El diputado Enrique Bassaletti, general en retiro de Carabineros, puso en duda públicamente si el Partido Comunista "realmente cree en la democracia" o la ve como "un instrumento" para alcanzar lo que su propia filosofía proclama: la dictadura del proletariado. Vinculó esa pregunta directamente con el estallido social de 2019, citando como ejemplo las denuncias de un eventual centro de tortura en la estación de metro Baquedano, que calificó de acusación falsa. En la misma entrevista, abordó la crisis de los niños haitianos, defendió la Ley Naín-Retamal, y debió responder por el reciente rechazo del Tricel a más de 16 millones de pesos de sus cuentas de campaña a la alcaldía de Maipú.

La acusación central: ¿el PC cree en la democracia o la usa como instrumento?

En conversación con BioBioChile, Bassaletti formuló la pregunta que da título a este informe con una construcción argumental que merece ser desglosada con precisión. Su punto de partida es la ausencia, según su lectura, de un rechazo "decidido, sin ningún pero" de la violencia política por parte del Partido Comunista. A partir de esa ausencia, planteó la pregunta de fondo: "¿Realmente creen en la democracia? O la ven como un instrumento para lo que ellos mismos proclaman en toda su filosofía, que es la dictadura, ojo con el nombre, la dictadura del proletariado."

Es una acusación de gravedad considerable, porque no se limita a criticar posiciones políticas puntuales del PC, sino que cuestiona la legitimidad misma de su compromiso con las reglas del sistema democrático. Vale la pena, en honor al rigor que este informe debe sostener, una precisión histórica y conceptual: la "dictadura del proletariado" es, en efecto, un concepto central de la tradición marxista clásica, presente en los estatutos y la formación ideológica histórica de los partidos comunistas a nivel mundial, incluido el chileno. Que ese concepto siga formando parte del ideario doctrinal del PC chileno, o que haya sido reformulado o abandonado en la práctica política contemporánea del partido —como ocurrió, por ejemplo, con el eurocomunismo europeo desde los años setenta— es una pregunta legítima sobre la que distintos analistas e incluso militantes comunistas de otros países han debatido extensamente, sin que exista hoy un consenso unívoco sobre cuánto de esa doctrina histórica sigue vigente en la práctica concreta de cada partido comunista nacional.

El ejemplo que usa Bassaletti: las denuncias de tortura en Baquedano

Para sustentar su acusación, Bassaletti recurrió a un episodio específico del estallido social de 2019: las denuncias, entre otras formuladas por la entonces diputada comunista Karol Cariola, sobre un eventual "centro de tortura" en la estación de metro Baquedano. Bassaletti las calificó de "acusaciones falsas" y sostuvo que esa "cuestión tan grave... gatilló, yo estoy seguro, la violencia extrema que vino después."

Es una afirmación que vincula causalmente una denuncia política específica con la escalada de violencia del estallido social, una relación causal que merece ser tratada con cautela analítica: establecer que una denuncia particular "gatilló" la violencia posterior es una hipótesis política, no un hecho judicialmente establecido, y el propio Bassaletti lo presenta como una convicción personal —"yo estoy seguro"— más que como una conclusión respaldada por una investigación formal sobre causalidad. Eso no invalida el cuestionamiento de fondo: si una autoridad política formula denuncias de gravedad extrema sin sustento probatorio suficiente, en un contexto de alta tensión social, esa conducta merece escrutinio independientemente de si se puede establecer una relación causal directa con los hechos de violencia posteriores.

Los niños haitianos: "cuestiones impresentables" que se sabían desde 2018

Bassaletti aportó a esta cobertura un antecedente cronológico que extiende el origen del problema más allá de lo documentado hasta ahora en esta sesión editorial. Declaró: "Aquí estamos frente a cuestiones impresentables porque se sabían del año 2018, pero fundamentalmente del 2022 y 2023. Se hicieron oficios, se hicieron consultas de un organismo a otro, pero nadie finalmente resolvió."

Esta referencia a 2018 —un año anterior incluso al inicio del gobierno de Boric— merece ser investigada con mayor profundidad en próximas coberturas, ya que extendería la cadena de responsabilidad institucional hacia el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sumándose a la ya mencionada acusación del senador Johannes Kaiser sobre una eventual "complicidad" del gobierno de Bachelet. Bassaletti agregó un antecedente adicional de gravedad: "hay antecedentes de que la Fiscalía habría tenido denuncias y no las investigó, pensando que no había delito en ello." Si se confirma con precisión documental, este sería un nuevo eslabón de responsabilidad institucional, esta vez del propio Ministerio Público, que ninguna cobertura anterior había detallado con este nivel de especificidad.

