ENTRE EL CINISMO Y LA HIPOCRESÍA INCOMPETENTE: TOHÁ ADMITE QUE SOSPECHABAN DE UN FUNCIONARIO CONSULAR CHILENO EN HAITÍ Y PLANTEA QUE LOS NIÑOS NO UBICADOS "PUDIERON SER VÍCTIMAS DE OTROS DELITOS"

La exministra del Interior entregó la entrevista más reveladora hasta ahora sobre el caso de los niños haitianos. Confirmó que en 2025, tras la reapertura del consulado chileno en Puerto Príncipe, surgió la sospecha de que "alguien" dentro de esa sede diplomática estaba colaborando con la organización de vuelos irregulares. Reconoció que la documentación llegaba "incompleta o vencida" porque las visas caducaban antes de que se organizara el chárter. Y, en el pasaje más grave de toda la entrevista, planteó abiertamente la posibilidad de que los niños no ubicados hayan sido "víctimas de otros delitos adicionales". Pese a todo eso, defendió la gestión de Boric como una que "tomó una serie de medidas" apenas tuvo conocimiento del problema.

La entrevista que cambia el tono de la defensa de Tohá

La exministra del Interior, Carolina Tohá, concedió una entrevista a Estado Nacional de TVN que constituye, hasta ahora, la versión más completa y más comprometedora que una autoridad del gobierno de Boric ha entregado sobre el caso de los niños haitianos. A diferencia de declaraciones anteriores, esta vez Tohá no se limitó a explicar el procedimiento administrativo de las visas de reunificación familiar. Confirmó, con sus propias palabras, la existencia de sospechas de colaboración interna en el aparato consular chileno, y abrió una hipótesis que ningún funcionario había planteado públicamente hasta ahora con esta claridad: que parte de los niños cuyo paradero no se ha podido establecer podrían haber sido víctimas de otros delitos.

El mecanismo que se rompió: del consulado a Migraciones

Tohá explicó el funcionamiento original del sistema: inicialmente, el consulado chileno en Haití era el encargado de validar y apostillar la documentación emitida por las autoridades locales antes de que los menores viajaran. Cuando esa sede diplomática dejó de operar —permaneció cerrada durante un año— se estableció un mecanismo alternativo: los menores viajarían con documentos haitianos sin validación consular previa, y sería el Servicio Nacional de Migraciones el encargado de verificar esos antecedentes posteriormente, ya en Chile.

Ese cambio de procedimiento es, en sí mismo, un antecedente relevante que merece ser destacado con la misma claridad con que VDI Global ha documentado el resto de este caso: durante el período en que el consulado estuvo cerrado, el primer filtro de verificación documental —la validación in situ en Haití— simplemente no existió. La responsabilidad de detectar irregularidades se trasladó íntegramente hacia el extremo chileno del proceso, en un momento en que, según toda la evidencia ya acumulada en esta cobertura, los controles en ese extremo tampoco estaban funcionando.

La reapertura del consulado y la sospecha que nadie había confirmado hasta ahora

El antecedente más grave de toda la entrevista es la descripción que Tohá entrega sobre lo que ocurrió tras la reapertura del consulado chileno en Haití. Según relató, fue precisamente después de esa reapertura que comenzaron a detectarse nuevas señales de alerta: "Empieza a verse que ese año, el año 2025, aumentan los vuelos nuevamente, empieza a haber más vuelos sospechosos y se identifica que hay una posibilidad de que dentro del consulado esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares."

Esta frase merece ser leída con la atención que su gravedad exige. No se trata de una sospecha sobre aerolíneas externas, ni sobre agencias de viaje privadas, ni sobre fallas de coordinación entre organismos chilenos distintos. Es la confirmación, por parte de la propia exministra del Interior, de que el gobierno de Boric llegó a sospechar que un funcionario del propio Estado chileno, dentro de su representación diplomática en Puerto Príncipe, estaba colaborando activamente con la organización de los vuelos irregulares que hoy son objeto de investigación penal por tráfico de personas.

