CUÁNTO MAL LE HAN HECHO A VENEZUELA Y A CHILE: ROSSANA BLANCO, EJECUTIVA DE BANCOESTADO, EXTORSIONADORA DEL TREN DE ARAGUA

Subtítulo: La Operación Tokio reveló la identidad de la ejecutiva de BancoEstado imputada como parte de la red criminal: Rossana Magdalena Blanco Blanco, venezolana, quien de día procesaba transacciones en el banco del Estado chileno y de noche era parte de la estructura de extorsiones, trata de personas y secuestros del Tren de Aragua. Su historia, y la de toda esta red, es también la historia de lo que el chavismo le hizo a Venezuela y de lo que la frontera abierta le hizo a Chile.

Hay una pregunta que los datos de la Operación Tokio obligan a formular con honestidad y sin eufemismos: ¿cómo llegó una extorsionadora del Tren de Aragua a trabajar como ejecutiva en BancoEstado, el banco del Estado chileno?

La respuesta tiene dos partes. La primera es operativa: porque el sistema de control de antecedentes laborales en Chile no estaba preparado para detectar vínculos con estructuras criminales transnacionales que operan en un país diferente al de origen. La segunda es política: porque durante años, en nombre de la solidaridad con el migrante venezolano que huía del chavismo, Chile mantuvo una política de fronteras y de control migratorio que no distinguía entre la víctima del régimen de Maduro y el criminal que ese régimen exportó junto con las víctimas.

Rossana Magdalena Blanco Blanco es venezolana. Trabajaba como ejecutiva en BancoEstado. Y según la Fiscalía, era parte central de la estructura operativa del Tren de Aragua en Chile: cobraba la "vacuna" —la extorsión regular a comerciantes y dueños de locales nocturnos—, obligaba a mujeres a trabajar en el comercio sexual mediante trata de personas e incluso participaba en secuestros.

De día, procesaba transacciones en el banco más presente en las comunas más vulnerables de Chile. De noche, era parte de una organización criminal que extorsionaba, explotaba y mataba.

ROSSANA BLANCO: EL PERFIL QUE LA FISCALÍA RECONSTRUYÓ

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, entregó a Chilevisión los detalles sobre el rol de Blanco Blanco en la organización. Su vinculación con el Tren de Aragua no era de carácter financiero en primer término —ese era el rol de José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo de Santander— sino de carácter extorsivo y coercitivo.

Blanco Blanco se vinculaba a la organización principalmente a través de su pareja, quien estaba directamente conectado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos donde la organización operaba. Fue a través de esa conexión que entró en contacto con la víctima que desencadenó toda la investigación: la dueña de un centro de eventos en la comuna de San Ramón, a quien la pareja de Blanco ingresó junto a Bárbara Hernández —conocida como "Barbie"— durante unas fiestas en Bellavista, iniciando así una relación que derivó en extorsión sistemática.

La historia de la dueña del centro de eventos en San Ramón es la que revela con mayor crudeza lo que el Tren de Aragua hacía en los barrios donde operaba. La mujer se negó a ceder su inmueble para las actividades de la organización. La respuesta fue inmediata y brutal: balearon su casa en al menos 12 oportunidades. Doce veces. En una misma propiedad. En una comuna de Santiago. Durante un período de tiempo sostenido. Y nadie fue detenido hasta que la investigación de la Fiscalía Sur llegó a ese punto de la cadena.

Esa negativa a ceder fue también el detonante que llevó al "parcelazo" de Lampa: el quíntuple homicidio del 16 de junio de 2024 que, con el celular que "Barbie" dejó caer en la escena, abrió la ventana hacia toda la red.

EL CELULAR DE "BARBIE": EL ERROR QUE LO DERRUMBÓ TODO

Bárbara Hernández, "Barbie", es otra figura central en la trama. Su celular, recuperado en la escena del quíntuple homicidio de Lampa, contenía todos los antecedentes de los delitos que la organización cometía: extorsiones, secuestros, prostitución ligada a la trata de personas. También contenía el rastro de más de 100 cuentas distintas hacia donde se enviaban los fondos ilícitos, principalmente en Colombia y Venezuela, tras su conversión en criptomonedas.

