Una investigación basada en el cruce de datos de Transparencia y fuentes abiertas reveló que 266 beneficiarios de becas de postgrado en el extranjero, otorgadas por el Estado chileno entre 2014 y 2024, figuran hoy con "incumplimiento" ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, principalmente por no acreditar su regreso al país tras terminar sus estudios. El monto total desembolsado para esos 266 casos asciende a $12.842 millones. Entre los diez beneficiarios cuyas becas costaron más caro al Estado, todos permanecen trabajando en el extranjero, según confirmaron sus propios perfiles de LinkedIn, en empresas privadas, universidades y organismos internacionales. El Estado ya presentó demanda civil contra al menos tres de ellos.

El mecanismo que se rompió: becar para que vuelvan, y que no vuelvan

El diseño original de las becas de postgrado en el extranjero que administra la Anid responde a una lógica de inversión pública con retorno esperado: el Estado chileno financia la formación avanzada de profesionales en las mejores universidades del mundo, bajo la premisa de que esos profesionales regresarán al país a aplicar ese conocimiento en beneficio del desarrollo nacional. Es exactamente el mismo principio que sustenta becas equivalentes en decenas de países: el retorno no es un favor opcional del becario, es la contraprestación explícita del beneficio recibido.

Lo que esta investigación revela es que, en al menos 266 casos documentados entre 2014 y 2024, ese mecanismo simplemente no funcionó. El registro público de Anid identifica a esos 266 beneficiarios bajo el estado de "incumplimiento", principalmente por no haber acreditado su regreso a Chile una vez terminados sus estudios. El cruce de esa información con los registros completos de becas otorgadas —obtenidos mediante una solicitud de Transparencia realizada en 2024— permitió reconstruir, caso por caso, el monto exacto que cada beca costó al Estado y la universidad y disciplina específica de cada beneficiario.

El caso más caro: $172 millones para terminar trabajando en Filadelfia

La beca individual más costosa del listado, $172 millones, fue otorgada a un ingeniero en biotecnología de la Universidad de Chile que en 2014 partió a hacer un doctorado en Ingeniería Química en la Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Estados Unidos. Según su propio perfil de LinkedIn, al terminar el doctorado en 2019 se quedó trabajando en Filadelfia, en una multinacional, hasta el día de hoy.

Es relevante señalar, en honor al rigor de este informe, que el propio beneficiario contactó al medio que realizó esta investigación tras su publicación, para precisar que en agosto de 2025 ya suscribió un acuerdo de pago con Anid para cancelar el monto total de la beca asignada. Es decir, aunque figura formalmente con demanda civil ingresada en los registros oficiales, ya existiría una solución acordada para restituir esos fondos al Estado.

Nueve casos más, la misma constante: estudiar afuera, quedarse afuera

El patrón se repite, con variaciones de monto pero la misma conclusión final, en los nueve casos restantes del listado de los diez más costosos. La segunda beca más cara, $150 millones, financió el doctorado en Ciencias Atmosféricas, Oceánicas y Espaciales de un geofísico de la Universidad de Concepción en la Universidad de Michigan; desde 2021 trabaja en el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado. La tercera, $140 millones, correspondió a un ingeniero matemático de la Universidad de Chile que estudió en la Australian National University y se quedó trabajando en Australia. La cuarta, $135 millones, financió el doctorado de un sociólogo de la Universidad Católica en el Imperial College London, donde permanece trabajando hasta hoy —también con demanda civil ingresada. La quinta, $134 millones, correspondió a un ingeniero eléctrico que tras estudiar también en el Imperial College London se quedó en Europa, trabajando primero para la empresa danesa Ørsted y luego para la finlandesa Wärtsilä Energy Storage.

El caso que más indignación genera: $126 millones y vicepresidente de la asociación de estudiantes colombianos

El sexto caso de la lista merece un tratamiento específico, porque revela una dimensión adicional del problema que excede el simple incumplimiento de retorno. Se trata de un ciudadano colombiano que estudió Economía en la Universidad de Cartagena, llegó a Chile en 2012 para hacer un máster en la Universidad Católica del Norte, y cuatro años después obtuvo una Beca Chile por $126 millones para estudiar un doctorado en Regional Science en la prestigiosa Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Según su propio perfil de LinkedIn, mientras cursaba ese doctorado financiado íntegramente por el Estado chileno, ejerció como "vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Colombianos" de su universidad. Tras graduarse, partió a trabajar a la Carnegie Mellon University de Qatar, sin que exista registro de retorno a Chile en ningún momento de su trayectoria posterior.

Este caso específico, sumado a otros tres del listado correspondientes a beneficiarios de origen cubano —una directora de cine que estudió en la Universidad de Columbia y hoy residiría en Brooklyn, y una doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge que trabajó hasta 2023 en una empresa en Alemania—, plantea una pregunta de diseño de política pública que uno de los propios comentarios de los lectores de la investigación original formula con crudeza: si el objetivo declarado de estas becas es fortalecer el capital humano que retorna a contribuir al desarrollo de Chile, ¿qué justifica que una porción significativa de los recursos más cuantiosos del programa se destine a ciudadanos extranjeros sin vínculo de origen con el país, cuando el riesgo de no retorno —dada la ausencia de arraigo familiar o profesional previo en Chile— es, en términos de sentido común, considerablemente mayor?

Los últimos cuatro casos del listado

Completan el ranking de los diez beneficiarios más costosos: la séptima beca, $124 millones, para una directora de cine de origen cubano formada en la Universidad de Columbia; la octava, $121 millones, para una doctora en Estudios Latinoamericanos de origen cubano por la Universidad de Cambridge, con una trayectoria académica previa que incluye estudios en La Habana, México y Canadá; la novena, $116 millones, para una ingeniera civil industrial de la Universidad Católica que obtuvo un doctorado en Educación en el UCL Institute of Education y hoy trabaja como consultora de la Unesco en París —su caso, según confirmó ella misma al medio que realizó la investigación, ya tiene un recurso extraordinario de revisión interpuesto ante Anid en marzo de 2025, actualmente en su etapa final de revisión—; y la décima, $113 millones, para un ingeniero comercial de la Universidad de Chile que tras estudiar Economía en la Universidad de Massachusetts trabajó en el Smith College y hoy permanece en la SOAS University of London.

Lo que esto confirma sobre el control estatal de sus propias inversiones

El elemento más preocupante de esta investigación, más allá de cada caso individual, es la magnitud agregada del problema: 266 beneficiarios en situación de incumplimiento, con un total de $12.842 millones de pesos desembolsados por el Estado chileno sin que exista, hasta ahora, garantía de retorno de esa inversión ni en términos de capital humano efectivamente aplicado al desarrollo del país, ni en términos de restitución financiera de los fondos.

Que el Estado haya presentado demanda civil contra solo tres de los diez casos más costosos analizados en este informe —y que dos de esos tres beneficiarios hayan, según sus propias declaraciones posteriores a la publicación de la investigación, ya gestionado acuerdos de pago o recursos de revisión— sugiere que el mecanismo de cobranza, aunque existe formalmente, opera con una lentitud y una falta de sistematicidad que permite que estos casos se acumulen durante años antes de que el Estado active efectivamente las herramientas legales disponibles para exigir la restitución de los fondos comprometidos.