Apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional asestara un golpe significativo al proyecto de Escuelas Protegidas, la oposición volvió a activar la misma herramienta: amenazar con un requerimiento ante el TC para frenar una indicación que el gobierno de José Antonio Kast ni siquiera ha ingresado formalmente todavía. El anuncio se produjo horas después de que los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Seguridad, Martín Arrau, adelantaran el contenido de las modificaciones que La Moneda enviará la próxima semana al proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. Este informe reconstruye el anuncio del gobierno, la reacción inmediata de la oposición, y el patrón que conecta este episodio con el precedente reciente de Escuelas Protegidas.

El contexto: el caso que reactivó el debate

La discusión sobre endurecer la responsabilidad penal adolescente no es nueva, pero recobró urgencia tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo a manos de menores de edad, un caso que instaló con fuerza en la agenda pública la pregunta sobre la capacidad del sistema actual para responder a la creciente participación de adolescentes en delitos graves. El caso, conocido en el debate público como "Ley Alejandro", fue el que terminó de empujar al Ejecutivo a acelerar sus propias indicaciones al proyecto ya en tramitación.

Los números que maneja el Ministerio Público respaldan la percepción de un problema creciente: según cifras citadas por la bancada de diputados de la UDI, en 2022 hubo 4.158 menores vinculados a delitos de crimen organizado, cifra que subió a 4.675 en 2023 y a 4.966 durante 2024, un incremento sostenido de casi 20% en solo dos años.

Frente a ese diagnóstico, la UDI —a través del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y los diputados Jaime Coloma y Eduardo Cretton— había solicitado semanas atrás al gobierno poner urgencia a un proyecto propio de la bancada que busca rebajar la edad de responsabilidad penal de 14 a 13 años, además de permitir sanciones más estrictas a mayores de 16 años reincidentes o involucrados en delitos graves. Esa iniciativa había sido respaldada días antes por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, en un proyecto de resolución que pedía al presidente Kast avanzar en esa dirección.

Lo que anunció el gobierno: sin bajar la edad, pero endureciendo las penas

El gobierno optó, sin embargo, por una fórmula distinta a la rebaja de edad que pedía la UDI: en lugar de bajar el umbral de 14 años, decidió endurecer el régimen de sanciones para adolescentes de 16 y 17 años en un catálogo específico de 17 delitos de alta gravedad, permitiendo que sean juzgados con reglas más cercanas al régimen de adultos en esos casos puntuales.

El detalle técnico más relevante lo entregó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, al confirmar que, dentro del paquete de indicaciones que prepara La Moneda, "se quitará en el caso de este catálogo de 17 delitos, la limitación de 5 años de condena a los menores de 14 y 15 años", estableciendo en su lugar que se aplicará el límite de condena que hoy rige para los adolescentes de 16 y 17 años, sustancialmente más alto. Es decir, la reforma no toca el umbral de edad mínima de responsabilidad penal, pero sí elimina uno de los principales resguardos que hoy limitan la severidad de las condenas para los tramos etarios más jóvenes del sistema, cuando el delito cometido pertenezca al catálogo de los 17 delitos definidos como graves.

Previamente, había sido el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien anunció que las indicaciones para corregir el proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente ingresarían al Senado la próxima semana.

La reacción inmediata: la oposición activa el TC antes de conocer el texto

Los anuncios de ambos ministros bastaron para activar a la oposición, particularmente en la Cámara de Diputados, que adelantó su intención de recurrir —nuevamente— al Tribunal Constitucional, pese a que las indicaciones concretas ni siquiera habían sido ingresadas formalmente al Congreso.

La primera en advertir un supuesto vicio de constitucionalidad fue la diputada Lorena Fries (FA), quien sostuvo que "no puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de responsabilidad penal". Fries fue explícita sobre el estándar constitucional que, a su juicio, estaría en juego: "Ese es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación" a ese estándar.

El diputado Iván Leiva fue más allá en la contundencia de su cuestionamiento: "esta indicación es una norma que a mi juicio es absolutamente inconstitucional", declaró, sin matices, calificando de antemano como inconstitucional una indicación cuyo texto definitivo todavía no se conoce públicamente en detalle.

