EL ALCALDE DEL FRENTE AMPLIO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA ADMINISTRAR SIN EL DINERO DE LAS CONTRIBUCIONES

Subtítulo: Miguel Concha, alcalde de Peñalolén por el Frente Amplio, advirtió que la exención de contribuciones a mayores de 65 años tendrá un "impacto devastador" en su comuna y que la pérdida equivale a todo el presupuesto social del municipio. Lo que Concha no dice es la conclusión lógica de su propio argumento: si no puede administrar Peñalolén sin ese dinero, está admitiendo que su gestión depende de que los adultos mayores de su comuna sigan pagando un impuesto que el gobierno quiere eliminarles.

Hay declaraciones políticas que revelan más de lo que sus autores pretenden. La del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, del Frente Amplio, publicada este lunes 8 de junio de 2026 en respuesta a la exención de contribuciones anunciada por el gobierno de Kast para los mayores de 65 años, pertenece a esa categoría.

Concha advirtió al ministro de Hacienda Jorge Quiroz que la medida "tendrá un impacto devastador para Peñalolén, que afectará indudablemente a los servicios que recibe la comunidad." Y luego añadió la frase que lo dice todo: "La baja en ingresos es equivalente a todo el presupuesto social del municipio."

Detengámonos ahí. El alcalde del Frente Amplio está diciendo que si el gobierno exime a los adultos mayores de su comuna del pago de contribuciones de su primera vivienda, el municipio perderá una cantidad de dinero equivalente a todo su presupuesto social. Es decir: su programa social completo está financiado, en términos proporcionales, por el impuesto que pagan los adultos mayores de Peñalolén.

La conclusión lógica que Concha no pronuncia pero que su argumento implica es la siguiente: el alcalde del Frente Amplio necesita que los adultos mayores de su comuna sigan pagando contribuciones para poder financiar su gestión social. Si no los cobran, no puede gobernar. Es, en términos políticos brutalmente directos, una declaración de incompetencia administrativa disfrazada de advertencia fiscal.

LA MEDIDA: QUÉ ES LA EXENCIÓN Y POR QUÉ EXISTE

La exención de contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años es una de las medidas de la megarreforma del gobierno Kast. La lógica es simple y tiene un consenso político amplio en muchas democracias del mundo: los adultos mayores que son propietarios de su vivienda pero tienen ingresos bajos o fijos —jubilaciones que el sistema de AFP generó insuficientes— no deberían enfrentar el riesgo de perder su hogar por no poder pagar un impuesto que grava el patrimonio acumulado a lo largo de una vida de trabajo.

Las contribuciones de bienes raíces son un impuesto al patrimonio, no al ingreso. Una persona de 70 años que vive en una casa que compró hace treinta años con su esfuerzo puede tener un patrimonio inmobiliario "elevado" en el papel —porque el valor del suelo subió— pero un ingreso mensual de jubilación absolutamente insuficiente para pagar un impuesto calculado sobre ese valor. El resultado es un adulto mayor que enfrenta la disyuntiva entre pagar las contribuciones o pagar los remedios. En muchos casos, la solución histórica fue vender la casa. Es decir, el impuesto lo dejó sin hogar.

La exención busca corregir esa injusticia específica. No es una medida ideológica de derecha: en muchos países de Europa con gobiernos de centroizquierda existen mecanismos similares de protección del patrimonio residencial de los adultos mayores. Es simplemente sentido común aplicado a una situación de vulnerabilidad real.

EL ARGUMENTO DE CONCHA: LEGÍTIMO EN LA FORMA, REVELADOR EN EL FONDO

El alcalde Concha tiene razón en un punto técnico: la exención tiene un costo para los municipios. Las contribuciones son una fuente de ingresos municipal, y si se exime a un segmento significativo de propietarios, el municipio pierde recaudación. Peñalolén perdería más de 1.270 millones de pesos según el propio municipio, y sería una de las comunas más afectadas.

Ese es un dato real que merece atención. El gobierno nacional tiene la obligación de diseñar mecanismos de compensación para los municipios que se vean afectados por esta decisión de política tributaria. No puede simplemente traspasar el costo de una decisión nacional a los gobiernos locales sin contemplar ningún mecanismo de ajuste. Si eso ocurriera, Concha tendría toda la razón en su queja.

Pero Concha no está haciendo solo esa reclamación técnica. Está diciendo algo más: que la medida tendrá un "impacto devastador" porque la pérdida equivale a "todo el presupuesto social del municipio." Y ahí está la revelación que su propia declaración contiene: si su programa social completo depende de un monto equivalente a lo que pagan las contribuciones de los adultos mayores, lo que Concha está admitiendo es que su gestión social está construida sobre el impuesto que pagan las personas más vulnerables de su propia comuna.

Peñalolén no es Las Condes. No es Vitacura. Es una comuna mixta que, como el propio Concha señala, tiene a "más de la mitad de sus habitantes inscritos en el Registro Social de Hogares." Es decir, es una comuna con alta proporción de familias de bajos ingresos. Y el alcalde del Frente Amplio —partido que se presenta como el defensor de esas familias— está diciendo que su programa social se financia con las contribuciones que pagan los adultos mayores de esa misma población vulnerable.

