El gobierno reabrió, a través de una resolución firmada por el subsecretario del Interior Máximo Pavez, el sumario administrativo sobre las pensiones de gracia entregadas a víctimas del estallido social, después de que Contraloría objetara el cierre de esa investigación durante la administración de Boric y concluyera que el proceso "no se ajustó a derecho". La medida —que esta cobertura ya había anticipado en su informe sobre los cuatro beneficiarios cuyos supuestos agresores fueron absueltos por la justicia— generó reacciones que van desde el respaldo entusiasta de republicanos y libertarios hasta la acusación de "criminalización" de la revuelta popular por parte del Partido Comunista, que a través de su diputada Lorena Pizarro calificó al gobierno de "corte fascista".

Lo que Contraloría determinó, y lo que el gobierno está obligado a hacer

El subsecretario Pavez explicó el origen institucional de esta reapertura con precisión: "Este fue un proceso sustanciado durante la administración anterior y, en el contexto de su revisión, la Contraloría detectó que el sumario presentaba determinadas deficiencias. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la instrucción del órgano contralor, que consiste en reabrir el procedimiento y sustanciarlo conforme a derecho."

El objetivo declarado es determinar responsabilidades funcionarias específicas: "Determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan a aquellos funcionarios que otorgaron pensiones de gracia en circunstancias que no se ajustaban a los requisitos. Existen casos de personas sin antecedentes médicos suficientes o con documentación incompleta, particularmente en nueve pensiones de gracia."

Pavez confirmó además que este sumario administrativo corre en paralelo a una revisión mucho más amplia: el gobierno ya está revisando la totalidad de las pensiones de gracia otorgadas con ocasión del estallido, un trabajo que responde tanto a solicitudes de parlamentarios oficialistas como a una resolución de la propia Cámara de Diputados. La cifra que entregó es clave para dimensionar el universo afectado: de las 418 pensiones de gracia otorgadas originalmente, hoy existen 348 vigentes —tras fallecimientos o revocaciones previas—, y todas serán revisadas por el equipo encargado.

El respaldo de la derecha: "Acabar con todo el octubrismo presente en el Estado"

La diputada republicana Javiera Rodríguez celebró la medida sin matices: "Nosotros hace tiempo hemos impulsado el término de este beneficio porque sabemos que ha sido un proceso que se ha hecho de forma irregular y así lo demostró la Contraloría." Y agregó un objetivo que trasciende el caso puntual: "Todo el apoyo a que el gobierno prontamente pueda hacer el retiro de estos beneficios y todos los estudios pertinentes que ameriten acabar con todo el octubrismo que está presente en el Estado de Chile aún."

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri —ya documentado por esta cobertura en su episodio reciente con la frase sobre la lealtad de la UDI hacia Kast— fue igualmente duro, apuntando directamente a las responsabilidades políticas del gobierno anterior: "Solo viene en confirmar que todo el proceso de pensiones de gracia entregadas por el gobierno del Pdte Boric fueron realizadas de manera poco rigurosa, donde los principales responsables, la Ministra de Justicia y el Jefe de gabinete de Boric, tuvieron que dejar sus cargos por su responsabilidad política y administrativa en estos casos. Me parece del todo conducente que se inicien estos sumarios para cerrar un círculo de ineptitud y negligencia inexcusable donde se mal otorgaron pensiones de gracia financiadas con los impuestos de todos los chilenos."

La diputada Ximena Ossandón, de RN —tercera figura de ese apellido que esta cobertura documenta en distintos episodios de esta sesión—, fue más técnica en su respaldo, precisando el alcance del hallazgo de Contraloría: "Contraloría fue clara al decir que al menos 10 procesos de pensiones de gracia no se ajustaron a derecho. Entonces, el gobierno hoy día tiene que buscar la responsabilidad administrativa indicada por la Contraloría, la DAS, referida justamente a estas pensiones. Sabemos que ya una de ellas ya fue revocada."

El PNL: "Las víctimas reales quedaron abandonadas"

El diputado Hans Maroski, del Partido Nacional Libertario, formuló la crítica más dura de todo el espectro político hacia el diseño original del beneficio: "Las irregularidades son solo la punta del iceberg. Lo verdaderamente escandaloso es que la izquierda decidió que quiénes provocaron o ampararon la violencia de este estallido delictual merecían reparación estatal. Mientras las víctimas reales, los comerciantes saqueados, los trabajadores que perdieron su empleo y todas las familias que vieron cómo se destruyeron sus barrios quedaron abandonadas. Las pensiones de gracia no son un error administrativo, son una decisión política para premiar un relato y cargarle la cuenta a todos los chilenos."

