MIENTEN Y TRAICIONAN AL PAÍS: UN DOCUMENTO PROPIO DESMIENTE A CAROLINA RUDNICK SOBRE EL ARANCEL DE EE.UU.

Un documento fechado el 14 de abril de 2026, presentado por la propia Fundación Libera ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y firmado por su presidenta, Carolina Rudnick, contradice de manera directa y documental la versión que la propia abogada ha repetido públicamente en distintos medios chilenos: que su organización nunca buscó que el país fuera sancionado comercialmente. Esta columna, que ya investigó en profundidad el origen del arancel de 12,5% y el perfil de Rudnick, actualiza ahora su cobertura con un antecedente que cambia por completo el estándar de rigor aplicable a sus declaraciones: ya no se trata de una diferencia de interpretación política, sino de una contradicción verificable entre lo que ella dijo públicamente y lo que su propia fundación escribió por escrito, bajo su firma, a la autoridad estadounidense.

El contexto que hace más grave esta contradicción

Para dimensionar correctamente la relevancia de este hallazgo, es necesario recordar el estado en que se encontraba el debate público chileno hasta antes de conocerse este documento. Esta columna ya había establecido, en su investigación sobre el origen completo del arancel, que la clasificación de Chile en el tramo arancelario más alto de la Sección 301 fue una decisión técnica de la USTR, publicada el 2 de junio de 2026, en el marco de un proceso administrativo aplicado simultáneamente a 60 economías, con consultas a más de 45 gobiernos y más de 2.100 comentarios públicos recibidos. Ese marco general permitía sostener, con la evidencia disponible hasta entonces, que la participación de Fundación Libera y Ecoceanos había sido temprana y contribuyente, pero no la causa exclusiva ni determinante del arancel.

Ese matiz, sin embargo, dependía en gran medida de un supuesto que hoy queda seriamente cuestionado: que la intención declarada de las organizaciones chilenas ante la USTR era efectivamente distinta de una sanción comercial, y que su denuncia apuntaba únicamente a impulsar reformas legislativas internas. Ese supuesto era, en gran parte, el que sostenía la defensa pública de Rudnick, y es precisamente ese supuesto el que el documento revelado por Ex-Ante desmiente con el peso de la palabra escrita y firmada por la propia interesada.

Lo que Rudnick dijo en público, palabra por palabra

Tras conocerse la imposición del arancel el pasado 24 de julio, Rudnick salió con rapidez a defender el rol de su organización en el proceso, consciente del creciente reclamo transversal que parlamentarios de todos los sectores —oficialismo y oposición por igual— ya habían formulado contra las dos ONG chilenas que participaron en las audiencias de Washington. En entrevista con La Tercera, fue categórica: "nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado". La frase, repetida en distintos formatos y entrevistas durante los días posteriores, se convirtió en la línea de defensa central de la fundación frente a la ola de críticas.

En una carta enviada posteriormente a El Mercurio, Rudnick fue todavía más específica y detallada en su descargo, apelando incluso a la existencia de un registro formal que respaldaría su versión: "como consta en las actas de las audiencias ante el Comité del USTR, mi fundación y Ecoceanos, a quien representé, solicitamos que no se aplicaran aranceles a Chile y que se reemplazara dicha decisión por la implementación de un plan de siete medidas estructurales". Esta frase es, en rigor, la más comprometedora de todo su descargo público, porque no se limita a describir una intención genérica, sino que afirma con precisión que existió una solicitud expresa de no aplicar aranceles, respaldada supuestamente por las propias actas oficiales del proceso.

La abogada llegó, además, a mostrarse molesta por haber sido señalada como responsable del alza arancelaria, en un tono que buscaba proyectar la imagen de una víctima de una campaña de desinformación orquestada por sectores empresariales y políticos interesados en desviar la atención de sus propias responsabilidades en materia laboral.

Lo que su propio documento dice, sin ambigüedad

El texto de 15 carillas, enviado el 14 de abril —es decir, casi tres meses antes de que Rudnick viajara a exponer personalmente en Washington entre el 7 y el 9 de julio— y dirigido directamente al embajador Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos y máxima autoridad de la USTR, dice exactamente lo contrario de lo que ella sostendría después ante la prensa chilena. El propio documento señala, en su presentación inicial, que su objeto es abordar "la presencia de trabajo forzoso en bienes producidos en Chile (...) el grado en que esa falta ha afectado negativamente al comercio estadounidense, global y chileno; y las acciones que deberían tomarse para abordar estos problemas, incluyendo el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile y/o el nivel y alcance, si corresponde, de restricciones a la importación de productos chilenos".

