La Corte Suprema abrirá este miércoles a las 10:00 horas las jornadas históricas de alegatos para decidir el futuro de 57 jueces que enfrentan cuadernos de remoción por mal uso de licencias médicas. El pleno, integrado por 18 ministros bajo la presidencia de Gloria Ana Chevesich, escuchará primero todos los alegatos y recién la próxima semana deliberará caso por caso, requiriendo al menos 11 votos favorables para concretar cada remoción. Ya se registran más de 14 suspensiones solicitadas por los propios jueces cuestionados.

El mecanismo: escuchar todo primero, decidir después

Según consignó La Tercera, los 18 supremos que integran el pleno —encabezados por la presidenta Chevesich, junto a las ministras Soledad Melo, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz y Jessica González, las ministras (s) Eliana Quezada y Carolina Catepillán, y los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Ricardo Blanco, además de los ministros (s) Roberto Contreras y Hernán Crisosto— acordaron un mecanismo secuencial: primero escuchar los alegatos de los 57 jueces en tabla, y solo después convocar a un pleno especial de deliberación. El resultado final, entonces, recién se conocerá la próxima semana.

Cada caso deberá resolverse conforme a la responsabilidad constitucional y ministerial que establece el artículo 80 de la Carta Fundamental, y se requerirán al menos 11 votos favorables de los 18 supremos para que un juez sea efectivamente removido de su cargo. El propio sistema procesal otorga a cada magistrado cuestionado el derecho a suspender al menos una vez la vista de su causa, trasladándola al final de la tabla: hasta el cierre de la edición de La Tercera, ya se contabilizaban más de 14 suspensiones solicitadas, lo que ralentiza el ritmo estimado a entre 10 y 12 cuadernos revisados por día.

Los abogados y sus estrategias de defensa

La nómina de defensores revela la magnitud del despliegue jurídico montado para evitar las remociones. El abogado Gabriel Osorio, experto en Derecho Público y excomisionado experto, debutará representando a los primeros cinco cupos de la tabla. El abogado Carlos Quezada representa a un grupo de magistrados que, como ya documentamos en informes anteriores, recurrieron en bloque al Tribunal Constitucional: Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.

De todos ellos, Saavedra sigue siendo el único con una ventaja procesal real: al haber sido el primero en recurrir al TC, logró que se admitiera a trámite su requerimiento y consiguió la suspensión de su proceso ante la propia Corte Suprema, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo.

También alegarán el constitucionalista Tomás Jordán, en representación de la jueza Paola Rivas; el abogado Juan Carlos Manríquez, a favor del juez José Delgado; el penalista José Pedro Silva, de BACS Abogados; y el experto en Derecho Administrativo William García. Finalmente, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, elegidos por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para representar a sus asociados, defienden a seis jueces, entre ellos Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla, todos también recurrentes ante el TC.

El gremio despliega toda su artillería jurídica

La Asociación de Magistrados no se limita a la defensa individual ante la Corte Suprema: en sede laboral, contrató a Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa, de RFU Abogados, quienes ya presentaron la demanda de tutela laboral contra la propia Corte Suprema que VDI Global reportó anteriormente. En el frente constitucional ante el TC, el gremio sumó además a las abogadas Claudia Sarmiento, Elisa Walker y al mismo William García.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que la magnitud del despliegue jurídico montado por los jueces cuestionados y por su propio gremio confirma exactamente lo que hemos venido señalando en nuestras coberturas anteriores sobre este proceso: se trata de una estrategia de resistencia institucional coordinada, no de defensas individuales aisladas. Más de 14 suspensiones solicitadas antes siquiera de comenzar los alegatos de fondo, recursos casi simultáneos ante el Tribunal Constitucional, y tres frentes jurídicos distintos —remoción, tutela laboral e inconstitucionalidad— desplegados en paralelo por la propia Asociación de Magistrados, son indicadores claros de que el objetivo prioritario de buena parte de los cuestionados no es necesariamente demostrar su inocencia, sino ganar tiempo y dispersar el proceso.

Valoramos que la Corte Suprema haya optado por un mecanismo ordenado —escuchar primero, deliberar después— que evita decisiones apresuradas y garantiza el debido proceso a cada uno de los 57 magistrados. Pero también exigimos que ese mismo orden no se convierta en una vía para diluir la exigencia de estándar de probidad, especialmente considerando que, como documentamos hace días con la encuesta Cadem, el 75% de la ciudadanía ya evalúa negativamente al Poder Judicial y el 82% duda de que la institución asegure igualdad ante la ley.

El umbral de 11 votos de 18 supremos necesarios para cada remoción es exigente, y así debe ser tratándose de una decisión tan grave como el cese de un magistrado. Pero la ciudadanía observará con atención si ese umbral termina siendo garantía de rigor jurídico, o si se convierte en el mecanismo que permite que la mayoría de los 57 casos termine sin sanción efectiva pese a las faltas documentadas.

Lo que corresponde exigir

• Que la Corte Suprema mantenga el calendario de revisión pese a las suspensiones solicitadas, evitando que el proceso se extienda indefinidamente en el tiempo.
• Que se transparente públicamente, caso por caso, el resultado de la votación de cada uno de los 57 cuadernos, incluyendo el detalle de los votos favorables y en contra.
• Que se evalúe si corresponde alguna consecuencia adicional para los jueces cuyos recursos ante el Tribunal Constitucional resulten manifiestamente dilatorios.
• Que este proceso, una vez concluido, sirva de base para reformar los mecanismos de control sobre el uso de licencias médicas en el Poder Judicial completo.

Conclusión

Con 57 jueces en tabla, 18 ministros supremos llamados a resolver, y una batería de al menos diez abogados desplegados en múltiples frentes jurídicos simultáneos, la Corte Suprema enfrenta esta semana la prueba más exigente de su capacidad de autofiscalización en años recientes. La próxima semana, cuando se conozca el resultado de las deliberaciones, sabremos si este histórico proceso terminó siendo un ejercicio real de depuración institucional, o si la resistencia coordinada de los propios magistrados logró diluir sus consecuencias. VDI Global seguirá este proceso de cerca hasta su resolución final.