EL FISCALIZADOR QUE PESCABA PARA LOS DOS LADOS: GUILLERMO QUIROZ, PPD, SERNAPESCA Y $9 MIL MILLONES EN PESCA ILEGAL
Subtítulo: Guillermo Quiroz era director regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, precandidato a diputado por el PPD y amigo declarado del senador Alfonso De Urresti. En público llamaba a respetar la normativa pesquera y a denunciar la pesca furtiva. En privado era parte de una red acusada de mover $9 mil millones en recursos hidrobiológicos sin origen legal entre 2023 y 2024. Es uno de los 56 detenidos en una operación que también involucra a tres carabineros, un funcionario municipal de Valdivia y cinco trabajadoras de un peaje.
Hay una imagen que define el caso Guillermo Quiroz con más precisión que cualquier análisis jurídico. Es marzo de 2023. Quiroz, director regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, encabeza una conferencia de prensa para anunciar la extensión de la temporada de pesca recreativa. Y dice, con la autoridad del funcionario que conoce su materia: "A actuar con responsabilidad respetando la normativa, portando licencia de pesca recreativa, a usar solo señuelos artificiales, respetar las cuotas de captura diaria, a la devolución cuando corresponda." Y añade: "Denuncien la pesca furtiva ante las autoridades competentes. Es un delito."
Tres años después de esa declaración, Guillermo Quiroz es uno de los 56 detenidos en una operación contra una red acusada de mover ilegalmente cerca de $9 mil millones en recursos hidrobiológicos en las regiones de Los Ríos y Los Lagos entre 2023 y 2024. Los mismos años en que pedía a los pescadores que respetaran la normativa y denunciaran la pesca ilegal.
Chile produce este tipo de personaje con una regularidad que ya no sorprende pero que sigue siendo difícil de asimilar: el funcionario que fiscaliza la actividad que también practica, el político que predica la norma que viola, el hombre que desde el cargo público construye la red de contactos que luego usa para el beneficio privado.
EL PERFIL: BIÓLOGO MARINO, PPD Y AMIGO DE DE URRESTI
Guillermo Quiroz tiene 59 años y es biólogo marino de profesión. Construyó una trayectoria en el servicio público que lo llevó desde la concejalía hasta la Seremi de Economía durante la primera administración de Michelle Bachelet. Fue precandidato a diputado por el PPD en 2013 por la Región de Los Ríos, donde declaró públicamente su cercanía con el entonces candidato y hoy senador socialista Alfonso De Urresti.
Las palabras de Quiroz sobre esa relación son especialmente reveladoras en el contexto de lo que se conoce hoy: "Más que fortalecer mi candidatura, el triunfo de Alfonso De Urresti fortalece una forma de hacer política en lo que respecta al contacto ciudadano, a la cercanía con quienes se dice representar y de los temas que son de preocupación." Y añadió: "Si bien es cierto, tengo una larga y estrecha amistad con Alfonso, esto va mucho más allá de los propios partidos que ambos representamos."
Una "larga y estrecha amistad" con un senador socialista de la región. Una trayectoria en el servicio público de Bachelet. Un cargo como precandidato del PPD. Y años después, director regional subrogante de Sernapesca. Es el tipo de capital político y de red de contactos que, en las regiones del sur de Chile, puede ser útil para muchas cosas. Incluyendo las que no deberían hacerse.
LA RED: TRES GRUPOS, DOS REGIONES, $9 MIL MILLONES
La investigación de la Fiscalía y la PDI identificó una estructura organizada en tres grupos que operaban principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos. El mecanismo era el siguiente: la red adquiría recursos del mar —pescados y mariscos— sin acreditar origen legal ni trazabilidad. Luego los comercializaba a través de canales formales, dándoles una apariencia de legalidad que no tenían.
Entre 2023 y 2024, la organización habría generado ingresos cercanos a los $9 mil millones. No es pesca artesanal de subsistencia. Es una operación comercial de escala industrial que requería infraestructura, coordinación y, crucialmente, protección dentro del sistema de fiscalización que debía detectarla y detenerla.
Esa protección es el elemento más revelador de la investigación. Los cargamentos eran trasladados desde la zona de Calbuco hacia Los Ríos utilizando mecanismos diseñados para evitar controles y fiscalizaciones. Los funcionarios involucrados en la red habrían entregado información privilegiada sobre operativos y puntos de control para facilitar el desplazamiento de la mercancía.
En términos operativos, eso significa que alguien dentro del sistema de control le avisaba a la red cuándo y dónde había fiscalización. Esa información era el activo más valioso que la red podía tener: convertía los controles del Estado en papel mojado porque la organización los conocía de antemano.
LOS CARABINEROS, EL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y LAS TRABAJADORAS DEL PEAJE
La dimensión más perturbadora de la operación es el alcance de la infiltración institucional que revela. Entre los 56 detenidos hay tres funcionarios activos de Carabineros, un trabajador municipal de Valdivia y cinco trabajadoras del peaje Troncal La Unión.
Los carabineros que participaban en la red no solo eran funcionarios del Estado: eran la primera línea de fiscalización en carreteras y zonas de control. Su participación —entregando información sobre operativos o facilitando el paso de los cargamentos— era el mecanismo más directo para neutralizar el sistema de control que se supone debían operar.