Tohá confirmó que, ante esa sospecha, "se decidió cerrar la entrega de visa hasta que esto no se aclare", y agregó: "entiendo que sigue así hasta hoy". Es decir, casi un año después de detectada esa sospecha, el propio mecanismo de visas de reunificación familiar para Haití permanece suspendido, sin que se haya esclarecido públicamente si efectivamente hubo un funcionario consular colaborando con la red.

Este antecedente conecta directamente con lo que esta sesión editorial ya documentó: la remoción del entonces cónsul Rafael du Monceau en octubre de 2025, tras las alertas detectadas en torno a la tramitación de visas de reunificación familiar. Tohá confirmó ese vínculo explícitamente, situando el cierre del consulado y la salida del cónsul dentro de la misma cadena de sospechas que ella misma describe en esta entrevista.

"Vencían la visa": el detalle que explica una parte de la desorganización

Tohá entregó además un antecedente técnico que ilumina al menos una parte de por qué la documentación de estos menores llegaba en condiciones tan deficientes al momento del ingreso a Chile. Según explicó, uno de los problemas detectados era que parte de la documentación llegaba incompleta o vencida porque, en sus palabras, "entre que les daban la visa y se organizaba el chárter, vencían la visa".

Es un antecedente que agrega una capa adicional de complejidad administrativa al caso, pero que en ningún caso disminuye su gravedad. Si las visas vencían entre su otorgamiento y la organización efectiva del vuelo, eso significa que el sistema de control documental dependía de plazos que la propia logística de los chárteres no estaba en condiciones de respetar, y que --pese a esa discordancia evidente entre los tiempos administrativos y los tiempos operativos-- los vuelos se realizaron igualmente, con documentación que ya no tenía la validez legal exigida.

El pasaje más grave de la entrevista: "pudieron ser víctimas de otros delitos adicionales"

Hay un momento específico de esta entrevista que, por su gravedad, exige ser tratado con la máxima seriedad posible. Consultada sobre el estado actual de la investigación, Tohá planteó que una de las interrogantes centrales pendientes es determinar si los menores que aún no han podido ser ubicados corresponden a casos de simples registros desactualizados, o si efectivamente fueron víctimas de delitos adicionales.

Sus palabras textuales fueron: "Hay que ver cómo llega al final, es si niños que hoy día no ubicamos, no los ubicamos porque no tenemos los antecedentes actualizados de su domicilio o no los ubicamos porque efectivamente aquí los tomaron y terminaron siendo víctimas de otros delitos adicionales."

Esta es, hasta donde esta sesión editorial ha podido reconstruir, la primera vez que una autoridad de alto nivel vinculada a este caso plantea públicamente y sin ambigüedad la hipótesis de que algunos de los niños haitianos podrían haber sido víctimas de delitos adicionales más allá de la sola irregularidad migratoria. No especificó de qué tipo de delitos se trataría, y VDI Global no va a especular sobre esa categoría sin que la propia investigación lo establezca. Pero el hecho de que la propia exministra del Interior del gobierno bajo el cual ocurrió la mayor parte de estos hechos considere esa hipótesis como una posibilidad real que "hay que ver" es, en sí mismo, una confirmación de la magnitud del problema que su propio gobierno no resolvió a tiempo.

La defensa que no logra sostenerse: "tomó una serie de medidas"

Pese a la gravedad de todo lo que ella misma reveló en esta entrevista, Tohá dedicó una parte sustancial de su intervención a defender la actuación del gobierno de Boric una vez detectadas las irregularidades. Aseguró: "El gobierno anterior, desde que tuvo conocimiento de que había algo a lo que ponerle ojo, tomó una serie de medidas, varias acciones: investigaciones, procesos que se regularon, medidas adoptadas e instituciones a las que se les dieron tareas."

Aquí es donde la entrevista entra en la tensión que da título a este informe. Por un lado, Tohá confirma, con datos concretos y de primera mano, que el gobierno de Boric sospechó de un funcionario consular propio, que las visas vencían sistemáticamente antes de que se organizaran los vuelos, y que existe la posibilidad de que niños hayan sido víctimas de delitos adicionales. Por otro lado, sostiene que su gobierno actuó con la diligencia debida apenas tuvo conocimiento del problema.