No se trata de una frase aislada o descontextualizada: la sección quinta completa del propio documento se titula, sin ambigüedad alguna, "Recommended Remedies: Duties and Import Restrictions on Chilean Products" —en español, "Medidas recomendadas: Aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos"—. Es decir, la propia estructura del documento dedica una sección entera, con ese título explícito, a proponer aranceles como medida correctiva, algo que no puede interpretarse como un desliz retórico ni como una mención incidental dentro de un texto centrado en otros objetivos.

El documento culmina, además, con un pedido explícito de acción punitiva: "la Fundación Libera insta al Comité de la Sección 301 a que examine detenidamente las pruebas presentadas en este escrito y a que adopte medidas decisivas para hacer frente a estas prácticas". La expresión "medidas decisivas" no es un llamado a la mesura ni a la gradualidad: en el contexto de un documento que dedica una sección completa a recomendar aranceles y restricciones a la importación, esa frase final opera como un cierre coherente con el resto del texto, no como una contradicción interna.

Es un dato crucial, que Ex-Ante subraya con precisión periodística: en ningún pasaje del documento oficial la ONG solicita que no se apliquen aranceles, ni presenta las siete medidas legislativas que Rudnick menciona en su carta a El Mercurio como una alternativa sustitutiva a los aranceles. Las plantea, en cambio, como un complemento adicional dentro de un régimen que combina, simultáneamente, sanciones comerciales y reformas normativas internas.

El lenguaje que retrata a Chile como un "sistema activo" de explotación

Más allá de la discusión sobre si se pidieron o no aranceles explícitamente, el propio texto presentado por Rudnick ante la autoridad estadounidense utiliza un lenguaje que resulta revelador sobre la magnitud de la acusación que su fundación decidió instalar ante un gobierno extranjero. Según el documento, "la falla de Chile en imponer y aplicar efectivamente prohibiciones al trabajo forzoso en sus sectores agrícola y salmonero no es una brecha regulatoria abstracta. Es un sistema activo, facilitado por el gobierno, que extrae valor de trabajadores vulnerables, distorsiona el costo de los bienes que ingresan al comercio estadounidense, y crea vulnerabilidades estratégicas en infraestructura portuaria crítica".

Detengámonos en esta frase, porque su gravedad trasciende la simple discusión sobre aranceles sí o aranceles no. Calificar la situación laboral chilena como "un sistema activo, facilitado por el gobierno" de extracción de valor de trabajadores vulnerables no es una descripción moderada de deficiencias normativas puntuales: es una acusación de complicidad estatal sistemática con la explotación laboral, formulada ante el gobierno de la principal potencia económica mundial, y en un momento —la investigación de la Sección 301— en que Estados Unidos ya buscaba activamente argumentos para justificar una política arancelaria de alcance global tras el revés judicial que había sufrido la administración Trump con la IEEPA.

Es difícil, revisando este lenguaje, conciliarlo con la imagen que Rudnick proyectó después ante la opinión pública chilena, según la cual su fundación únicamente buscaba "que Chile pueda demostrar, con hechos, que produce respetando los derechos fundamentales de las personas". Esa frase, pronunciada en tono conciliador y casi colaborativo hacia el Estado chileno, contrasta de manera evidente con la descripción de "sistema activo, facilitado por el gobierno" que su propia fundación utilizó tres meses antes ante la autoridad comercial estadounidense.

El antecedente del seminario de 2024: un patrón de conducta que se repite

Esta columna ya había documentado, en su perfil sobre Carolina Rudnick, un episodio previo que hoy cobra nueva relevancia a la luz de este documento: en noviembre de 2024, Fundación Libera presentó los resultados de una investigación de dos años sobre las condiciones laborales de los buzos en la salmonicultura del sur de Chile, en un seminario que terminó en un confuso enfrentamiento con trabajadores y representantes de la industria, quienes según el propio relato de la fundación intentaron impedir la entrega de los resultados. Ese antecedente muestra que la relación entre Fundación Libera y el sector salmonero venía deteriorándose desde antes de la denuncia ante Washington, y que la decisión de acudir a un organismo extranjero no fue un giro repentino, sino la escalada de una estrategia de incidencia que ya no encontraba, según la propia fundación, canales efectivos de diálogo dentro de Chile.

