LA "CUOTA FLORES": LA QUERELLA QUE PODRÍA SELLAR LA CAÍDA DE LA SENADORA CAMILA FLORES

El Juzgado de Garantía de Valparaíso admitió a tramitación una querella criminal contra la senadora de Renovación Nacional Camila Flores Oporto por el delito de exacciones ilegales, presentada por su exasesor Julio Lillo Catalán, quien detalla en un libelo de 14 páginas un mecanismo de cobro sistemático sobre el sueldo de su propio personal parlamentario que hoy amenaza con sellar la caída política de la parlamentaria, en el marco de una investigación que la Fiscalía de Valparaíso ya lleva adelante desde abril de este año por fraude al fisco.

El mecanismo: un "impuesto" desde el primer sueldo

Según consta en la querella, Julio Lillo —relacionador público de profesión— se incorporó en 2019 al equipo de la entonces diputada Flores como jefe de gabinete de su oficina parlamentaria en Quilpué, con un contrato que fijó su remuneración en $2 millones mensuales, financiados íntegramente con fondos de asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputadas y Diputados. El cobro irregular, según su relato ante la Fiscalía, comenzó desde el primer sueldo que recibió: "en la oficina parlamentaria estando nuevamente los dos solos, Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos, y en una actitud de amigos me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada. Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió".

La querella es enfática en un punto que resulta central para la calificación penal del hecho: "la solicitud no fue presentada como una colaboración voluntaria o un préstamo ocasional, sino como una exigencia derivada de la relación de dependencia funcional existente entre la diputada y quien integraba su equipo parlamentario".

Efectivo, guardado en la cartera

De acuerdo con el propio testimonio de Lillo ante el Ministerio Público, los pagos se realizaban en dinero contante y sonante: en varias oportunidades debió girar dinero de emergencia por caja para luego entregárselo personalmente a Camila Flores. "Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera", relató el exasesor. Durante los primeros meses, según la querella, las entregas se realizaron directamente a la parlamentaria en dependencias del propio Congreso Nacional.

El cambio de modalidad: una intermediaria de confianza

Posteriormente, siempre según el libelo, la modalidad habría cambiado por instrucciones de la propia Flores: desde ese momento, el dinero comenzó a ser entregado a Yolanda Olfos, secretaria y colaboradora de confianza de la legisladora, quien habría actuado como intermediaria y receptora habitual de los fondos. Las entregas se efectuaban de forma periódica, coincidiendo con las fechas de pago de remuneraciones, tanto en dependencias del Congreso como en otros lugares previamente coordinados, y la secretaria mantenía contacto permanente con Lillo mediante llamados telefónicos y mensajes para concretar la restitución del dinero inmediatamente después de cada pago.

Más allá del dinero: tareas domésticas y compras personales

La querella no se limita al cobro sistemático del dinero: Lillo asegura que también recibía instrucciones para realizar tareas de carácter estrictamente personal, ajenas a sus funciones parlamentarias, entre ellas tareas domésticas y compras en supermercados y otras tiendas, las que debía ejecutar a cualquier hora y en distintos días de la semana. Este antecedente es relevante porque refuerza, según plantea la propia acción judicial, la tesis de que existía una relación de subordinación que iba más allá de lo laboral y que habría facilitado el cumplimiento de exigencias que excedían ampliamente el rol para el cual Lillo había sido contratado con fondos públicos.

El contexto: una investigación que ya lleva meses

Esta querella no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una investigación penal por fraude al fisco que la Fiscalía Regional de Valparaíso lleva adelante desde abril de este año, y que hasta ahora permanece desformalizada. El propio Lillo ya había declarado como testigo clave en esa causa, un testimonio que en mayo pasado permitió que la fiscalía obtuviera medidas intrusivas contra la senadora, incluyendo un allanamiento a su oficina en el Senado ejecutado por personal especializado del OS9 de Carabineros, en el que se incautaron dos computadores y un archivador con carpetas. La Fiscalía también solicitó en su momento el alzamiento del secreto bancario de Flores, en el marco de la indagatoria por una posible maquinación para defraudar al fisco.

Quién lleva el caso y qué sigue

La causa está siendo seguida personalmente por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, en coordinación directa con la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional. Por ahora no existe una fecha exacta en la que el Ministerio Público solicite a la Corte de Apelaciones de Valparaíso la revisión del fuero parlamentario de Camila Flores, aunque esta nueva querella —que previsiblemente se agrupará con la causa ya en curso— podría acelerar ese paso procesal. En paralelo, fuentes al interior del Consejo de Defensa del Estado señalan que el organismo mantiene "en vigilancia" los antecedentes del caso, evaluando la eventual presentación de una querella propia por la posible afectación al patrimonio del Estado. El escrito de Lillo solicita, además, que el Ministerio Público disponga un nuevo testimonio suyo y la toma de declaración tanto de Camila Flores como de Yolanda Olfos Jarufe.

El silencio de la parlamentaria

Consultado por el entorno de la senadora, este optó por no emitir declaración alguna respecto de los antecedentes contenidos en la querella. Cabe subrayar, con el mismo rigor que exige un caso de esta naturaleza, que hasta el cierre de esta nota Camila Flores no ha sido formalizada ni condenada: los hechos descritos corresponden a la versión del querellante, respaldada por su declaración como testigo ante la Fiscalía y por las diligencias intrusivas ya autorizadas por el tribunal, pero se trata de una causa que aún se encuentra en etapa de investigación.

Por qué esto no puede quedar en el silencio

El uso de fondos públicos destinados a financiar personal de apoyo parlamentario para exigir devoluciones sistemáticas en beneficio personal de la autoridad que los contrata —de comprobarse judicialmente— constituiría precisamente el tipo de conducta que la anticorrupción aplicada por igual a todos los sectores políticos no puede pasar por alto, independientemente de la bancada a la que pertenezca la parlamentaria involucrada. La combinación de pagos en efectivo, una intermediaria de confianza y exigencias que excedían lo laboral configura, si los hechos denunciados se confirman, un patrón de abuso de posición de autoridad sobre fondos que pertenecen, en última instancia, a todos los chilenos.