Las trabajadoras del peaje Troncal La Unión habrían alertado sobre fiscalizaciones en las rutas utilizadas por la organización. Un peaje no es un organismo de Carabineros ni de Sernapesca. Es infraestructura vial con trabajadoras civiles. Que cinco de ellas estuvieran integradas a la red de información que protegía los cargamentos dice algo sobre la profundidad con que esa organización había tejido su sistema de alertas.
El funcionario municipal de Valdivia añade otro eslabón: la red tenía acceso a información de distintos niveles del aparato estatal en la región, no solo de los organismos específicamente encargados de la fiscalización pesquera.
EL DOBLE DISCURSO: LO QUE QUIROZ DECÍA EN PÚBLICO
El caso Quiroz tiene una característica que lo convierte en material de estudio sobre la hipocresía institucional: la distancia entre su discurso público y su conducta privada está documentada en sus propias declaraciones oficiales.
En marzo de 2023, mientras presuntamente participaba en la red, Quiroz encabezó una reunión con locatarios de la Feria Fluvial de Valdivia en el marco de controles especiales por Semana Santa. El objetivo de la reunión era "reforzar la importancia de comercializar productos con origen autorizado y asegurar que pescados y mariscos cumplieran con las exigencias sanitarias y pesqueras establecidas por la normativa."
El equipo liderado por Quiroz explicó que los controles se extenderían "a toda la cadena de valor, incluyendo zonas de extracción, desembarque, transporte, plantas de proceso y puntos de venta."
Es decir: Quiroz presidía reuniones sobre trazabilidad y origen autorizado de productos del mar mientras presuntamente participaba en una red que movía recursos hidrobiológicos sin acreditar origen legal ni trazabilidad. Fiscalizaba la cadena de valor de la pesca mientras era parte de la cadena de valor de la pesca ilegal.
El nivel de cinismo operativo que eso requiere —o de compartimentación mental entre el rol público y la conducta privada— es difícil de sobreestimar.
LA PREGUNTA QUE NADIE QUIERE HACER: ¿HASTA DÓNDE LLEGABA LA RED POLÍTICA?
Quiroz tenía una "larga y estrecha amistad" con el senador De Urresti. Fue seremi de Bachelet. Fue precandidato del PPD. Construyó su carrera en el servicio público de la izquierda chilena en la Región de Los Ríos durante más de dos décadas.
La pregunta que el proceso judicial deberá responder —y que la investigación deberá perseguir con rigor— es si esa red política y de contactos fue utilizada también para proteger o facilitar la operación criminal. No hay evidencia pública que vincule a De Urresti ni a otros políticos con la red. Lo que sí hay es la constatación de que Quiroz usó su posición institucional —construida sobre esa red política— para operar dentro del sistema que debía fiscalizar.
Es la misma pregunta que el Caso Audios plantea respecto a Hermosilla: ¿hasta qué punto la red de contactos políticos y judiciales era parte del activo que hacía posible la operación? En el caso de Quiroz, la posición de director regional subrogante de Sernapesca —obtenida a través de una trayectoria en el servicio público de la izquierda— era el acceso que le permitía tener la información privilegiada sobre operativos que la red necesitaba.
Ese acceso no se consigue solo. Se construye. Y en Chile, se construye a través de la política.
EL PATRÓN: EL ESTADO COMO COBERTURA
El caso Quiroz no es un hecho aislado. Es parte de un patrón que aparece una y otra vez en la investigación del crimen organizado y la corrupción institucional en Chile: el Estado como cobertura y como proveedor de información para las redes criminales.
El Tren de Aragua usó a ejecutivos bancarios. La red pesquera de Los Ríos usó a un director de Sernapesca, tres carabineros y cinco trabajadoras de peaje. La red de Luis Hermosilla usó a operadores dentro del Poder Judicial. El caso Convenios usó a organizaciones sociales vinculadas a partidos de gobierno para canalizar 90 mil millones de pesos.
La estructura es siempre la misma: un actor del sector privado —o de la política— que construye una red de contactos dentro del Estado, que usa esa red para acceder a información o protección que el mercado legal no puede proveer, y que monetiza esa ventaja a escala.
Lo que diferencia al caso Quiroz es la claridad casi perfecta del contraste: el mismo hombre que pedía denunciar la pesca furtiva era parte de la red que habría que denunciar.
LO QUE EL GOBIERNO KAST DEBE HACER
La Operación Tokio contra el Tren de Aragua y la operación que capturó a Quiroz y a 55 coimputados son dos ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado invierte recursos en investigación criminal seria. La PDI y la Fiscalía funcionaron. Los resultados son contundentes.
El gobierno de Kast tiene la oportunidad de usar estos casos para construir algo más que victorias procesales individuales: una reforma sistémica de los mecanismos de control interno en los servicios del Estado. Sernapesca, Carabineros, los municipios y los organismos de control de carreteras necesitan sistemas de detección de conductas irregulares que no dependan exclusivamente de la denuncia externa.
Si un director regional subrogante puede participar durante dos años en una red que mueve $9 mil millones sin que el organismo que dirige lo detecte internamente, hay un problema de control interno que trasciende el caso individual.
Eso es lo que el gobierno tiene la obligación de construir después de cada operación exitosa: no solo la condena del caso específico sino la reforma que impida el siguiente.
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