DE COMPARARSE CON EUROPA A COMPARARSE CON GHANA Y ZAMBIA: EL DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO DE KAST SOBRE EL LEGADO QUE RECIBIÓ DE BORIC EN SEGURIDAD
El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, expuso en un conversatorio en la Universidad de los Andes el diagnóstico económico y de seguridad que sustenta la Megarreforma del gobierno de Kast. La frase que resume su intervención es devastadora: Chile pasó de compararse con países europeos a compararse con Ghana o Zambia en materia de crimen e inseguridad. Citó la caída del país del puesto 37 al 62 en el Índice de Paz Global entre 2008 y 2025, y vinculó ese deterioro a decisiones públicas que afectaron simultáneamente el crecimiento, el empleo, la inversión y el acceso a la vivienda. El diagnóstico no nace en el vacío: es el legado inmediato que recibe el gobierno de Kast tras cuatro años de administración Boric.
La frase que define el diagnóstico
El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, participó en un conversatorio organizado por la Universidad de los Andes bajo el título "Plan de reconstrucción nacional: Juventud y futuro económico", junto al coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda. Ahí expuso, con la franqueza que ha caracterizado al equipo económico del gobierno de Kast desde sus primeros meses, un diagnóstico que va mucho más allá de las cifras fiscales y entra directamente en el terreno de la posición internacional de Chile.
La frase central de su intervención fue esta: Chile pasó de compararse con naciones europeas a compararse con países como Ghana o Zambia en materia de crimen e inseguridad. Es una comparación deliberadamente dura, construida para generar el impacto que efectivamente generó, y que resume en una sola imagen el deterioro que el país ha sufrido en su posición relativa frente al resto del mundo en uno de los indicadores más sensibles para la calidad de vida y la proyección económica de cualquier nación.
El dato que sustenta la frase: del puesto 37 al puesto 62
Rodríguez no se quedó en la frase llamativa. La sustentó con un dato concreto y verificable: citó el Índice de Paz Global, indicando que Chile cayó del puesto 37 en 2008 al lugar 62 en 2025. Es una caída de 25 posiciones en diecisiete años, en un ranking que mide específicamente los niveles de violencia, criminalidad y conflictividad interna de cada país del mundo.
Es importante para el rigor de este informe precisar que esa caída de 17 años no puede atribuirse a un solo gobierno. Atravesó las administraciones de Sebastián Piñera (dos períodos), Michelle Bachelet (segundo mandato) y Gabriel Boric, además de los años finales del primer gobierno de Piñera. Es, en ese sentido, un diagnóstico de deterioro estructural y de largo plazo, no una crítica que el subsecretario haya dirigido como responsabilidad exclusiva de un único período presidencial.
Dicho eso, el deterioro más pronunciado y más visible para la ciudadanía chilena ocurrió, sin ambigüedad, durante los años más recientes de esa serie, que coinciden con el período del estallido social de 2019, la pandemia, y el gobierno de Boric entre 2022 y 2026. Es el legado más inmediato y más cercano en el tiempo el que el gobierno de Kast hereda y que debe gestionar hoy.
El diagnóstico completo: seguridad, vivienda y empleo como un solo problema
Lo más valioso del planteamiento de Rodríguez, desde el punto de vista del análisis de políticas públicas, es que no trató la seguridad como un fenómeno aislado. La integró explícitamente en un diagnóstico más amplio sobre decisiones públicas que, según el Ejecutivo, afectaron simultáneamente el crecimiento económico, el empleo y la inversión.
En esa misma línea, Rodríguez explicó que los salarios reales han crecido muy por debajo del precio de las viviendas, una brecha que erosiona directamente la capacidad de las familias chilenas de acceder a una vivienda propia incluso cuando sus ingresos nominales aumentan. Y agregó un dato que conecta directamente con la crisis habitacional que Chile enfrenta: los campamentos han aumentado significativamente en la última década, un fenómeno que VDI Global ha documentado en análisis anteriores sobre la situación de vivienda y vulnerabilidad social en el país.
Este enfoque integrado —seguridad, vivienda, empleo e inversión como dimensiones interconectadas de un mismo deterioro— es exactamente el tipo de diagnóstico que sustenta la lógica de la Megarreforma que el gobierno de Kast viene impulsando, y que coloca al subsecretario Rodríguez, pese a su perfil más técnico-legislativo que mediático, como una de las voces que está articulando el argumento de fondo detrás de las reformas económicas del Ejecutivo.
