La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles, con 100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad en manifestaciones y delitos, conocido como ley "antiencapuchados". El Frente Amplio y el Partido Comunista se opusieron al proyecto, que ahora pasa a su segundo trámite en el Senado. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue directo: "Detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias."

Una votación contundente, con una oposición que se identifica sola

El resultado de la votación —100 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones— deja un margen amplio que confirma un respaldo transversal a la iniciativa, mucho más allá de la coalición de gobierno. Pero lo que más debe destacarse de esta jornada es, precisamente, quién conformó el bloque de los 36 votos en contra: según confirma el propio resultado, fueron el Frente Amplio y el Partido Comunista los sectores que se opusieron formalmente al proyecto.

Es una posición que, leída en el contexto de todo lo que esta cobertura ha documentado durante las últimas semanas, no sorprende, pero sí merece ser señalada con la claridad que corresponde. Un proyecto que busca sancionar el ocultamiento deliberado de identidad cuando esa práctica se usa para cometer delitos —atacar, incendiar, saquear, agredir— encontró su resistencia organizada precisamente en los dos sectores políticos que, durante el estallido social y en los años posteriores, han mostrado de manera más consistente reticencia a respaldar instrumentos legales orientados a identificar y sancionar a quienes actúan bajo anonimato en contextos de violencia.

Lo que dijo el ministro Arrau, sin medias tintas

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el resultado de la votación con una declaración que no deja espacio para interpretaciones ambiguas: "Es una buena noticia para Chile. Porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias."

El ministro fue más allá y dirigió un llamado directo a quienes votaron en contra: "La seguridad de las familias, el respaldo a Carabineros y la defensa del orden público no debieran dividirnos, ni tener dos lecturas posibles." Es una frase que plantea, con razón, que existen ciertos consensos básicos sobre seguridad pública que no deberían depender de la posición ideológica de cada bloque parlamentario, y que el hecho de que 36 diputados hayan encontrado motivo para oponerse a sancionar el uso de máscaras para cometer delitos confirma, precisamente, que esos consensos básicos todavía no existen de manera transversal en el Congreso chileno.

Arrau cerró con un mensaje que resume la lógica de fondo del proyecto: "Chile necesita dejar atrás la ambigüedad frente a la violencia. Este proyecto es un paso concreto para recuperar el orden, proteger a quienes viven honestamente y volver a poner la ley del lado de las víctimas."

Por qué el rechazo del FA y el PC no es casualidad

Esta cobertura ha documentado, a lo largo de toda la sesión, un patrón consistente en la posición de estos dos sectores frente a instrumentos legales de fortalecimiento del orden público. El propio Frente Amplio, en su Congreso Ideológico-Estratégico ya analizado en informes anteriores, optó por blindar la gestión de Boric sin ningún espacio formal de autocrítica, incluyendo en materias de seguridad donde el propio gobierno reconoció errores. El Partido Comunista, por su parte, ya fue objeto de cuestionamientos directos en esta cobertura sobre sus credenciales democráticas, particularmente respecto de su disposición a rechazar de manera "decidida, sin ningún pero" la violencia política, según el planteamiento del diputado Enrique Bassaletti documentado hace pocos días.

El rechazo a una ley que simplemente busca sancionar el ocultamiento de identidad cuando se usa para cometer delitos —no la manifestación pacífica en sí misma, que sigue siendo un derecho protegido— se inscribe exactamente dentro de ese mismo patrón. Es razonable preguntarse qué interés legítimo puede tener cualquier sector político en oponerse a que quien se cubre el rostro para incendiar, saquear o agredir enfrente una consecuencia legal específica por ese ocultamiento deliberado, salvo que ese sector considere que esas prácticas de anonimato violento forman parte de un repertorio de acción política que prefiere no ver restringido.

El argumento que merece registrarse: la distinción entre manifestación y delito

Para mantener el rigor que esta cobertura ha aplicado siempre, corresponde señalar que el artículo no recoge declaraciones específicas del Frente Amplio o el Partido Comunista explicando los fundamentos de su rechazo, por lo que esta cobertura no puede atribuirles, sin esa información, un argumento textual que no han formulado públicamente en esta nota. Es razonable suponer, por el historial de objeciones que estos sectores han planteado en debates legislativos similares, que su oposición podría fundamentarse en preocupaciones sobre el uso de mascarillas o pañuelos por razones sanitarias, climáticas o de protección frente a gases lacrimógenos durante manifestaciones legítimas, y en el riesgo de que una norma mal diseñada termine criminalizando la protesta pacífica en lugar de exclusivamente el delito cometido bajo anonimato.

Esa es una objeción técnica legítima que cualquier proyecto de esta naturaleza debe resolver con precisión normativa, y que el Senado, en su segundo trámite, deberá examinar con el detalle que corresponde. Pero la magnitud del respaldo obtenido —100 votos a favor frente a 36 en contra— sugiere que la mayoría de la Cámara consideró que el proyecto, en su redacción actual, distingue adecuadamente entre el ocultamiento de identidad con fines de protección legítima y el ocultamiento deliberado para cometer delitos con búsqueda de impunidad, que es exactamente lo que el ministro Arrau describió en su declaración.

Lo que viene: el Senado, y la pregunta sobre la coherencia del oficialismo de Kast

El proyecto pasa ahora a su segundo trámite legislativo en el Senado. Dado el amplio respaldo que obtuvo en la Cámara, es razonable anticipar que su tramitación en la Cámara Alta enfrentará un escenario más favorable que el que esta cobertura ya documentó respecto de otros proyectos de esta sesión legislativa, como la acusación constitucional contra Grau o la propia megarreforma tributaria.

Lo que este resultado confirma, en definitiva, es que existe en el Congreso chileno un consenso amplio y transversal sobre la necesidad de sancionar el anonimato violento, con una excepción específica y consistente: el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es exactamente el tipo de votación que permite identificar, con claridad nominal y sin ambigüedad, dónde se ubican los límites reales del compromiso de cada sector político con el orden público, más allá de cualquier declaración general sobre la importancia de la seguridad ciudadana que cualquier partido pueda formular en abstracto.