Jean Chery Dormeus, detenido este miércoles junto a Ezechiel Rome por tráfico ilícito de migrantes, asociación criminal y lavado de activos, no era un desconocido para el Estado chileno. Mientras su agencia de viajes, Cananeen, facilitaba el ingreso ilegal de niños haitianos a Chile, Dormeus presidía simultáneamente la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, una ONG que recibió más de 50 millones de pesos en fondos públicos entre 2021 y 2024, aprobados por decretos firmados por el entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado bajo el gobierno de Piñera, y posteriormente por la propia Carolina Tohá bajo el gobierno de Boric. La PDI tenía a ambos imputados en su radar desde 2024. La Fiscalía no dio curso a las diligencias propuestas por la policía hasta este mismo miércoles.

El hallazgo que cambia la naturaleza del caso

Esta cobertura ha documentado, durante semanas, una crisis institucional definida por fallas sistémicas, memorandos sin atribuciones legales, y un patrón de doce adultos que se repetían como responsables de cientos de menores sin que el sistema activara las alertas correspondientes. Lo que faltaba, hasta ahora, era exactamente esto: un nombre, una identidad verificable, y la confirmación judicial de que detrás de ese patrón operaba, efectivamente, una estructura de tráfico organizado, con imputados formales que enfrentarán cargos concretos.

Jean Chery Dormeus es el único dueño de la Agencia Cananeen, una de las empresas que la Fiscalía investiga por tráfico ilícito de migrantes desde Puerto Príncipe, y que fue allanada la tarde del martes. Junto a Ezechiel Rome, propietario de la empresa MundoPam, ambos fueron detenidos por la PDI tras los allanamientos, y serán formalizados este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.

Es, hasta donde esta cobertura puede confirmar, la primera vez que el caso de los niños haitianos produce imputados formales con cargos específicos de esta naturaleza, después de meses de informes de Contraloría, sumarios administrativos y declaraciones políticas que documentaron el problema sin que apareciera, hasta este momento, una cara concreta detrás de la red.

El mecanismo: de Haití a República Dominicana, y de ahí a Santiago con Arajet

Según fuentes familiarizadas con la investigación, las agencias de viajes de Dormeus y Rome facilitaban el paso de niños, niñas y adolescentes desde Haití hacia República Dominicana a través de pasos fronterizos inhabilitados, cobrando importantes sumas de dinero por esa gestión. Una vez en territorio dominicano, los menores viajaban en vuelos de la aerolínea Arajet hacia Santiago.

El mecanismo para lograr el ingreso a Chile, según la reconstrucción de la investigación, operaba mediante un permiso notarial: los padres de los menores, residentes en Chile, otorgaban esa autorización a una persona del grupo "traficado" que fuera mayor de edad, permitiendo así que el menor ingresara formalmente bajo la figura de reunificación familiar, aunque el adulto que lo acompañaba no tuviera necesariamente el vínculo de parentesco directo que esa figura legal supone.

Es exactamente el patrón que la Contraloría ya documentó en su pre informe sobre los doce adultos que se repitieron como responsables de 486 menores en distintos viajes: personas que figuraban formalmente como responsables de los niños sin que existiera, en muchos casos, una verificación real del vínculo familiar declarado. Lo que esta investigación aporta ahora es la conexión directa entre ese patrón administrativo y una estructura empresarial concreta, dirigida por personas que hoy enfrentan cargos penales formales por ello.

Arajet, otra vez en el centro de la polémica

La aerolínea Arajet, mencionada en esta nueva investigación como el medio de transporte utilizado para trasladar a los menores desde República Dominicana hasta Santiago, ya había aparecido en el centro de la cobertura de este caso desde julio de 2025, cuando el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, solicitó formalmente a la DGAC no autorizar más vuelos de esa aerolínea, junto con Aruba Airlines y Galistair, fundando esa petición en la detección de pasajeros provenientes de Haití y República Dominicana que no cumplían con las exigencias de la Ley de Migración y Extranjería.

Que la misma aerolínea que Thayer intentó frenar en julio de 2025 reaparezca ahora, casi un año después, como el medio de transporte específico utilizado en el esquema que la Fiscalía atribuye a Dormeus y Rome, confirma que esa alerta temprana del entonces director de Migraciones identificaba correctamente un riesgo real y específico, que el sistema de control aeronáutico no logró neutralizar a tiempo, permitiendo que la misma aerolínea siguiera operando estos trayectos durante meses adicionales.

La PDI lo sabía desde 2024: el año perdido

El antecedente más grave de toda esta investigación, desde el punto de vista de la responsabilidad institucional, es la confirmación de que ambos imputados estaban en el radar de la Policía de Investigaciones desde, al menos, 2024. Pero el Ministerio Público no dio curso a las diligencias que la propia PDI había propuesto hasta este mismo miércoles, cuando el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, finalmente gestionó la entrada y registro de ambas agencias.

