Lo que parecía ser el último trámite legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional terminó abruptamente este miércoles en el Senado: el oficialismo constató, en plena sesión, que no contaba con los 26 votos necesarios para aprobar el único artículo pendiente de la megarreforma, obligando al senador Javier Macaya (UDI) a solicitar el mecanismo reglamentario de la segunda discusión para aplazar la votación. El desenlace confirma, una vez más, el patrón que esta columna ha documentado de forma sostenida: mientras el gobierno de Kast necesita máxima cohesión de su coalición para sacar adelante proyectos de alto impacto, sectores de la propia derecha tradicional —en este caso, la UDI— se dan el lujo de dejar al Ejecutivo sin los votos que ellos mismos habían comprometido.

Lo que estaba en juego: la compensación municipal por la exención de contribuciones

El informe de la comisión mixta que debía votarse buscaba resolver el único aspecto que mantenía abierta la tramitación de la reforma: el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores. La propuesta establecía que la Tesorería General de la República transfiriera a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación generada por esa medida. El texto ya había sido aprobado durante la tarde por la Cámara de Diputados, con un respaldo amplio de 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones. El problema surgió exclusivamente al llegar al Senado.

Sanhueza, el primer quiebre: "no puedo concurrir con mi voto a favor"

La señal de alerta más determinante provino del propio sector que se supone debía respaldar al gobierno: el senador Gustavo Sanhueza (UDI), cuyo voto era dado por seguro por el Ejecutivo, anunció durante el debate que rechazaría el informe, al considerar insuficiente la fórmula de compensación municipal propuesta. "Cuando ese alcalde se va, el perjuicio queda para toda la comunidad, y esa comunidad tiene que aguantar por años", argumentó, citando el caso de un municipio de la Región de Ñuble que podría requerir un administrador provisional por sobreendeudamiento. Sanhueza cerró con una frase que selló la suerte de la sesión: "no puedo concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, si no se toma una solución de fondo".

La ausencia que remató la votación: Van Rysselberghe en Biobío

A la defección de Sanhueza se sumó la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien viajó por motivos personales a la Región del Biobío. El propio parlamentario explicó después que había ingresado un pareo formal con la senadora Yasna Provoste... —corrección: con la senadora Cicardini (PS)— para toda la sesión del miércoles, pero que "ante la citación a último minuto para una sesión especial a última hora del día de hoy, se generó una descoordinación con mi bancada". Es decir, dos senadores UDI —uno con un rechazo anunciado en plena sala, otro ausente por una gestión de pareo que terminó jugándole en contra al propio gobierno— fueron los que, en los hechos, dejaron al Ejecutivo sin los votos que necesitaba.

A esto se sumaron las dudas de los senadores independientes Rojo Edwards (cercano a RN) y Matías Walker, quienes condicionaron su respaldo a que se garantizaran recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, otra región afectada por el sistema frontal que esta columna ha cubierto extensamente en las últimas semanas.

La explicación oficial: "situaciones que pasan en la vida"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, intentó minimizar el episodio calificándolo de un imprevisto comprensible: "un senador que por razones impostergables, de carácter personal, no podía estar hoy día aquí en el hemiciclo. Son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles y se resuelve postergar la votación". Esta columna considera que esa lectura, aunque comprensiva en el plano humano, minimiza el problema de fondo: no se trata de un imprevisto aislado, sino de la enésima ocasión en que el gobierno de Kast descubre en plena sesión legislativa que no cuenta con el respaldo comprometido de su propia coalición, un patrón que ya documentamos extensamente respecto de la amenaza de quiebre entre RN y el Partido Republicano, y que hoy se repite con la UDI como protagonista.

Las críticas más duras vinieron de la oposición, y tenían razón

Resulta revelador que las críticas más certeras a la gestión política del Ejecutivo no provinieran de la propia coalición de gobierno, sino de parlamentarios de oposición que expusieron con crudeza el problema de cálculo legislativo. El jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), fue frontal: "aquí, en el oficialismo, no se cuenta con los votos suficientes (...) más que pedir segunda discusión, lo que procede es votar, y que la ciudadanía sepa cuál es el epílogo en el Congreso de este proyecto de ley". El senador Iván Flores (DC) fue todavía más incisivo, apuntando directamente contra la gestión política del gobierno: "yo escuchaba hoy día que fue un error de cálculo, o sea, la calculadora no tenía ni pilas ni pantalla ni nada, porque se tiraron un salto al vacío, confiados en que tenían los votos. Nunca siquiera fueron capaces de percibir que su propia gente estaba molesta con su propio gobierno porque a su propia gente no le han cumplido".

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue quizás la más certera en identificar la raíz política del problema: "cuando el Gobierno se da cuenta que no están los votos, finalmente le saca la urgencia y dilata lo que es una realidad: que ni siquiera la derecha está conforme con esta propuesta de financiamiento a los municipios". Esa frase resume, con precisión quirúrgica, el fenómeno que esta columna lleva semanas documentando bajo el concepto de "derechita cobarde": no es la oposición de izquierda la que frena al gobierno de Kast en este episodio, sino su propia coalición.

El costo político para la Segpres

El traspié también dejó expuesta la gestión del ministro de la Segpres, José García Ruminot, encargado de coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El diputado Marcos Ilabaca (PS) fue lapidario: "la Segpres ha cometido error tras error y tienen un grave problema legislativo. Lo de ayer fue un bochorno de marca mayor, suspender algo que ellos mismos tenían el pie en el acelerador. La Segpres no está a la altura. No me había tocado vivir algo así". Aunque se trata de una crítica formulada por un parlamentario de oposición, y por tanto debe leerse con ese contexto político, la secuencia de los hechos —un gobierno que lleva a votación un proyecto sin haber verificado previamente que contaba con los 26 votos necesarios— es difícil de explicar sin apuntar a una falla real de coordinación política dentro del propio Ejecutivo.

Lectura editorial: la UDI, capítulo más reciente de un patrón que ya es sistémico

Esta columna ha documentado en semanas recientes cómo la fractura de la coalición de gobierno —entre RN y el Partido Republicano, y ahora entre la UDI y el propio Ejecutivo— se ha convertido en el principal obstáculo para la gobernabilidad de Kast, por encima incluso de la oposición formal de izquierda. Que sea precisamente un senador UDI quien anuncie en plena sala su rechazo a un proyecto que su propio sector había comprometido, y que otro senador UDI esté ausente por una descoordinación de pareo, confirma que el problema no es puntual ni aislado: es estructural, y se repite con una regularidad que debería preocupar seriamente a La Moneda.

La UDI, al igual que RN en episodios anteriores, tiene todo el derecho legítimo de exigir mejoras técnicas a un proyecto de ley antes de aprobarlo —el argumento de Sanhueza sobre la necesidad de una solución de fondo para las finanzas municipales no carece de mérito—. Pero ese desacuerdo debió resolverse antes de llevar el proyecto a votación, no en plena sesión, dejando al gobierno expuesto públicamente y a la ciudadanía esperando durante horas un desenlace que, según la propia oposición, ya era evidente desde el inicio de la sesión. Ese es, precisamente, el comportamiento que esta línea editorial cataloga como "derechita cobarde": anteponer el cálculo interno y la sorpresa de última hora a la responsabilidad de sostener con seriedad la agenda legislativa de un gobierno que la propia UDI ayudó a elegir.