuestionado con posterioridad. Y mientras se autodescribe como "totalmente independiente de todo órgano gubernamental o político partidista", el mismo informe reveló que más del 25% de su financiamiento proviene de un solo donante internacional de clara orientación política, la Fundación Packard, que transfirió US$836.100 a la ONG entre 2024 y 2025.

Corrupción, mala administración, o algo que no encaja en ninguna de las dos categorías

Con toda esta evidencia sobre la mesa, la respuesta a la pregunta del titular tiene que ser precisa y no exagerada. No hay, hasta donde permite verificar la información disponible, evidencia de que Ezio Costa, Liliana Cancino o cualquier otro integrante de esta red haya recibido dinero de forma ilícita, ni de que exista un delito de cohecho o malversación en el sentido penal estricto. Llamar a esto "corrupción" sin matices sería ir más allá de lo que los hechos permiten sostener.

Pero "mala administración" tampoco describe lo que ocurrió. Lo que documentan el informe de Sofofa y el cruce de datos públicos es una red de activismo con vínculos personales estrechos con el entorno presidencial, que operó un mecanismo de participación ciudadana a un volumen que el propio gremio empresarial calificó de "no humanamente posible", representada legalmente por una ONG que se declara independiente mientras recibe financiamiento de gobiernos regionales, capacita a los mismos funcionarios ante quienes litiga, y obtiene contratos directos de municipios afines cuestionados por Contraloría. Eso no es un error de gestión: es la explotación sistemática de mecanismos y fondos públicos por una red que oculta, tras un discurso de neutralidad técnica, una identidad política definida. Si de algo puede calificarse esa combinación, es de una forma de captura institucional que la buena gobernanza nunca podría validar.