Es uno de los errores operacionales más costosos que el Tren de Aragua cometió en Chile. Una organización que había construido durante años una red financiera sofisticada con ejecutivos bancarios infiltrados, que manejaba decenas de miles de millones de pesos, que había sacado 84 millones de dólares del país, cayó en parte porque una de sus operadoras dejó su teléfono en la escena de un crimen.

Ese teléfono llevó a la investigación que llevó a Rossana Blanco, que llevó al ejecutivo de Santander, que llevó a la red completa de presta-cuentas y abonantes, que llevó a las 19 detenciones y los 14 en prisión preventiva.

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA: PÉREZ ASENCIO Y BLANCO BLANCO

La Operación Tokio tiene dos ejecutivos bancarios imputados que representan dos funciones distintas pero complementarias dentro de la organización.

José Carlos Pérez Asencio, el venezolano de 33 años que trabajaba en Santander desde 2019, era el cerebro financiero: el especialista en crédito que sabía cómo usar el sistema bancario para lavar activos, evitar alertas y movilizar fondos con apariencia de legalidad. Su rol era técnico y sofisticado.

Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva de BancoEstado, tenía un rol más operativo y más brutal: era parte del brazo extorsivo de la organización. Cobraba la vacuna. Forzaba a mujeres al comercio sexual. Participaba en secuestros. Y de día procesaba transacciones en el banco estatal.

La combinación de esos dos perfiles dentro de la misma organización revela la complejidad del Tren de Aragua como estructura criminal. No es una banda de calle con operadores primitivos. Es una organización que tiene niveles diferenciados de sofisticación, que puede reclutar o infiltrar simultáneamente un especialista financiero para el lavado y una operadora extorsiva para el cobro, y que puede mantener a ambos en empleos formales del sector bancario mientras cumplen sus funciones criminales.

VENEZUELA: LO QUE EL CHAVISMO EXPORTÓ AL MUNDO

La pregunta que el titular de esta nota formula no es retórica. Es una pregunta que merece ser respondida con precisión política e histórica.

El Tren de Aragua no nació en el vacío. Nació en Venezuela, en las cárceles que el régimen de Nicolás Maduro decidió no controlar. La organización se originó en el Centro Penitenciario de Aragua —conocido como "La Tumba"— donde los internos, ante la ausencia total de control estatal dentro del recinto, desarrollaron sus propias estructuras de poder criminal. Con el tiempo, esas estructuras salieron de las cárceles y se expandieron al territorio venezolano y luego a toda América Latina.

El régimen chavista no creó el Tren de Aragua en el sentido de haberlo diseñado deliberadamente. Pero lo permitió. Lo toleró. En algunos casos documentados, lo utilizó. La política de dejar que las cárceles se autogobernaran fue una decisión política que tuvo consecuencias directas sobre la organización criminal que hoy extorsiona en Bellavista, trafica personas en Santiago y tiene ejecutivos en BancoEstado y Santander.

Los venezolanos y venezolanas que huyeron del chavismo hacia Chile, Colombia, Perú y otros países de América Latina lo hicieron en su inmensa mayoría como víctimas de un régimen que destruyó su economía, su democracia y sus instituciones. Son personas que merecen solidaridad y que en buena medida la recibieron. Muchos de ellos construyeron vidas dignas en Chile, trabajan, pagan impuestos y contribuyen al país.

El Tren de Aragua viajó con ellos. No como representante de esa comunidad, sino como parásito que usa el flujo migratorio masivo como cobertura para moverse entre países sin ser detectado. Es la misma organización que en Venezuela extorsionaba a los mismos venezolanos humildes que luego huyeron de ella.

