EL PODER JUDICIAL EN LA MIRA: CUATRO PARTIDOS LE PIDEN A KAST QUE REMUEVA AL JUEZ URRUTIA — Y LA CORTE SUPREMA LANZA SU PROPIO PLAN PARA REFORMARSE DESDE ADENTRO
El jueves 4 de junio de 2026, dos noticias sobre el Poder Judicial chileno llegaron juntas al espacio público y merecen ser leídas en conjunto, porque se iluminan mutuamente.
Por un lado: la bancada de la UDI, sumando los respaldos de RN, Evópoli y el Partido Nacional Libertario, entregó directamente al Presidente José Antonio Kast — en una reunión nocturna del martes en Cerro Castillo — una carta formal pidiendo que invoque su facultad constitucional para requerir la apertura de un cuaderno de remoción contra el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El fundamento ya lo hemos analizado extensamente en VDI Global: los viajes a Costa Rica en 2020 y Ecuador en 2022 mientras se encontraba con licencias médicas psiquiátricas, conductas que la Corte Suprema calificó de "disciplinariamente reprochables" aunque prescritas para efectos sancionatorios.
Por otro lado: la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lleva meses ejecutando un plan de trabajo nacional para mejorar la gestión de los tribunales chilenos — visitando o contactando juzgados, identificando nudos críticos, promoviendo buenas prácticas y construyendo una herramienta estadística que permita comparar el rendimiento de los distintos juzgados del país. Al 28 de mayo había sostenido 16 encuentros con 200 tribunales.
Leídas juntas, estas dos noticias describen un Poder Judicial que enfrenta presiones desde afuera — la política pidiendo la remoción de un juez — y que simultáneamente intenta reformarse desde adentro — la presidenta de la Suprema reconociendo los atrasos y construyendo un plan para reducirlos. Ambas realidades son legítimas. Ambas son necesarias. Y ambas coexisten en un sistema que tiene problemas reales de rendimiento, accountability y confianza pública.
La carta a Kast: lo que UDI, PNL, RN y Evópoli le están pidiendo
La carta entregada en Cerro Castillo el martes es el paso formal que confirma lo que VDI Global anticipó: la ofensiva parlamentaria contra el juez Urrutia tiene sustento en el artículo 80 de la Constitución y cuenta con el respaldo suficiente de la derecha para que sea una solicitud multipartidaria significativa.
El mecanismo es claro: el Presidente puede requerir a la Corte Suprema que abra un cuaderno de remoción. No es el Presidente quien remueve — es la Corte Suprema quien evalúa y decide. El Presidente es el activador del proceso, no el ejecutor. Esa distinción protege la independencia judicial mientras permite que el sistema político señale formalmente que considera que una conducta merece evaluación.
El contexto que esta solicitud añade es relevante: la Corte Suprema ya determinó que las conductas de Urrutia fueron "disciplinariamente reprochables." No absolvió sus conductas moralmente — absolvió la sanción disciplinaria por prescripción. Esa distinción es la que los parlamentarios están usando para argumentar que el Presidente tiene fundamento para activar el artículo 80 aun después de que la Corte cerró el expediente disciplinario.
Adicionalmente, la Corte Suprema planea revisar en las próximas semanas los casos de todos los funcionarios sumariados por viajar con licencias médicas. La presidenta Chevesich señaló que quieren "ver todos los casos juntos para tomar definiciones" y que los órganos jurisdiccionales "tienen que ser coherentes." Ese anuncio implica que el caso Urrutia no está cerrado en el ámbito del Poder Judicial: la Corte Suprema lo revisará en el contexto de una revisión más amplia del patrón de conductas similares.
El plan Chevesich: la Corte Suprema reconoce sus propios problemas
La otra historia de este artículo es en muchos sentidos la más importante para el largo plazo del sistema judicial chileno. La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich lleva meses ejecutando un plan de trabajo que parte de un reconocimiento que muy pocos presidentes de la Suprema han hecho con tanta claridad: hay atrasos significativos, hay diferencias importantes entre tribunales y esas diferencias afectan el derecho a la igualdad en el acceso a la justicia.
Al 28 de mayo se habían realizado 16 encuentros — entre presenciales y telemáticos — con 200 tribunales en todo el país. El objetivo es identificar las razones de los atrasos, los problemas de gestión y las posibles soluciones. En paralelo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial está desarrollando una herramienta estadística que compare el rendimiento de los distintos juzgados — identificando los que tienen mayor atraso y los que tienen mejor gestión.
Ese es exactamente el tipo de accountability interno que un Poder Judicial democrático debería ejercer. No esperar a que los problemas sean tan graves que la política deba intervenir desde afuera, sino identificarlos proactivamente, medirlos con datos y actuar sobre ellos.
El plan estratégico 2026-2030 del Poder Judicial — elaborado con una consultora externa — identificó "diferencias importantes en la oportunidad con que se resuelven las causas en los distintos tribunales del país." Eso significa que dos ciudadanos con causas de características similares pueden esperar tiempos completamente distintos dependiendo del juzgado ante el que les tocó presentarse. Esa inequidad — que no depende de la complejidad del caso sino de la eficiencia del tribunal — es exactamente lo que el plan de Chevesich busca corregir.
La intersección: lo que ambas historias dicen sobre el Poder Judicial chileno
Leídas juntas, la ofensiva contra Urrutia y el plan de Chevesich describen un sistema judicial que está bajo presión simultánea desde múltiples ángulos. Desde la política, cuatro partidos le piden al Presidente que active un mecanismo constitucional de control sobre un juez cuyas conductas la propia Corte calificó de reprochables. Desde adentro, la presidenta de la Corte reconoce atrasos sistémicos, diferencias inequitativas entre tribunales y construye un plan para corregirlos.
Ambas presiones son necesarias. Un Poder Judicial que no rinde cuentas ante la ciudadanía — que considera que la independencia judicial es un escudo absoluto contra cualquier evaluación externa — termina siendo un sistema corporativo que protege a los suyos independientemente de sus conductas. Eso erosiona la confianza pública en la justicia, que ya está en niveles bajos en Chile.
Pero también es necesario que esa rendición de cuentas se produzca a través de mecanismos institucionales legítimos — como el artículo 80 que los parlamentarios están invocando — y no a través de presión política directa sobre decisiones jurisdiccionales específicas. El Presidente puede pedir que la Corte evalúe la conducta de Urrutia. No puede pedirle que lo condene ni que cambie el fallo que emitió en el caso de Orrego.
Esa línea — entre accountability legítimo y presión política indebida — es exactamente la que el gobierno de Kast tiene que navegar con cuidado si decide responder afirmativamente a la carta que los cuatro partidos le entregaron en Cerro Castillo.
La posición de VDI Global
Cuatro partidos le piden a Kast que active el artículo 80 contra Urrutia. La Corte Suprema planea revisar todos los casos similares en las próximas semanas. La presidenta Chevesich ejecuta un plan de trabajo para reducir atrasos y mejorar la equidad en el acceso a la justicia. Todo esto ocurre simultáneamente. Chile tiene un Poder Judicial que necesita reformarse — desde adentro con el plan Chevesich, y con los mecanismos de control institucional disponibles cuando las conductas lo justifican. Que ambas cosas ocurran al mismo tiempo no es contradicción: es el sistema funcionando en todas sus dimensiones.
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