El dirigente del comité central del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, llamó a la ciudadanía a organizarse y manifestarse "en la calle, en los territorios" contra las medidas del gobierno de José Antonio Kast, en particular contra el proyecto de Reconstrucción Nacional. La declaración —realizada en la Radio Nuevo Mundo, órgano histórico de la colectividad— no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sostenido de llamados del PC a la movilización callejera desde que el partido pasó de ocupar La Moneda durante cuatro años a la oposición tras su derrota electoral. Lo llamativo del planteamiento de Lagos es que reconoce explícitamente que el gobierno tiene mayoría en el Parlamento y la está aplicando democráticamente, pero aun así presenta la calle —y no las urnas ni el Congreso— como "el único camino democrático". Este informe analiza esa contradicción, el patrón de comportamiento del PC y el trasfondo político de una estrategia que el propio Ejecutivo ha calificado de "agitar las calles".

La declaración: la calle como "el único camino democrático"

En conversación con la Radio Nuevo Mundo —emisora vinculada históricamente al Partido Comunista—, el miembro del comité central de la colectividad, Juan Andrés Lagos, fue explícito en su llamado a la movilización social. Sostuvo que "en este contexto, el único camino democrático, sensible, humanista es que la ciudadanía se organice, se articule y se pronuncie, en el lugar más democrático, más amplio y más soberano que tiene el pueblo de Chile en toda su diversidad, que es en la calle, en los territorios".

La formulación es significativa por su radicalidad conceptual: Lagos no presenta la movilización callejera como un camino democrático más, junto a las elecciones o la acción parlamentaria, sino como "el único camino democrático". Es una jerarquización que sitúa a la calle por encima de las instituciones representativas —el Congreso, el voto— como el espacio privilegiado de expresión de la soberanía popular. Esa concepción, que tiene raíces profundas en la tradición de la izquierda movimientista, adquiere un peso particular cuando quien la enuncia pertenece a un partido que hasta hace pocos meses formó parte del gobierno.

La contradicción reconocida: el gobierno tiene mayoría y la aplica

El aspecto más revelador de las declaraciones de Lagos es que él mismo reconoce que el gobierno de Kast está actuando dentro de las reglas democráticas. En la misma entrevista, admitió que "en el Parlamento, el sector que gobierna Chile tiene mayoría. Claro, busca correlaciones, más o menos, pero tiene mayoría. Y la está aplicando".

Es una concesión notable: el dirigente comunista acepta que el Ejecutivo cuenta con respaldo parlamentario legítimo y que ejerce ese poder por las vías institucionales. Lagos fue incluso más lejos, reconociendo que el gobierno "está haciendo lo que no hizo el anterior gobierno, que podría haberlo hecho, que es aplicar formas de decretos a partir de los cuales se pueden hacer medidas concretas". En otras palabras, el propio Lagos admite que Kast está usando herramientas institucionales legítimas —decretos, mayorías parlamentarias— que el gobierno de Boric, del cual el PC formó parte, no supo o no quiso utilizar con la misma eficacia.

La contradicción es difícil de eludir: si el gobierno tiene mayoría democrática y la aplica por las vías institucionales, ¿por qué el "único camino democrático" sería la calle y no el trabajo político para revertir esa mayoría en las próximas elecciones? La respuesta que subyace al planteamiento de Lagos es que, cuando la izquierda no controla las instituciones, la legitimidad se traslada a la movilización social. Es una lógica que, llevada a su extremo, relativiza el valor de los resultados electorales cuando estos no favorecen al propio sector.

Un patrón, no un hecho aislado

Las declaraciones de Lagos se inscriben en una secuencia sostenida de llamados del Partido Comunista a la movilización callejera contra el gobierno de Kast, particularmente en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional. Ya en mayo de 2026, la diputada comunista Lorena Pizarro había planteado en la misma Radio Nuevo Mundo que "hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo". El paralelismo con las palabras de Lagos es evidente: ambos cuestionan la centralidad del Congreso como espacio de resolución política y elevan la movilización social como alternativa.

Ese llamado de Pizarro ya había generado un duro cruce con el propio presidente Kast, quien acusó directamente al PC de "agitar las calles". En esa ocasión, el mandatario fue categórico: "Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del Gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso". Kast añadió que "los chilenos quieren soluciones, no más violencia".

El contexto de las manifestaciones es real: durante la votación del proyecto de Reconstrucción Nacional en la Cámara, distintas personas rodearon el Congreso y se manifestaron contra la iniciativa. En la oposición, se apunta a una "angustia social" por las distintas medidas del Ejecutivo como motor de esas protestas. El propio Lagos, según reveló la prensa, ha tenido un rol histórico en la coordinación territorial de campañas de movilización de la izquierda, incluido el despliegue del "En Contra" en el plebiscito constitucional de 2023, lo que le otorga a sus llamados un peso operativo que va más allá de la mera declaración.

Quién es Juan Andrés Lagos: un histórico con historial de controversias

Para dimensionar el peso de estas declaraciones es necesario considerar la trayectoria de quien las emite. Juan Andrés Lagos, de unos 70 años, es un militante histórico del Partido Comunista: fue director del periódico El Siglo —que bajo su dirección publicó en 1990 una lista de 900 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de la dictadura, lo que le valió ser detenido y procesado por la Justicia Militar—, secretario general del partido, y colaborador estrecho de la fallecida líder comunista Gladys Marín. Su figura ha estado asociada a la comisión política del PC durante décadas.

