Después de meses de alegatos, recusaciones, suspensiones ante el Tribunal Constitucional y una presión ciudadana que no dio tregua, el Pleno de la Corte Suprema resolvió finalmente el proceso de remoción más masivo en la historia reciente del Poder Judicial chileno: 11 jueces fueron destituidos de sus cargos por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. La decisión, adoptada en dos jornadas consecutivas —tres casos el jueves, ocho el viernes—, cierra un capítulo judicial que comenzó con una cifra que sigue siendo difícil de asimilar: 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera de Chile entre 2023 y 2024 mientras estaban de baja médica, según cruces de datos de la Contraloría General de la República con los registros de salidas internacionales de la Policía de Investigaciones.

El origen: un sumario de Hacienda que destapó la caja de Pandora

El proceso que terminó esta semana con la remoción de 11 magistrados tiene un origen que pocos recuerdan con precisión: fue en mayo de 2025, bajo la administración del entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el gobierno de Gabriel Boric, cuando se abrió un sumario contra más de seis mil funcionarios públicos por el mal uso de licencias médicas. Ese sumario, en apariencia acotado al ámbito administrativo, terminó destapando una práctica sistemática y masiva que trascendió ampliamente cualquier expectativa inicial: la Contraloría, al cruzar las licencias médicas otorgadas con los registros de salidas internacionales de la PDI entre 2023 y 2024, encontró que 25.000 funcionarios del Estado chileno habían viajado al extranjero mientras figuraban formalmente incapacitados para trabajar por motivos de salud.

De ese universo gigantesco, la revisión se extendió posteriormente a cuerpos policiales, a las Fuerzas Armadas, y finalmente al propio Poder Judicial, donde la Corte Suprema, en junio de este año, decidió abrir 58 cuadernos de remoción contra jueces sospechosos de la misma conducta. Es decir: lo que hoy conocemos como "el caso de los 11 jueces removidos" es apenas la punta visible de un iceberg de proporciones nacionales que compromete a decenas de miles de funcionarios en prácticamente todos los estamentos del Estado.

De 58 a 37, y de 37 a 11: la depuración del proceso

El camino entre los 58 cuadernos originales y los 11 jueces finalmente removidos estuvo lleno de obstáculos procesales que VDI Global documentó semana a semana. El Tribunal Constitucional, a instancias de recursos presentados por las propias defensas de los magistrados investigados, fue suspendiendo sucesivamente distintos casos —llegando a paralizar hasta siete cuadernos en un momento dado—, reduciendo el universo de casos que efectivamente la Corte Suprema pudo resolver a 37.

El caso más emblemático de esta estrategia defensiva fue el del juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien viajó con licencia médica a Costa Rica —coincidiendo, además, con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que él mismo había impulsado— y a Ecuador, para un tratamiento descrito como de "medicina alternativa y ancestral". La defensa de Urrutia desplegó al menos tres mecanismos distintos para evitar que su caso fuera votado: una recusación "amistosa" contra tres ministros supremos específicos —Arturo Prado, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo—, un primer requerimiento ante el TC que fue rechazado, y un segundo requerimiento que sí logró paralizar su proceso, justo el mismo día en que el Pleno comenzaba a votar los primeros casos.

El mecanismo constitucional: el artículo 80 puesto a prueba

El fundamento jurídico de todo este proceso es el artículo 80 de la Constitución, que faculta a la Corte Suprema para declarar la remoción de un juez cuando este no ha tenido "buen comportamiento" en el ejercicio de su cargo, garantía que en teoría protege la inamovilidad judicial pero que también habilita al máximo tribunal a autofiscalizarse cuando corresponde. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, defendió públicamente el uso de esta atribución, señalando que su finalidad es "resguardar la confianza pública y la integridad institucional del Poder Judicial", en momentos en que la propia encuesta Cadem había revelado, semanas antes, que un 75% de los chilenos evaluaba negativamente al Poder Judicial.

El proceso de votación en sí mismo confirmó las divisiones internas que VDI Global había anticipado en coberturas anteriores: los fallos se dieron, según describió la propia Cooperativa, "en un fallo dividido", lo que sugiere que el bloque de ministros más cercano a posiciones corporativistas —identificado en investigaciones periodísticas previas con nombres como María Angélica Repetto, Mauricio Silva y Leopoldo Llanos— no logró imponer su criterio en la mayoría de los 11 casos que terminaron con destitución, aunque sí consiguió, mediante las suspensiones del TC, sacar de la ecuación a otro grupo relevante de magistrados investigados.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que la remoción de 11 jueces, tras un proceso tan largo y accidentado, es un resultado que debe leerse con dos ojos distintos. Por un lado, es una señal de que la Corte Suprema, pese a las presiones internas y las maniobras procesales de defensas bien organizadas, finalmente ejerció su facultad constitucional de autofiscalización con consecuencias reales: 11 magistrados perdieron su cargo por una conducta que la propia Contraloría calificó como una falta grave a la probidad funcionaria. Es un precedente que no puede subestimarse en un país donde la confianza en las instituciones judiciales atraviesa mínimos históricos.

Por otro lado, y con el mismo rigor que hemos aplicado en cada entrega de esta cobertura, no podemos dejar de señalar que 11 remociones de un universo original de 58 casos —y de una cifra total de 25.000 funcionarios públicos que incurrieron en la misma conducta a nivel nacional— representan apenas una fracción simbólica del problema real. Los casos suspendidos por el Tribunal Constitucional, incluido el de Daniel Urrutia, siguen pendientes de resolución, y no existe garantía de que esos procesos concluyan con el mismo estándar de exigencia que se aplicó a quienes sí fueron destituidos esta semana.

Es imprescindible, además, no perder de vista la dimensión completa del escándalo: si 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero con licencia médica entre 2023 y 2024, la revisión no puede detenerse en el Poder Judicial. Corresponde que la misma exigencia se extienda, con igual rigor, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas y a la administración civil del Estado, sectores donde la Contraloría ya anunció que extendería sus indagatorias, pero cuyos resultados concretos la ciudadanía aún no conoce.

Lo que corresponde exigir

• Que se transparente el nombre completo de los 11 jueces removidos y el detalle de cada votación, incluyendo cómo votó cada uno de los 18 ministros supremos en cada caso.
• Que el Tribunal Constitucional resuelva con celeridad los casos aún suspendidos, incluido el de Daniel Urrutia, evitando que la paralización procesal se convierta en una vía de facto para la impunidad.
• Que Contraloría transparente el avance de sus indagatorias sobre el uso de licencias médicas en Carabineros, las Fuerzas Armadas y el resto de la administración pública, dado que representan un universo de decenas de miles de casos adicionales.
• Que se evalúe una reforma legal que endurezca los controles cruzados entre licencias médicas y registros de salida del país, para evitar que un escándalo de esta magnitud vuelva a repetirse.

Conclusión

La remoción de 11 jueces por la Corte Suprema es una noticia que merece ser celebrada como un ejercicio real de autofiscalización judicial, pero que no puede hacer perder de vista la escala verdadera del problema: un escándalo de licencias médicas fraudulentas que compromete a 25.000 funcionarios públicos en todo el aparato del Estado chileno, del cual el Poder Judicial es apenas una parte, y ciertamente no la más numerosa. VDI Global seguirá de cerca cómo evoluciona esta indagatoria en el resto de las instituciones estatales.