La Contraloría General de la República detectó pagos improcedentes por más de $1.700 millones en la Comisión Nacional de Riego, incluyendo facturas rebajadas mediante notas de crédito para no acreditar el gasto real, 621 proyectos sin cierre formal y la contratación de una empresa cuyo propietario es cónyuge de una funcionaria del organismo. En paralelo, un informe sobre la gestión de Jorge Sharp en la Municipalidad de Valparaíso reveló casi $18.000 millones sin rendición de cuentas entre 2023 y 2024. Ambos casos ya fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, mientras el Congreso tramita un proyecto que otorgaría a Contraloría la facultad de requerir la remoción de alcaldes y gobernadores regionales ante vulneraciones graves al principio de probidad.

La Comisión Nacional de Riego: facturas que se rebajan después de pagarse

El hallazgo más reciente y técnicamente más grave corresponde a la Comisión Nacional de Riego (CNR), organismo encargado de gestionar bonificaciones estatales para inversiones y obras de riego y drenaje en el sector agrícola. La auditoría de Contraloría sobre la gestión y control de esos recursos públicos detectó un mecanismo que merece explicarse con precisión porque revela un patrón de manipulación contable, no solo un descuido administrativo: la CNR pagó bonificaciones utilizando facturas que, posteriormente, fueron rebajadas mediante notas de crédito, de manera que el gasto real terminó sin poder acreditarse.

Este mecanismo —pagar primero contra una factura, y rebajarla después con una nota de crédito— es exactamente el tipo de maniobra contable que permite que el registro formal de un gasto no coincida con el desembolso efectivo de recursos públicos, abriendo la puerta a que el dinero comprometido no se destine finalmente a la obra o inversión que en teoría debía financiar.

A esa irregularidad se suman otras tres de magnitud considerable. Primero, al menos 621 iniciativas cuyo plazo de ejecución ya expiró permanecen sin cierre formal ni declaración de abandono, lo que la propia Contraloría describe como recursos comprometidos sin control efectivo, sin que existan medidas oportunas para regularizar esa situación. Segundo, se detectaron discrepancias entre los registros de la propia CNR y los del Servicio de Impuestos Internos, incluyendo montos distintos, documentos que directamente no existen, y errores de datos que debilitan cualquier posibilidad de control efectivo sobre el uso de los recursos. Tercero, y quizás el hallazgo de mayor sensibilidad desde el punto de vista de la probidad funcionaria, se constató la contratación de una empresa cuyo propietario es cónyuge de una funcionaria de la propia CNR, una situación que infringe directamente las normas sobre inhabilidades que rigen la contratación pública en Chile.

Finalmente, la Contraloría estableció que las rendiciones de fondos enviadas por la Tesorería General de la República no fueron adecuadamente verificadas ni respaldadas por la propia CNR, lo que impide asegurar el correcto uso de los recursos públicos y limita la trazabilidad de los pagos en toda la cadena del proceso.

El resultado de esta auditoría tiene consecuencias concretas y ya en curso: Contraloría anunció que presentará un reparo —es decir, una demanda en Juicio de Cuentas— para recuperar los más de $1.716 millones pagados de manera improcedente. Además, ordenó a la CNR instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades, y envió los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos para que cada organismo evalúe las acciones que le correspondan dentro de su competencia.

Valparaíso: $18.000 millones sin rendir en el último año de Sharp

El segundo hallazgo de magnitud comparable corresponde a un informe de Contraloría sobre la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad de Valparaíso durante el último período de la administración de Jorge Sharp, entre 2023 y 2024. La cifra central del informe es elocuente por sí sola: casi $18.000 millones de pesos sin rendición de cuentas, además de un deficiente control contable y observaciones específicas al registro de asistencia tanto de autoridades como de funcionarios municipales.

El informe va más allá de la dimensión puramente contable y advierte sobre posibles vulneraciones al principio de probidad, incluyendo la realización de actividades de carácter electoral en horario laboral municipal —una conducta que, de confirmarse en el sumario correspondiente, constituiría un uso indebido de recursos y tiempo público para fines político-partidistas— así como atrasos significativos en la tramitación de sumarios administrativos previos, lo que sugiere un patrón de demora deliberada o negligente en la aplicación de sanciones internas.

La senadora electa Camila Flores calificó el informe de "demoledor", señalando que confirma que la gestión de Sharp "fue un desastre administrativo, con miles de millones de pesos sin rendir, controles inexistentes y una opacidad absolutamente inaceptable en el uso de recursos públicos." Es una valoración política, pero que se sostiene sobre cifras que la propia Contraloría documentó con el rigor técnico que corresponde a su función fiscalizadora.

La administración municipal actual confirmó que se encuentra dentro del plazo legal de 15 días hábiles para informar a Contraloría el inicio de los procesos disciplinarios correspondientes. El concejal Leonardo Contreras señaló que la oposición evalúa acciones legales adicionales tras la publicación del informe, mientras que el exconcejal del período auditado, Vladimir Valenzuela, cuestionó el documento alegando imprecisiones en su redacción —una respuesta que, en cualquier caso, no contradice las cifras centrales del hallazgo ni ofrece una explicación alternativa para los $18.000 millones sin rendir.