La voz distinta dentro de la propia oposición

No todo el bloque opositor compartió la misma lectura. El diputado Bernardo Salinas (Ind.-PC), integrante de la comisión de Seguridad, ofreció una postura más matizada: "bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y el nivel de actos delictuales que hoy día cometen estos jóvenes", reconoció, aunque llamó a evaluar el proyecto "con rigurosidad y responsabilidad", advirtiendo sobre el riesgo de "no quitándoles derechos garantizados constitucionalmente a los jóvenes, no empujándolos más a la marginalidad, no llevándolos a la escuela del crimen a través de las cárceles". Es una posición que, sin descartar la necesidad de endurecer el sistema, plantea cautela sobre los efectos de largo plazo de una medida punitiva mal diseñada.

El precedente que explica la estrategia: Escuelas Protegidas

El anuncio de recurrir al TC no ocurre en el vacío. Apenas una semana antes, el mismo Tribunal Constitucional había asestado lo que distintos medios calificaron como "el primer gran golpe" al gobierno de Kast, al declarar inconstitucionales cuatro artículos centrales del proyecto de Escuelas Protegidas —una de las iniciativas insignia de la administración en materia de seguridad escolar, impulsada tras el ataque registrado en Calama.

El fallo, conocido la noche del 23 de junio, eliminó del texto la posibilidad de que Carabineros y la PDI revisaran mochilas de estudiantes sin autorización de un fiscal en caso de negativa del alumno y ausencia de apoderados, y —en lo que se consideró el golpe más significativo— anuló la norma que condicionaba el acceso a la gratuidad en educación superior a no haber sido condenado por delitos contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó el fallo como un "gran fracaso" para el Ejecutivo, mientras el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que el TC había puesto un "freno" a una ley de "inspiración autoritaria".

El propio análisis político posterior al fallo identificó el patrón que hoy se repite: la oposición observa en el actual Tribunal Constitucional —con una composición distinta a la de gobiernos anteriores— una instancia efectiva para detener iniciativas del Ejecutivo que no logra frenar en el Congreso. Un antecedente relevante señalado por la prensa especializada es que, durante el gobierno de Boric, el mismo sector que hoy recurre sistemáticamente al TC valoraba críticamente ese rol del tribunal cuando era usado en su contra; hoy, con una composición distinta, lo utiliza activamente como herramienta de contención frente a la agenda de Kast.

Las consecuencias del fallo de Escuelas Protegidas ya se proyectan más allá de ese proyecto puntual: en la oposición se sostiene que el criterio usado por el TC respecto de la restricción a la gratuidad genera un precedente que podría afectar directamente a otras iniciativas del oficialismo con lógica similar, como el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades, que restringe beneficios como la PGU o el subsidio de arriendo a quienes figuren en esa nómina por faltas graves.

El patrón: amenazar con el TC antes de que el texto exista

Lo distintivo del episodio actual es el momento en que se activa la amenaza: a diferencia de Escuelas Protegidas, donde la oposición recurrió al TC después de que el Congreso despachara la ley completa, en el caso de Responsabilidad Penal Adolescente los cuestionamientos de inconstitucionalidad se formulan antes de que las indicaciones hayan sido siquiera ingresadas al Senado, basándose únicamente en el anuncio verbal de los ministros Rabat y Arrau sobre el contenido que tendrán.

Esa anticipación convierte a la amenaza del TC en algo más que una herramienta de control constitucional ex post: funciona, en la práctica, como una señal de presión política dirigida a condicionar el contenido mismo de la indicación antes de que se redacte en su versión final, aprovechando el precedente reciente y favorable que la oposición obtuvo en Escuelas Protegidas.

Lo que está en juego

El proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, por lo que las indicaciones que ingresará el Ejecutivo la próxima semana deberán superar la discusión legislativa en esa instancia antes de convertirse eventualmente en ley —y, si la oposición cumple su amenaza, antes de enfrentar un nuevo examen del Tribunal Constitucional. El desenlace de Escuelas Protegidas, que obligó al gobierno a recalibrar aspectos centrales de esa ley tras el fallo adverso, funciona hoy como advertencia explícita —y como amenaza calculada— para lo que podría venir con la reforma en responsabilidad penal adolescente: una de las apuestas más sensibles políticamente de la actual administración en materia de seguridad, ahora bajo la sombra de un tribunal que, en la lectura del propio oficialismo, se ha consolidado como el nuevo escenario donde la oposición dirime las batallas que no logra ganar en el Congreso.