Sobre el proyecto de la bancada del PC para derogar la presunción de legítima defensa de la Ley Naín-Retamal y restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos —iniciativa que cuenta con el respaldo del Frente Amplio—, Bassaletti fue crítico, en línea con la posición que esta cobertura ya documentó al analizar el proyecto de aumento de sanciones contra agresiones a Carabineros y la PDI.

La pregunta incómoda: las observaciones del Tricel a su propia campaña

La entrevista incluyó un tramo en que el propio Bassaletti debió responder por un antecedente que merece tratamiento con el mismo rigor anticorrupción que esta cobertura ha aplicado a todos los actores políticos, sin distinción de bando. El Tricel rechazó las cuentas de ingresos y gastos electorales de su campaña a la alcaldía de Maipú de 2024, objetando más de 16 millones de pesos, equivalentes al 21% del total de la cuenta.

Consultado directamente al respecto, Bassaletti se apresuró a despejar cualquier sospecha de corrupción: "Primero, despejar cualquier duda que pueda parecer de que aquí hubo un acto de corrupción ni nada de eso." Explicó que se trata de observaciones "bien cuestionables desde el punto de vista del sentido común" sobre un préstamo personal que solicitó para financiar su campaña, y enfatizó: "no tengo aportes de empresa ni ninguna cosa." Agregó que está revisando con sus abogados qué acciones tomar frente a esas observaciones, y subrayó su propia trayectoria como crítico de la corrupción: "yo soy supercrítico con la corrupción."

Es importante para el rigor de esta cobertura señalar que una objeción del 21,5% de una cuenta de campaña es una cifra significativa que merece seguimiento, independientemente de las explicaciones que el propio candidato ofrezca. El Tricel es el organismo técnico encargado de calificar estas cuentas precisamente porque el financiamiento de campañas es una de las áreas más sensibles para la transparencia democrática, y las objeciones formales de ese tribunal no deben minimizarse solo porque quien las recibe asegure, de buena fe, que no hubo conducta irregular.

El historial que la entrevista no abordó en detalle, pero que es relevante contextualizar

Para una comprensión cabal del perfil de quien formula estas críticas al PC, vale la pena recordar antecedentes de la propia trayectoria de Bassaletti que el debate público ya ha documentado extensamente. Como jefe de la Zona Metropolitana Oriente de Carabineros durante el estallido social, fue objeto de un sumario administrativo de la Contraloría General de la República, que formuló cargos en su contra por no haber tomado medidas oportunas para corregir el mal uso de gases lacrimógenos y escopetas antidisturbios, sancionándolo con 30 días de suspensión —sanción que el entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, finalmente no aplicó.

Bassaletti también ha sido cuestionado por declaraciones públicas en las que afirmó que, si dependiera de él, indultaría "mañana mismo" al excapitán Patricio Maturana, condenado a más de 12 años de cárcel por dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai durante las protestas de 2019. En esa misma instancia, deslizó sospechas de "omisiones bienintencionadas" en el juicio contra Maturana sin entregar pruebas concretas.

Esto no invalida automáticamente el argumento de fondo que plantea sobre el Partido Comunista —la pregunta sobre las credenciales democráticas de un partido es legítima y puede formularse independientemente de quién la haga—, pero sí es un antecedente relevante para que la audiencia evalúe con contexto completo la posición desde la que Bassaletti exige al PC "rechazar la violencia... de manera decidida, sin ningún pero", un estándar que él mismo no ha aplicado de manera uniforme respecto de la violencia ejercida por agentes del Estado durante el mismo período histórico que invoca.

Lo que esta entrevista aporta al debate

La intervención de Bassaletti se suma a un patrón de crítica creciente hacia el PC que esta cobertura ya documentó en el cruce entre el diputado socialista Manouchehri y la diputada Joanna Pérez sobre el caso de los niños haitianos. La diferencia es que, en este caso, la crítica se formula desde un terreno más amplio —las credenciales democráticas históricas del partido— y no desde un episodio puntual de minimización de un escándalo específico.

Esa es, precisamente, la tensión que cualquier debate honesto sobre este tema debe sostener: las preguntas sobre la consistencia democrática de un partido con una historia ideológica como la del PC son legítimas y merecen respuesta seria, no evasión retórica. Pero esas mismas preguntas, formuladas por figuras con un historial propio de defensa selectiva del uso de la fuerza estatal y de cuentas de campaña objetadas por el órgano calificador electoral, exigen el mismo estándar de consistencia que se le reclama al adversario.

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