Esas dos posiciones son difíciles de conciliar. Si el gobierno de Boric "tomó una serie de medidas" desde que tuvo conocimiento del problema, y ese conocimiento —según la propia cronología que esta sesión editorial ha reconstruido con alertas documentadas desde enero de 2023— existía desde hace más de tres años, entonces el resultado de esas medidas fue, en los hechos, insuficiente: más de 200 niños sin paradero claro, un funcionario consular bajo sospecha, visas vencidas sistemáticamente, y vuelos que continuaron llegando hasta octubre de 2025.

VDI Global no encuentra en esta entrevista una defensa convincente de la gestión del gobierno anterior. Encuentra, en cambio, la confirmación más detallada hasta ahora de por qué esa gestión fracasó en su tarea más básica: proteger a los menores que el propio Estado chileno autorizaba a ingresar al país.

La denuncia de Thayer que Tohá confirma conocer

Un antecedente adicional que Tohá confirmó en esta entrevista es que ella tuvo conocimiento directo de la denuncia presentada en 2023 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, sobre un eventual caso de tráfico de personas vinculado a estos vuelos. Esto cierra cualquier posibilidad de que la entonces ministra del Interior pudiera argumentar desconocimiento de la gravedad de lo que se estaba denunciando dentro de su propio ministerio desde una etapa muy temprana del proceso.

Tohá relató además que las alertas se intensificaron en una oportunidad específica, cuando se impidió el ingreso de menores al país debido a problemas con la documentación, lo que obligó a esos niños a retornar a Haití. "Eso encendió muchas alarmas", concluyó. Esa frase confirma, una vez más, que las señales de alerta existieron, fueron reconocidas internamente como significativas, y aun así no produjeron una corrección sistémica suficiente a tiempo para evitar que el problema alcanzara la escala que hoy conocemos.

Entre el cinismo y la hipocresía incompetente: por qué este título es necesario

El título de este informe no es gratuito. Describe con precisión la tensión irresoluble que esta entrevista expone. Cinismo, porque Tohá puede estar, en algún grado, calculando que reconocer voluntariamente estos antecedentes ahora —antes de que surjan por otras vías de investigación— la posiciona mejor políticamente que ser desmentida después por hallazgos de la Fiscalía o de la Contraloría. Hipocresía incompetente, porque sostener simultáneamente que su gobierno "tomó las medidas" mientras admite que existía sospecha de colaboración consular interna, visas vencidas sistemáticamente y niños posiblemente víctimas de delitos adicionales, es una contradicción que ninguna defensa retórica puede disolver.

VDI Global no necesita elegir entre ambas categorías para concluir lo que ya es evidente: la propia exministra del Interior del gobierno de Boric ha confirmado, con sus propias palabras y en sus propios términos, que la magnitud de lo que falló durante su gestión es mayor de lo que cualquier versión anterior había reconocido públicamente. No hace falta que VDI Global agregue adjetivos adicionales a esa confirmación. Basta con citarla con precisión, como se ha hecho en este informe, para que la responsabilidad política del gobierno anterior quede establecida en sus propios términos.

Lo que esto exige ahora

Con esta entrevista, las comisiones investigadoras del Congreso tienen una razón adicional, y de la máxima urgencia, para citar formalmente a Carolina Tohá y exigirle que detalle, con nombre y fecha, en qué consistió exactamente la sospecha sobre el funcionario consular, qué investigación interna se abrió al respecto, y por qué esa sospecha no se tradujo en una alerta pública más temprana que pudiera haber permitido frenar el fenómeno antes de que alcanzara la escala de cientos de niños sin paradero conocido.

La Fiscalía, por su parte, tiene en esta entrevista un antecedente directo y citable sobre una de las líneas penales que investiga: el cohecho y la colaboración de funcionarios públicos, ahora con una referencia explícita y de primera mano a la sospecha de participación de personal consular chileno en Haití.

VDI Global continuará este seguimiento, exigiendo que la hipótesis más grave planteada por Tohá —la de niños que podrían haber sido víctimas de otros delitos— sea investigada con la urgencia absoluta que esa sola posibilidad exige, y que la sociedad chilena conozca, lo antes posible, si esa sospecha tiene fundamento o no.

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