Chile tiene un problema que se repite con una consistencia que ya no admite sorpresa: cada vez que el Estado crea un mecanismo de transferencia de recursos hacia privados —fondos de reactivación, subsidios productivos, programas de desarrollo regional— aparece una fila de personas dispuestas a saquearlo. No importa el gobierno de turno. No importa la región. No importa el partido. El Estado pone la plata, alguien falsifica documentos, y el dinero desaparece.

Lo que está ocurriendo en La Araucanía es exactamente eso. Y esta semana dio un nuevo paso: el Ministerio Público anunció la formalización de cuatro empresarios más por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas, en el marco de una investigación que ya acumula más de diez imputados y tiene en la mira cerca de nueve mil millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a su Agencia de Desarrollo Productivo.

Nueve mil millones de pesos. De contribuyentes chilenos. De una región que es una de las más pobres del país. Destinados supuestamente al desarrollo productivo local. Y en buena parte, según la investigación en curso, dilapidados a través de una red de empresarios que presentaron documentación falsa para acceder a fondos que no les correspondían.

VDI Global cubre este caso con el mismo estándar que aplicó al caso Convenios durante el gobierno de Boric: anticorrupción sin distinción de partido. Y lo que encontramos en La Araucanía es igualmente grave, igualmente indignante y, en varios aspectos, igualmente revelador sobre las fallas estructurales del Estado chileno en el control del gasto público.

Los cuatro nuevos imputados y lo que se les acusa

El fiscal Raúl Espinoza, a cargo de la investigación, reveló que las pesquisas se iniciaron en 2024 y que el caso ya acumula seis personas formalizadas por delitos que incluyen fraude al Fisco y lavado de activos. Los cuatro nuevos empresarios que enfrentarán formalización son Aldo Gutiérrez Ferreira, Pierangelo Fulgieri, Mauricio Vergara y Edwin Contreras. Las audiencias quedaron fijadas en tres fechas durante julio: el 15 para Gutiérrez Ferreira, el 27 para Fulgieri, y el 29 para Vergara y Contreras.

La acusación central es concreta y sin ambigüedades: presentaron documentación falsa para acceder a recursos públicos de un programa diseñado para el desarrollo productivo de la región. No estamos ante errores administrativos ni ante interpretaciones discutibles de la normativa. Estamos ante la presentación deliberada de papeles que no reflejaban la realidad, con el propósito de obtener dinero del Estado al que no tenían derecho.

Es un delito que en su frialdad técnica esconde una brutalidad práctica: alguien en una oficina decidió inventar antecedentes, firmar documentos falsos y cobrar fondos públicos que debían llegar a quienes los necesitaban. Eso tiene nombre: fraude. Y tiene consecuencias penales que los tribunales deberán determinar.

El mapa completo: quiénes son los ya formalizados y los vínculos que incomodan

Este caso tiene capas que van más allá de cuatro empresarios con documentación falsa. Los nuevos imputados se suman a un grupo que ya incluye figuras con vínculos políticos y funcionariales que complican el cuadro.

Entre los ya formalizados figuran Alejandro Martini, su cónyuge María Ignacia Ovalle y Karam Puali. También figura un exfuncionario del GORE, su pareja y su suegra. El Consejo de Defensa del Estado presentó querella contra el exfuncionario y sus familiares, con más de ciento cuarenta millones de pesos comprometidos en esa arista específica.

El nombre de Alejandro Martini merece atención explícita. Es propietario de Radio La Metro en La Araucanía y fue militante del Partido Republicano —el partido del presidente Kast— antes de su imputación. Enfrentará cargos por obtención fraudulenta de prestaciones estatales, tras detectarse graves irregularidades en la rendición de cincuenta millones de pesos otorgados para reactivación económica.

VDI Global lo dice con claridad porque es parte de nuestra línea editorial: la corrupción no tiene color político y debe cubrirse con el mismo rigor independientemente de la filiación de los involucrados. Que un exmilitante republicano figure entre los imputados no compromete al gobierno de Kast —los hechos ocurrieron durante la administración anterior y Martini ya no militaba en el partido— pero sí obliga a cubrirlo con la misma franqueza con que cubrimos el caso Convenios cuando los involucrados tenían vínculos con el oficialismo de Boric.

El otro elemento que instala preguntas incómodas es la figura de Karam Puali, representante de Inversiones MAK, quien será imputado tras adjudicarse cincuenta millones de pesos —el monto máximo disponible en el programa. Puali mantiene vínculos con Martini y con Juan Pablo Leonelli, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del GORE durante la ejecución del programa, a través de una sociedad constituida en 2021. Esa conexión triangular entre un receptor de fondos, otro receptor de fondos y un funcionario con injerencia en la asignación es exactamente el tipo de conflicto de interés que los sistemas de control deben detectar antes de que el dinero salga, no después.

Lo que dice la defensa y por qué el tribunal deberá evaluarlo con rigor

Los empresarios formalizados no han aceptado los cargos. Su postura de defensa es la más predecible en este tipo de casos: los proyectos sí se ejecutaron, los contratos son reales, las obras se realizaron y se rindieron correctamente.

El abogado defensor José Martínez, quien representa a Martini y Puali, sostuvo que los proyectos fueron adjudicados y ejecutados correctamente y que no hay delitos de ningún tipo. Es un argumento que los tribunales deberán evaluar con la evidencia disponible.

Lo que sí está en el expediente es la postura del Ministerio Público: el fiscal César Schibar indicó que hubo fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado, y que se trató de proyectos específicos —una cancha de salto y galerías, un galpón y una terraza en un local comercial— cuyas obras no se realizaron según lo comprometido. Obras físicas verificables. O no verificables. Esa es precisamente la pregunta que la investigación y el eventual juicio deberán responder con evidencia concreta.

