EL TREN DE ARAGUA INFILTRÓ EL SISTEMA BANCARIO CHILENO: LA DOBLE VIDA DEL EJECUTIVO QUE LAVABA $78 MIL MILLONES DESDE UNA SUCURSAL DEL SANTANDER
EL TREN DE ARAGUA INFILTRÓ EL SISTEMA BANCARIO CHILENO: LA DOBLE VIDA DEL EJECUTIVO QUE LAVABA $78 MIL MILLONES DESDE UNA SUCURSAL DEL SANTANDER
El martes 3 de junio de 2026, pasadas las 5 de la madrugada, la PDI detuvo a José Carlos Pérez Asencio, 34 años, ciudadano venezolano, en el departamento de Estación Central donde vivía con su familia. Cuando los periodistas de Meganoticias lo filmaron saliendo esposado del edificio y le preguntaron por sus vínculos con el Tren de Aragua, respondió escuetamente: "No. Nada."
Pero los antecedentes de la Fiscalía dicen otra cosa. Pérez Asencio es uno de los 19 imputados de una operación que la PDI ejecutó ese martes, la mayoría en situación migratoria regular en Chile, acusados de participar en un esquema de extorsión a administradores de locales nocturnos del barrio Bellavista y otros puntos de Santiago, control de la distribución de drogas en esos locales, y lavado de activos. La Fiscalía estima que las ganancias de esos delitos y otros relacionados alcanzaron cerca de $78 mil millones en los últimos años.
Lo que hace de Pérez Asencio un caso distinto al resto de los 18 detenidos ese martes — y lo que convierte esta detención en una alarma de primera magnitud para el sistema financiero chileno — es lo que hacía de día. Desde 2019, Pérez Asencio era ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander Chile, con funciones específicas de gestión de carteras de clientes morosos. Con perfil de LinkedIn activo. Con compañeros que reaccionaron con sorpresa ante su detención. Con siete años de experiencia bancaria en Venezuela antes de llegar a Chile. Con todas las credenciales de lo que se suele llamar un caso de éxito de la inmigración.
Y según la Fiscalía, con una función central en el lavado del dinero del Tren de Aragua: usar su fachada bancaria y su conocimiento del sistema para abrir cuentas en diferentes entidades financieras y canalizar el dinero sucio hacia el exterior.
Los $78 mil millones y los mecanismos de lavado
El esquema que la PDI desarticuló el martes 3 de junio tenía múltiples capas. El dinero generado por extorsión a locales nocturnos y control de distribución de drogas era sacado de Chile a través de dos canales principales.
El primero: criptomonedas. Se congelaron aproximadamente US$300.000 en la plataforma Binance vinculados a la investigación — una cantidad que representa solo la punta del iceberg del flujo total estimado por la Fiscalía, pero que constituye evidencia directa de la metodología.
El segundo: empresas de papel. Dos sociedades —BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA— sirvieron como vehículos formales para mover el dinero. BexDigital movió aproximadamente $58 mil millones. BexGroup movió cerca de $17 mil millones. Ambas son sociedades constituidas en Chile, con RUT, con existencia legal, con la apariencia de empresas de servicios digitales. Son la estructura clásica del lavado de activos en economías formales: crear personas jurídicas legítimas que puedan recibir, procesar y transferir dinero ilícito con cobertura documental.
El destino final de esos dineros, según la investigación, habría sido Carlos Gómez, alias "Carlos Bobby", uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, detenido desde diciembre de 2024 en Colombia. Gómez es investigado, entre otros delitos, por su participación en las órdenes del secuestro y homicidio del teniente venezolano disidente del régimen de Maduro, Ronald Ojeda, en febrero de 2024, y por el tiroteo en una fiesta ilegal en Lampa ese mismo año que terminó con cinco muertos y que dio origen a la investigación que derivó en las detenciones del martes.
El rol específico de Pérez Asencio en ese esquema era, según la Fiscalía, usar su posición como ejecutivo bancario —con acceso legítimo a los sistemas, con conocimiento de los protocolos de compliance y con la cobertura social de un empleado estable de un banco de primer nivel— para facilitar la apertura de cuentas y la canalización del dinero. La formalización de cargos fue postergada hasta el domingo siguiente, momento en que la Fiscalía buscará acreditar ese rol a través de mensajes e interceptaciones a integrantes de la banda.
La alerta que este caso instala para todo el sistema financiero
El escritor e investigador Pablo Zeballos, especializado en crimen organizado, fue el más preciso en articular lo que este caso representa: "Es una señal de umbral, porque es una organización criminal transnacional que logra reclutar o infiltrar —algo que está por verse— a un profesional del sistema bancario formal y que funciona de alguna forma como infraestructura de legitimación."
Zeballos agregó dos frases que merecen ser leídas por cualquier director de compliance de cualquier banco o institución financiera en Chile: "El Tren de Aragua no necesitó hackear un banco ni corromper su directorio. Le bastó con tener adentro a alguien que conociera cómo funciona el sistema." Y: "Ese modelo de penetración es más difícil de detectar y más barato de ejecutar que cualquier ciberataque."
Eso es exactamente lo que hace de este caso un quiebre cualitativo en la historia del crimen organizado en Chile. Las instituciones financieras chilenas tienen sistemas robustos de detección de transacciones sospechosas, protocolos de KYC (Know Your Customer), reportes de operaciones inusuales a la Unidad de Análisis Financiero. Pero esos sistemas están diseñados principalmente para detectar anomalías en los clientes externos. No necesariamente para detectar a un empleado propio que usa su posición de cobertura para facilitar operaciones de lavado desde adentro, con acceso legítimo a las herramientas y con el conocimiento de exactamente qué líneas no debe cruzar para no activar las alertas.