Como en el caso de la Comisión Nacional de Riego, Contraloría ordenó la apertura de procedimientos disciplinarios, la evaluación de la restitución de los recursos públicos comprometidos, y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La suma que importa: casi $19.700 millones en dos hallazgos

Sumando ambos casos, la cifra agregada de recursos públicos comprometidos por irregularidades detectadas en estos dos informes de Contraloría supera los $19.700 millones de pesos: $1.716 millones en la Comisión Nacional de Riego y casi $18.000 millones en la Municipalidad de Valparaíso. Es una cifra que, puesta en perspectiva con otros casos que esta cobertura ha documentado extensamente —los $146.469 permisos de circulación irregulares en 322 municipios, los más de 7.000 millones de pesos en pensiones de gracia con beneficiarios cuestionados— confirma un patrón estructural de fallas de control en el manejo de recursos públicos chilenos, que atraviesa organismos sectoriales del gobierno central y municipios de distinto signo político, sin que ningún nivel de la administración del Estado pueda presentarse como una excepción virtuosa.

El fortalecimiento de Contraloría: una reforma necesaria, pero con críticas propias

En paralelo a estos hallazgos, el Congreso tramita un proyecto de ley, originado en el Ejecutivo y refundido con mociones de oposición, que busca fortalecer las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la propia Contraloría. La iniciativa contempla el levantamiento del secreto bancario institucional, lo que permitiría al organismo contralor solicitar directamente a cualquier banco información sobre operaciones de entidades del Estado, sin los obstáculos procesales que hoy dificultan ese acceso.

El proyecto incorpora además una atribución de la máxima relevancia institucional: la posibilidad de que Contraloría pueda fiscalizar a asociaciones y corporaciones, y que, en caso de detectar una "vulneración grave al principio de probidad" por parte de alcaldes o gobernadores regionales, el ente contralor pueda requerir formalmente la remoción de esa autoridad. Esta atribución, de aprobarse, habría sido directamente aplicable al tipo de hallazgos documentados en el caso de Valparaíso, donde el informe advierte exactamente sobre ese tipo de vulneraciones graves al principio de probidad en la gestión municipal.

El diputado republicano José Carlos Meza, sin embargo, advirtió que el proyecto, aunque valioso como primer paso, no resuelve el problema estructural de fondo: el déficit de presupuesto, recursos y dotación de funcionarios que enfrenta la propia Contraloría para ejercer plenamente sus facultades fiscalizadoras sobre el universo completo de organismos públicos y municipios del país. Es una crítica que merece tomarse en serio: de poco sirve otorgar nuevas atribuciones legales a un organismo si, en la práctica, no cuenta con el personal y los recursos necesarios para ejercerlas de manera oportuna sobre la totalidad de las entidades que debe fiscalizar.

El contexto regulatorio: la Resolución N° 3 que redefine el control previo

Estos hallazgos ocurren, además, en un momento de transformación regulatoria del propio sistema de control de Contraloría. La Resolución N° 3 de 2026, vigente desde el 1 de junio, modificó las reglas sobre el trámite de toma de razón —el mecanismo mediante el cual Contraloría revisa previamente la legalidad de determinados actos de la administración del Estado antes de que produzcan efectos. La nueva normativa busca priorizar ese control previo en las materias de mayor entidad y trascendencia, eximiendo de revisión previa a actos de menor relevancia para agilizar la gestión pública, pero incorporando un capítulo especial con nuevas exigencias específicas para los municipios, incluyendo control obligatorio sobre los reglamentos de plantas municipales y sobre las bases y adjudicaciones de contratos de recolección de basura.

Esta reforma regulatoria, vista en conjunto con los hallazgos de la Comisión Nacional de Riego y de la Municipalidad de Valparaíso, plantea una pregunta legítima sobre el diseño del sistema de control: si el objetivo es focalizar la revisión previa en las materias más relevantes para liberar capacidad fiscalizadora hacia donde más se necesita, el éxito de esa reforma deberá medirse, en los próximos informes de Contraloría, por si efectivamente se traduce en una detección más temprana de irregularidades de la magnitud de las que hoy se conocen solo después de que el daño patrimonial ya se produjo.

Lo que estos casos confirman sobre el estado de la probidad pública chilena

El patrón que emerge de estos dos informes, leídos junto al resto de los hallazgos de Contraloría que esta cobertura ha documentado en las últimas semanas —los permisos de circulación irregulares, las pensiones de gracia mal fiscalizadas, el caso de los niños haitianos con su pre informe de 71 páginas— confirma que la fragilidad de los controles internos en la administración pública chilena no es un fenómeno aislado a un sector, a un nivel de gobierno, ni a un color político específico. Afecta a un organismo sectorial del gobierno central como la Comisión Nacional de Riego, y a un municipio históricamente identificado con el progresismo más combativo como Valparaíso bajo Sharp.

La respuesta institucional en ambos casos —sumarios administrativos, reparos patrimoniales, derivación al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado— sigue el procedimiento que la ley establece. Lo que esos procedimientos todavía deben demostrar, en los próximos meses, es si efectivamente conducen a la recuperación de los recursos comprometidos y a sanciones proporcionales a la gravedad de lo detectado, o si se sumarán a la larga lista de hallazgos de Contraloría que generan titulares de prensa pero cuyas consecuencias administrativas y judiciales terminan diluyéndose con el paso del tiempo.

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