Ese patrón de escalada progresiva es compatible con la idea de que Fundación Libera efectivamente buscaba, desde bastante antes de julio, un mecanismo de presión más contundente que el diálogo directo con la industria o con las autoridades chilenas. Y el documento del 14 de abril confirma que ese mecanismo de presión incluía, explícitamente, la posibilidad de sanciones arancelarias, no solo la exposición pública de irregularidades laborales.

Las reacciones parlamentarias que ahora cobran nuevo peso

Esta columna ya documentó el reclamo transversal que generó la participación de las ONG chilenas en el proceso de la USTR: diputados UDI como Natalia Romero, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu anunciaron oficios para determinar si estas organizaciones reciben financiamiento público; el presidente de la Comisión de Pesca, Alejandro Bernales, cuestionó que nunca hubiera visto antecedentes reales de trabajo forzoso en sus años de fiscalización; la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, calificó la actuación de las organizaciones como "vergonzosa e impresentable"; y hasta la diputada comunista Nathalie Castillo, pese a defender el derecho a denunciar condiciones laborales, cuestionó que se hubiera optado por instancias extranjeras en lugar de los canales internos chilenos.

Todas esas críticas se formularon, sin embargo, antes de que se conociera este documento del 14 de abril. Es decir, se basaban en la sospecha de que la denuncia de Fundación Libera había sido desproporcionada o poco fundamentada, pero no contaban con evidencia documental de que la propia organización hubiera mentido activamente sobre sus objetivos declarados. Con este nuevo antecedente, el reclamo parlamentario adquiere un fundamento adicional y más grave: ya no se trata solo de cuestionar la conveniencia estratégica de acudir a un organismo extranjero, sino de que la principal responsable de esa decisión habría faltado a la verdad, de manera reiterada y en distintos medios de comunicación, sobre el contenido exacto de lo que su fundación solicitó por escrito.

Por qué esto ya no es una diferencia de opinión política

Esta columna ha sido consistente en su exigencia de rigor y en su cuidado de no calificar como falsedad aquello que corresponde, en rigor, al terreno legítimo de la opinión política. En nuestra investigación previa sobre el perfil de Rudnick, señalamos con claridad que su historial de trabajo bajo gobiernos de distinto signo político —incluyendo un breve paso por el gobierno de Boric y otro más extenso bajo el primer gobierno de Piñera— no permitía sostener una caracterización simplista de "funcionaria de izquierda", y que su rol en el proceso arancelario, según nuestra propia investigación, no había sido la causa determinante ni exclusiva del arancel.

Este nuevo antecedente exige, sin embargo, un ajuste en la evaluación: no se trata ya de una interpretación discutible sobre las verdaderas intenciones últimas de la organización —algo que, en efecto, admite matices y buena fe en el debate público—, sino de una contradicción documental verificable entre lo que Rudnick afirmó repetidamente, en al menos dos medios de prensa distintos, y lo que su propia fundación solicitó por escrito y bajo su firma a la autoridad comercial de Estados Unidos. La diferencia es sustancial: mientras una interpretación puede debatirse y matizarse, una contradicción entre una declaración pública y un documento oficial propio se resuelve con la simple lectura comparada de ambos textos, y en este caso esa comparación arroja un resultado inequívoco.

Las consecuencias reputacionales, más allá del debate legal

Conviene ser preciso sobre el tipo de consecuencia que corresponde exigir en este caso. No se trata, en principio, de un asunto que deba resolverse en tribunales chilenos: Fundación Libera no cometió, hasta donde permite establecer la evidencia disponible, ningún delito al presentar su denuncia ante la USTR, un derecho que cualquier organización de la sociedad civil puede ejercer legítimamente ante instancias internacionales. El problema de fondo es de naturaleza reputacional y de credibilidad pública: una organización que se presenta ante la opinión pública chilena como defensora exclusiva de reformas internas, mientras solicitaba por escrito a un gobierno extranjero la evaluación de sanciones comerciales, compromete seriamente la confianza que la ciudadanía y las propias autoridades pueden depositar en sus futuras denuncias, por legítimas que estas puedan ser en el fondo.