CHILE: LO QUE LA FRONTERA ABIERTA PERMITIÓ

Chile recibió entre 2018 y 2024 más de 216.000 ingresos por pasos no habilitados. Muchos de esos ingresos correspondían a personas que buscaban escape de la crisis venezolana, colombiana, peruana o de otras naciones en convulsión. Pero ese mismo flujo masivo, gestionado sin controles adecuados, fue el canal que permitió que organizaciones como el Tren de Aragua se instalaran en el país con la profundidad que la Operación Tokio reveló.

El gobierno de Boric no creó ese problema. Pero tampoco lo resolvió. La política migratoria de la administración anterior osciló entre la gestión insuficiente y la parálisis ideológica frente a una crisis que requería medidas de control que políticamente resultaban incómodas para una coalición construida en gran parte sobre la defensa de los derechos del migrante.

El resultado está documentado: el Tren de Aragua operó en Chile durante años, construyó una red financiera que penetró el sistema bancario formal, sacó 84 millones de dólares del país y dejó un rastro de extorsiones, trata de personas, secuestros y homicidios en comunas desde San Ramón hasta Lampa.

Rossana Blanco trabajaba en BancoEstado mientras hacía todo eso.

LA DOBLE VÍCTIMA: LA COMUNIDAD VENEZOLANA HONESTA EN CHILE

Hay una dimensión del caso que merece ser nombrada con cuidado y con justicia: la comunidad venezolana honesta en Chile es también víctima de lo que el Tren de Aragua hace.

Son las extorsionadas primero. La organización usa el idioma, las redes sociales y los eventos culturales de la comunidad venezolana como infraestructura para sus operaciones. Los dueños de locales nocturnos de la comunidad venezolana en Bellavista son los primeros blancos de la "vacuna". Las mujeres venezolanas son las primeras víctimas de la trata de personas que la organización opera.

Son los estigmatizados después. Cada imputado venezolano en la Operación Tokio refuerza en la opinión pública chilena una asociación entre venezolano y criminal que es estadísticamente falsa pero emocionalmente poderosa. Los cientos de miles de venezolanos en Chile que trabajan honestamente, que cuidan a los hijos de familias chilenas, que limpian edificios y atienden restaurantes y construyen casas, pagan el costo de imagen de una organización criminal que los tiene a ellos también como víctimas.

Esa doble victimización —extorsionados primero, estigmatizados después— es parte del daño que el Tren de Aragua le hace a Venezuela y a sus propios compatriotas, además del daño que le hace a Chile.

LA CONCLUSIÓN: NOMBRES, JUICIO Y CONSECUENCIAS

Rossana Magdalena Blanco Blanco está imputada. Tiene prisión preventiva. Enfrentará un juicio. El sistema chileno la procesará con las garantías que corresponden a cualquier imputado en un Estado de derecho.

Lo mismo aplica a José Carlos Pérez Asencio y a los otros 12 imputados con prisión preventiva en la Operación Tokio.

Lo que el sistema no puede hacer es borrar lo que ocurrió. No puede devolver a la dueña del centro de eventos en San Ramón las 12 veces que le balearon la casa. No puede devolver la vida a las cinco personas muertas en el parcelazo de Lampa. No puede recuperar los 84 millones de dólares que salieron de Chile hacia cuentas en Colombia y Venezuela.

Lo que sí puede hacer —y es lo que el gobierno de Kast está comenzando a construir con la reforma migratoria, el Plan Escudo Fronterizo y el trabajo de la PDI y la Fiscalía— es cambiar las condiciones que hicieron posible que esto ocurriera durante años sin ser detectado.

El primer paso es nombrar el problema con su nombre. Y su nombre es este: el Tren de Aragua es una organización criminal nacida del caos institucional que el chavismo generó en Venezuela, que viajó a Chile a través de una frontera sin control suficiente, que penetró el sistema bancario formal con empleados propios y que operó durante años en los barrios más vulnerables del país extorsionando, explotando y matando a personas que, en muchos casos, también habían huido de Venezuela buscando exactamente lo que el Tren de Aragua les negó: una vida en paz.

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