El diputado socialista Daniel Manouchehri calificó de "miserable" a los sectores de derecha que plantearon hipótesis de tráfico de menores y de órganos en el caso de los niños haitianos, acusándolos de fabricar "una historia de horror" sin pruebas. La diputada Joanna Pérez, de Demócratas, le respondió con dureza: "Es lamentable que el diputado Manouchehri intente deslegitimar hechos que son extremadamente graves." El diputado UDI Mario Olavarría fue más lejos, acusándolo de un "grosero doble estándar". Todo esto mientras Contraloría confirma 64 niños haitianos inubicables, de los cuales 33 ya fueron encontrados, y mientras crece la evidencia de que el problema se originó bajo administraciones de gobiernos de izquierda, incluyendo —según el senador Johannes Kaiser— "la complicidad del gobierno de Bachelet".

"Miserable": la palabra que Manouchehri eligió para la fiscalización

El diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, entregó esta semana una de las declaraciones más agresivas de toda esta cobertura, en momentos en que el país recién comenzaba a procesar la magnitud de lo que implica tener decenas de niños haitianos sin paradero conocido. Dijo textualmente: "Lo que hemos visto es miserable. Sectores de la derecha hablaron de secuestros, tráfico de menores y hasta tráfico de órganos sin una sola prueba. Confundieron niños inubicables en un registro con niños desaparecidos para sembrar miedo y atacar políticamente. Investigar no autoriza a mentir y usar a niños haitianos para fabricar una historia de horror es cruzar todos los límites."

Apuntó directamente, con nombre y apellido, contra el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, que planteó la posible existencia de una red de tráfico de menores, y contra el diputado republicano Enrique Basaletti, que mencionó la hipótesis de tráfico de órganos. "Ninguno mostró una prueba, pero la película de horror ya estaba instalada", remató.

Conviene precisar, con el mismo rigor que esta cobertura ha aplicado desde el inicio de este caso, que la hipótesis del tráfico de órganos fue efectivamente descartada de manera categórica por el fiscal Eugenio Campos ante el Senado: "Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado." Esa corrección ya quedó registrada en informes anteriores. Pero llamar "miserable" a quien formula una hipótesis dentro de una investigación en curso —que la propia Fiscalía no descartó en su momento de plano, sino con una respuesta inicial ambigua— es un salto retórico que confunde la corrección de un dato con la deslegitimación moral de quien lo planteó mientras la investigación todavía estaba en sus primeras etapas.

La respuesta de Pérez: "Intenta deslegitimar hechos extremadamente graves"

La diputada Joanna Pérez, de Demócratas —una de las parlamentarias de Chile Vamos que, en otro frente de esta misma sesión, ya había sido identificada entre los disidentes que votarían en contra de la acusación constitucional contra Grau— respondió a Manouchehri con una contundencia que merece ser destacada. "Es lamentable que el diputado Manouchehri intente deslegitimar hechos que son extremadamente graves y que dicen relación con el funcionamiento de los instrumentos de control migratorio del Estado", declaró.

Pérez fue precisa al delimitar el terreno real de la discusión, alejándose tanto del sensacionalismo que Manouchehri denuncia como de la minimización que él mismo está practicando: "Aquí no estamos frente a una discusión política menor. Existen antecedentes que deben ser esclarecidos y respecto de los cuales corresponde determinar responsabilidades, corregir fallas institucionales y establecer si hubo personas u organizaciones que se aprovecharon de estas debilidades."

Agregó, con una claridad institucional que contrasta con la descalificación de Manouchehri: "Estamos hablando de situaciones que involucran a niños haitianos, pero también del correcto funcionamiento de instituciones como Migraciones, la PDI, la DGAC, el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez. Todas ellas tienen un rol que cumplir y deben entregar explicaciones cuando corresponda."

Olavarría y el "grosero doble estándar"

El diputado de la UDI, Mario Olavarría, fue quien formuló la acusación más directa contra la consistencia política de Manouchehri y su sector. "No parece razonable y constituye un grosero doble estándar cada vez que hay dirigentes de oposición involucrados en irregularidades, o bien le bajan el perfil o critican los informes que emanan de la Contraloría General de la República. Pero cuando se trata del otro lado, del oficialismo, vamos presentando querellas y vamos criticando y pidiendo renuncias", señaló.

Es una acusación que apunta a un patrón de conducta política más amplio que el caso específico de los niños haitianos, y que merece ser leída con atención: la consistencia en el estándar de fiscalización —exigir explicaciones y responsabilidades sin importar el color político de quien las deba dar— es exactamente el principio que toda institucionalidad democrática necesita para funcionar con legitimidad. Que un dirigente de oposición use la palabra "miserable" para descalificar preguntas legítimas sobre el manejo de un escándalo que ocurrió, en su tramo más grave, bajo gobiernos de izquierda, mientras ese mismo sector exigió explicaciones inmediatas en otros casos que involucraban al oficialismo actual, es precisamente el tipo de inconsistencia que erosiona la confianza pública en el debate político.