Su historial reciente está marcado por la controversia. Durante el gobierno de Boric, Lagos ejerció como asesor de la Subsecretaría del Interior bajo Manuel Monsalve, elaborando minutas de contingencia sobre manifestaciones sociales y posibles crisis. Fue removido de ese cargo en junio de 2024 tras una serie de intervenciones públicas polémicas: defendió al entonces alcalde de Recoleta Daniel Jadue en una causa por corrupción, descartó que el régimen de Nicolás Maduro hubiera participado en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, y respaldó al PC frente a una querella por tráfico de influencias del INDH en el marco del Caso Topógrafo.

Su relación con Kast tiene, además, una historia personal de largo aliento y alta tensión: en 2014, siendo asesor del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Bachelet, Lagos insultó gravemente al entonces diputado UDI José Antonio Kast en una entrevista, lo que lo obligó a renunciar a su cargo y a pedir disculpas públicas. Lagos ha sido también consistente en sus posiciones a favor de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, un elemento que la oposición chilena ha utilizado reiteradamente para cuestionar su figura.

Este historial es relevante porque contextualiza el llamado actual: no se trata de una voz marginal del PC, sino de un dirigente histórico, con capacidad de coordinación territorial y un largo récord de confrontación directa con el actual presidente, lo que dota a sus palabras de una carga política que excede su contenido literal.

El trasfondo: un PC que pasó del gobierno a la calle en pocos meses

El elemento que da mayor densidad política a estas declaraciones es el giro que representa para el Partido Comunista. Durante cuatro años, el PC fue parte integral del gobierno de Gabriel Boric, ocupando ministerios y espacios de poder en La Moneda. Figuras como Camila Vallejo (vocera de gobierno) y Lautaro Carmona encarnaron la presencia comunista en el corazón del Ejecutivo. Tras la derrota electoral que llevó a Kast al poder, el partido se encontró de vuelta en la oposición, y con ella reactivó su repertorio histórico de movilización social.

Ese tránsito —de administrar el Estado a llamar a "la calle" en cuestión de meses— es precisamente lo que el gobierno de Kast ha buscado explotar retóricamente. La crítica del Ejecutivo apunta a una supuesta incoherencia: el mismo sector que durante su gobierno pedía respetar la institucionalidad y condenaba la violencia en las manifestaciones, hoy en la oposición eleva la movilización callejera a "único camino democrático". Es un argumento simétrico al que la izquierda usó en su momento contra la derecha durante el gobierno de Boric, cuando se acusaba a sectores opositores de "tener un pie en la calle y un pie en las instituciones".

Cabe señalar, en aras de la precisión, que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional legítimo, y que el propio Kast lo ha reconocido: consultado sobre los llamados a movilizarse, el mandatario señaló que "es una potestad que tienen los movimientos sociales, que deben discutirla y concluirla ellos", agregando que "sería un error que yo interviniera pauteando qué hagan o no hagan". Es decir, incluso en medio del cruce político, el gobierno ha reconocido formalmente la legitimidad del derecho a la protesta, centrando su crítica no en el hecho de manifestarse en sí, sino en lo que interpreta como una instrumentalización política de las movilizaciones para frenar una agenda que cuenta con respaldo parlamentario.

La tensión de fondo: ¿calle o urnas?

El debate que subyace a las declaraciones de Lagos toca una tensión fundamental de las democracias representativas: el lugar que ocupa la movilización social frente a los mecanismos institucionales de decisión. Para el PC y su tradición, la calle es un espacio legítimo y central de expresión de la soberanía popular, especialmente cuando las instituciones —a su juicio— no representan adecuadamente los intereses de las mayorías. Para el gobierno y sus partidarios, en cambio, la insistencia en la movilización cuando el Ejecutivo cuenta con mayoría parlamentaria y actúa por las vías legales constituye un intento de deslegitimar por otras vías un poder democráticamente constituido.

Ninguna de las dos posiciones es ilegítima en abstracto: el derecho a la protesta y el respeto a las mayorías institucionales son ambos pilares de una democracia. La tensión surge cuando se presenta a uno como "el único" camino democrático, en desmedro del otro. Y ahí es donde el planteamiento de Lagos resulta políticamente más discutible: al calificar la calle como "el único camino democrático", relega implícitamente a un segundo plano el valor de los resultados electorales y de la acción parlamentaria, precisamente en un momento en que esos resultados no favorecen a su sector.

Lo que queda planteado

El llamado de Juan Andrés Lagos a que la ciudadanía "se organice" y salga "a la calle" confirma que el Partido Comunista ha optado, en su nuevo rol de oposición, por reactivar su repertorio histórico de movilización social frente al gobierno de Kast. La contradicción que el propio Lagos reconoce —que el gobierno tiene mayoría y la aplica democráticamente— no hace sino subrayar la tensión de fondo: la de un sector que, tras ser derrotado en las urnas, traslada la disputa política desde las instituciones hacia la calle, presentándola como el espacio democrático por excelencia.

Para el gobierno, el desafío será administrar ese escenario sin caer en la tentación de criminalizar la protesta legítima, pero también sin permitir que la movilización se convierta en un mecanismo para bloquear una agenda que cuenta con respaldo parlamentario. Para el PC, la apuesta por la calle es coherente con su tradición, pero enfrenta el costo de aparecer contradiciendo el mismo respeto institucional que exigía cuando era gobierno. Y para la ciudadanía, queda planteada la pregunta de fondo: en una democracia con instituciones funcionando y mayorías electas, ¿es la calle el "único" camino democrático, o solo uno más entre varios? La respuesta a esa pregunta definirá buena parte del clima político de los próximos meses.