Es decir: la policía tenía identificados a los responsables de esta estructura desde hace, al menos, un año y medio, y la Fiscalía no activó la diligencia de allanamiento y detención hasta que la presión institucional generada por el escándalo público —la convocatoria de los tres poderes del Estado, la fuerza de tarea presidencial, el informe final de Contraloría— hizo, en los hechos, insostenible seguir sin actuar. Es exactamente el mismo patrón de "corrección después del escándalo, no antes" que esta cobertura ya documentó en cada una de las instituciones involucradas en este caso, ahora confirmado también respecto del propio Ministerio Público.

La ONG que el Estado financió durante tres administraciones distintas

El elemento más perturbador de esta investigación, desde la perspectiva de la fiscalización del uso de fondos públicos, es que mientras Dormeus presuntamente dirigía esta estructura de tráfico a través de su agencia de viajes, presidía simultáneamente una organización social formalmente constituida —la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, ODEHC—, que recibió fondos del Estado chileno de manera sostenida durante tres administraciones distintas, sin que ninguna de ellas detectara la conexión.

El Gobierno Regional Metropolitano transfirió 30 millones de pesos a la ODEHC desde 2022, a través de tres convenios de 10 millones de pesos cada uno, destinados a proyectos de integración social de migrantes haitianos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los documentos de esos convenios, según confirma la investigación, no detallan con precisión en qué debía ejecutarse específicamente el dinero transferido, una falla de control presupuestario que merece ser señalada con la misma severidad que esta cobertura ha aplicado a otros casos de gasto público sin trazabilidad adecuada.

El Ministerio del Interior, por su parte, aprobó dos convenios adicionales a través del Programa de Apoyo a la Inclusión de la Población Inmigrante Vulnerable. El primero, por 15.150.000 pesos, fue aprobado en agosto de 2021 mediante decreto exento firmado por el entonces ministro del Interior bajo el gobierno de Piñera, Rodrigo Delgado, destinado a financiar cursos de español para población inmigrante no hispanohablante. El segundo, por 5 millones de pesos, fue aprobado tres años después mediante un decreto firmado directamente por Carolina Tohá, entonces ministra del Interior bajo el gobierno de Boric, para una escuela de español en Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna.

Es decir: el nombre de Jean Chery Dormeus aparece formalmente, como representante legal de la ODEHC, en convenios firmados tanto por una administración de derecha como por una de izquierda, lo que confirma que el problema de control insuficiente sobre el uso de fondos públicos destinados a la integración de migrantes no fue exclusivo de ningún gobierno específico, sino una falla de verificación que atravesó, sin distinción de signo político, al menos tres administraciones consecutivas.

El acceso directo a Migraciones: una reunión de lobby que hoy adquiere otro significado

Uno de los antecedentes más inquietantes que esta investigación revela es que Dormeus no solo recibía fondos públicos a través de su ONG: también tenía acceso directo a las autoridades de Migraciones. El registro de la plataforma de lobby confirma que mantuvo una reunión el 22 de mayo de 2024 con la entonces asesora del director del Servicio Nacional de Migraciones, Charlene Dilla, en la que, según el registro oficial, solicitó tratar la "elaboración e implementación de un programa de facilitadores interculturales para mejorar la atención y permitir que todos tengan la misma oportunidad."

Es una reunión que, leída con el conocimiento que hoy se tiene sobre los cargos que enfrenta Dormeus, adquiere una dimensión completamente distinta: una persona que presuntamente dirigía una red de tráfico de migrantes tuvo, al mismo tiempo, acceso institucional directo y formal a la propia entidad encargada de fiscalizar los procesos migratorios que esa misma persona estaría vulnerando.

Lo que esta investigación confirma sobre el caso completo

Con la identificación de Dormeus y Rome, esta cobertura puede finalmente conectar, con nombres y empresas concretas, el patrón administrativo que la Contraloría documentó de manera agregada: el memorándum de 2024 que flexibilizó los controles documentales, los doce adultos que se repitieron como responsables de 486 menores, la aerolínea Arajet ya señalada por Thayer en julio de 2025, y ahora, una estructura empresarial específica que operaba el tráfico desde Puerto Príncipe hacia Santiago, dirigida por una persona que, paralelamente, recibía fondos públicos de tres administraciones distintas a través de una organización social formalmente reconocida por el propio Estado chileno.

El año completo que transcurrió entre que la PDI identificó a estos sospechosos y que la Fiscalía finalmente actuó es, quizás, el dato más grave de todos los que esta investigación aporta. Confirma que el sistema de control no solo falló en detectar el problema a tiempo —eso ya estaba ampliamente documentado—, sino que, incluso después de haberlo detectado, careció de la voluntad institucional de actuar hasta que la presión pública hizo inevitable hacerlo.