Esto es particularmente relevante porque Fundación Libera se dedica, según su propia identidad institucional, a la prevención y erradicación de la trata de personas y el trabajo forzoso, un objetivo que esta columna no cuestiona en sí mismo y que merece, en principio, el respaldo de cualquier sociedad democrática comprometida con los derechos humanos. El problema no es la causa que defiende la fundación, sino la transparencia —o falta de ella— con que comunicó sus verdaderas gestiones ante un organismo extranjero cuya decisión terminó costando cientos de millones de dólares a la economía exportadora chilena y afectando directamente el empleo de decenas de miles de trabajadores del sector agrícola y salmonero, precisamente el mismo sector cuyos trabajadores la fundación dice defender.

La paradoja de fondo: ¿a quién beneficia realmente este episodio?

Existe una paradoja que esta columna considera importante señalar en el cierre de este análisis. Fundación Libera se presenta como defensora de los trabajadores de la salmonicultura y la agroexportación chilena frente a presuntas condiciones de explotación laboral. Sin embargo, el resultado concreto y verificable de su intervención ante la USTR —independientemente de cuál haya sido su ponderación exacta dentro de la decisión final de la agencia estadounidense— fue un arancel que encarece las exportaciones chilenas de esos mismos sectores hacia su principal mercado de destino, con el consiguiente riesgo de reducción de producción, cierre de líneas de negocio o pérdida de empleos en las mismas industrias donde trabajan las personas que la fundación dice proteger.

Si el objetivo real de Rudnick hubiera sido exclusivamente impulsar reformas legislativas internas, como sostuvo públicamente, cabría preguntarse por qué su propio documento dedicó una sección completa a recomendar aranceles y restricciones a la importación, en lugar de limitarse a solicitar asistencia técnica o presión diplomática para una reforma normativa, sin involucrar mecanismos punitivos comerciales que, por su propia naturaleza, terminan encareciendo los productos chilenos y afectando la competitividad de las mismas empresas cuyos trabajadores dice defender. Esa pregunta, hasta el cierre de esta nota, sigue sin una respuesta convincente por parte de la propia fundación.

Lo que corresponde exigir

Frente a un desmentido documental de esta claridad, esta columna considera que Carolina Rudnick y Fundación Libera tienen la obligación ineludible de explicar públicamente la discrepancia entre sus declaraciones a la prensa chilena y el contenido literal del documento que ellos mismos presentaron ante la USTR, en lugar de seguir sosteniendo una versión que su propio expediente contradice de manera tan evidente. Una explicación seria no puede limitarse a matices semánticos sobre la diferencia entre "recomendar evaluar aranceles" y "pedir aranceles": el propio título de la sección quinta del documento —"Medidas recomendadas: Aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos"— no deja espacio razonable para esa distinción.

Esta exigencia se suma, además, al reclamo transversal que ya formularon parlamentarios de todos los sectores políticos para que las organizaciones no gubernamentales involucradas en este proceso transparenten con la misma claridad su financiamiento y el contenido exacto de todo lo que expusieron ante un gobierno extranjero. La revelación de este documento por parte de Ex-Ante confirma que esa exigencia de transparencia no era un exceso retórico de la clase política, sino una demanda plenamente justificada frente a organizaciones que, mientras se presentan públicamente con un discurso de moderación y colaboración, sostuvieron posiciones considerablemente más duras ante instancias internacionales, sin que la ciudadanía chilena tuviera forma de conocerlo hasta que un medio de investigación tuvo acceso al documento original.

Conclusión: la traición no está en denunciar, está en mentir sobre lo denunciado

Esta columna quiere ser precisa en su conclusión, para no incurrir en el mismo tipo de simplificación que critica en otros actores del debate público: el problema de fondo no es que Fundación Libera haya decidido denunciar presuntas irregularidades laborales ante un organismo internacional, una decisión que —acertada o no en términos de conveniencia estratégica para el país— corresponde al ámbito legítimo del activismo de derechos humanos en una sociedad democrática. El problema real, y el que justifica la dureza del titular de esta columna, es que su presidenta salió después, en repetidas ocasiones y ante distintos medios de comunicación chilenos, a sostener una versión de los hechos que su propio documento oficial contradice palabra por palabra. Se puede denunciar de buena fe y equivocarse en la estrategia; lo que no se puede hacer, sin pagar un costo de credibilidad, es negar públicamente haber solicitado por escrito exactamente aquello que terminó ocurriendo, mientras el país entero paga las consecuencias económicas de un arancel que su propia fundación ayudó a instalar en el expediente que la USTR terminó utilizando para fundamentar su decisión final.