Lo que no admite duda es que el Ministerio Público acreditó suficientes antecedentes para solicitar y obtener formalizaciones. Ese no es un trámite menor en el sistema procesal chileno: implica un estándar mínimo de evidencia que el fiscal debe presentar ante el juez de garantía. Que se hayan formalizado más de diez personas en este caso indica que ese estándar ha sido superado repetidamente.

El patrón sistémico: por qué esto no es una anomalía sino una regularidad

El caso del GORE La Araucanía no puede entenderse como un episodio aislado de corrupción regional. Es la expresión local de un patrón nacional que se ha repetido con una frecuencia que debería alarmar a cualquier diseñador de política pública seria.

El mecanismo es siempre el mismo. El Estado —ya sea a través de un ministerio, una fundación, una agencia regional o un gobierno local— crea un programa de transferencia directa de recursos a privados con objetivos legítimos: reactivación económica, desarrollo productivo, apoyo a emprendedores. Los controles en el diseño son insuficientes: los criterios de elegibilidad son amplios, los mecanismos de verificación son débiles, y las inhabilidades para personas con vínculos con los asignadores son inexistentes o fácilmente eludibles. Aparecen actores con información privilegiada, contactos en el aparato estatal y disposición a presentar la documentación que haga falta —real o falsa— para acceder a los fondos. El dinero sale. Las obras no se hacen, o se hacen a medias, o se hacen en papel. Y cuando la Contraloría o el Ministerio Público llegan, el daño ya está consumado.

Durante el gobierno de Boric, el caso Convenios expuso esta mecánica con una claridad brutal: fundaciones vinculadas al oficialismo recibieron fondos públicos que en muchos casos no cumplieron sus propósitos declarados. La indignación fue transversal y justificada. VDI Global la cubrió con rigor.

Lo que el caso de La Araucanía agrega es una demostración de que el problema no es exclusivamente de izquierda ni de derecha. Es estructural. Es un problema de diseño del Estado chileno en la forma en que transfiere recursos a privados. Y mientras ese diseño no cambie —mientras no haya trazabilidad real, controles previos efectivos, inhabilidades claras y consecuencias rápidas— seguirán apareciendo casos. Con distintos protagonistas. En distintas regiones. Con distintos colores políticos.

La Araucanía merece mejor que esto

Hay algo especialmente indignante en que esto ocurra en La Araucanía. Es una región con desafíos de desarrollo estructural profundos: pobreza rural, brechas de infraestructura, conflicto territorial no resuelto y una economía local que necesita con urgencia inversión pública bien administrada y programas que lleguen a quienes los necesitan.

Los fondos de reactivación económica no son dinero abstracto. Son recursos que debían llegar a emprendedores reales, a pequeñas empresas locales, a iniciativas productivas que generan empleo y desarrollo en comunidades que llevan décadas esperando que el Estado funcione para ellos. Cada peso que salió por la puerta trasera de la Agencia de Desarrollo Productivo es un peso que no llegó a ese destino.

Y eso es lo que hace que este caso sea más que una noticia judicial. Es una traición concreta a una región concreta por parte de personas que decidieron que su beneficio personal valía más que el desarrollo de sus propios vecinos. Eso merece el peso completo de la ley. Sin atenuantes. Sin prescripciones que lleguen a salvar a nadie por el paso del tiempo. Con condenas que sean proporcionales al daño causado y que tengan efecto disuasivo real sobre quienes en el futuro estén tentados de hacer lo mismo.

Lo que viene y lo que el gobierno de Kast debe hacer

Las próximas audiencias de formalización están fijadas para julio. El proceso judicial seguirá su curso con la presunción de inocencia que corresponde a todos los imputados hasta que exista sentencia condenatoria firme. Eso es el Estado de derecho funcionando, y VDI Global lo respeta.

Pero más allá del resultado judicial de cada caso individual, hay una agenda de política pública que el gobierno de Kast no puede eludir. La reforma del Estado y el combate a la corrupción son prioridades declaradas de esta administración. El caso del GORE La Araucanía —con su combinación de empresarios con documentación falsa, funcionarios con conflictos de interés, vínculos políticos transversales y nueve mil millones de pesos comprometidos— es el caso de estudio perfecto para entender qué hay que cambiar en el diseño de los mecanismos de transferencia de fondos públicos a privados.

Las preguntas concretas que ese rediseño debe responder son pocas pero urgentes. ¿Cómo se verifican los antecedentes de quienes postulan a fondos públicos antes de asignarlos? ¿Cómo se detectan y gestionan los conflictos de interés entre asignadores y postulantes? ¿Cómo se verifica la ejecución real de los proyectos financiados antes de cerrar la rendición? ¿Qué inhabilidades rigen para personas con vínculos societarios o familiares con funcionarios de las entidades asignadoras?

Ninguna de esas preguntas tiene respuestas imposibles. Tienen respuestas de diseño institucional que otros países han implementado con resultados concretos. Lo que han faltado en Chile son la voluntad política de implementarlas y la velocidad para hacerlo antes de que el siguiente caso de nueve mil millones explote en los titulares.

El fiscal Espinoza y su equipo están haciendo su trabajo. Los tribunales harán el suyo. Lo que le corresponde ahora al gobierno y al Congreso es hacer el propio: cerrar las brechas que permiten que estos casos ocurran, en lugar de limitarse a aplaudir cuando la justicia llega después del daño.

Los sinvergüenzas están en todos lados. En todos los partidos. En todas las regiones. Un Estado serio no los elimina —eso es imposible— pero sí puede diseñar sistemas que los detecten antes de que el daño sea de nueve mil millones. Chile puede tener ese Estado. Todavía no lo tiene del todo.