La oposición moderada: "Esperar los resultados antes de hacer juicios anticipados"

El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Álvaro Ortiz, adoptó una posición de cautela institucional que contrasta con el tono más combativo de otros sectores de oposición: "Hay que hacer lo que ha planteado la Contraloría, que es nuevamente abrir este sumario para investigar si esas pensiones de gracia derivadas del estallido social fueron bien entregadas o no, pero también buscando responsables en la decisión que se tomó." Planteó además una pregunta operativa relevante: si los funcionarios responsables siguen trabajando en el aparato público, "¿qué funciones están cumpliendo y cuáles fueron las razones para sobreseer esta investigación sumaria?" Pero cerró pidiendo prudencia: "Habrá que estar atento a lo que se resuelva por parte del Ministerio, más allá de hacer comentarios o juicios anticipados."

La diputada Andrea Parra, del PPD, reconoció con claridad el problema de fondo: "No cabe duda que existieron errores en la entrega de algunas pensiones de gracia, y sorprende que se sobreseyera el proceso disciplinario sin responsables y que perjudicaron la credibilidad de la simbólica reparación con víctimas del estallido social. El cerrar un proceso de esta importancia sin responsabilidades es una pésima señal y la Contraloría está obrando correctamente." Pero advirtió, con un matiz que merece destacarse: "Que el actual Gobierno no aproveche esta reapertura para quitar pensiones a quienes efectivamente sí son merecedores de este beneficio. Sabemos que la derecha tiene obsesión con estas pensiones, siempre están buscando revocarlas, pero no olvidemos que es una reparación por la vulneración de derechos."

El Frente Amplio: "Esto no puede convertirse en una herramienta política"

La diputada Carolina Tello, del FA, ofreció la posición más matizada de toda la oposición, reconociendo simultáneamente la legitimidad de la fiscalización y advirtiendo contra su uso político: "Lo que hoy reabre el gobierno son preguntas que el Estado nunca debió haber dejado sin respuesta. Las pensiones de gracia del estallido involucraron a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, y cualquier irregularidad en ese proceso tiene que ser investigada y sancionada, sin excepción."

Pero fue categórica en su advertencia: "Seamos claros: esto no puede convertirse en una herramienta política para criminalizar el movimiento social ni para revictimizar a quienes perdieron un ojo, una extremidad o a un familiar en esas manifestaciones. La probidad y los derechos humanos no son conceptos opuestos, y un gobierno que usa la auditoría como arma electoral no está haciendo justicia, está haciendo propaganda. Exigimos que este sumario se conduzca con total transparencia, que la Contraloría tenga acceso irrestricto, y que el resultado sea la rendición de cuentas real, no un show mediático."

El Partido Comunista: "Un gobierno de corte fascista"

La intervención de mayor intensidad retórica de toda la jornada provino directamente del Partido Comunista, a través de su diputada Lorena Pizarro, quien formuló una pregunta retórica que revela la posición oficial del partido sobre este episodio: "¿Por qué el gobierno se concentra en criminalizar lo que fue la revuelta popular, estallido social que fue multitudinario, que tuvo expresiones de manifestación de repudio a políticas neoliberales que dañan la condición de vida de la población? Y con esto se les criminaliza y se les persigue. Y contra esto tienes a los violadores de derechos humanos recibiendo pensiones millonarias sin que nadie los cuestione."

El PC escaló su crítica hasta el extremo más severo de todo el debate parlamentario: "A mí me parece que estamos frente a un gobierno de corte fascista que busca por todos los flancos poder criminalizar y poder dañar a quienes representan y representaron una expresión popular. Aseguro que la cantidad de personas sin pensiones es muy superior a las que la tienen. Esa es la realidad de lo que está pasando."

Lo que conecta este episodio con todo lo ya documentado

Esta cobertura ya había analizado, en su momento, el caso de cuatro beneficiarios específicos —Anthony Araya, Bernardino Becerra, Jairo Villagrán y Matías Conejeros— cuyas pensiones de gracia se mantuvieron vigentes pese a que los carabineros que ellos mismos acusaron de agredirlos fueron absueltos por sentencia firme, en al menos dos casos con fallos que documentaron conducta activa de agresión hacia los propios funcionarios policiales. La reapertura de este sumario confirma que el problema identificado en esos cuatro casos individuales era, en efecto, sintomático de una falla estructural más amplia en el diseño y la fiscalización original del beneficio, que la propia Contraloría ya determinó que "no se ajustó a derecho".

Lo que el cruce de declaraciones de este martes confirma, además, es que ningún sector del Congreso niega abiertamente la existencia de irregularidades documentadas por el órgano contralor —ni siquiera la propia oposición más cercana al gobierno anterior reconoce ese punto sin matices—. La disputa real se concentra en la interpretación política del proceso: si se trata de una fiscalización legítima y largamente postergada, como sostiene el oficialismo, o de un instrumento de persecución ideológica contra el movimiento social de 2019, como sostiene el Partido Comunista.