Pérez Asencio no era un directivo de alto nivel. Era un ejecutivo de recuperaciones —una posición de nivel medio con acceso operativo suficiente para el propósito del Tren de Aragua. No necesitaba acceso a los sistemas de tesorería ni autorización para operaciones de gran escala. Le bastaba conocer cómo se abren cuentas, qué documentación se acepta, qué umbrales activan revisiones, y cómo navegar el sistema sin levantar señales de alarma. Ese conocimiento lo adquirió legítimamente durante siete años en Venezuela y otros siete en Chile.
La respuesta del gobierno: Alvarado y el llamado a todos los sectores
El biministro Claudio Alvarado abordó el caso en La Moneda con la seriedad que corresponde. "Todas las instituciones públicas, las instituciones privadas, debemos siempre tomar los máximos resguardos con el propósito de que no exista infiltración de bandas criminales." Y agregó un llamado concreto: "El llamado es a acentuar los procesos de reclutamiento, de selección de personal, establecer oportunamente los controles en la gestión y en el ejercicio de esas funciones de responsabilidad."
Ese llamado de Alvarado no es solo para los bancos. Es para todo el sector privado y el sector público. El Tren de Aragua no llegó al Santander porque quiso penetrar específicamente ese banco. Llegó porque encontró un canal de oportunidad: un profesional con el perfil adecuado que ya estaba dentro. Y ese canal de oportunidad puede existir en cualquier institución —pública o privada— que no tenga procesos de detección de conflictos de interés y conductas inusuales en su propio personal.
El fiscal nacional Ángel Valencia intentó acotar el alcance del problema al señalar en T13 que Chile "no es ni Brasil ni Colombia ni México" y que nunca se ha constituido en Chile una transnacional del delito de la magnitud de los grandes cárteles latinoamericanos. Es una distinción importante y verdadera. Pero no invalida la alarma que este caso instala. Precisamente porque el Tren de Aragua no es el cartel de Jalisco: es más sofisticado en algunos aspectos, opera con estructuras más planas y más adaptadas al contexto chileno, y su penetración de instituciones formales —como lo demostró este caso— no requiere la corrupción masiva de funcionarios sino la infiltración quirúrgica de personas con perfil adecuado.
Lo que Migraciones hizo y lo que no hizo
Un elemento adicional que este caso revela sobre las vulnerabilidades del sistema chileno: José Carlos Pérez Asencio estaba en proceso activo de solicitud de nacionalidad chilena al momento de su detención. Migraciones resolvió denegar esa solicitud tras ser informada de su detención, según informó T13.
Ese dato genera preguntas que el sistema migratorio chileno tendrá que responder. ¿Los procesos de verificación de antecedentes en las solicitudes de nacionalidad detectan vínculos con organizaciones criminales que aún no tienen condena? ¿Qué información comparte la PDI con el Servicio de Migraciones de manera proactiva sobre personas bajo investigación? ¿Cuántos casos similares podría haber donde personas con roles en organizaciones criminales están en proceso de regularización o naturalización sin que el sistema lo detecte?
Pérez Asencio tenía siete años de residencia en Chile, estabilidad laboral formal, domicilio conocido y un perfil que en todos los sistemas de verificación convencionales pasaría sin señales de alerta. Si la Fiscalía no hubiera llegado a él a través de la investigación mayor sobre el Tren de Aragua, probablemente habría obtenido la nacionalidad sin problemas.
La dimensión política: la herencia que Boric dejó en seguridad
Este caso ocurre en el contexto de un gobierno que, como hemos documentado ampliamente en VDI Global, heredó una crisis de seguridad estructural. El Tren de Aragua no surgió ni se consolidó en Chile durante el gobierno de Kast: surgió y se consolidó durante los cuatro años de administración Boric, en el contexto de una política migratoria que favoreció el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos sin los controles de seguridad que habrían permitido detectar antes las infiltraciones del crimen organizado.
Que un ciudadano venezolano con siete años de residencia en Chile, empleado estable, sin propiedades ni sociedades a su nombre, sin morosidades, pudiera operar como pieza del sistema de lavado de dinero del Tren de Aragua durante años sin ser detectado por el sistema financiero ni migratorio, es la consecuencia directa de un modelo de política migratoria y de control del crimen organizado que no estaba equipado para enfrentar la amenaza.
El gobierno de Kast está construyendo ese equipamiento: el Plan de Infraestructura Penitenciaria, el Plan Frontera Segura, las siete fuerzas de tarea del Plan de Seguridad de Arrau, los 65 compromisos concretos del ministerio. Pero el Tren de Aragua lleva años instalado. Y como este caso demuestra, su penetración del sistema formal chileno ya es más profunda de lo que los sistemas de detección convencionales pueden ver.
La posición de VDI Global
José Carlos Pérez Asencio trabajaba en el Santander de día y lavaba $78 mil millones del Tren de Aragua de noche. Siete años en Chile, perfil de LinkedIn impecable, sin señales de alarma en ningún sistema. Eso no es una anomalía: es una metodología. El Tren de Aragua no hackea bancos. Infiltra personas. Y ese modelo, como señaló Zeballos, es más difícil de detectar que cualquier ciberataque.
Chile tiene la tarea de actualizar todos sus sistemas — bancario, migratorio, laboral — para enfrentar una amenaza que ya no opera desde la clandestinidad sino desde el interior de sus propias instituciones.
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