Por qué la comparación con Ghana y Zambia es políticamente potente
La elección retórica de Rodríguez no es casual. Comparar a Chile con países europeos era, durante décadas, el estándar aspiracional con el que la propia clase política chilena —de izquierda y de derecha— construyó su relato de excepcionalidad latinoamericana: el país que se acercaba a los estándares de desarrollo, institucionalidad y seguridad del primer mundo.
Que el subsecretario de Hacienda diga públicamente que la comparación relevante hoy es con Ghana o Zambia —países africanos que enfrentan desafíos estructurales de desarrollo, institucionalidad y seguridad muy distintos a los que históricamente definían el debate público chileno— es un golpe deliberado a esa narrativa de excepcionalidad. Es un diagnóstico que busca generar la sensación de urgencia necesaria para sustentar reformas de fondo, y que probablemente generará controversia, tanto por su dureza como por las comparaciones internacionales específicas que utiliza, que algunos podrán considerar provocadoras hacia esos propios países.
VDI Global señala, con el mismo rigor que aplica siempre, que usar países africanos específicos como referencia comparativa de "lo que se debe evitar" puede leerse, fuera del contexto técnico del Índice de Paz Global, como una simplificación que no hace justicia a la diversidad y complejidad de las realidades de Ghana y Zambia, países con sus propias trayectorias de desarrollo institucional. El punto de fondo del subsecretario —que Chile cayó significativamente en su posición relativa de seguridad— es válido y está respaldado por el dato del índice citado; la elección retórica específica de los países de comparación es un asunto distinto que merece esa precisión.
El contexto político: la Megarreforma y el rol de Rodríguez
Juan Pablo Rodríguez, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asumió como subsecretario de Hacienda en marzo de 2026, tras una trayectoria centrada en políticas públicas regionales y descentralización a través de la Fundación P!ensa, que dirigió antes de asumir el cargo. Su perfil es el de un articulador entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, más que el de un economista de mercados financieros como su jefe directo, el ministro Jorge Quiroz.
Que sea precisamente el subsecretario, y no el ministro, quien presente este diagnóstico tan contundente sobre seguridad y deterioro institucional en un foro universitario, sugiere una estrategia comunicacional deliberada del Ministerio de Hacienda: usar voces distintas dentro del equipo económico para sostener, desde ángulos complementarios, el argumento de que la Megarreforma no es solo un ajuste técnico de impuestos o gasto público, sino una respuesta a un deterioro multidimensional del país que incluye, de manera central, la seguridad ciudadana.
Lo que VDI Global sostiene sobre este diagnóstico
VDI Global ha documentado extensamente en esta sesión editorial el deterioro de la seguridad pública chilena durante el gobierno de Boric: el aumento de la tasa de desempleo a niveles equivalentes a la pandemia, la pérdida de empleos formales, la crisis del CAE y sus consecuencias fiscales, y, de manera más grave aún, el escándalo del tráfico de niños haitianos que se desarrolló bajo la vigilancia de ese mismo gobierno sin que las alertas tempranas produjeran una respuesta institucional efectiva.
El diagnóstico de Rodríguez es consistente con ese patrón que esta cobertura ha documentado con datos concretos: un Chile que retrocedió en múltiples dimensiones simultáneamente durante los años recientes, y que el gobierno de Kast hereda con la responsabilidad de revertir. La caída de 25 puestos en el Índice de Paz Global en casi dos décadas no es una anécdota retórica. Es un indicador internacional reconocido que mide exactamente lo que millones de chilenos perciben en su vida cotidiana: que el país es, objetivamente, menos seguro de lo que era hace una generación.
El gobierno de Kast tiene ahora la responsabilidad de transformar este diagnóstico —correcto en su sustancia, aunque políticamente cargado en su forma retórica— en resultados concretos. Diagnosticar con dureza la magnitud del problema es el primer paso necesario. El segundo, mucho más exigente, es revertir la tendencia que llevó a Chile del puesto 37 al puesto 62, y hacerlo en un plazo que la ciudadanía pueda percibir dentro de este mandato presidencial.
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