La ironía política de esa situación es perfecta en su perversidad: el Frente Amplio que denuncia la injusticia del sistema tributario chileno tiene su política social municipal financiada por un impuesto que cae sobre los adultos mayores más vulnerables de su propia comuna. Y cuando el gobierno quiere eliminar ese impuesto para esos adultos mayores, el alcalde del FA sale a decir que no puede gobernar sin ese dinero.

EL MINISTRO QUIROZ Y LAS "COMUNAS RICAS": UN ERROR DE COMUNICACIÓN QUE ABRE FLANCOS

La situación de Peñalolén revela también un error de comunicación del gobierno que merece ser señalado. El ministro Quiroz dijo que las principales afectadas iban a ser las "comunas ricas." Concha lo cita directamente para rebatirlo: Peñalolén no es una comuna rica y sin embargo es una de las más afectadas.

Quiroz tiene razón en términos proporcionales: las comunas con mayor concentración de propiedades de alto valor —Las Condes, Vitacura, Providencia— pierden más en términos absolutos porque tienen más propietarios de viviendas caras. Pero no tiene razón en términos distributivos: la exención afecta a todos los municipios con propietarios mayores de 65 años, independientemente del nivel socioeconómico de la comuna.

Ese error de comunicación le dio a la oposición municipal —no solo Concha, sino otros alcaldes de comunas mixtas y periféricas— el argumento para presentarse como víctimas de una medida que, en términos de política social, beneficia a sus propios vecinos adultos mayores.

El gobierno necesita responder a ese argumento con dos cosas simultáneas: primero, un mecanismo de compensación claro para los municipios afectados que garantice que no habrá deterioro neto en los servicios locales. Segundo, una comunicación más precisa que explique que la exención no es un regalo a los ricos sino una protección al patrimonio de los adultos mayores de todos los estratos socioeconómicos, incluidos los de Peñalolén.

LA PREGUNTA QUE CONCHA NO PUEDE RESPONDER

Hay una pregunta que el propio argumento de Concha genera y que el alcalde no puede responder sin contradecirse: si la exención de contribuciones a los adultos mayores de su comuna tendrá un "impacto devastador" en los servicios que reciben esos mismos vecinos, ¿eso significa que la política social del municipio de Peñalolén ha estado siendo financiada a costa del bolsillo de sus vecinos adultos mayores más vulnerables?

Porque si Peñalolén pierde 1.270 millones equivalentes a "todo el presupuesto social del municipio", eso significa que ese presupuesto social estaba siendo financiado, en parte, por quienes menos pueden pagarlo: los adultos mayores con jubilaciones bajas que son propietarios de sus viviendas. Los mismos que el Frente Amplio dice defender.

La respuesta honesta a esa pregunta es incómoda para Concha: sí, la política social de Peñalolén se financia con un impuesto que cae sobre todos los propietarios, incluidos los adultos mayores vulnerables. Y cuando el gobierno quiere eximir a esos adultos mayores del pago, el municipio pierde recaudación. Eso no es culpa del gobierno de Kast: es el resultado de un sistema de financiamiento municipal que tiene una dependencia estructural de las contribuciones que ningún gobierno, incluido el de Boric con alcaldes del FA en todo el país, modificó.

EL PATRÓN FA: GESTIONAR CON EL DINERO DEL ESTADO, CRITICAR CUANDO SE AJUSTA

El caso de Concha no es aislado. Es parte de un patrón que la alcaldía del Frente Amplio en varias comunas reproduce con sistematicidad: administrar los municipios con recursos del Estado central —transferencias, contribuciones, fondos concursables— y luego presentarse como víctimas cuando esos recursos se modifican por decisión del gobierno nacional.

Es una lógica que tiene una trampa política evidente: si la política social municipal depende de recursos que el gobierno central puede modificar, entonces la autonomía que el FA reivindica para sus alcaldías es más nominal que real. Y cuando el gobierno central toma una decisión de política tributaria que reduce esa recaudación, el alcalde del FA tiene solo dos opciones: admitir que no tiene cómo reemplazar esos recursos con gestión propia, o proponer alternativas concretas de financiamiento municipal que no dependan de cobrarles a los adultos mayores.

Concha eligió la primera opción. Dijo que el impacto será "devastador" y que no puede asumir la pérdida. Es, en términos políticos, una declaración de incompetencia administrativa. No porque Peñalolén sea mal administrado —no hay elementos para afirmar eso— sino porque el alcalde está admitiendo que su gestión no tiene capacidad de absorber la pérdida de una fuente de ingresos sin que los servicios se deterioren.

Eso es exactamente lo que el gobierno de Kast debería responder con política, no solo con comunicación: si los municipios quedan desfinanciados por la exención de contribuciones a adultos mayores, el gobierno nacional debe diseñar el mecanismo de compensación que garantice que la medida no se convierte en un costo que pagan los vecinos más vulnerables de las comunas de menores recursos.

Esa es la discusión que merece tener. No la que Concha planteó, que en el fondo es una defensa del statu quo que cobra contribuciones a los adultos mayores para financiar la política social municipal.

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