Cuadrado Prats: el intento de cerrar el caso antes de que termine

El diputado del PPD, Carlos Cuadrado Prats, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, aportó una intervención que, sin usar el mismo tono agresivo de Manouchehri, avanza en una dirección similar de minimización. Sostuvo que "finalmente serán muchas las autoridades de este Gobierno las que tendrán que dar explicaciones por lo sucedido", trasladando hacia el gobierno actual una responsabilidad que, según toda la evidencia ya documentada en esta cobertura —el memorándum de 2024, las alertas ignoradas desde 2023, la sospecha de colaboración consular bajo la administración de Boric— corresponde mayoritariamente al período anterior.

Cuadrado Prats agregó: "No puede ser que a partir de la filtración de un preinforme de la Contraloría se genere todo este revuelo, que implica un innecesario castigo a la comunidad haitiana de nuestro país, el cuestionamiento del funcionamiento de las Instituciones permanentes de la República, y se dañe internacionalmente la imagen de nuestro país."

Esta declaración merece una lectura cuidadosa, porque invierte el orden lógico de los hechos. El "revuelo" no se generó porque alguien filtró un preinforme sin motivo. Se generó porque el preinforme documentó, con datos verificables, que más de 200 niños haitianos ingresaron al país sin que el Estado pudiera establecer su paradero, que doce adultos se repitieron como responsables de 486 menores, y que hubo sospecha de colaboración de un funcionario consular chileno con la organización de vuelos irregulares. Calificar la difusión pública de esos hechos como un "innecesario castigo" a la comunidad haitiana invierte la responsabilidad: el daño a esa comunidad no lo causó el periodismo ni la fiscalización parlamentaria. Lo causó el patrón de negligencia institucional que permitió que el fenómeno alcanzara esta escala sin control durante años.

Trisotti: "Esta situación fue detectada el año pasado y no se hizo absolutamente nada"

El senador republicano Renzo Trisotti entregó la respuesta más directa a la estrategia de minimización que Manouchehri y Cuadrado Prats representan. "La situación de los niños haitianos y el fortalecimiento de los mecanismos para su protección no se resuelven con excusas, ni con teorías conspirativas ni minimizando la gravedad de los hechos como han intentado hacer algunos sectores de izquierda", declaró.

Trisotti fue categórico sobre la cronología que ya esta cobertura ha documentado extensamente: "Hoy ha quedado en evidencia que esta situación fue detectada por la Contraloría el año pasado, que instruyó al Servicio Nacional de Migraciones iniciar una investigación y no hizo absolutamente nada. Si no van a colaborar para esclarecer lo ocurrido y evitar que vuelva a repetirse, al menos no obstaculice la decisión y la voluntad de quienes sí estamos comprometidos con encontrar la verdad, saber en qué condiciones están los niños y establecer las responsabilidades que correspondan."

El balance real: 64 inubicables, 33 ya encontrados

En medio de este cruce político, conviene no perder de vista el dato operativo más reciente, que de hecho es el que originó esta nueva ronda de declaraciones: Contraloría alertó sobre 64 niños haitianos inubicables, y este viernes se entregó un balance de 33 menores ya encontrados. Es una cifra significativamente menor a los más de 200 que se manejaron en etapas anteriores de esta investigación, lo que sugiere que buena parte de los casos inicialmente reportados como "sin paradero conocido" correspondían, en efecto, a registros desactualizados antes que a desapariciones efectivas, tal como Carolina Tohá había planteado como una de las dos hipótesis posibles en su entrevista anterior.

Eso es, sin duda, una noticia relativamente positiva dentro de la gravedad general del caso. Pero no resuelve, ni debe permitir que se diluya, la pregunta de fondo que motivó toda esta investigación: por qué el sistema de control migratorio chileno permitió que esa incertidumbre sobre el paradero de decenas de niños existiera en primer lugar, durante años, sin que ninguna institución la resolviera antes de que un preinforme filtrado obligara a actuar.

La complicidad de Bachelet, según Kaiser

Un antecedente adicional que circuló esta semana en el debate público, y que merece registrarse con la cautela debida porque proviene de una declaración política y no de un hallazgo de investigación formal, es la afirmación del senador Johannes Kaiser de que el ingreso de niños haitianos se produjo "con la complicidad del gobierno de Bachelet." Esta declaración, si se sustenta con antecedentes verificables en las próximas semanas, extendería el origen estructural del problema más allá del gobierno de Boric, hacia un período aún anterior, lo que reforzaría la tesis ya planteada por diputados republicanos de que esta es una falla que atraviesa más de una década y más de una administración, de distintos signos políticos.

Lo que este cruce revela

El verdadero problema de la intervención de Manouchehri no es que exija rigor en el manejo de las hipótesis —eso es, en principio, una exigencia legítima que cualquier medio serio, incluyendo esta cobertura, también ha aplicado al corregir la hipótesis del tráfico de órganos cuando fue descartada por la Fiscalía. El problema es el uso de la palabra "miserable" para describir la formulación de preguntas legítimas en medio de una investigación en curso, en un caso donde la opacidad y la negligencia institucional durante el gobierno de Boric ya están documentadas con nombres, fechas y memorandos oficiales.

Pedir rigor en las hipótesis es razonable. Calificar de miserable a quien pregunta, mientras se evita con el mismo aliento explicar qué hicieron exactamente las autoridades socialistas y del Frente Amplio que tuvieron, durante años, la información necesaria para detectar y frenar este problema, es exactamente el "doble estándar" que Olavarría denunció.

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